jueves, 10 de abril de 2025

CARLOS SACHERI Y EL ORDEN NATURAL

 


Homenaje a su vida y obra, a los 50 años de su muerte, asesinado por un grupo gerrillero

 

Carlos Alberto Sacheri nació en Buenos Aires el 22 de octubre de 1933. Se graduó en Filosofía y ganó una beca en Canadá, en concurso internacional, para estudiar en la Universidad Laval, de Quebec, donde en 1968 obtuvo el doctorado en Filosofía, con mención "Suma Cum Laude".

En tiempos de estudiante universitario y después, durante diez años, siguió al P. Julio Meinvielle, quien fue su principal formador, en la lectura y el estudio de Santo Tomás de Aquino. Según atestigua Caturelli: “su vocación filosófica, en particular por la filosofía práctica, hizo de él un conocedor profundo del pensamiento de Santo Tomás. Pero, al mismo tiempo, recuerdo sus preocupaciones por el idealismo inmanentista de Giovanni Gentile, por el pensamiento moderno, sin detrimento de los Padres de la Iglesia y, sobre todo, su preocupación por el…Magisterio de la Iglesia” (Sapientia, año XXX, nº 175, p. 74).

 

Fue profesor titular de Metodología Científica y de Filosofía Social e integrante del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Pontificia Universidad Católica Argentina; profesor titular de Filosofía y de Historia de las Ideas Filosóficas, y Director del Instituto de Filosofía de la Justicia, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires;

profesor de Ética y de Filosofía Social del Institute de Philosophie Comparée de París; y principal propulsor de la Sociedad Tomista Argentina, de la que era Secretario.

 

Actuó también como Coordinador General del Instituto de Promoción Social Argentina y como presidente de la Obra de la Ciudad Católica.

En 1970, fue nombrado Secretario Científico del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), del que era Investigador Principal. (1)

 

Prolífico conferencista y formador de jóvenes dentro y fuera de Argentina, colaboró regularmente con numerosas publicaciones especializadas como Presencia, Verbo (Argentina), Verbo (España), Universitas, Premisa, Cabildo, Mikael , Ethos, Diálogo, Universidad, Les Cahiers du Droit (Francia), Philosophica (Chile).

El Dr. Sacheri publica en 1971 la crónica teológica “La Iglesia Clandestina”, obra de gran profundidad sobre la subversión en la Iglesia Católica y la infiltración marxista en su seno.

 

Al fallecer su maestro Meinvielle, le tocó despedirlo en su sepelio diciendo:

 “Sepamos los más jóvenes conservar el fuego sagrado que nos ha dejado en herencia. Nuestra Iglesia y nuestra Patria necesitan que la obra del Padre se prolongue a través de los discípulos que formó. La tarea es ardua en estos tiempos en que abundan tantas defecciones de todo tipo. Sepamos encontrar en la imitación de sus virtudes el estímulo para difundir y profundizar su obra, para que las promociones más jóvenes puedan a su vez, encontrar su vocación cristiana y nacional” (2).

 

Apenas un año después, el 22-12-1974, Sacheri fue asesinado por un grupo subversivo, en presencia de su familia, al salir de misa.

Su muerte, como la del profesor Genta, asesinado poco antes por el mismo grupo, fue consecuencia de su obra intelectual, que no se limitó a los trabajos académicos, sino que, consciente de la misión social del estudioso, a menudo participó en actividades de difusión de un orden de convivencia basado en los valores de la tradición cristiana.

 

En especial, sostenía la necesidad de contar con un núcleo suficiente de hombres prudentes, que inspirados en los principios clásicos de la política y munidos de una adecuada versatilidad, puedan  actuar convenientemente  en  la  vida social. Sacheri, hombre de pensamiento y de acción, fue el arquetipo de la conjunción armónica y exacta de la teoría con la praxis. (3)

 

Escribió tres libros y 55 trabajos (artículos, ponencias, recensiones,conferencias); nos interesa concentrarnos en una de sus obras, que escribió para el diario “La Nueva Provincia” de Bahía Blanca, en forma de notas sobre el tema La Iglesia y lo social, publicadas luego como El orden natural (4).

Se trata de un excelente manual de Doctrina Social de la Iglesia (DSI), que sirvió de guía, en el medio siglo transcurrido, a multitud de personas. Continúa siendo lo mejor que se haya escrito en lengua española, sin perder vigencia, pues, a diferencia por ejemplo del Compendio oficial, (5) no es una recopilación de párrafos de encíclicas.

 

Tampoco se aparta de su vocación filosófica, pues una de las fuentes de la doctrina social es la razón humana, iluminada por la ley natural: luz de la razón que, a través de juicios prácticos, le manifiesta al hombre que debe evitar el mal y obrar el bien.

Como señala Juan Pablo II en su encíclica Fides et ratio: “aunque la fe esté por encima de la razón; sin embargo, ninguna verdadera disensión puede jamás darse entre la fe y la razón, como quiera que el mismo Dios que revela los misterios e infunde la fe, puso dentro del alma humana la luz de la razón, y Dios no puede negarse a sí mismo ni la verdad contradecir jamás a la verdad” (p. 53).

 

Además, el autor sólo menciona algunos documentos pontificios para mostrar la coincidencia con el razonamiento que ha desarrollado, basado en conceptos lógicos y en la experiencia histórica. De los cincuenta capítulos de este libro, procuraremos analizar los conceptos que nos parecen más relevantes y originales.

 

Orden Natural

 

Dada su formación filosófica no es extraño que dedicara tres capítulos al orden natural, discutido y combatido por la cultura moderna. Como argumenta Mons. Tortolo (6) en el prólogo de la primera edición del libro:

 

 “Por su propia naturaleza es inviolable el orden natural. La actitud del hombre debe ser de total acatamiento. La vulneración de este orden introduce un tipo de violencia interior, cuya actividad inmediata es el mismo hombre que vulnera el orden.”

“Pero este orden natural se proyecta de una manera múltiple: orden moral, orden social, orden económico, orden político. Distintos aspectos y distintos fines de un mismo orden natural, con sus leyes propias. Este orden lamentablemente está siempre jaqueado. Es fácil vulnerarlo, máxime que en su realización el hombre interviene con todo lo que es suyo.”

“Un gran pensador y un gran maestro –Carlos Sacheri- intuyó las profundas subyacencias en el pensamiento y en el corazón del hombre actual. Subyacencias cargadas de errores y negadoras no solo del orden sobrenatural, sino también del orden natural.” “Vio la problemática del orden natural subvertido y vigorizado por una técnica portentosa. Y se volcó de lleno, no a llorar, sino a restaurar el orden natural. Aquí está la razón de su sangre mártir.”

 

Sacheri critica las corrientes que niegan un orden natural: el materialismo positivista, el relativismo y el existencialismo, que rechazan la posibilidad de una naturaleza humana y de un orden social derivado de ella, que sirvan de base a la moral y al entramado de la vida social.

De un modo simple, con ejemplos claros demuestra que el contacto con las cosas exhibe que en cada ser hay una naturaleza, y la ciencia confirma que no es resultado del azar, sino que existe un orden, con una jerarquía y una armonía. Resulta imposible que de una simple combinación al azar surja el orden del universo.

 

Derecho natural

 

Como consecuencia de la naturaleza del hombre, se ha reconocido desde la antigüedad la existencia de normas de conducta que no dependen de la legislación humana: los llamados derechos naturales. Quedan en evidencia cuando se cuestiona una ley; esto ocurrió, curiosamente, durante el proceso de Nuremberg que juzgó los crímenes de guerra cometidos por los nazis, ya que no se había establecido el delito de genocidio, y se debió reconocer que hay normas que fundamentan las leyes positivas.

 

El derecho natural abarca principios y normas que cualquier persona puede alegar como algo que se le debe en razón de su esencia. Todo hombre puede conocer este derecho, por la simple luz de su razón. En cambio, el derecho positivo incluye normas que surgen de la autoridad política. Sólo el derecho natural posee las características de universalidad, inmutabilidad y cognoscibilidad.

 

Toda persona tiene tres inclinaciones naturales: a la conservación de la vida, a la propagación de la misma, y a su propia perfección. Dichas tendencias dan lugar a los derechos esenciales, subordinados al primer principio ético: hacer el bien y evitar el mal, del cual dependen los tres niveles de derechos mencionados.

 

Subsidiariedad

 

Sacheri aplica en su análisis de la doctrina social lo que Hernández llama esquema tricotómico (7). Tanto el individualismo liberal como el colectivismo utilizan un esquema dicotómico, en el que se atribuyen la única solución, frente a la injusticia que representa la otra posición. La doctrina social supera los extremos individuo-Estado, al agregar el principio de subsidiariedad, ya que el Estado no es sumatoria de individuos, sino el órgano de conducción de la sociedad, compuesta de grupos sociales.

 

El vocablo subsidiariedad deriva de subsidium, que significa ayuda, apoyo, suplencia; mediante la acción subsidiaria se auxilia a alguien para suplir o completar algo que aquél no puede realizar por sí mismo. “Toda actividad social es, por esencia, subsidiaria, debiendo servir de apoyo a los miembros de la sociedad, sin jamás absorberlos ni destruirlos.” (8)

 

En razón de este principio, el Estado sólo puede reemplazar a un grupo de nivel inferior cuando no esté en condiciones de realizar su misión, debiendo ayudarlo a recuperar su actuación propia. Cuando no rige la subsidiariedad queda anulada la responsabilidad que caracteriza a la persona como ser racional y libre, puesto que lo condena a recibir órdenes o las dádivas que el Estado o un grupo de nivel superior le conceda.

 

Es necesario, entonces, que el sistema institucional reconozca a los grupos sociales la autonomía en su esfera de acción, mediante una descentralización de todas las funciones que puedan ser realizadas sin intervención del Estado; a éste, en función del principio aludido, le corresponde:

 

*Fomentar el surgimiento de cuerpos intermedios;

*Estimularlos, mediante facilidades (ej.: exenciones impositivas);

*Ordenar su funcionamiento y fiscalizarlos;

*Suplir su actividad, cuando resulte imprescindible.

 

A la autoridad pública le compete procurar el bien común de la sociedad respectiva, mediante la actividad de gobierno, que consiste en supervisar, controlar y arbitrar la gestión de los grupos sociales.

 “En síntesis –dice Sacheri-, el Estado no ha de dejar hacer (liberalismo) ni hacer por sí mismo (colectivismo), sino ayudar a hacer.” (9)

 

Propiedad privada

 

Este concepto ha originado, desde hace un tiempo, muchas dudas, en especial sobre los llamados bienes de producción, que, a diferencia de los bienes de consumo, se utilizan para producir otros bienes. De allí que algunos consideran que con respecto a esta categoría no sería lícito la apropiación privada, debiendo quedar en manos del Estado o de órganos colectivos.

 

En realidad, si se parte de un enfoque realista del hombre, la propiedad privada de los bienes materiales constituye un derecho natural, como proyección de su ser para utilizar las cosas que necesita para asegurar su plenitud. Sin embargo, el derecho de propiedad es un derecho secundario, subordinado al destino universal de los bienes.

De allí que la propiedad no sea un derecho absoluto, pues posee una función social; en palabras de Juan Pablo II: “sobre toda propiedad grava una hipoteca social”. (10)

De modo que, no sólo en casos de abusos graves o injusticias notorias en el uso de un bien, sino en situaciones de emergencia, la autoridad pública puede limitar el ejercicio del uso de una propiedad, en virtud del bien común.

 

Impedir, en cambio, la posesión de bienes de producción a los particulares, implicaría negar la posibilidad de que las personas y los grupos dispongan de un margen de iniciativa para aplicar sus cualidades y recursos. Esto limitaría su libertad, haciéndolos dependientes del Estado, puesto que al quedar estatizada toda la actividad económica, el órgano público podría también controlar los bienes de consumo.

 

El destino universal de los bienes, significa que, puesto que han sido creados para todos, y a que todos los necesitan para vivir, cada ser humano debe poder participar en algún tipo de propiedad. Esto conduce a la necesaria difusión de este derecho, a todos los hombres, en especial, a quienes dependen sólo de un salario o ingreso fijo.

Partiendo del hecho de que el sistema de seguridad social se sostiene con el aporte previsional de los trabajadores, que son salarios diferidos, que un jubilado reciba un haber que no cubre siquiera la canasta básica que determina la línea de pobreza, resulta obvio que debe ser reemplazado por algún sistema más justo.

 

También el asalariado común percibe un ingreso mínimo, que no supera la línea de pobreza, y se mantiene en una situación de inseguridad respecto al futuro, puesto que no tiene garantizada la estabilidad laboral ni capacidad de ahorro.

 

La enseñanza pontificia siempre consideró injusto que el capital se apropie la totalidad del beneficio económico, que es resultado de la cooperación conjunta con el trabajo. De allí que se propusiera que las empresas reconozcan a sus trabajadores un título de crédito. 

Dado que el producto bruto de los países se acrecienta, es justo que todas las categorías sociales tengan participación adecuada en el aumento de la riqueza de la nación.

Sacheri propone la participación en sociedades de inversión de capital variable o fondos de inversión.

 

Grupos intermedios

 

Se denomina así a las asociaciones o grupos, ubicados en la sociedad entre la familia y el Estado, a través de los cuales se canalizan los vínculos sociales que surgen de la vida comunitaria. Su existencia y libre actividad manifiestan un orden social natural, pues como enseña Santo Tomás, el verdadero y genuino orden social postula que los distintos miembros de la sociedad se unan entre sí por algún vínculo fuerte. (10)

 

Tanto la ideología liberal como la marxista han impugnado la existencia de estas asociaciones. El marxismo y otras ideas que derivan en sistemas totalitarios, consideran que el funcionamiento de grupos independientes del Estado, implica permitir el individualismo egoísta.

 

A su vez el liberalismo impulsó el Edicto de Turgot (1776) durante el reinado de Luis XVI, y luego de la Revolución Francesa, la Ley Le Chapelier (1791) que impidieron el funcionamiento de las corporaciones que agrupaban a las personas por su oficio o profesión.

 

La doctrina social, por el contrario, propugna que la autoridad pública se dedique a restaurar las profesiones, avanzando en la formación de cuerpos que integren conjuntamente a obreros y patrones, por rama de producción o servicio. A su vez el Estado les debe permitir resolver por sí mismos los asuntos de menor importancia, en razón del principio de subsidiariedad.

Estas corporaciones funcionarían en sentido inverso al impulsado por gobiernos totalitarios, es decir desde la base hacia arriba, de manera espontánea, sin subordinación al Estado, y no como en el corporativismo vertical fascista.

 

La organización profesional de la economía

Vinculado al tema anterior, y para evitar equívocos, desde Juan XXIII, los documentos pontificios dejan de usar la denominación de corporación, utilizando la expresión organización profesional de la economía para representar la misma institución, considerada el centro de la doctrina cristiana en la economía. Así se evitan las consecuencias negativas del individualismo liberal cuanto del estatismo masificante.

 

A través de los organismos profesionales, el sector laboral puede intervenir en las decisiones relativas a la rama de producción o servicio respectiva, así como participar en los beneficios. No puede hablarse, en cambio, de un derecho a la cogestión en cada empresa, ni sería conveniente vincular la participación de los trabajadores en el resultado financiero de la empresa en que se desempeña, pues podría ser negativo.

Resulta aconsejable que la cogestión y la participación se realice en la organización de la economía a nivel nacional.

 

La reciprocidad en los cambios

 

Para que el intercambio de bienes se realice de manera justa, es necesario que cada uno de quienes intervienen conserve la situación que tenía.  Aristóteles realizó la primera formulación de esta ley, en la Ética a Nicómaco (libro V) al referirse a la justicia conmutativa:

 

“La ciudad se sostiene merced a la reciprocidad proporcional. En efecto: ¿cuál es la razón que determina a un productor libre a no vivir aislado sino a incorporarse a la vida social? Es porque quiere contribuir con su producción al bien de los otros productores de la sociedad y recibir en cambio, de lo que ellos produzcan, otro tanto como lo que entrega. Porque si él entregase más y le dan menos, desaparece para él la razón de vivir en sociedad.”

 

Esta ley complementa y corrige los efectos de la ley de la oferta y la demanda; que, cuando no es regulada en el mercado, inevitablemente deriva en el aprovechamiento de los más poderosos sobre los más débiles. Esto ocurre, no sólo en las relaciones entre particulares, sino también entre los sectores sociales y económicos que actúan en el mercado; siempre el avance de un sector se logra en detrimento de otro.

 

El equilibrio no puede lograrse espontáneamente, requiere al arbitraje del Estado, gerente del bien común, para lograr que se cumpla la reciprocidad en los cambios. La función reguladora se hará más fácil con la intervención de las organizaciones profesionales, que en la edad media contribuían a fijar el justo precio de los bienes.

 

Bien común

 

Es el fundamento de la vida social y política, conforme al orden natural, y el fin del Estado. Sacheri, descartando la definición moderna que reiteran los documentos desde hace medio siglo, y ha sido cuestionada por prestigiosos intelectuales, adopta la de Pío XI, en la Divini illius magistri (p. 36):

“la paz y seguridad de que gozan los sujetos en el ejercicio de sus derechos, y al mismo tiempo, el mayor bienestar espiritual y material posibles en esta vida, mediante la unión y la coordinación de los esfuerzos de todos”.

 

Conclusión

 

En nuestro tiempo, donde se extiende la confusión y el error, la doctrina social católica puede ayudar a no desviarse del recto camino hacia el bien común, no sólo a los creyentes sino a toda persona de buena voluntad. De allí que el manual escrito por este filósofo constituye un valioso aporte, especialmente en un país como Argentina, donde pese a estar constituido mayoritariamente por bautizados, resulta escandaloso el desconocimiento y por ello la falta de vigencia de esta doctrina, como lo han reconocido los obispos en Navega Mar Adentro (2003, p. 38).

 

La antropología cristiana permite un discernimiento de los problemas sociales, para los que no se puede hallar una solución correcta si no se tutela el carácter trascendente de la persona humana, plenamente revelado en la fe.

 A tal efecto, la Doctrina Social de la Iglesia puede cumplir un rol importante, pues sirve como lugar de encuentro entre la razón y la fe; habla del hombre y de la comunidad de los hombres, y, al hacerlo habla de Dios.

 

Como Sacheri fue asesinado en razón de su búsqueda de la verdad, y se inició un proceso de beatificación, queremos terminar con la enseñanza de Santo Tomás:

“Mártires significa testigos, puesto que con sus tormentos dan testimonio de la verdad hasta morir por ella; no de cualquier verdad, sino de la verdad que se ajusta a la piedad, la cual nos ha sido dada a conocer por Cristo…Tal verdad es la verdad de la fe, la cual, por lo tanto, es causa de todo martirio.”

(Suma Teológica, 2-2, 124, 4, c y ad 1,2 y3)


Mario Meneghini


Conferencia dictada el 9-4-2025, organizada por el Foro Social Carlos Sacheri, en Cordoba.

 

(1) Hernández, Héctor. “Apuntes para una biografía de Sacheri”; en: Centro de Estudios San Jerónimo, San Luis, Cuadernos de Espiritualidad y Teología, Nº 24, 1999, pp. 167 a 214.

(2) Revista Verbo, Nº 133, agosto 1973, p. 17.

(3) www.sacheridigital.com

(4) Sacheri, Carlos. “Orden Natural”; Buenos Aires, IPSA, 1975.

(5) Pontificio Consejo Justicia y Paz. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia; 2004.

(6) Sacheri, op. cit., Prólogo, pp. v, vi y vii.

(7) Hernández, Héctor. “Sacheri: predicar y morir por la Argentina”; Buenos Aires, Vórtice, 2007, pp. 446 y 447.

 (8) Sacheri, op. cit., p. 162.

(9) Ibidem, p. 168.

(10) Discurso inaugural, Conferencia de Puebla, 28-1-1979.

lunes, 7 de abril de 2025

SEGÚN EL UNFPA

 

 LA MATERNIDAD TEMPRANA PRODUCE GASTOS CUANTIOSOS

 

NOTIVIDA, Año XXV, Nº 1379, 7 de abril de 2025

 

El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) publicó un informe sobre las “Consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente y la maternidad temprana”.

 

En la publicación detallan el impacto económico de la maternidad temprana, en 15 países de la región: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Surinam.

 

Todas las menciones del UNFPA a la maternidad adolescente (antes de los 20 años) son catastrofistas: “vidas truncadas”, “sueños aplastados”, “oportunidades perdidas”. Y la “solución” siempre pasa por un anticonceptivo de larga duración o un abortivo. Bajo la premisa “derecho a elegir ya decidir libremente”, la “cultura de la muerte” banaliza la sexualidad, fomenta el egoísmo y desconoce la dignidad de la persona humana.

 

La maternidad temprana, afirman, impacta en las mujeres porque alcanzan menores niveles educativos y se insertan en el mercado laboral con menos herramientas, consecuentemente tienen salarios más bajos. Pero también impacta en el Estado porque provoca gastos en salud y pérdidas fiscales al comprometer la participación de estas mujeres en el mundo del trabajo y su aporte al sistema tributario.

 

El UNFPA estima que, por cada dólar invertido en anticoncepción y aborto, se obtiene un retorno de hasta USD 40. Y que, con lo que Argentina gasta en la atención de la maternidad temprana se podría garantizar la oferta “plena, integral y gratuita, de todos los métodos anticonceptivos”, en el territorio nacional.

 

El Plan ENIA (ESI/Consejerías, anticoncepción, hormonización y aborto) es considerado por el Fondo de Población un modelo de política pública para la región.

 

En nuestro país, destacan, a través de la implementación del Plan de Prevención de Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) implementado inicialmente en las 12 provincias con las tasas de fecundidad adolescente más altas, se contribuyó a reducir en un 50% la media nacional (entre 2018 y 2023). “Se generó un beneficio social para el país, estimado en USD 165.452.723, el cual representa USD 4.3 de retornos por cada USD 1 invertido en el Plan ENIA”.

 

Recordemos que el UNFPA firmó con el gobierno de Alberto Fernández el primer Programa País para Argentina (2022-2025) con una “asistencia indicativa” de 2,8 millones de dólares con el objetivo de garantizar una cobertura anticonceptiva universal de calidad y aborto. Y que dentro de ese convenio el Plan ENIA fue considerado una estrategia prioritaria.

 

El gobierno de Milei suspendió la compra de abortivos, pero sigue adquiriendo y distribuyendo anticonceptivos de larga duración, particularmente los implantes subdérmicos que son el método de elección de las adolescentes.

 

Según el último informe de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes que encabeza Marisa Graham, la provincia que más redujo la fecundidad adolescente durante el período 2017/2023 fue Jujuy (77%), seguida por Tierra del Fuego y Chubut (75%), Ciudad de Buenos Aires y San Luis (73%).

 

El liderazgo de Jujuy en la sirena de la fecundidad adolescente no sorprende, porque es una provincia que viene ejecutando celosamente los planos de control poblacional del UNFPA. Hacia fines del año pasado el Fondo de Población y Casa Fusa lanzaron desde Jujuy el programa “Llegar a Cero”, que intenta erradicar las maternidades tempranas en la región.

domingo, 6 de abril de 2025

LAS POLÍTICAS

 

del presidente Milei se consolidan al Reino Unido en Malvinas y las aguas argentinas

 

César Augusto Lerena

STDP, 5 de abril de 2025

 

Las políticas de Argentina relativas a la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur se habían limitado a reclamar derechos, cooperar unilateralmente sin contraprestación alguna del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, e invitar    a dialogar -sin éxito alguno- a Londres sobre la restitución de los Archipiélagos.

 

Pero, ningún gobierno como el de Javier Milei, el día 2 de abril en que debía resaltar frente al Cenotafio de Buenos Aires, el sacrificio de los combatientes argentinos caídos en Malvinas, se atrevió a dar por tierra al eje central de la reivindicación argentina, plasmada en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional: “La Nación Argentina ratifica su legítimo e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares. correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”

 

Al anhelar que los malvinenses “decidan algún día votarnos con los pies”, es decir aplicar “la fórmula británica de la autodeterminación” rechazada reiterada y fundadamente por la Argentina y descartada por las Naciones Unidas. Y, con sus expresiones desubicadas, invitar a los isleños británicos que se trasladasen desde un territorio que no es ajeno, sino parte integrante e indivisible de la República Argentina. Por sus afirmaciones la Justicia sabrá si tipificarlo de Insano o Traidor a la Patria.

 

Además, debemos indicarle al Sr. Presidente que el reclamo argentino -como lo indica la Constitución Nacional- no solo alcanza a los “espacios marítimos circundantes” sino “a los correspondientes” y, entre ellos, a los 1.639.900 Km2 que tiene invadidos y explota los recursos el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Nación, que el primer magistrado ni siquiera mencionó a lo largo de su reducido discurso.

 

Por cierto, rechazamos que “nuestra demanda soberana haya sido damnificada” -y no ha habido, daño más grave a la soberanía nacional que el infringido por las citadas declaraciones- por una supuesta casta política. Porque si bien, se han llevado insuficientes y erróneas políticas en los gobiernos de turno, no se puede involucrar en ellas acciones a los importantes aportes de destacadas personalidades de la política y de la diplomacia argentina, que permitieron el apoyo de las naciones del mundo y en particular el dictado de las Resoluciones de las Naciones Unidas de singular valor para la posición de Argentina sobre los derechos argentinos.

 

 

¡Viva la libertad, carajo! con su mensaje se pareció más a un ¡Viva la libertad al Carajo! Y ser sustituido por el que todos los días y en la ocasión aún más nos debería motivar ¡Viva la Patria!    

 

El nuevo gobierno libertario alineado en forma irrestricta con los gobiernos de Estados Unidos-Israel ha desactivado todas las acciones que pudieran llevarse a cabo en las cuestiones de Malvinas con el Reino Unido. Y, la manifestación más evidente es el silencio del gobierno argentino frente a las distintas acciones británicas vinculadas a estos territorios insulares y marítimos. E, incluso, manifestando su intención de incorporarse a la OTAN; Cuestión, ciertamente insólita, porque la Argentina ni siquiera presta atención a la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur”, que el Reino Unido viola sistemáticamente.      

 

A poco de asumir en 2023 el Presidente Milei ordenó no tratar el presupuesto anual y con ello, congela los fondos de las fuerzas navales armadas, de seguridad marítima y fluvial y de control, dificultando aún más la administración y control del Atlántico Sur y la ejecución de toda política de fortalecimiento de la soberanía nacional en la parte meridional del Atlántico Suroccidental y la Antártida; el control de la pesca ilegal, el trabajo esclavo y el narcotráfico.

 

Además la entonces canciller Diana Mondino declaró, que “es necesario atender los derechos de los isleños” en contraposición a lo previsto por la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y la doctrina mantenida por la Argentina de integridad territorial.

 

Este mismo año el Poder Ejecutivo Nacional presenta al Congreso la Ley de Bases (Ómnibus) donde se prevé reformar la ley de Pesca para permitir el acceso mediante el pago de un canon a empresas pesqueras extranjeras a la Zona Económica Exclusiva Argentina. Hecho inédito en el mundo desarrollado, que extranjeriza el mar argentino y hubiera impedido todo tipo de control argentino en Atlántico Suroccidental debilitando su administración.

 

Profundizando la gravedad de la medida, esta Ley preveía autorizar el desembarco fuera de los puertos nacionales, el ingreso de barcos de cualquier antigüedad, y la utilización de navegación extranjera en los barcos pesqueros. Al mismo tiempo derogaba la ley 26.386 que prohibía que barcos habilitados por la Autoridad de Aplicación pescaran sin habilitación nacional en Malvinas y viceversa.

 

Permitiendo en consecuencia, que buques que pescan con licencia ilegal británica en Malvinas, entre ellos los de la sociedad española-británica, pesquen en la Zona Económica Exclusiva Argentina, una verdadera cesión de la soberanía nacional. Este proyecto fue retirado por el gobierno por la gran oposición que realizó los sectores empresarios, gremiales, políticos y expertos (entre estos, quienes escribimos estas líneas).

 

El Comisionado de las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur extendió “la prohibición de pescar” de 283.000 a 449.000 Km2 en el denominado Santuario Ecológico ilegal del Reino Unido de 1.070.000 Km2 de alrededor de las Islas. Violando -además de la soberanía argentina- la Convención de los recursos vivos en la Antártida, constituyéndose en un nuevo acto unilateral sin que la Cancillería argentina tomara posición alguna y actuara en consecuencia.

 

La canciller Diana Mondino y la secretaria de Malvinas de la cancillería Paola Di Chario; los responsables diplomáticos de la Convención sobre Recursos Vivos Marítimos Antárticos y de la Protección del Medio Marino Antártico; de la Secretaría de Bioeconomía, Fernando Vilella; de la Subsecretaría de Pesca, Juan Antonio López Cazorla, y del Consejo Federal Pesquero, violan por acción u omisión la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y toda la legislación argentina aplicable (Leyes 15.802; 22.584; 23.775; 23.968; 24.216; 24.543; 24.922; 25.263; 25.675; 26.386; 26.651; 26.776 y 27.564). Independientemente de la responsabilidad que podría caberle al gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego Gustavo Melella en su competencia provincial.

 

El avance sobre la prohibición de navegación y pesca de un área   166.000 Km2 sobre el Área Marina Protegida existente viola la citada Convención y la Resolución de la ONU 31/49 del 1/12/1976, promovida por el gobierno de Isabel Martínez de Perón, que instó «a las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entreñen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas están atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones 2065 y 3160»; las normas relativas a la Convención Antártica y toda la legislación argentina relativa a los derechos argentinos territoriales, pesqueros y ambientales.

 

A la existencia de un Puerto en las Georgias del Sur y Malvinas, el Reino Unido anuncia la construcción de un nuevo puerto en Malvinas cuyo costo de 194 millones de dólares estaría financiado por la Banca Rothschild que se estima habilitar esta terminal portuaria en 2027, mejorando la logística en las islas, además de contar con un aeropuerto para aviones de gran puerta.

 

Todo ello facilitará las operaciones de los grandes buques de carga que utilizan el Estrecho de Magallanes para acceder al Océano Pacífico ante la imposibilidad de hacerlo por el canal de Panamá. Del mismo modo, los que transitan desde el Océano Índico, los contingentes turísticos y los pesqueros extranjeros que operan en la parte meridional del Atlántico Suroccidental; además de promover el interés científico mundial de quienes trabajan en la Antártida; desplazándose en todas estas actividades a los puertos de Tierra del Fuego. El objetivo del Reino Unido es la constitución de un Hub Regional en Malvinas.

 

El canciller Mondino y la secretaría de Malvinas de la cancillería Di Chiaro, se ausentan en la VIII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) donde “los países de la región reafirmaron su respaldo a los derechos de soberanía argentinos en la cuestión de las Islas Malvinas, conforme a lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

 

Sin solución de continuidad se sigue desinformando a los argentinos sobre la verdadera gravedad de la invasión británica en los archipiélagos y el mar argentino: La posición de la canciller Mondino es -al menos- contradictoria: cuestiona que Rusia ocupe el 18% del territorio de Ucrania y no denuncia que el Reino Unido invada o disputa el 46,64% del territorio argentino.

 

Es decir, un espacio más amplio que el territorio continental americano argentino (2.791.810 Km2) y antártico argentino (965.314 Km2); ya que el Reino Unido invade y/o disputa a la Argentina 5.497.178 Km2 del territorio nacional. Es decir, un 46,64%, ya que ocupa y explota 1.639.900 Km2 de territorio argentino (aguas correspondientes, zona de protección y GAP en Malvinas y el Área Marina Protegida y santuario ecológico de 1.070.000 km2 alrededor de Georgias del Sur y Sándwich del Sur) y, disputa con la Argentina 2.426.911 Km2 del continente antártico y 1.430.367 Km2 de la plataforma continental.

 

Por acción o inacción de las Autoridades argentinas, el frente fluvial y marítimo argentino está siendo debilitado. Una falta de administración adecuada de la vía troncal fluvial Paraná-Paraguay que no favorezca el desarrollo regional del litoral del nordeste argentino, y la autorización para la profundización del canal del Puerto de Montevideo sin una tarea equivalente en el proyectado canal de Magdalena, impide la debida integración la red comercial fluvial-marítima argentina.

 

Y favorece la logística de la pesca ilegal en alto mar de los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva y en Malvinas, debilitando la soberanía en los archipiélagos del Atlántico Suroccidental y, muy particularmente, a las poblaciones de la Patagonia, cuya densidad poblacional es la más baja del país.

 

Ante la inacción de la Cancillería argentina, todas las operaciones relacionadas con Malvinas utilizan los puertos y aeropuertos de Uruguay para favorecer las operaciones pesqueras y petroleras de Malvinas; al igual que el puerto de Punta Arenas de Chile. Es decir, trabajan consolidando las relaciones con estos países, pese a la posición retórica de Suramérica a favor de la Argentina y el poco interés de los funcionarios argentinos por buscar acuerdos con los vecinos, en especial los vinculados al Atlántico Sur y la Antártida.

 

Finalmente, en una clara demostración del objetivo británico de ocupar este espacio estratégico del Atlántico, el Reino Unido mantiene en las Islas una base militar misilística y naval absolutamente desproporcionada, contraria a la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” que firman todos los países de África occidental y América oriental, aprobada en 1986 por la Res. 41/11 de las Naciones Unidas. Todos los hechos de fortalecimiento de la proyección del Reino Unido hacia la Antártida, que pueden ser inconmensurables y muy probablemente irreversibles, ante la tolerancia y pasividad de la Canciller argentina.

 

Sin que la Cancillería tenga política activa alguna, el Reino Unido tiene una política diseñada para todos los Archipiélagos de Ultramar que éste considera parte de la Comunidad Británica de Naciones. Y, entre ellas, la anunciada en 2017 respecto a establecer un “Cinturón Azul” a las islas, bajo el pretexto de proteger el ambiente alrededor de estas; cuando en realidad, no es otra cosa que constituyan áreas de control marino británico.

 

Como es el caso de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich, tal es el caso del “Santuario Ecológico” de 1.070.000 Km2 establecido alrededor de las últimas islas en 2011, que ahora profundiza, mediante la prohibición absoluta de pesca de 166.000 Km2 que se agregó a la determinación del Área GAP de 4.000 Km2 al noroeste de Malvinas, donde se concentra gran parte del calamar, especie. Central de Malvinas.

 

Tampoco la Cancillería lleva adelante una política de relación con la Unión Europea post-Brexit de modo que todos los productos pesqueros capturados en el área de Malvinas no ingresen a la Unión Europea sin pagar aranceles de importación. Y, en especial sobre España que, teniendo empresas radicadas en la Argentina, autoriza a buques gallegos a pescar en Malvinas y asociarse con empresas británicas de las Islas; sin -como dijimos- la Argentina aplica sanción alguna por violación a la Ley 24.922 y la Res. 31/49 de las Naciones Unidas.

 

Por cierto, siguen vigentes, los Acuerdos de Madrid I y II que limitan la acción de defensa nacional naval y aérea y, habilitan de hecho la captura de los recursos pesqueros argentinos en Malvinas e impiden que los buques argentinos pesquen en esa área.

 

Es manifiesta la extranjerización del Atlántico Sur y la apropiación de los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar y Malvinas: Empresas chinas, españolas-británicas, coreanas, taiwanesas y otras pescaron desde 1976 a la fecha -con licencias ilegales británicas o sin ellas- 48 millones de toneladas, por un valor total estimado de 192 mil millones de dólares.

 

Respecto a la industria pesquera radicada en el continente argentino «del total de dólares de las exportaciones pesqueras declaradas en 2024 fueron 539.289 toneladas por un valor de 2.005 millones de U$S procedentes de la captura en su ZEE; un 70% en manos de 20 grupos empresarios y un 30% de las 174 empresas exportadoras restantes.

 

De esos 20 grupos, el 70% son sociedades de capitales extranjeros y un 30% de empresas nacionales y, de esas empresas extranjeras el 70% son empresas de capitales chinos y españoles» (César Lerena “Los estados chino, español y británico se hacen de la pesca argentina”, 20/3/2023). No hay políticas en la Cancillería, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; en la Secretaría de Malvinas; en el Consejo Nacional de Malvinas o Consejo Federal Pesquero para administrar el Atlántico Suroccidente y recuperar pacíficamente Malvinas.

 

Desde la asunción la canciller Diana Mondino dio reiteradas muestras de simpatía con británicos e isleños ocupantes de Malvinas; asignándoles derechos a estos últimos, como si fueran parte en la disputa, violando el mandato de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional. Además, de no efectuar los correspondientes reclamos en los distintos foros y haciendo caso omiso a las reiteradas violaciones de nuestros territorios irredentos por parte de la corona británica, distintos funcionarios y las fuerzas armadas británicas.

 

La ministra Mondino ratificó su política pro-británica, con la designación del ex canciller Jorge Faurie como embajador en Chile -un tradicional aliado del Reino Unido en la región- y la designación del embajador Carlos Foradori en Ginebra. Efectuando con ello, su aval a lo accionado por el gobierno argentino en 2016; ratificado en la reciente Reunión de Cancilleres de la Argentina y del Reino Unido, a través del Comunicado de prensa sobre la Cuestión Malvinas del 24/9/24 (IP 470/24) donde se ratifican los contenidos del Pacto Foradori Duncan, a través de un nuevo Pacto Mondino-Lammy, que en sus partes más destacadas indica:

 

«que la Canciller Argentina, Diana Mondino, y el Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, reunidos en Nueva York el 24/9/2024 avanzaron en una agenda amplia que incluyen aspectos vinculados al Atlántico Sur, aplicándose esta agenda ya sus resultados la fórmula de salvaguardia de soberanía que figura en el párrafo 2 de la Declaración Conjunta del 19 de octubre de 1989».

 

«Las Partes acordaron retomar la tercera fase del Plan Proyecto Humanitario conjuntamente con la Cruz Roja. También se inició la necesidad de avanzar con medidas concretas en materia de conservación de pesquerías y en favor de una mejor conectividad, en virtud de los arreglos alcanzados en 2018, incluida la reanudación del vuelo semanal de San Pablo a las Islas, que realizaba una escala mensual en Córdoba…».

 

Objetivos, que no son otros que los indicados en el Pacto Foradori-Duncan de «adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos».

 

Todo ello sin aporte alguno del Reino Unido como contrapartida a esta vergonzosa cesión de la Argentina. Mariano Moreno nos decía: “hay determinaciones que no se pueden tomar ni ebrios ni dormidos”, es decir, bajo ninguna circunstancia». Este Pacto indigno Mondino-Lammy, lesiona la soberanía nacional y viola la Constitución Nacional; deja de lado nuevamente al Congreso Nacional ya la voluntad mayoritaria de los argentinos, que no otorgó mandato alguno a la Canciller para facilitar la ocupación territorial británica de nuestros territorios.

 

El 31 de octubre de 2024 cesó en sus funciones la canciller Mondino y se designó canciller a Gerardo Werthein quien continúa sin llevar adelante ninguna acción positiva respecto a Malvinas.

 

En febrero de 2025 se designó a la embajadora argentina en Londres a Mariana Edith Plaza; nombramiento que mereció el rechazo de la Confederación de Combatientes de Malvinas; la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires y de gran parte del arco político opositor, por cuanto esta diplomática habría manifestado que se debería “renunciar a todos los reclamos y derechos que tiene la Argentina sobre las Islas Malvinas” (De Vedia Mariano, La Nación, 22/2/2025).

 

Sin oposición Argentina, el Reino Unido en marzo de 2025 profundizó el proyecto petrolero León Marino (Sea Lion) de la empresa israelita Navitas Petroleum asociada a la británica Rockhopper Exploration que alcanzará la extracción de 150.000 barriles diarios. En el mismo mes las fuerzas armadas británicas efectuaron ejercicios militares en Malvinas, para mostrar su potencial belico a la Argentina y al mundo, y su ocupación militar en el Atlántico Suroccidental y los accesos al Océano Pacífico, Índico y la Antártida. Haciendo caso omiso a la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” que firmaron todos los países de África occidental y América del Sur Oriental.

 

La política exterior impulsada por el gobierno de Milei, de alineamiento exclusivo a Estados Unidos e Israel aísla a la Argentina del conjunto de naciones que apoyan tradicionalmente los reclamos argentinos sobre Malvinas. Y, nuestra debilidad, derivada de una política de apertura de las importaciones, desindustrialización y destrucción del Estado coloca a la Argentina en la peor condición de dependencia extranjera para sostener nuestros reclamos soberanos.

 

Después de 43 años de políticas erráticas relativas a Malvinas, debemos decir, que no se trata de vivir aislado del mundo, ni de utilizar procedimientos bélicos, ya que la Argentina no está en capacidad de sostener ningún conflicto, no solo por encontrarse desarmada, sino por la debilidad y dependencia económica extrema en la que se encuentra. Tampoco, de ser anglo-fóbico o sostener sencillamente «contra los ingleses es mejor» como prólogo en su libro la escritora Ema Cibotti o utilizar la «mano de Dios» que exteriorizó un sentimiento popular que tienen -aún antes que nosotros- muchos irlandeses, escoses y galeses.

 

Nuestra Independencia, nos sacó de encima el virreinato de los españoles, pero los ingleses siguieron haciéndose de nuestros recursos en el país a pesar de los Tratados de Paz y Amistad o bajo el amparo de Acuerdos que, como el de Madrid, sirvieron para seguir ampliando la ocupación de nuestro territorio. Como la enseñanza bíblica de David y Goliat nos indica, es necesario utilizar las mejores capacidades disponibles para resolver esta cuestión que hiere nuestros sentimientos, ya que las Malvinas, como el Unicornio Azul, son nuestros y las queremos.

 

Alfonso Hernández-Catá nos decía: «La guerra no empieza nunca en la primera batalla ni acaba con la última» y, nosotros modestamente reiteramos que “a Cancha Rayada le llegó su Maipú” como también le llegará a Malvinas, sí nuestra política deja de ser: declamar, reclamar y cooperar unilateralmente y, los funcionarios en lugar de temblar y cumplir el salario, caminar con coraje e inteligencia hacia la soberanía plena de nuestro territorio continental, insular y marítimo.