jueves, 25 de agosto de 2016

EL ACUERDO GOBIERNO DE COLOMBIA-FARC


El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) presentaron ayer su acuerdo definitivo para paz, donde se establece la hoja de ruta a seguir para el desarme total de la guerrilla y de ese modo poner fin a un conflicto armado de medio siglo.

El presidente Santos se dirigirá al Congreso para presentar el acuerdo formal y se convocará a un plebiscito nacional para el 2 de octubre para refrendar los diálogos entre las partes. El mismo comenzó hace cuatro años ya en Cuba, auspiciado por Raúl Castro y la Iglesia católica. 

A continuación, reproducimos el texto completo anunciado por el gobierno de Colombia y las FARC:

La Habana, Cuba, 24 de agosto de 2016

Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP anunciamos que hemos llegado a un Acuerdo Final, integral y definitivo, sobre la totalidad de los puntos de la Agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia.

PREÁMBULO

Recordando que los diálogos de La Habana entre delegados y delegadas del Gobierno Nacional, presidido por el Presidente Juan Manuel Santos y delegados y delegadas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, con la decisión mutua de poner fin al conflicto armado nacional, tuvieron origen como resultado del Encuentro Exploratorio sucedido en la capital de la República de Cuba entre el día 23 de febrero y el día 26 de agosto de 2012;

Teniendo presente que como resultado de los diálogos exploratorios referidos se produjo un Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado en la fecha última citada ante testigos nacionales y ante delegados de la República de Cuba y del Reino de Noruega que sirvieron igualmente como testigos, y que, desde entonces, asienten el proceso como países garantes;

Poniendo de presente que la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile se han aprestado en todo momento a sus buenos oficios como países acompañantes;

Recordando que en desarrollo de la agenda aprobada en el Acuerdo en mención se dio inicio a la Mesa de Conversaciones el día 18 de octubre de 2012 en la ciudad de Oslo, capital del Reino de Noruega, para luego continuar en la capital cubana sin solución de continuidad hasta el día de hoy que se firma el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera;

Subrayando que el Acuerdo Final que se suscribe en la fecha corresponde a la libre manifestación de la voluntad del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, al haber obrado de buena fe y con la plena intención de cumplir lo acordado;

Teniendo presente que el Artículo 22 de la Constitución Política de la República de Colombia impone la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento; que el Artículo 95 afirma que la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional por lo que es deber de todos engrandecerla y dignificarla; que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución implica responsabilidades, entre ellas, propender al logro y mantenimiento de la paz;

Subrayando que la paz ha venido siendo calificada universalmente como un derecho humano, y requisito necesario para el ejercicio de todos los demás derechos y deberes de las personas y la ciudadanía;

Poniendo de presente que el Acuerdo Final recoge todos y cada uno de los acuerdos alcanzados sobre la Agenda del Acuerdo General suscrito en La Habana en agosto de 2012; y que para alcanzarlo el Gobierno Nacional y las FARC-EP siempre y en cada momento nos ceñimos al espíritu y respeto de la Constitución Nacional, de los principios del Derecho Internacional, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario (Convenios y Protocolos), de lo mandado por el Estatuto de Roma (Derecho Internacional Penal), de los fallos proferidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativos a los conflictos y su terminación, y demás sentencias de competencias reconocidas universalmente y pronunciamientos de autoridad relativos a los temas suscritos;

Recordando que el Artículo 94 manifiesta que “la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”, que los tratados sobre derechos humanos, aprobados por el Congreso, y que no pueden ser suspendidos ni siquiera durante los estados de excepción, prevalecen en el orden interno;

Poniendo en consideración que la suma de los acuerdos que conforman el Acuerdo Final contribuyen a la satisfacción de derechos fundamentales como son los derechos políticos, sociales, económicos y culturales, y los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia y la reparación, el derecho de los niños, niñas y adolescentes, el derecho fundamental de la seguridad jurídica individual o colectiva y la seguridad física, y el derecho fundamental de cada individuo en particular y de la sociedad sin distingos en general, a la no repetición de la tragedia del conflicto armado interno que con el presente Acuerdo se propone superar;

Subrayando que el Acuerdo Final presta especial atención a los derechos fundamentales de las mujeres, los de los grupos sociales vulnerables como son los pueblos indígenas, las niñas, niños y adolescentes, las comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicamente diferenciados; los derechos fundamentales de los campesinos y campesinas, los derechos esenciales de las personas en condición de discapacidad y de los desplazados por razones del conflicto; los derechos fundamentales de las personas adultas mayores y de la población LGBTI;

Considerando que a juicio del Gobierno Nacional las transformaciones que conlleva la implementación del presente Acuerdo deben contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio; y que a juicio de las FARC-EP dichas transformaciones deben contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales, que afecta especialmente a las mujeres, niñas y niños.

Valorando y exaltando que el eje central de la paz es impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado en todo el territorio nacional, en especial en múltiples regiones doblegadas hoy por el abandono, por la carencia de una función pública eficaz, y por los efectos del mismo conflicto armado interno; que es meta esencial de la reconciliación nacional la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo y bienestar territorial para beneficio de amplios sectores de la población hasta ahora víctima de la exclusión y la desesperanza;

Reconociendo los derechos de la sociedad a una seguridad humana integral con participación de las autoridades civiles;

Exaltando y consagrando la justicia prospectiva en tanto reconoce derechos fundamentales esenciales para las nuevas y futuras generaciones como son el derecho a una tierra preservada, el derecho a la preservación de la especie humana, el derecho a conocer sus orígenes y su identidad, el derecho a la exención de responsabilidades por las acciones cometidas por las generaciones precedentes, el derecho a la preservación de la libertad de opción, y otros derechos, sin perjuicio de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación;

Recordando que el pasado 23 de junio del año en curso, las Delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP suscribieron en la capital cubana los acuerdos de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas y Garantías de Seguridad, en presencia del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, del Secretario General de Naciones Unidas, del Presidente de la Asamblea General de la ONU, del Presidente del Consejo de Seguridad de la misma organización, del Ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Noruega, de los Jefes de Estado de los países acompañantes, de Jefes de Gobierno de países de la región, del Enviado Especial de los Estados Unidos de América y del Representante Especial de la Unión Europea;

Aceptando que las normas de derecho internacional consuetudinario continuarán rigiendo las cuestiones relacionadas con derechos fundamentales no mencionados en el Acuerdo Final, incluyendo el mandato imperativo que ordena que “en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo la salvaguardia de los principios de humanidad y de la exigencias de la conciencia pública”;

Reconociendo el mandato constitucional que afirma que corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa convenir y ratificar acuerdos de paz;

El Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, hemos acordado:

Suscribir el presente Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, cuya ejecución pondrá fin de manera definitiva a un conflicto armado de más de cincuenta años y que a continuación se consigna.

El presente Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera se suscribe por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), como Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949.

El Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), firman siete originales incluidos sus anexos, uno para cada una de las partes, uno para cada uno de los países garantes y uno para cada uno de los países acompañantes. El séptimo ejemplar original se depositará inmediatamente tras su firma, ante el Consejo Federal Suizo en Berna o ante el organismo que lo sustituya en el futuro como depositario de las Convenciones de Ginebra.

INTRODUCCIÓN

Luego de un enfrentamiento de más de medio siglo de duración, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado poner fin de manera definitiva al conflicto armado interno.

La terminación de la confrontación armada significará, en primer lugar, el fin del enorme sufrimiento que ha causado el conflicto. Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole, sin olvidar el amplio número de poblaciones que han sido afectadas de una u otra manera a lo largo y ancho del territorio, incluyendo mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y rom, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos, entre otros. No queremos que haya una víctima más en Colombia.

En segundo lugar, el fin del conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia. Se trata de dar inicio a una fase de transición que contribuya a una mayor integración de nuestros territorios, una mayor inclusión social -en especial de quienes han vivido al margen del desarrollo y han padecido el conflicto- y a fortalecer nuestra democracia para que se despliegue en todo el territorio nacional y asegure que los conflictos sociales se tramiten por las vías institucionales, con plenas garantías para quienes participen en política.

Se trata de construir una paz estable y duradera, con la participación de todos los colombianos y colombianas. Con ese propósito, el de poner fin de una vez y para siempre a los ciclos históricos de violencia y sentar las bases de la paz, acordamos los puntos de la Agenda del Acuerdo General de agosto de 2012, que desarrolla el presente Acuerdo.

El Acuerdo está compuesto de una serie de acuerdos, que sin embargo constituyen un todo indisoluble, porque están permeados por un mismo enfoque de derechos, para que las medidas aquí acordadas contribuyan a la materialización de los derechos constitucionales de los colombianos; por un mismo enfoque diferencial y de género, para asegurar que la implementación se haga teniendo en cuenta la diversidad de género, étnica y cultural, y que se adopten medidas para las poblaciones y los colectivos más humildes y más vulnerables, en especial los niños y las niñas, las mujeres, las personas en condición de discapacidad y las víctimas; y en especial por un mismo enfoque territorial.

El enfoque territorial del Acuerdo supone reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad socio-ambiental; y procurar implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada, con la participación activa de la ciudadanía. La implementación se hará desde las regiones y territorios y con la participación de las autoridades territoriales y los diferentes sectores de la sociedad.

La participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos que constituyen el Acuerdo Final. Participación en general de la sociedad en la construcción de la paz y participación en particular en la planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas en los territorios, que es además una garantía de transparencia.

Además, la participación y el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad contribuyen a la construcción de confianza y a la promoción de una cultura de tolerancia, respeto y convivencia en general, que es un objetivo de todos los acuerdos. Décadas de conflicto han abierto brechas de desconfianza al interior de la sociedad, en especial en los territorios más afectados por el conflicto. Para romper esas barreras se requiere abrir espacios para la participación ciudadana más variada y espacios que promuevan el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento y establecimiento de responsabilidades, y en general, el reconocimiento por parte de toda la sociedad de lo ocurrido y de la necesidad de aprovechar la oportunidad de la paz.

Por lo anterior, el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el plebiscito, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran ACUERDO POLÍTICO NACIONAL encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social.

*

El Acuerdo Final contiene los siguientes puntos, con sus correspondientes acuerdos, que pretenden contribuir a las transformaciones necesarias para sentar las bases de una paz estable y duradera.

El Punto 1 contiene el acuerdo “Reforma Rural Integral”, que contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. La “Reforma Rural Integral” debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía.

El Punto 2 contiene el acuerdo “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”. La construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política.

En especial, la implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todas y todos los colombianos a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos espacios para la participación.

El Punto 3 contiene el acuerdo “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas”, que tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las reglas que rigen el Cese, incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del Acuerdo Final y la dejación de las armas y preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.

Contiene también el acuerdo “Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil –en lo económico, lo social y lo político- de acuerdo con sus intereses”. Sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera requiere de la reincorporación efectiva de las FARC-EP a la vida social, económica y política del país. La reincorporación ratifica el compromiso de las FARC-EP de cerrar el capítulo del conflicto interno, convertirse en actor válido dentro de la democracia y contribuir decididamente a la consolidación de la convivencia pacífica, a la no repetición y a transformar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio.

El Punto 3 también incluye el acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. Para cumplir con este fin, el acuerdo incluye medidas como el Pacto Político Nacional; la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; la Unidad Especial de Investigación; el Cuerpo Élite en la Policía Nacional; el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política; el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios; y las Medidas de Prevención y Lucha contra la Corrupción.

El Punto 4 contiene el acuerdo “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”. Para construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas. Para lo cual se promueve una nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género.

El Punto 5 contiene el acuerdo “Víctimas”. Desde el Encuentro Exploratorio de 2012, acordamos que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo. El acuerdo crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros.

El Sistema Integral está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz; las Medidas de reparación integral para la construcción de la paz; y las Garantías de No Repetición.

El Punto 6 contiene el acuerdo “ Mecanismos de implementación y verificación” en el que se crea una “Comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de diferencias”, integrada por representantes del Gobierno Nacional y de las FARC-EP con el fin, entre otros, de hacer seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento, servir de instancia para la resolución de diferencias, y el impulso y seguimiento a la implementación legislativa.

Adicionalmente crea un mecanismo de acompañamiento para que la comunidad internacional contribuya de distintas maneras a garantizar la implementación del Acuerdo Final y en materia de verificación se pone en marcha un modelo con un componente internacional integrado por los países que durante el proceso han tenido el papel de garantes y acompañantes y dos vocerías internacionales, todo ello soportado en la capacidad técnica del Proyecto del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos.

*

Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP reiteramos nuestro profundo agradecimiento a todas las víctimas, las organizaciones sociales y de Derechos Humanos, las comunidades incluyendo los grupos étnicos, a las organizaciones de mujeres, a los campesinos y campesinas, a los jóvenes, la academia, los empresarios, la Iglesia y comunidades de fe, y en general a los ciudadanos y ciudadanas que participaron activamente y que a través de sus propuestas contribuyeron al Acuerdo Final. Con su participación lograremos la construcción de una paz estable y duradera.

miércoles, 24 de agosto de 2016

RECONSTRUIR LA CAPACIDAD DE DEFENSA



José Manuel Ugarte

Clarín, 24-8-16
           
La defensa de Argentina está en una situación grave. El diagnóstico indica la obsolescencia del material bélico, la insuficiencia de los fondos de funcionamiento, que se refleja en la falta de un adecuado mantenimiento del material y en un adiestramiento insuficiente del personal, el número insuficiente del personal de tropa, significativamente inferior al personal de suboficiales, la desproporción entre el personal de diversos grados, particularmente con una hipertrofia en los grados superiores, que incrementa significativamente el gasto en personal.

Hay, además, unidades militares con una dotación insuficiente, personal con un promedio de edad elevado, inexistencia de capacidad propia de producción de armamento básico y munición, y sobredimensionamiento del personal civil y de las estructuras burocráticas.

Se trata de una situación en cuya producción han participado la totalidad de los gobiernos que ha tenido el país. No habrá de creerse que estamos revelando secretos.

Se trata de una situación absolutamente pública. En sus ediciones correspondiente a 2014 y 2015, la publicación Military Balance señala que el equipamiento de las fuerzas armadas argentinas es antiguo y crecientemente difícil y caro para mantener, con resultados de baja disponibilidad y niveles bajos de alistamiento operacional.

Más terminante, George Allison señaló en la revista UK Defense Journal (20 de agosto de 2015) que ... las fuerzas armadas argentinas han dejado de ser una fuerza de combate capaz.

Desde la restauración de la democracia en Argentina, en diciembre de 1983, no ha existido plan de reequipamiento de las Fuerzas Armadas, sino algunas adquisiciones de material usado, como los 4-4AR Fightinghawk, de la década de los ‘70s y modernizados.

Con un presupuesto de defensa de alrededor del 1% del PBI, y un gasto en personal del 80%, es imposible proveer a un reequipamiento a fuerzas armadas, y tampoco puede obtenerse un adecuado adiestramiento.

Existe una urgencia prioritaria, consistente en determinar cuáles son los objetivos de nuestra defensa, renovar el material de guerra obsoleto y realizar una reestructuración en las Fuerzas Armadas, destinada a recomponer la pirámide de personal.

La real independencia de un país resulta de la posesión de capacidades para una defensa eficaz.

Dado que a la situación actual han contribuido todos los sectores políticos que gobernaron el país, su superación también podría y debería surgir del consenso de todos.

Preservar de peligros la existencia de laNación, bien podría ser una tarea para unir a los argentinos. Como escribiera el gran Jorge Luis Borges: “Nadie es la Patria. Todos lo somos”.




José Manuel Ugarte es abogado, especialista en temas de Defensa. Co-redactor de las Leyes de Defensa y Seguridad Interior. 

sábado, 20 de agosto de 2016

CURSO DE FILOSOFÍA SOCIAL Y POLÍTICA



Universidad Santo Tomás de Aquino -Tucumán

 18 de agosto de 2016


El Dr. Sergio Castaño es uno de los más destacados filósofos tomistas argentinos. Especializado en la Política, Castaño es un filósofo realista, preciso, riguroso como pocos. Sus trabajos enfocan cuestiones actuales desde una perspectiva tradicional. Católico cabal, su pensamiento está abierto a la Revelación, armonizando lo natural y lo sobrenatural, sin unilateralismos. Recomendamos la asistencia a este curso y ciertamente lamentamos no estar en condiciones de hacerlo.

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
(FACULTAD DE CC. JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES –UNSTA-)

PRESENTACIÓN

Nunca se insistirá demasiado en que todos los saberes que versan sobre la praxis del hombre en relación con sus semejantes, y esa `praxis misma, resuelven sus preguntas y encuentran su sentido en los fundamentos del orden social y político –por su parte asentados en la verdad acerca del hombre y sus fines-.  Es por ello que no resulta posible dar razón de las asunciones decisivas (siempre operantes, aunque sea implícitamente), sea en Política, en Derecho, en Economía, en Sociología, o en cualquier otro ámbito del conocimiento o de la realidad de la acción humana consociada, sin recalar en los principios.

Este seminario se propone hacer una incursión sintética pero esencial en algunos de los principios fundamentales del orden social y político, con la guía de un texto medular. Se trata del Curso de Filosofía Social impartido en 1947 por uno de los más esclarecidos conocedores de esas cuestiones que ha tenido la Orden Dominicana en Argentina, Fr. M. A. Pinto, cuya recuperación en copia mecanografiada constituye un verdadero hallazgo para la vida universitaria.

 En él se plantean y se adelantan fértiles soluciones a algunos de los principales problemas que posteriormente fueron objeto de tratamiento y de polémica por relevantes tomistas del s. XX, como Maritain, Meinvielle y Soaje Ramos.
En esta Lectio del Curso de Mario Agustín Pinto, OP, confluirán otros textos y tesis axiales de protagonistas del debate contemporáneo sobre los problemas tratados.

PROGRAMA

La noción de sociedad
El orden social
La familia
La sociedad política
La nación y el Estado
El Estado
El bien común del Estado
El error liberal
La persona humana y el Estado (I)
La persona humana y el Estado (II)
La autoridad

PERÍODO DE CURSADO
Una reunión semanal, los martes de 20 a 22 hs., a partir del 6 de septiembre
 y hasta el 15 de noviembre.
Se otorgarán certificados a quienes asistan al 75% de las reuniones.

El Curso se dictará en la sede del Centro de Estudios Políticos, 9 de julio 165, 5º piso - 3 ª, San Miguel de Tucumán.

Sin arancel. Abierto a estudiantes, graduados, profesionales, docentes y profesores.

lunes, 15 de agosto de 2016

LA MAFIA CALABRESA

Julio Algañaraz
 Clarín, 15-8-16 

 La mafia calabresa, la ndrangheta, se ha convertido en la mayor organización criminal del mundo, desplazando a La Cosa Nostra siciliana y a otras grandes mafias de otras naciones, según la convicción de los mayores especialistas en el tema y las mismas autoridades italianas. 

Ante todo ha desarrollado una especialidad cada vez más dominante en el tráfico internacional de cocaína, una droga que consumen 260 millones de habitantes del planeta, con una facturación superior a los 300 mil millones de dólares anuales, de los cuales la ndrangheta obtiene ganancias netas por más de 60 mil millones. 

 Los calabreses de la ndrangheta (palabra de origen griego que quiere decir “hombre bello” o valiente) actúan en 49 países por lo menos y en una parte consistente del mapa del globo se han instalado con “ndrinas”, que son las estructuras a partir de familias mafiosas que gobiernan la organización nacida al parecer en el siglo XIX. 

En Argentina la ndrangheta prospera con varias ndrinas y tiene una voz respetada en la organización con centro en Calabria. La leyenda, que los mafiosos cultivan en las ceremonias de iniciación y en el manejo de los ritos de la ndrangheta, sostiene la conocida versión de los tres caballeros españoles de la Garruña de Toledo, que debieron huir a Italia en 1412 tras defender el honor de su hermana y matar a su novio. Cada uno fundó en Italia una “gran familia” inspirados en la Garruña toledana. Osso creó La Cosa Nostra en Sicilia, Mastrosso la ndrangheta calabresa y Carcagnosso la Camorra en Nápoles. 

Es solo leyenda, pero los mafiosos creen que es auténtica historia y sus ritos hay que respetarlos. La ndrangheta funciona con una componente de familiarismo que la hace más impenetrable que La Cosa Nostra siciliana. Lo que no se sabía hasta hace unos años es que además existe una poderosa relación con la masonería. En una interceptación de la Justicia, un “capocrimine” comentó que de 32 organizaciones masónicas en Calabria, 28 estaban controladas por la mafia. Las actividades ilegales comprenden no solo los secuestros, el contrabando de armas, el tráfico de drogas a niveles industriales y también el de seres humanos. 

La corrupción en el mundo político y de gobierno para obtener contratos de obras públicas en todos los niveles (municipal, regional y nacional), ha favorecido la extensión formidable de la ndrangheta en las regiones industriales del rico norte italiano. Hace diez días, tras una investigación bautizada por los magistrados “Mammasantíssima”, uno de los nombres que reciben las mafias italianas, casi medio centenar de personajes de alto nivel fueron arrestados y se pudo saber que, por primera vez, una de las organizaciones criminales en el país había creado hace un cuarto de siglo una llamada “Cúpula de los Invisibles”.  

La cúpula mafiosa-masónica actuó cubierta por la omnipotencia y el secreto durante tanto tiempo, preparando y abasteciendo de técnicos y políticos a la administración pública. El personaje más elocuente es el senador Stefano Caridi, arrestado después de que la Cámara Alta concedió la autorización. Pero en la larga investigación judicial, que contó con 540 mil interceptaciones telefónicas, se descubrió que las mentes pensantes de la sociedad secreta a disposición de la ndrangheta son los abogados Paolo Romero y Giorgio Di Stefano. Ellos hasta lograron comprarse personajes del Parlamento Europeo para conseguir fondos regionales de la Unión. 

 Ambos fueron arrestados en varias ocasiones por sus actividades, pero ahora se sabe que son las mentes estratégicas para orientar en el mundo político y empresario a los “capocrimine” que eligen las “santas” (las ndrinas) en largos y secretísimos procesos electorales. Esa cúpula sigue siendo impenetrable. Gobernadores de Calabria, alcaldes de las ciudades más importantes, que estaban bajo la lupa de la justicia, eran objetivos conseguidos por los “invisibles”. Ahora se sabe. Todos están acusados de asociación mafiosa. Pero además los magistrados, que cuentan con el sustento de un poderoso bagaje de acción de las fuerzas policiales y de los servicios secretos, con respaldo técnico del FBI, han puesto bajo la luz de las candilejas a otros sujetos de “interés investigativo”. Ambos son de origen neofascista. Uno es el vicepresidente del Senado Maurizio Gasparri y el otro el ex alcalde de Roma, Gianni Alemano. Ambos niegan indignados, pero en el ámbito judicial sostienen que hay interterceptaciones telefónicas implacables sobre su complicidad con los “invisibles”.

MALVINAS, TIERRA DE HÉROES, ES MÁS QUE PETRÓLEO: ES PESCA


 Roberto V. Maturana
Informador Público, 15-8-16

Sr. Presidente


Respetuosamente:

A principios de agosto de 2016, Theresa May a través de una carta le comunico su interés por el inicio de negociaciones vinculadas a vuelos y extracción de hidrocarburos en nuestras islas, pidiendo el fin de medidas restrictivas para Gran Bretaña.

“Es mi sincero deseo que, donde tengamos diferencias, estas puedan ser superadas en una atmósfera de mutuo respeto y con la intención de actuar en una forma que beneficie a todos los involucrados”. May le expresa en su deseo que el Reino Unido y la Argentina puedan continuar “trabajando juntos” hacia una “fase más productiva” de la relación.

En junio de 2016, en la sesión del Comité de Descolonización de la ONU, reunido en Nueva York especialmente para tratar la cuestión Malvinas, nuestra canciller Susana Malcorra exhortó al Reino Unido a reanudar las negociaciones por las Islas Malvinas.

Señor Presidente: tiene una oportunidad única para lograr una equilibrada negociación sin precedentes. Argentina no puede ingresar a pescar en sus propias aguas soberanas por determinación unilateral de Gran Bretaña. Así es como debemos asumir que en un plano de igualdad, la flota nacional debería poder ingresar a pescar a la ilegal zona de exclusión.

Filmus y Bustamante, funcionarios de la política depredadora de Cristina Fernández de Kirchner, que siguiendo las indicaciones de su jefa, al igual que ella, jamás hablaron de la pesca en Malvinas, en custodia de la caja más corrupta de nuestra historia en democracia.

Pero la canciller Malcorra, al igual que sus antecesores Timerman y Taiana, tampoco habló de los recursos pesqueros nacionales que hacen ricos a los Kelpers. La venta de licencias de pesca de nuestras especies tranzonales y migratorias del continente, invaden los mercados del mundo compitiendo con las exportaciones nacionales, esas aun capturadas por buques de pabellón argentino, con tripulación argentina y los costos tributarios argentinos.

Las imágenes satelitales que recorrieron el mundo mostrando buques pesqueros factorías que pescan durante la noche en el Mar Argentino, también muestra la de la zona que Gran Bretaña excluyó a nuestra flota.

Antes de la guerra de Malvinas en 1982, la zona marítima económica de los malvinenses se extendía a 3 millas marinas alrededor de las islas. Al finalizar la guerra se extendió a la denominada "zona de exclusión", que llegaba a las 200 millas marinas. Esa zona creció exponencialmente durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. En esa área económica, responsabilidad del gobierno argentino, perdemos U$S 4000 millones anuales por pesca ilegal que enriquece a May y su séquito.

Muchos de esos buques son chinos, con banderas de Taiwan. China se apropia de nuestros recursos ilegalmente pero continuamos firmando acuerdos que extrañamente nunca son denunciados a costa de hambrear a las comunidades pesqueras.

Los mandatarios de Argentina y China firmaron la Declaración para Fortalecer la Asociación Estratégica Integral y convenios de cooperación

En febrero de 2015, Cristina Fernández de Kirchner y Xi Jinping firmaron convenios de cooperación y suscribieron una declaración conjunta de Fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral.

Por ello Bustamante sigue caminando el Consejo Federal Pesquero, y se reúne con Tony Solimeno en su casa de Mar del Plata mientras los chinos se hacen dueños del fresco. Hay que solucionar los pendientes y seguir robando la reserva alimentaria de la Nación.

Como argentino conocedor de la problemática y del área, veo con preocupación que lo único que se tratará en esta nueva etapa de esperanza, es de petróleo y vuelos. Si así fuera, queda de manifiesto una vez más que la Nación carece de una política pesquera que este a la altura de la realidad geopolítica.


Nuestra Pampa Azul tan rica como el campo, utilizada como moneda de cambio de todos los políticos corruptos que detentaron el poder hasta hoy, sigue sangrando con nuestros héroes de Malvinas.

domingo, 14 de agosto de 2016

CARTELIZACIÓN: LA GÉNESIS DE LA CORRUPCIÓN EN LA OBRA PÚBLICA


Hugo Alconada Mon
LA NACION,  14 DE AGOSTO DE 2016

Todos los viernes, un grupo de empresarios se reúne a comer. Asado, por lo general. Cena "de camadería" -así la definen-, en la que comparten buenos vinos, chistes malos, se alertan sobre riesgos, cruzan información y, de ser necesario, coordinan cómo encarar los proyectos más jugosos. O cómo lidiar con algún funcionario. Es apenas un atisbo de la "cartelización" de la obra pública, según afirman algunos de ellos que aceptaron dialogar con LA NACION.

"Para ciertas licitaciones, el «armado» es a través de la Cámara [Argentina] de la Construcción (CAC), pero para los de Vialidad, es la 'Camarita' la que juega", cuenta un veterano con más de 30 años en el sector. Alude a la Cámara Argentina de Empresas Viales, con sede en Piedras al 300, frente a Vialidad Nacional.

"Veinticuatro horas antes de una licitación podía armarse una reunión en la oficina de la «Camarita» para coordinar las presentaciones de cada empresa", cuenta otro empresario, que recuerda una vieja anécdota: "En la sala de reuniones había una imagen de la Virgen de Luján, protectora de los caminos, y antes de empezar la reunión la dábamos vuelta para que no presenciara lo que hacíamos".

El presidente de la "Camarita", Rodolfo Perales, lo niega, indignado. "No existe la cartelización. Absolutamente no. Pensar en algo así cuando hay cien empresas que compiten es imposible", dijo a LA NACION, para luego añadir: "Espero que quienes hablaron con usted no sean socios de nuestra cámara".

-Lo son.

-Lo lamento. No deberían...

Los empresarios consultados, sin embargo, descargaron toda o parte de la responsabilidad por la cartelización -y los sobreprecios- en los funcionarios de turno, a los que algunos constructores aluden con el eufemismo de "el socio" al que no pueden citar por su nombre.

"La corrupción viene de arriba y los empresarios nos adaptamos al sistema porque así los negocios son más fáciles", argumentó uno. "El Estado es el que carteliza. Y las empresas la aceptan para protegerse. Hay muchas familias que dependen de eso", añadió otro que recordó el caso de un constructor que se negó a pagar y le secuestraron a un hijo.

Otro empresario ofreció una visión más crítica. "En teoría, si no te metés en los arreglos no ganás un contrato, sí. Pero los empresarios callaron y ahora varios encima hacen lobby para que no salga la ley del arrepentido, no jodamos", se sinceró. "Fueron... fuimos -se corrigió a sí mismo- cómplices".

¿Cómo eran las negociaciones, en la práctica, con los funcionarios?

"Durante el gobierno de Menem los contratos chicos pagaban hasta el 0,5% y los grandes 2%; ya con Duhalde subió al 3%; y con Kirchner, llegó al 10%", detalló un empresario. "La primera obra que recuerdo era para Bariloche, y bajó el mensaje que a partir de entonces había que «poner el Diego». Néstor era un desaforado", agregó.

A partir de ese momento, cuentan, un interlocutor clave pasó a ser el financista Ernesto Clarens, quien recibía a empresarios en oficinas de la constructora de Lázaro Báez, Austral Construcciones, en Pasaje Carabelas. Luego en otra de la calle Maipú. Después, en Puerto Madero.

"Clarens te recibía y adelante tuyo llamaba a Kirchner para reportarle las novedades", contó un ejecutivo que lidió varias veces con el financista. "Lo llamaba y le decía, 'Lupín, anotá', y le pasaba las novedades".

El presidente de la "Camarita" también lo negó. "Conozco a Clarens. En algún momento trabajamos con él. Es una excelente persona y es falso lo que cuentan sobre él", indicó Perales a LA NACION.

"Además eso del 10% es falso", añadió el referente de Perales Aguiar SA, que en los '90 afrontó una tormenta por un presunto pago de sobornos al entonces ministro de Obras Públicas, Roberto Dromi, acusación que se diluyó en Tribunales. LA NACION intentó consultar a Clarens a través de sus abogados, pero no fue posible.

El ex número dos de Vialidad nacional, Sandro Férgola, se convirtió en otro interlocutor habitual de los empresarios. Primero en su oficina de Vialidad y luego en las de Rovella Carranza, donde recibió a más de un ejecutivo con un latiguillo que los descolocó. "¿Esto? Esto es de José", en alusión a José López, su superior de Obras Públicas devenido en depositario de bolsos millonarios en un convento que no es tal.

La constructora Rovella Carranza ya salió al cruce de esas versiones, que investiga la Justicia, y negó toda relación societaria o laboral con López.

A Clarens y Férgola se suman otros nombres. Entre ellos, los del entonces interventor del Occovi, Claudio Uberti, quien "atendía" en el café Volta, sobre avenida del Libertador, y operó para López hasta su caída por el "caso Antonini". Entonces lo reemplazó -en el Occovi y para todo lo demás- un histórico de Vialidad, Gustavo Gentili, que llegó de la mano de su mujer, Laura Andino, a la que ubicó como interventora de Autopistas del Sol, bajo su ala.

A ellos se sumaron otros interlocutores habituales para los empresarios. Entre ellos, el contador Andrés Galera y Guillermo "el ñoqui" Fernández, que solían actuar como emisarios de José López -algo que negaron ante la Justicia-. También, Osvaldo de Sousa, hermano de Fabián, el socio y lugarteniente de Cristóbal López, más conocido como "el burrito" -porque decía que la tenía "más larga que todos" los empresarios- y solía atender en el hotel Hilton de Puerto Madero, o en la avenida Córdoba.

"Círculo cerrado"

"El reparto de obras es un círculo cerrado en el que se simula una competencia entre las constructoras", simplificó otro empresario. "Al punto de que a veces la empresa que se acuerda que va a ganar -añadió-, se encarga hasta de preparar los sobres que las otras empresas van a presentar para perder la licitación".

Otro constructor cuenta que cada empresa primero calcula su oferta, en la que incluye su costo directo (materiales, equipos y otros rubros), indirecto (capataces, jefes de obra, etc) y un adicional por riesgos. Eso arroja el costo total directo, al que se añaden los gastos generales de empresa, que refleja el costo total de obra, al que luego se añaden los costos financieros. "Y a eso, los sobreprecios para repartir entre los funcionarios y las empresas que van a simular la competencia."

-¿Qué significa eso?

-Digamos que el funcionario pide el 10%, ¿ok? Bueno, a eso súmele otro 5% para el ganador (porque no voy a correr el riesgo sin un premio para mí, ¿no?). Y a eso, añádale otros 2 puntos para las empresas que perdieron. Total, 17% de sobreprecio. ¿Se entiende?

La cartelización -que además suele darse por regiones o provincias-, incluye prácticas propias. Entre otras, "el remate", como lo calificó un veterano de la obra pública.


"El «remate» es que cada empresario pone en un papelito cuánto repartirían entre sus competidores de lo que van a ganar si se quedan con la obra. Entonces, el contrato se lo queda el que promete repartir más y así todos ganan", explicó. "Claro que depende de un «pacto de caballeros». Y acá -añadió sin ironía-, todos lo son."

CORTESANO, MÁS QUE MIEMBRO DE UNA CORTE


La Nación, editorial, 14 DE AGOSTO DE 2016

El Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige que sus jueces sean independientes e imparciales, y que su comportamiento no afecte ni la dignidad ni el prestigio de su cargo. No es lo que ocurre con Eugenio Raúl Zaffaroni.

La Asociación Civil Usina de Justicia, integrada por familiares de víctimas del delito, por prestigiosos juristas y periodistas, y destacadas personalidades ha denunciado por inconducta a Zaffaroni en razón de que, contemporaneamente a su designación, ha desarrollado una intensa actividad político-partidaria, descalificando "los procesos políticos que actualmente se desarrollan en la Argentina y Brasil", al considerarlos "golpes institucionales" .

Expresaron, además, que Zaffaroni ha actuado "en forma ostensible como asesor legal de la ex presidenta Cristina Kirchner en las causas penales que afronta", que ha emitido "opiniones críticas sobre otros procesos en los que se investiga la presunta comisión de delitos por parte de ex funcionarios y dirigentes" como el caso de Milagro Sala; que ha cuestionado las actuaciones que se labran en el combate a la corrupción en nuestro país y denostado a los jueces actuantes en declaraciones y actos públicos partidarios.

En suma, consigna esa denuncia que al mismo tiempo que desempeña un cargo de juez en un tribunal internacional, Zaffaroni se dedica a la actividad política, a la militancia partidaria, a inmiscuirse en los asuntos judiciales y de política interna de nuestro país y de Brasil, asesorando profesionalmente a imputados de delitos de corrupción o de graves inconductas en el ejercicio de sus funciones.

Organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos alzaron igualmente su voz respecto de su actuación cuando era titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Sentencia y fueron desoídas.

La reciente sanción que el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados le impuso, suspendiéndolo por 90 días para ejercer su profesión, es otra confirmación de todas esas irregularidades.

Al haber asumido como defensor del juez Áxel Gustavo López, acusado de mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura por haber concedido salidas transitorias a dos condenados que luego cometieron asesinatos fuera de la cárcel, y hacerlo a semanas de su renuncia a la Corte de nuestro país, Zaffaroni incumplió los dos años de restricción que le imponía la ley para el ejercicio de la profesión.

Las Madres del Dolor objetaron la participación del ex ministro por las mismas razones por las cuales el Tribunal de Disciplina terminó sancionándolo.

A la hora de destacar los méritos de Zaffaroni para su designación como magistrado siempre se han ponderado sus publicaciones y actividad docente. Pero su desempeño como juez y su conducta constituyen una muestra elocuente de que la erudición no garantiza la independencia ni la imparcialidad ni la integridad ni, mucho menos, la laboriosidad, condiciones todas ellas indispensables en un magistrado.

La influencia de su pensamiento en la legislación argentina ha sido uno de los factores causantes de la inseguridad que vivimos diariamente, mientras que muchos de sus fallos se han apartado del sentido común y de la ley misma, consagrando la impunidad en casos aberrantes.

La Corte Interamericana está integrada por siete jueces, elegidos por la Asamblea General de la OEA, según un proceso de selección entre candidatos propuestos por los gobiernos de cada país miembro. La sanción recibida por Zaffaroni a causa de su desempeño como abogado particular y su notoria actividad político partidaria muestran no sólo su incompatibilidad para el cargo, sino que su postulación por parte de la ex presidenta Cristina Kirchner podría haber tenido como objetivo asegurarse alguna forma de influencia de Zaffaroni sobre sus colegas del tribunal internacional, especialmente frente a causas que involucran a la ex mandataria y a sus allegados.


Se trata de un magistrado cuyo nombramiento compromete el prestigio del alto tribunal regional y cuyos antecedentes académicos nunca podrían suplir las condiciones éticas necesarias para ocupar el destacado cargo con el que ha sido investido.