PROCESO DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA (*)

Al conmemorar el 25 de mayo de 1810, conviene hoy analizar el pasado, pues existe en la Argentina, como nunca antes, un desaliento generalizado sobre su destino y una falta notoria de interés por la acción cívica. Estos síntomas evidencian que está debilitada la concordia, factor imprescindible para que exista una nación en plenitud, y para que se cumpla un anhelo de la Oración por la Patria: el compromiso por el bien común. De allí, entonces, la importancia de conocer la propia historia nacional. Pues, como enseña el Profesor Widow, “cada cual es lo que ha sido. Condición indispensable para asumir la propia realidad es, por consiguiente, el juicio recto sobre el pasado: es la única base posible para una rectificación o ratificación de intenciones y conductas, evitando las ilusiones y los complejos”.

 Debemos precisar los términos, es necesario distinguir dos aspectos involucrados en esta celebración. En efecto: ¿el bicentenario alude a la nación o al Estado argentino?

 Si se toma la expresión Nación Argentina como equivalente a Estado Argentino, es necesario decir que el mismo no quedó constituido el 25 de mayo de 1810, fecha en que se formó un gobierno propio, pero provisorio, hasta que el Rey, que estaba preso de Napoleón, reasumiera su corona. El Estado Argentino sólo surgiría seis años después, con la Declaración de Independencia.

Por otra parte, si se toma la expresión Nación Argentina en su sentido sociológico -como conjunto de personas que conviven en un mismo territorio, poseen características comunes y manifiestan el deseo de continuar viviendo juntas- ya estaba consolidada antes del 25 de mayo. A partir del 29 de junio de 1550, con la fundación de la ciudad de Barco -actual Santiago del Estero- comienza la lenta formación de nuestra nación. Varios autores consideran que la nacionalidad argentina, preexiste al Estado nacional. Por nuestra parte, consideramos que en ocasión de las invasiones inglesas, quedó en evidencia que la Argentina como nación estaba ya consolidada.

Apuntemos al respecto varios elementos.

1º) Existía ya en el territorio del Virreynato del Río de la Plata, mayoría de criollos, algunos de los cuales, como Saavedra y Belgrano -integrantes de la primera Junta-, desempeñaban funciones públicas de importancia.

2º) Existía, como lo afirma el sociólogo Guillermo Terrera, una cultura criolla argentina que, para 1750, tenía características propias y definidas. Agrega Puigbó: “Varias circunstancias facilitaron esta paulatina y coherente asimilación que culminó en una integración social, reconocible fácilmente a mediados del siglo XVIII”.

3º) No existían tropas profesionales en número suficiente, para repeler el ataque extranjero, de modo que la resistencia estuvo a cargo de las milicias criollas y de los vecinos que se sumaron voluntariamente a la lucha. Sería impensable que esto ocurriera en una sociedad cuyos integrantes se conformaran con ser una colonia. Precisamente, la decisión masiva de los criollos de combatir, revela a un pueblo con identidad propia que asume la defensa de su tierra, pese a la ausencia del Virrey, que se había replegado a Córdoba.

 Por lo señalado, si queremos fijar en una fecha la vigencia de la nacionalidad argentina, la que podría corresponder es la del 12 de agosto de 1806, cuando se produce la Reconquista de Buenos Aires.

 Desde el comienzo de la vida independiente, el Estado Argentino fue el marco formal de una sola nación, por lo que ambos aspectos mencionados están estrechamente vinculados.

La cuestión de la soberanía constituye un tópico fundamental en la filosofía política, con evidente proyección sobre la realidad social. Lo que aquí nos interesa dilucidar es el fundamento intelectual de la posición sustentada por los patriotas argentinos en el proceso de la independencia nacional.

Si bien la declaración formal se produce recién en 1816, la emancipación comienza en 1810, al constituirse una Junta de Gobierno que desplaza al Virrey, por considerarse haber caducado el gobierno soberano de España y la reversión de los derechos de la soberanía al pueblo de Buenos Aires. En el Cabildo Abierto del 22 de mayo, la mayoría de los asistentes respaldó el voto de Cornelio Saavedra que finalizaba con la conocida expresión: que no quede duda de que el pueblo es el que confiere la autoridad o mando. La resolución del conflicto mereció interpretaciones diferentes, que vamos a analizar sucesivamente.

 Hasta mediados del siglo XX, era opinión generalizada que la frase de Saavedra y la argumentación previa de Castelli, estaban fundamentadas en Rousseau y su tesis de la soberanía popular. Interpretación que puede rechazarse de plano, teniendo en cuenta dos aspectos.

A) Una cuestión de hecho: el Contrato Social de Rousseau, además de haber tenido poca aceptación en España a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, sólo parece haber sido conocido, entre los patriotas que actuaron en el Río de la Plata antes de mayo de 1810, por el Deán Funes. Recién a comienzos de 1811 se termina de reimprimir esta obra en Buenos Aires, por disposición de Mariano Moreno.

Sin negar que haya influido posteriormente, cabe recordar que en febrero de ese año, el Cabildo llegó a la conclusión “que la parte reimpresa del Contrato Social de Rousseau no era de utilidad a la juventud, y antes bien pudiera ser perjudicial.

 B) El otro aspecto a tener en cuenta, es el contenido en sí de la obra. Puede afirmarse que la misma es incompatible con los argumentos utilizados en el Cabildo de Mayo, donde se alegó la reversión de los derechos de la soberanía al pueblo. En efecto, en la obra del ginebrino se sostiene que el ejercicio de la voluntad general, o sea la soberanía, no puede nunca ser enajenada; el poder puede ser transmitido, pero no la soberanía, lo que significa que no puede volver al pueblo.

Otra tesis atribuye al P. Francisco Suárez la mayor influencia en los sucesos de Mayo; se destaca el P. Guillermo Furlong quien afirma que “fue el filósofo máximo de la semana de Mayo”.

Recordemos que Suárez, en su Defensio fidei, rebate la argumentación del rey de Inglaterra, Jacobo I, quien sostuvo que el poder de los reyes procede inmediatamente de Dios. Suárez rechaza el llamado derecho divino de los reyes, sosteniendo que la autoridad política no proviene directamente de Dios, sino por intermedio del pueblo, que la confiere -expresa o tácitamente- al gobernante, y la recupera en caso de vacancia o de tiranía.

Si bien la doctrina de Suárez fue difundida ampliamente en los dominios españoles, creemos que no puede haber influido en la independencia argentina, por varios motivos:

-A raíz de la expulsión de la Compañía de Jesús, en 1767, fue prohibida, por Cédula Real del año siguiente, la difusión de la doctrina de sus maestros. Por ejemplo, en la Universidad de Córdoba, donde la enseñanza quedó a cargo de los franciscanos, éstos “rectificaron lo que se llamaba doctrina jesuítica, sobre todo en lo que se refiere a la Teoría del Poder”.

-El propio Furlong admite que: “Entre nosotros (en el Río de la Plata) sólo conocemos una mención explícita a Suárez, y ella se encuentra en la nota que, con fecha 12 de octubre de 1811, elevó el Obispo Orellana a las autoridades nacionales desde su prisión de Luján”.

Con respecto a la tesis en sí, ha sido cuestionada por otros teólogos. Por ejemplo, el jesuita argentino Julio Meinvielle, sostiene que el pueblo no puede realizar las funciones complejas que implica el ejercicio de la autoridad. Entonces, no tiene sentido que se le atribuya el papel de intermediario en la transmisión de la autoridad, ya que no puede transferir lo que no posee, y no posee lo que no puede ejercer.

Precisamente, el criterio para establecer los derechos naturales es la necesidad que de su uso o ejercicio se tiene. Si la comunidad o pueblo jamás puede ejercer la autoridad, no se justifica transferírsela, aunque fuera transitoriamente.

No existe ninguna evidencia de que Castelli conociera la obra de Suárez, y no es creíble que se inspirara en esta doctrina católica, teniendo en cuenta su actuación posterior en el Alto Perú, donde permitió a Monteagudo la ejecución de actos irreligiosos sumamente graves.

La tesis del derecho divino de los reyes fue adoptada como doctrina oficial por la dinastía borbónica. A fines del siglo XVIII se difundieron en América las ideas iluministas y del despotismo ilustrado, cuya influencia se advierte en patriotas como Belgrano, Vieytes, Mariano Moreno y el Deán Funes.

La enseñanza del derecho natural racionalista se impuso en España, luego de la expulsión de los jesuitas, pudiendo señalarse la importancia de su creador, Hugo Grocio, para el análisis de este tema.

Debemos considerar que la palabra soberanía que utilizan Castelli y otros de los participantes del Cabildo de mayo, no pertenece al vocabulario escolástico, lo que obliga a indagar de dónde se adopta, y con qué sentido. Por una parte, como señala Tanzi, el vocablo era utilizado en España y América, en esa época, como equivalente a autoridad o gobierno, y no entendido como el ejercicio de la voluntad general rousseauniana.

Zorraquín Becú demuestra la “identidad de pensamiento y hasta de vocabulario”, entre la argumentación de Castelli y lo sostenido por Grocio en el Derecho de la Guerra y de la paz, donde afirma: “que si el Rey de un Reino Electivo, o la Familia Real de un Reino Hereditario, vienen a faltar, la Soberanía vuelve al Pueblo.”

En otro párrafo de su obra, Grocio contempla, precisamente, el caso que se daba en el Río de la Plata: "Ocurre a veces que no hay sino un solo Jefe de varios Pueblos, los cuales sin embargo forman cada uno un Cuerpo perfecto... al extinguirse la Familia Reinante, el Poder Soberano vuelve a cada uno de los Pueblos antes reunidos bajo un mismo Jefe”.

Debemos agregar, que un año antes de la Revolución, Castelli, en su defensa del inglés Paroissien, argumentó que el establecimiento de las Juntas en España era ilegítimo pues “no hay pacto específico o tácito de reservación en la nación”. Esta postura es análoga a la de Jovellanos y diferente a la que iba a sostener Castelli en el Cabildo Abierto. Lo que induce a creer que este hábil abogado utilizó en su discurso de Mayo la argumentación que consideró más conveniente desde una perspectiva práctica. Y acertó, pues no fue rebatida, habiendo impugnado el Fiscal Villota únicamente el derecho del pueblo de Buenos Aires a formar por sí solo un gobierno soberano.

Los sucesos de Mayo no salieron nunca del marco de la propia tradición política hispánica, que tuvo características singulares. Esta tradición alcanza su madurez intelectual con la escuela teológica y jurídica española del siglo XVI.

El vocablo soberanía, que introduce Bodino, no es más que una expresión equivalente a majestas o summa potestas que utilizaban los juristas españoles para indicar la particularidad del poder del Estado, que se define por la cualidad de no reconocer superior. Pero Bodino agrega que es el poder absoluto y perpetuo en una República, lo que perfila una diferencia clara con el enfoque de los pensadores españoles: la desvinculación del poder supremo de la ley.

“Un legislador -dice Vitoria- que no cumpliera sus propias leyes haría injuria a la república, ya que el legislador también es parte de la república. Las leyes dadas por el rey, obligan al rey...”. El gobernante, entonces, posee una facultad suprema, en su orden, pero no indeterminada ni absoluta. El poder se fundamenta en razón del fin para el que está establecido y se define por este fin: el bien común temporal.

En su discurso en el Cabildo, Castelli afirmó -según la versión conocida- “que el pueblo de esta Capital debía asumir el poder Majestas o los derechos de la soberanía”, sosteniendo su argumento “con autores y principios”. Como no se conoce el texto completo de su alegato, únicamente podemos deducir quienes eran esos autores y cuales los principios.

Ya señalamos la probable influencia de Grocio, en la elaboración de las frases mencionadas, pero, como Castelli no fue rebatido, es razonable pensar -como lo hace Marfany- que la bibliografía citada era la utilizada habitualmente por los abogados, sacerdotes y funcionarios. Por ejemplo, la Política para Corregidores y señores de vasallos, de Jerónimo Castillo de Bovadilla, que preveía para el caso de acefalía: “Y no es mucho que en este caso provea el pueblo Corregidor, y se permita, pues faltando parientes de la sangre y prosapia real, podría el reino por el antiguo derecho y primer estado, elegir y crear rey”.

Esto significa que la Revolución de Mayo se realizó sin apartarse de la propia legislación vigente. En efecto, Castelli presentó en su discurso un problema concreto; al haber sido obligado a salir de España el Infante don Antonio, caducaba el gobierno soberano, puesto que el Virreinato estaba incorporado a la Corona de Castilla, y no tenía obligación de subordinarse a otro órgano de gobierno. La norma respectiva está incluida en la Recopilación de Leyes de Indias, promulgada por el Emperador Carlos V, que dispone: “Que las Indias Occidentales estén siempre reunidas a la Corona de Castilla y no se puedan enagenar”.

Es opinión común entre los autores considerar que el voto de Saavedra en el Cabildo, al que adhirió la mayoría de los asistentes, implica el reconocimiento del pueblo como fuente de la soberanía, ya sea en la versión rousseauniana o en la suareciana. El voto terminaba con la famosa frase: y que no quede duda de que el pueblo es el que confiere la autoridad o mando.

Creemos más atinada la interpretación de Marfany: que el propósito de Saavedra fue corregir parcialmente el voto del General Ruiz Huidobro, que fue el primero en votar contra el Virrey, opinando que su autoridad debía reasumirla el Cabildo como representante del pueblo.

Saavedra, que se había desempeñado en el Cabildo como Regidor, Síndico Procurador y Alcalde, comprendió que la fórmula propuesta era defectuosa, pues el Cabildo no podía ejercer actos de soberanía como el que se le pretendía conferir. Era un gobierno representativo del pueblo, pero destinado al gobierno municipal, de modo que la facultad de formar una junta que reemplazara al Virrey debía surgir de una atribución expresa del Cabildo Abierto.

Que esta intención fue comprendida por el Cabildo surge del Reglamento que dictó para la Junta, que expresa en su cláusula Quinta, que, en caso de que las nuevas autoridades faltasen a sus deberes, procedería a su deposición, reasumiendo para este sólo caso la autoridad que le ha conferido el pueblo.

La independencia argentina, como lo reconocen hoy la mayoría de los historiadores de prestigio, se produjo como una consecuencia lógica de los sucesos de España, y no por influencia de las revoluciones norteamericana y francesa, ni de los autores de la Enciclopedia. Existió sí, una combinación de influencias intelectuales diferentes y a veces contradictorias, con utilización de autores modernos, pero sin que se produjera una “acentuada inclinación modernista”.

La tradición política hispánica, de sólida raíz católica, es la que prevaleció en el proceso emancipador, lográndose “una síntesis admirable” al incorporar ideas contemporáneas depuradas de “toda connotación agnóstica”. Únicamente así puede entenderse que en el Congreso de Tucumán, en 1816, se dispusiera que la Declaración de Independencia debía ser jurada por Dios Nuestro Señor y la señal de la Cruz.

En realidad, la guerra de la independencia fue una guerra civil, entre dos concepciones. Por eso, en los dos bandos enfrentados hubo españoles, y  el ejército realista que enfrentó en el norte a los patriotas del Río de la Plata, estuvo integrado en un 90 % por criollos e indios.

Los reyes borbónicos se habían apartado de la tradición hispánica; influidos por el racionalismo, aplicaban el llamado despotismo ilustrado. Desde el Pacto de Familia de 1761, España dejó de interesarse en América. Además, Napoleón quiebra la unidad imperial, y los americanos temían ser negociados por la Junta Central.

San Martín peleó –siendo oficial del ejército español- contra el invasor francés, pero no se ilusionaba con la victoria de Bailen. Napoleón entró con 250.000 hombres y repuso en el trono a su hermano José. Suponiendo que triunfara España con ayuda de Inglaterra, sería la victoria de unos reyes ineptos; a las miserias de la Corte borbónica,  Napoleón las resumía así: la madre era adúltera, el padre consentido, el hijo traidor. Por eso, quien sería después el Padre de la Patria, decidió combatir por la independencia y salvar la verdadera España, en América.

No fue una decisión personal, sino compartida por muchos nativos de este continente que vivían en España. Lo explica San Martín: “En una reunión de americanos en Cádiz, resolvimos regresar cada uno al país de nuestro nacimiento, a fin de prestarle nuestros servicios en la lucha (carta a Castilla, 11-9-1848).

Con respecto al sistema de gobierno, tuvo una posición pragmática, no tenía predilección por ningún sistema teórico. En ocasión del Congreso de Tucumán, dijo que sea cualquiera con tal que no vaya contra la religión, es decir que no sea malo en sí mismo. Tuvo en una primera etapa simpatía por la república, dada la experiencia de la corte española, pero en América, siempre postuló la monarquía, desde que llegó hasta que se fue. También lo hizo en Chile y en Perú.

De lo que no tenía dudas es de la necesidad imperiosa de proclamar la independencia, sobre lo cual insistía en sus cartas al representante de San Juan, Godoy Cruz. No todos compartían esa visión. Alvear, siendo Director, en 1815, escribió dos pliegos a las autoridades británicas, que se conservan en el Archivo Nacional, afirmando que estas provincias desean pertenecer a Gran Bretaña. Cuando se concreta la declaración, el 9 de julio, no queda satisfecho el general pues conocía las gestiones que se realizaban para subordinar este territorio a Inglaterra o a Portugal, y el acta solo se refería a Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Por eso siguió presionando hasta que el 19 en reunión secreta, presidida por Medrano, se agregó: y de toda otra dominación extranjera.

La propuesta de Belgrano de coronar a un descendiente de los incas, formulada en sesión especial el día 6 de julio, ha motivado algunas dudas. Algunos han creído identificar al candidato en Dionisio Inca Yupanqui, educado en el Seminario de Nobles de Madrid, que llegó a ser Coronel de Dragones en el Ejército español. Por cierto, que la conjetura es un recurso válido en la investigación histórica, siempre que haya alguna evidencia concreta, que en este caso no existe.

En cambio, se conoce bien la existencia de Juan Bautista Tupac Amaru, hermano menor de Gabriel Tupac Amaru, que encabezó la última rebelión indígena contra los españoles, y que fue cruelmente ajusticiado junta a toda su familia. El único que sobrevivió fue Juan Bautista, pues fue confundido con un reo común, y mantenido en prisión muchos años en distintas cárceles, hasta llegar a Ceuta, en África. Allí lo encontró un sacerdote peruano, el P. Durán, quien  lo ayudó a obtener la libertad y lo embarcó rumbo a Buenos Aires, a donde llegó en 1812.

Las autoridades le concedieron una pensión, y le encargaron que escribiera sus memorias que fueron publicadas en 1824, en la Imprenta de Niños Expósitos. Este curioso personaje falleció a los 88  años, y fue enterrado en el cementerio de la Recoleta. Consta en las memorias que conoció a San Martín y Belgrano, de modo que la propuesta del prócer mencionado no fue una fantasía romántica, como creyeron algunos. Mitre, por ejemplo en su biografía del creador de la bandera, lo critica duramente por estas ideas. Sin embargo, era opinión general que habiendo reasumido su trono Fernando, y constituida la Santa Alianza, no había seguridad de que fuese aceptado un gobierno republicano.

De allí que promover una monarquía constitucional, encabezada por un descendiente de los incas, era una idea sensata, y por eso la apoyó San Martín.

----------------------------

Habiendo intentado esclarecer el proceso de independencia de nuestra patria, podemos reflexionar ahora sobre el futuro de la misma.

En el mundo actual, sólo podrán sobrevivir como pueblos con identidad propia, aquellos que se afiancen en sus propias raíces, descartando los cantos de sirena de modas y costumbres ajenas, que se impulsan en el mundo globalizado. El complejo trámite de alejamiento de Gran Bretaña de la Unión Europea (brexit), debería ayudarnos a meditar sobre los riesgos de un multiculturalismo que arrasa con las tradiciones para imponer con más facilidad   las ideologías e intereses prevalecientes.

Nos parece que, si a la política se la considera la “cenicienta del espíritu”, habrá en el país mayor proporción de buenos profesionales, eficientes técnicos, abnegados docentes e inspirados artistas, que políticos aptos en el servicio a la comunidad. No puede extrañar que esta actividad genere recelos, pues es la función social más susceptible a la miseria humana; la que exacerba en mayor medida todas la pasiones y debilidades. Pero la situación actual en nuestro país es, y desde hace mucho tiempo, verdaderamente patológica; la mayoría de los buenos ciudadanos, comenzando por los más inteligentes y preparados, abandonan deliberadamente la acción política a los menos aptos y más corruptos de la sociedad, salvo honrosas excepciones.

Por cierto que los desatinos y desfalcos de los sucesivos gobiernos, resultantes de esta selección al revés -kakistocracia: gobierno de los peores-, realimenta el desprecio hacia la política. Explica Marcelo Sanchez Sorondo que: “...al ocurrir la vacancia del Estado por el ilegítimo divorcio entre el Poder y los mejores, en la confusión de la juerga aprovechan para colarse al Poder los reptiles inmundos que, denuncia Platón, siempre andan por la vecindad de la política, como andan los mercaderes  junto al Templo.”

Se ha llegado a esta situación por un progresivo y generalizado aburguesamiento de los ciudadanos, de acuerdo a la definición hegeliana del burgués, como el hombre que no quiere abandonar la esfera sin riesgos de la vida privada apolítica. No se tiene en cuenta la advertencia de Carl Schmitt: “si un pueblo teme las fatigas y el riesgo de la existencia política, otro pueblo vendrá que le arrebate esas fatigas y cargue con ellas, asumiendo la política contra los enemigos exteriores y, con ella, la soberanía política.”

Siendo tan grave el riesgo, vale la pena intentar discernir el sentido profundo del drama político argentino. En primer lugar, debemos bucear en el pasado nacional, para tratar de comprender como pudo llegarse a la situación actual.

El segundo aspecto a considerar, es determinar si una sociedad como la Argentina, puede pretender realmente ser conducida por un Estado independiente, en un mundo globalizado. Este aspecto está íntimamente vinculado con el anterior, pues ningún gobierno actuará con independencia si no está convencido de que puede y debe hacerlo. Si se piensa, como Alberdi, que no es nuestro hermano un hombre porque ha nacido en la misma tierra que nosotros, pues no somos hijos de la tierra sino de la humanidad, nunca la acción gubernamental se orientará al progreso de la propia sociedad.

La defensa integral de la sociedad, como decisión firme, exige una actitud patriótica. Ahora bien, no cabe duda que la globalización implica un riesgo muy concreto de que disminuya en forma alarmante el grado de independencia que puede exhibir un país en vías de desarrollo. Entendiendo por independencia la capacidad de un Estado de decidir y obrar por sí mismo, sin subordinación a otro Estado o actor externo, la posibilidad de dicha independencia variará según las circunstancias del país respectivo y de la capacidad y energía que demuestre su gobierno.

Resulta claro que –desde hace décadas- los  gobiernos nacionales  optaron conscientemente por una “dependencia asumida o resignada”. Pese a todos los condicionamientos que impone la globalización, de ninguna manera es ésa la alternativa más racional, ni, por cierto, la única posible para la Argentina. Pues una cosa es orientar las velas en la dirección del viento, y otra muy distinta, entregar el timón del barco. Desde nuestra perspectiva, no deben ser motivo de preocupación los cambios de tamaño, forma y roles del Estado, mientras cumpla su finalidad de gerente del bien común. Pues, más allá de las pretensiones de los ideólogos de la globalización, lo cierto es que el Estado continúa manteniendo su rol en nuestros días. En varios países el Estado maneja más de la mitad del gasto nacional, y no es consistente, por lo tanto, afirmar que los políticos son simples agentes del mercado. Es claro que ello exige fortalecer el Estado, que sigue siendo el único instrumento de que dispone la sociedad para su ordenamiento interno y su defensa exterior.

Pese a todos los condicionamientos que impone la globalización, el Estado sigue siendo el mejor órgano de que dispone una sociedad para su ordenamiento interno y su defensa exterior. De modo que conviene no proclamar apresuradamente la desaparición del Estado, que sigue siendo una sociedad perfecta, por ser la única institución temporal que protege adecuadamente el bien común de cada sociedad territorialmente delimitada.

Como enseña Benedicto XVI en su encíclica Caritas in veritate: parece más realista una renovada valoración de su papel y de su poder, que han de ser sabiamente reexaminados y revalorizados, de modo que sean capaces de afrontar los desafíos del mundo actual, incluso con nuevas modalidades de ejercerlos (24).

La situación internacional, vista sin anteojeras ideológicas ofrece, - en especial desde 1989- posibilidades de actuación autonómica aún a los países pequeños y medianos. Por otra parte, es necesario expresar que la posibilidad, que sostienen muchos, de un gobierno mundial ya fue desestimada por Carl Schmitt en 1932: “El mundo político es un Pluriversum, no un Universum”. “La unidad política no puede, por razón de su esencia, ser universal, en el sentido de una unidad que abrazara la humanidad toda y la tierra entera”. Agrega Castaño que una sociedad es política, mientras no efectúe una cesión general e irrevocable de sus facultades de gobierno y jurisdicción a una entidad superior.

Esto no ocurre, ni con las Naciones Unidas y con la Unión Europea. Según la Carta de las Naciones Unidas, los propósitos consisten en mantener la paz y fomentar entre las naciones relaciones de amistad, en base al principio de la igualdad soberana de todos sus miembros. A su vez, el tratado de la Unión Europea, establece que la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros, para lograr los objetivos que éstos determinen. En virtud del principio de subsidiariedad, la Unión intervendrá sólo en caso de que los objetivos no puedan ser alcanzados por los Estados miembros. La decisión adoptada por el Reino Unido de retirarse de la Unión –Brexit- estaba prevista por el artículo 50 del Tratado, y confirma que la adhesión es revocable. Por consiguiente, un poder subsidiario “sí puede ser compatible con la existencia de comunidades políticas que no han renunciado a su status de tales, esto es, de Estados independientes”.

La cultura de un pueblo se mantiene vigorosa, cuando defiende sus tradiciones, sin perjuicio de una lenta maduración. La identidad nacional se deforma cuando se corrompe la cultura y se aleja de la tradición, traicionando sus raíces. La nación es una comunidad unificada por la cultura, que nos da una misma concepción del mundo, la misma escala de valores y se proyecta en actitudes, costumbres e  instituciones. Cuando un pueblo se debilita en la defensa de su autonomía frente al mundo, desaparece como tal, como ha ocurrido muchas veces en la historia.

Si es correcto el análisis, la prioridad absoluta consiste en restaurar el Estado, y procurar que actúe eficazmente al servicio del bien común. Sin embargo, la restauración del Estado argentino no ocurrirá como consecuencia necesaria de elaborar un buen diagnóstico, pues el grave problema de nuestra sociedad es que su Estado ha sido progresivamente desmantelado, y en la actualidad no cumple con eficacia sus funciones esenciales. Es estas condiciones, sería insensato confiar en que pueda producirse espontáneamente un cambio positivo. Sólo ocurrirá si un número suficiente de argentinos con vocación patriótica decide actuar en la vida pública, buscando la manera efectiva de influir en ella, para lo cual deberá planificar cuidadosamente sus acciones.

Un plan para la nación,  es mucho más que extrapolación en el tiempo; el vocablo se refiere a la intervención necesaria de la voluntad humana en su configuración. “El futuro de un pueblo, entendido como proyecto vital colectivo, puede en buena medida ser regulado desde el presente”. “Un plan de la nación no aparece, pues, como una fórmula mágica, sino como una combinación perfectible de realismo y voluntad”. Y es en el marco del Estado donde debe realizarse el planeamiento global que establezca las metas y las prioridades en el proceso de desarrollo integral de la sociedad.

Un proyecto nacional puede contribuir, en ésta época signada por el fenómeno de la globalización, a compatibilizar la inevitable integración del país con los demás países, con la preservación de la propia identidad cultural, haciendo explícito lo que somos a fin de buscar lo que debemos ser; lo contrario sería abandonarse al futuro sin prudencia, de la mano de un empirismo más o menos ciego.

Para finalizar esta reflexión, conviene mirar al pasado para que nos sirva de inspiración y no caer en un pesimismo estéril. Por ejemplo, recordar una arenga a la tropa del General Levalle, durante la Campaña del Desierto (1877):

“Camaradas, no tenemos yerba, ni tabaco, ni pan, ni ropa, ni recursos, ni esperanzas de recibirlos; en fin, estamos en la última miseria, pero tenemos deberes que cumplir, y los cumpliremos.”

(*) Exposición efectuada por Mario Meneghini, el 23 de  mayo de 2019, a comenzar el Ciclo de Conferencias organizado por el Centro de Estudios Cívicos, y que se lleva a cabo en el Colegio de Escribanos de Córdoba.