lunes, 11 de diciembre de 2017

13,5 MILLONES DE POBRES

Según el último informe de la UCA


Para el director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, "el efecto derrame deseado por algunos dirigentes políticos no llegó a las capas bajas aún"

Por Martín Dinatale 11 de diciembre de 2017
Infobae, 11-12-17
Los datos son contundentes y no dejan lugar a dudas: más allá de los signos optimistas del Gobierno sobre la mejora en la economía, el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina muestra que el 31,4% de los argentinos vive actualmente en una situación de pobreza, lo que representa a unas 13,5 millones de personas.

Este informe, que toma datos bajo una nueva metodología de medición mucho más sofisticada y profunda que la del INDEC, revela también que hay un 5,9% de personas en situación de indigencia. Esto representa cerca de 2,5 millones de argentinos. El informe de la UCA al que accedió Infobae releva los datos del tercer trimestre del 2017 y deja al descubierto también un dato perturbador: el 48% de la población que vive bajo la línea de pobreza son niños de entre 0 y 14 años.

"En la Argentina sigue existiendo un tercio de la población que vive bajo una pobreza estructural y esta situación vemos que no cambió a pesar de algunas mejoras que se ven en la economía", destacó ante Infobae el director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia.

Lo interesante de este nuevo informe que muestra la UCA es que se hizo bajo una nueva metodología que no sólo mide la pobreza por los niveles de ingreso sino también de acuerdo al censo 2010 y una serie de siete valores multidimensionales que el INDEC no toma en cuenta.


De todas maneras, al realizar un comparativo entre los datos de medición tradicionales del INDEC y los de la UCA, se observa que hay una leve disminución de las personas en situación de pobreza entre 2016 (32,9%) y el 2017 (28,6%). Pero estos datos no pueden ser comparables a la nueva medición que presentó el Observatorio Social de la UCA ya que allí se revelan muchas más variables de estudio de caso. Hay, por cierto, una misma tendencia en cuanto a la tasa de pobreza relativa: en la medición del INDEC de 2016 se revela una situación de hogares bajo pobreza relativa en el orden del 19,1% mientras que la nueva medición de la UCA revela un 20,4%.

El nuevo esquema de metodología de medición de la pobreza del Observatorio Social de la UCA del tercer trimestre del 2017 toma aglomerados urbanos con 80.000 habitantes; una muestra puntual de aproximadamente 5.700 hogares y una mayor profundidad de datos de muestra en 30 municipios del conurbano bonaerense.

"Los resultados de la nueva muestra metodológica que hicimos exponen que el efecto derrame deseado por algunos dirigentes políticos no llegó a las capas bajas aún y la caída de la pobreza es leve", remarcó Salvia al explicar los datos de la UCA. Así, el informe sostiene que "las tasas de pobreza extrema revelan cierta continuidad a lo largo del período dando cuenta de mayores dificultades de mejora en el extremo más bajo de la estructura social".

En resumen esto implica que en los últimos años los extremos se ampliaron en términos de brechas sociales: los pobres se empobrecieron más y los ricos se enriquecieron aún más. Así, por ejemplo, el informe de la UCA muestra que una familia indigente en 2016 necesitaba $2.288 para vivir mientras que este año necesita $2.156. Es decir, que hay un incremento del 29,7%.

En el conurbano bonaerense es donde más se observa cómo sigue golpeando la pobreza y la indigencia en los hogares argentinos. Según la encuesta del Observatorio Social de la UCA, el 27,8% de los hogares del conurbano bonaerense vive bajo la línea de pobreza y el 7,9% en situación de indigencia. Aquí hay una leve baja de población en situación vulnerable si se comparan los métodos de medición de INDEC: en 2016 había un 27,3% de hogares pobres en el GBA mientras que en 2017 esa cifra pasó a ser del 24,8% en el conurbano bonaerense.

Según las mediciones que hizo el Observatorio de la Deuda Social el desfasaje económico y la brecha mayor entre pobres y ricos se da en el tercer cordón del conurbano. Allí es donde el nuevo informe de la UCA puso énfasis en la recolección de datos para hacer de esta nueva muestra una radiografia más completa de la realidad argentina.

La evolución de las dimensiones multidimensionales que muestra el trabajo también resulta muy interesante para medir el mapa social de la Argentina en su conjunto. Por ejemplo: el 4,1% de la población asegura tener problemas severos de alimentación o hambre. Esta es una tendencia que no ha disminuido respecto de otros años.

A su vez, en el muestreo se observó que hay un 18,9% de la población con déficit de cobertura de salud. Se observa, a su vez, que el porcentaje de hogares con servicios básicos incompletos sigue siendo elevado. Así, el informe revela que hoy el 34,1% muestra problemas de conexión al agua corriente, servicio de red cloacal o conexión de fuentes de energía. En tanto, el 21,4% de los hogares muestra que carece de una vivienda digna.


"Se puede observar que hay relativas mejoras en los últimos años por un freno de la inflación, una mayor obra pública y una mejora en el sistema de reparación histórica de los jubilados. Pero en líneas generales la Argentina sigue siendo un país con graves problemas de pobreza por atender", sintetizó Salvia al presentar el informe.

domingo, 10 de diciembre de 2017

HAY 132 SENTENCIAS DE DESALOJO A COMUNIDADES INDÍGENAS


Existen 1596 comunidades identificadas en todo el país, pero sólo 828 fueron relevadas; las causas judiciales por conflictos territoriales ascienden a 437

La Nación, 10 DE DICIEMBRE DE 2017
Maia Jastreblansky


Los reclamos indígenas en la Argentina son una brasa caliente para el Gobierno. Hay 1596 comunidades identificadas en todo el país que, en su relación con el Estado, transitan situaciones legales variopintas. Mientras que las provincias llevan entregados unos 200 títulos de propiedad a pueblos originarios, del otro lado hay unos 430 procesos judiciales abiertos y más de 130 sentencias firmes de desalojo que están en suspenso y que implicarían una crisis latente.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), hoy hay 437 procesos judiciales por conflictos con comunidades que son monitoreados por el Gobierno. Allí entran en juego los reclamos aborígenes sobre las tierras, los emprendimientos privados, los intereses provinciales y las tierras fiscales. Se estima que el número supera las mil causas, si se contemplan otros expedientes que llevan abogados particulares y ONG.

Hay, en tanto, unos 132 casos judiciales con sentencia firme de desalojo que aplican a 102 comunidades, y cuya ejecución está en suspenso por la ley 26.160. Sancionada en 2006, esa norma impidió los desalojos por cuatro años y dispuso la realización de un "relevamiento técnico" para censar a los grupos y evaluar la situación nominal de las tierras ocupadas. Como ese estudio no se terminó en tiempo y forma, la ley tuvo sucesivas prórrogas, la última en septiembre de este año, en plena efervescencia del conflicto mapuche por el caso Maldonado.

Sentencias de desalojo


De acuerdo con los datos del Ministerio de Justicia, la provincia con mayor cantidad de sentencias por desalojo es Salta, con 23 expedientes. Allí el asentamiento de las comunidades entra en conflicto con programas de desmonte y con fincas de privados. Sigue Santiago del Estero, con 21 causas, entre ellas, la iniciada por los dueños de la empresa de gaseosas Manaos. En las provincias del norte, Jujuy suma 21 expedientes por desalojo y Tucumán, otros 13.

En la Patagonia, escenario de la radicalización del conflicto mapuche, preocupan las comunidades que están en una situación endeble por sentencias de desalojo en suspenso. En Neuquén son 19 casos; en Chubut, nueve (incluida la causa del Grupo Benetton contra la comunidad en Resistencia en Cushamen), mientras que en Río Negro son siete sentencias. Mendoza, otra provincia con presencia mapuche, tiene 11 fallos sin ejecutar.

Relevamiento lento


De acuerdo a datos brindados por el INAI, el Estado tiene identificadas a 1596 comunidades en todo el país, un número que es dinámico. Unas 1417 están inscriptas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, donde obtienen personería jurídica.

No todas las comunidades están dispuestas a reconocer a la ley argentina. La comunidad Winkul Lafken Mapu que se instaló en Villa Mascardi (donde murió Rafael Nahuel durante un operativo del Grupo Albatros) no se había inscripto en los registros oficiales y fue denunciada por Parques Nacionales. "El INAI no tenía conocimiento de su existencia o conformación", señalaron fuentes oficiales.

Pasados once años, el relevamiento técnico dispuesto por la ley 26.160 está apenas a mitad de camino: fueron censadas 828 comunidades y faltan auditar otras 762. De acuerdo a datos del Ministerio de Justicia, 686 relevamientos fueron efectuados durante el kirchnerismo (entre 2006 y 2015) y 142 se realizaron con Cambiemos.

El relevamiento es apenas un primer paso: en el análisis de situación de cada grupo indígena participan cartógrafos, antropólogos y sociólogos para la elaboración de una carpeta técnica que luego contempla la situación nominal del territorio. La resolución de la INAI puede demorar años: hoy hay sólo 423 comunidades con procesos culminados, un 26% de los grupos identificados.

Las comunidades relevadas hoy reclaman más de 8 millones de hectáreas de territorio, lo que representa casi el 3% de la superficie total del país y un 25% de los 31 millones de hectáreas cultivadas que tiene la Argentina, de acuerdo a datos de la FAO. Actualmente, el nivel de extranjerización de la tierra a nivel nacional asciende a 5,57%.


Según datos oficiales a los que accedió LA NACION, las provincias llevan entregados más de 200 títulos de propiedad comunitaria a comunidades del país, que suman 2.917.347 hectáreas. La provincia que tiene más regularizaciones dominiales es Jujuy, con 732.000 hectáreas de tierras fiscales provinciales cedidas. Siguen Mendoza (732.000), Chaco (497.000), Neuquén (255.925) y Formosa (240.000).

EL SUBMARINO COLAPSÓ EN MENOS DE UN SEGUNDO


Un analista de la inteligencia naval de EE.UU. sostiene que los 44 tripulantes murieron en forma instantánea

La Nación,  10 DE DICIEMBRE DE 2017
Mariano De Vedia

En su última comunicación, el jefe de operaciones del ARA San Juan transmitió la intención de "ir a 40 metros de profundidad para entrar al tanque de baterías, evaluar la avería y ampliar información". Según pudo saber la nacion, muchos marinos comienzan a preguntarse si esa decisión de revisar la avería constituyó el paso previo a una explosión.

Respuestas oficiales no hay, pero ese interrogante podría corresponderse con las conclusiones de un informe de la Oficina de Inteligencia Naval de los Estados Unidos, que analizó la señal acústica detectada el 15 de noviembre por la Organización del Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares y determinó que el submarino sufrió un colapso letal, que liberó una energía similar a una explosión de 5700 kilos de TNT, a 380 metros de profundidad.

El informe, al que tuvo acceso la nacion, fue elaborado por el analista acústico Bruce Rule y arriesga la tesis de que los 44 tripulantes murieron en forma instantánea, sin saber probablemente lo que pasaba.
El informe del especialista de la Oficina de Inteligencia Naval de EE.UU. -país que aportó varias unidades navales y aéreas para el operativo de búsqueda y rescate- concluye que el ARA San Juan se hundió verticalmente, a una velocidad de 10 a 13 nudos (18 a 24 kilómetros por hora).

"Aunque la tripulación pudo haber sabido que el colapso era inminente, nunca supieron qué estaba ocurriendo. No se ahogaron ni experimentaron dolor. La muerte fue instantánea", indica, lapidario, el autor del informe,

Su conclusión coincide con la polémica apreciación que la semana pasada formuló el ministro de Defensa, Oscar Aguad, al admitir en televisión que los tripulantes están muertos.

Se estima que el informe de Rule llegó a manos de la Armada, aunque no se le dio crédito oficial.

Rule es analista acústico principal de la Oficina de Inteligencia Naval de EE.UU. Al analizar los datos del "evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con un explosión" -como lo definió en su momento el vocero de la Armada, capitán Enrique Balbi-, el informe precisa que la señal acústica fue producida por el colapso del casco de presión del ARA San Juan, a una profundidad de 380 metros.

El investigador llega a la conclusión de que el casco fue "completamente destruido en aproximadamente 40 milisegundos", una fracción de tiempo que representa "la mitad del tiempo mínimo requerido para el reconocimiento cognitivo de un evento".

Explica, además, que "la energía liberada por el colapso fue producida por la conversión casi inmediata de la presión del mar en energía cinética", en un movimiento del pistón de agua que ingresó al casco a una velocidad aproximada de 1800 millas por hora (2900 kilómetros por hora).

El informe de Rule no tiene en cuenta el estado en que se encontraba el submarino ni la reparación de media vida a la que fue sometida entre 2009 y 2014, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Se limita, básicamente, a interpretar los datos que registraron la explosión. Y estima que el impacto que pudo haber sufrido al chocar con el fondo del mar "no habría producido un evento acústico detectable a larga distancia".

Al señalar que antes de la explosión el submarino ARA San Juan pretendía sumergirse y continuar su tránsito hacia el norte, rumbo a Mar del Plata, el casco colapsó a las 10.58 del 15 de noviembre, tres horas y media después de su último contacto.

La entrada de agua

El comandante del submarino, capitán Pedro Martín Fernández, había advertido en un mensaje anterior por radiofrecuencia, a las 6 de la mañana de la fatídica jornada del 15 de noviembre, que "la entrada de agua de mar por el sistema de ventilación al tanque de batería N° 3 provocó un cortocircuito y el comienzo de un incendio en el balcón de las barras de la batería".

Añadía el comandante de la nave, según los mensajes difundidos el miércoles pasado por la Armada, que "las baterías de proa están fuera de servicio, en el momento de la inmersión" y que el submarino se encontraba "propulsando con un circuito dividido".

Fuentes navales consultadas por LA NACION niegan absolutamente la posibilidad de que el ARA San Juan haya sido víctima de un ataque.

"Hoy todo lo que se mueve en el mar está totalmente registrado. Nada se mueve en el mar sin que las potencias mundiales lo sepan. Si hubiera habido un inconveniente con algún submarino británico, Rusia o China habrían salido inmediatamente a denunciarlo", precisó un oficial retirado.

Lo concreto, sin embargo, es que a pesar de que todo lo que pasa en el mar está registrado, el submarino ARA San Juan no aparece.


Más allá del trágico instante que les tocó padecer a los 44 tripulantes, la comunidad marina mantiene el espíritu de cuerpo y apoyan en general el criterio de la Armada de mantener la expectativa de los familiares hasta que no haya constancias de un desenlace fatal.

viernes, 8 de diciembre de 2017

UNA AYUDA DE 10.000 MILLONES DE DÓLARES


el verdadero motivo del espurio pacto con Irán

Marcelo Bonelli
07/12/2017 - Clarin.com Opinión

Cristina Fernández de Kirchner ofreció impunidad a los autores del atentado a la AMIA a cambio de una ayuda económica de Irán.

Ese fue el verdadero -y lesivo- motivo del espurio pacto que derivó en el pedido de desafuero y detención de Cristina por traición a la Patria.

La ex Presidenta intentó intercambiar un “salvoconducto” político para los jerarcas de Irán acusados de matar a 85 ciudadanos argentinos a cambio de la venta de granos, de tecnología nuclear y del abastecimiento de energía.

Julio De Vido, Carlos Zannini, Héctor Timerman, la YPF estatal de Miguel Galuccio y el Ministerio de Economía llevaron adelante negociaciones para concretar ese proyecto: al fin, dinero a cambio de encubrir a los asesinos.


Cristina pretendía una ayuda de Irán equivalente a 10.000 millones de dólares. Así lo dicen los documentos secretos que se encuentran en sede judicial y las escuchas que aún se mantienen en secreto en la causa AMIA.

Está confirmado que "Yussuf" Khalil -el delegado informal de Irán- habla de esa cifra con Mohsen Rabbani, ex agregado cultural en Buenos Aires y uno de los ideólogos del atentando.

El fiscal Gerardo Pollicita tiene constancias de que el convenio incluía un aporte nuclear de la Argentina a Irán. Y que el impulsor fue el venezolano Hugo Chávez.

La búsqueda de fondos la hizo Cristina en un intento desesperado de frenar la caída que enfrentaba la economía a causa del cepo, ausencia de dólares y la crisis energética.

El país importaba por año en energía 15.000 millones de dólares. De Vido y Roberto Barata están presos, acusados de cobrar coimas por esas compras.

El Senado trató el acuerdo en febrero de 2013. En el inicio del año electoral en el cual Cristina pretendía ampliar su consenso para retener el poder y abrir la posibilidad de un tercer mandato.

Era clave contar con dinero fresco que paliara la crisis económica incipiente y el estancamiento.

Existen muchas pruebas sobre la cuestión. Pero hay un encuentro y un diálogo claves que anticipó en exclusiva Clarín.

Fue el 20 de mayo de 2013, en el despacho de Julio De Vido. El ex ministro recibió a Luis D'Elía, durante exactamente 68 minutos.

Al término del encuentro, el propio De Vido se cruzó a la Casa Rosada para informar a Cristina. El piquetero -desde Planificación- habló con Yassuf Khalil en forma franca. Así le dijo:

─Estuve con el quía [De Vido]. Están dispuestos a mandar gente de YPF con nosotros para hacer negocios allá, intercambiando granos y carne por petróleo. El problema es político, necesitamos la aprobación del memorando.

Khalil habló minutos después con Rabbani y le transmitió:


─Hoy estuvimos con De Vido y manifestó que está dispuesto a mandar a las máximas autoridades de YPF para arreglar la transacción con la República Islámica.
......................

BONADÍO SE OLVIDO DE PROCESAR A LOS LEGISLADORES QUE VOTARON EL MEMORÁNDUM CON IRÁN


por Carlos Tórtora
Informador Público, 8-12-17

El juez Claudio Bonadío ordenó el procesamiento con prisión preventiva, previo desafuero como senadora, de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA que investiga el pacto de entendimiento con Irán. Por el mismo hecho fueron detenidos ayer Luis D’Elía, Carlos Zannini y Héctor Timerman. Más allá de que el pedido de desafuero de Bonadío seguirá su tramite parlamentario, hace dos meses atrás Miguel Ángel Pichetto habló en nombre del Senado fijando una postura que parece ser institucional y contraria a la seguida por la Cámara de Diputados que si aprobó el desafuero de Julio de Vido.

En un reportaje en Perfil que Jorge Fontevecchia le hizo unas semanas atrás, Pichetto sostuvo lo siguiente:

— “¿Le asignás alguna posibilidad de que Cristina Kirchner pueda no asumir o hacerlo por poco tiempo, siguiendo el camino de desafuero de De Vido?

— No, no lo veo eso. El Senado tiene una línea digamos de definición, que está reflejada muy claramente en el fallo de la Cámara Federal que resolvió la procedencia de la candidatura de Carlos Menem a las elecciones recientes, que sostiene el principio de presunción de inocencia y el concepto de sentencia firme de naturaleza de cosa juzgada. Con lo cual, no veo que la voluntad popular pueda ser vulnerada por un mecanismo de desafuero en una instancia del proceso judicial, donde se está en la etapa de instrucción, en la etapa de investigación.

— ¿Y por qué sería distinto del caso de De Vido?

— Bueno, yo personalmente opino lo mismo, digamos, sin perjuicio de que ésta es otra Cámara y tiene su autonomía y decidirá qué hacer, yo creo que el desafuero procede ante sentencia firme. Esto en términos, digamos, también del principio constitucional de la inocencia. Esta es una posición que yo vengo sosteniendo y que no diría que es doctrina en el Senado, pero ha sostenido, digamos, en muchas situaciones individuales de pedido de desafuero, esta línea de definición política.

— O sea, que para que haya sentencia firme, si llega, pasa a Casación y llega a la Suprema Corte, pueden pasar 25 años.

— Bueno, eso es uno de los temas que tiene que resolverse en la Argentina que es un procedimiento y un proceso judicial más corto. Pero lo que sí es cierto, que si no hay sentencia firme, tu principio de inocencia se sostiene, no se cae ese principio. Esto es una línea muy clara y muy contundente desde el punto de vista judicial. La posición del Senado es de construcción más legalista y más de reconocimiento al voto del ciudadano. A ver, si analizamos el caso De Vido, más allá de la situación pública. Lo que digo y lo que sostengo es que De Vido ha estado a derecho, se ha presentado permanentemente en cada una de las citaciones judiciales, de hecho, hoy está siendo sometido a un juicio oral en el caso Once, nunca ha dejado de comparecer ante la justicia, no hay riesgo de fuga, tampoco me parece de interferencia en la acción de la investigación judicial, acaba de renunciar a la presidencia de la Comisión de Energía. Tengo una mirada más, digamos, más legalista de la cuestión. Sé que a lo mejor esto no es políticamente correcto, sé que a lo mejor aquellos que declaman con venganza mediática juicio y castigo”.

Todo indica entonces que las cartas están echadas y que no habrá dos tercios de votos en el Senado para desaforar a CFK, más allá del espectacular show mediático que acaba de empezar.

El voluminoso fallo de Bonadío, que alcanza las 365 páginas, analiza las distintas responsabilidades penales en orden al delito de traición a la Patria. Uno de los ejes, sino el principal por su importancia en el conjunto, es el Memorándum de Entendimiento firmado por los gobiernos de Argentina e Irán y ratificado como tratado internacional por el Congreso de la Nación. A lo largo del fallo abundan las mención es al documento como el instrumento que posibilitaba obstruir el accionar de la justicia en la investigación del atentado a la AMIA y levantar las alertas rojas de INTERPOL sobre los iraníes imputados. En definitiva, el Memorando era el que posibilitaba la comisión de los delitos que hoy se le imputan a la ex presidente y a un grupo de sus colaboradores.

Asi, vemos que a fojas 265 de la sentencia de Bonadío consta lo siguiente: “Héctor Timerman ocupó un puesto clave para el desarrollo de la maniobra delictiva investigada, participando de las negociaciones, presunta redacción y firma del memorándum de entendimiento como en todo lo relacionado a su puesta en marcha y su incidencia en las “notificaciones rojas “de Interpol”. A su vez, el ex diputado nacional Jorge Yoma, a fojas 351 y refiriéndose al tratamiento del Memorándum en la Cámara de Diputados señala que “sólo se contaba con la orden del Poder Ejecutivo y el texto del Memorándum. Es decir, en aquellos tiempos era una práctica muy común del bloque oficialista votara a libro cerrado las instrucciones del Poder Ejecutivo. Quiero aclarar que cuando le requerí al bloque más información, me contestaron que era una orden de la Presidenta”.

“Esta circunstancia nos permite concluir que el memorando suscripto tuvo efectos concretos los cuales perduran actualmente en cuanto a favorecer los objetivos de una potencia extranjera que tiene una controversia pública con la Argentina (…) dice el fallo

Y más adelante agrega que “sin perjuicio en la forma en la cual se intentó presentar el documento, sus deficiencias posibilitaron que la totalidad de la oposición advierta que su suscripción tenía un objetivo distinto al que quería mostrar el gobierno nacional y con su aprobación se corría el riesgo de garantizar la impunidad de los prófugos de nacionalidad iraní imputados en el marco de la causa AMIA”.

Preguntas sin respuesta
La enorme importancia asignada por el juez al Memorándum llevaría a la conclusión de que, así como la justicia investigó las conductas de la ex presidente y parte de sus colaboradores en relación a la comisión de delitos vinculados con impedir el esclarecimiento del atentado a la AMIA, del mismo modo cabría evaluar si los legisladores que convirtieron en ley el memorándum no deberían también ser investigados.

En opinión de algunos funcionarios judiciales, lo que se le imputa a CFK y su séquito hubiera sido imposible de no haber sancionado el Congreso el memorándum.

Sin ir más lejos Pichetto al fundamentar su voto dijo que el memorándum era "el camino para encontrar la verdad".

No podrían obviamente los senadores y diputados oficialistas excusarse de sus responsabilidades argumentando la “obediencia debida “ que expone Yoma en su testimonio judicial.

El interrogante de si los senadores y diputados que votaron a favor del Memorándum son corresponsables con el Poder Ejecutivo por las derivaciones penales de su aplicación no se aborda en el fallo de Bonadío y es un tema que parece quedar pendiente. Sin embargo, vale subrayar que siendo el Legislativo un poder independiente, la aprobación por el mismo de los proyectos del Ejecutivo lo hace al primero enteramente responsable por sus actos.


En todo caso, lo paradójico de la situación actual es que Bonadío le esta pidiendo el desafuero de CFK a muchos senadores que votaron en forma entusiasta el Memorándum. Es casi como pedirles que se autoincriminen.

jueves, 7 de diciembre de 2017

LOS OBISPOS COLOMBIANOS

ofrecen criterios para el voto en las presidenciales de mayo del 2018

(ACI Prensa), 7-12-17

 En un comunicado emitido este 6 de diciembre, los obispos señalaron que los comicios del próximo año «son una oportunidad para dar juntos ‘un nuevo paso’ hacia la construcción de un país que sea patria y casa para todos».

«Colombia necesita la participación de todos para abrirse al futuro con esperanza», afirmaron.

En ese sentido, propusieron a los católicos y personas de buena voluntad los siguientes criterios para emitir un voto responsable, libre y consciente:

1.  Involucrémonos en el proceso electoral, derrotemos la indiferencia y comprometámonos. Los obispos señalaron que el voto es un derecho inalienable y un deber fundamental. Por tanto nadie debería privarse de votar. Además recordaron que la Iglesia «no tiene ni avala un partido político o un determinado candidato, pero sí invita a sus fieles y, en general, a todos los ciudadanos, a involucrarse en la política con la participación en el debate democrático con seriedad y responsabilidad».

2.  Reforcemos con el voto el comportamiento ético en la sociedad y acabemos con la corrupción. Advirtieron que es inmoral e ilegal comprar y vender votos. Esto «atenta contra la dignidad de la persona y el desarrollo integral de todos». Llamaron a no permitir «delitos como el fraude en la inscripción de cédulas, la suplantación, la financiación corrupta de campañas y la alteración de los resultados en las urnas».

3.  Exijamos campañas transparentes que favorezcan la unidad. Indicaron que los debates y los comicios no deben generar mayor polarización, sino promover el respeto, el diálogo y la creatividad política que necesita el país. Pensemos en el bien común. «Las campañas políticas que se sustentan en intereses particulares, que se financian ilícitamente o que derrochan injustamente el dinero atentan contra la democracia y generan confusión en el electorado».

4.  Analicemos la trayectoria y propuestas de los candidatos. Para dar nuestro voto responsablemente, tenemos que llegar a la convicción moral de que la persona, el proyecto político y el equipo de trabajo que se eligen aportarán realmente al bienestar de todos los colombianos.

5.  Pensemos en las necesidades más urgentes de nuestra nación. Consideremos bien las problemáticas y las posibilidades que tiene el país, para poder examinar y elegir adecuadamente a los candidatos que logren poner en marcha soluciones de fondo. No nos dejemos llevar simplemente por propuestas populistas, por simpatías y antipatías o por intereses particulares.

6.  Elijamos a quienes les duela la realidad de los colombianos. Los obispos señalaron que «Colombia necesita ser gobernada por personas íntegras, honestas, dignas, competentes, capaces de vencer la corrupción y la violencia, que se preocupen por la salvaguarda de la casa común», decididos a afrontar la injusticia, desempleo y falta de oportunidades; y a trabajar por los excluidos y marginados.

7.  Aseguremos el país sobre valores fundamentales y protejamos su institucionalidad. «Debemos afrontar, con claridad y determinación, la colonización ideológica de opciones políticas y legislativas que contradicen valores fundamentales y principios antropológicos y éticos arraigados en la naturaleza del ser humano. Apoyemos con nuestro voto, siguiendo la enseñanza de la Iglesia, a quienes defiendan la dignidad de la persona, la vida en todas sus etapas, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, el derecho primario de los padres en la educación de sus hijos, la libertad religiosa y las instituciones democráticas».

Los obispos también invitaron «a los políticos católicos a participar en el proceso democrático con la conciencia de que la política es una alta forma de caridad que implica afrontar retos de gran magnitud y de que deben hacerla iluminados con la luz del Evangelio y desde los principios de la Doctrina Social de la Iglesia».


Además pidieron a los candidatos a liderar «la marcha de la ciudadanía hacia una democracia madura y participativa, así como a la consolidación de la justicia, de la unidad y de la paz anheladas por nuestro pueblo».

martes, 5 de diciembre de 2017

SUBMARINO SAN JUAN

 las contradicciones de la Armada

Clarín, 5-12-17

"No hay indicios de que el submarino esté en peligro", fue una de las primeras frases del vocero de la Armada Enrique Balbi, el 17 de noviembre, cuando, dos días después, la desaparición del ARA San Juan tomó estado público. Desde ese momento la fuerza tuvo varias contradicciones sobre el tema.

El capitán de navío Gabriel Galeazzi, comandante de la Agrupación de Buques Oceanográficos y responsable de los partes de prensa en la Base Naval Mar del Plata, reconoció en el quinto día de la desaparición del ARA San Juan que el submarino había tenido un cortocircuito en las baterías. "La informó el comandante el miércoles y por eso se les hizo cambiar el rumbo", dijo. Incluso afirmó "se tiene la comunicación satelital cuando estaban en inmersión".

Pero Balbi lo desmintió más tarde en una nota que publicó La Nación. "En la última comunicación telefónica satelital, el miércoles pasado, a las 7.30, el submarino informó que continuaba navegando en inmersión, sin novedades en el personal, con destino a Mar del Plata. Llevaba ya varios días de navegación, se encontraba en la mitad del viaje y no reportó problemas de batería ni de ningún tipo", confirmó. 

Sin embargo el vocero reconoció el 20 que "hubo una avería, un cortocircuito que el comandante reportó".
Ese mismo día 20, la CNN lanzó una noticia proveniente de la US Army: que se había detectado un ruido en la zona de desaparición del submarino. La Armada explicó que era "un ruido biológico del mar", aunque dos días después confirmó que había habido "una anomalía hidroacúsica y el 23, que hubo "una explosión".


Por último, Balbi había informado de dos llamadas realizadas desde el submarino, que se contradice con la información que parte de los registros de la empresa Tesacom, auditor de las líneas satelitales Iridium, que es uno de los tres sistemas de comunicación que tiene el buque argentino. 

Se supo que fueron 8 las llamadas: la más extensa duró más de 13 minutos, mientras que la más breve fue de un minuto.