viernes, 12 de julio de 2013

EL JUEZ VUELVE A LA CARGA



Por José Antonio Riesco
Instituto de Teoría del Estado

El conocido penalista, y actual miembro de la Corte Suprema de Justicia, doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, siempre tiene buena prensa cuando se le ocurre incursionar en asuntos políticos. Su apoyo al anteproyecto del senador kirchnerista Marcelo Fuentes de instituir un Consejo Constitucio nal –para que asuma ciertas competencias sustantivas de la Corte--  aunque tiene aspectos jurídicos, por la circunstancia en que se lo promueve, no hay dudas que integra el pleito que el gobierno lleva contra el Alto Tribunal.

Ahora el Dr. Zaffaroni se reitera. Son de público y notorio sus relaciones más que funcionales con el Poder Ejecutivo, cuanto su estrecha amistad con el vicepresidente Amado Boudoú. Parte de ese “oficialismo” fue su reciente voto en disidencia cuando la Corte declaró la inconstitucionalidad de aspectos fundamentales de la ley 26.855 sobre reformas en el Consejo de la Magistratura.

Semejante solidaridad con la campaña kirchnerista contra la indepen  dencia del Poder Judicial no deja bien parada a la conducta del citado magistrado. Si se trató, como de hecho lo fue, de un ataque a la entidad institucional del Poder del Estado que él integra, lo  menos que debió mediar de su parte era abstenerse en la votación, acaso para quedar a mano ”con Dios y con el Diablo”.. Por que nadie ignora, ni en el país ni en el extranjero, que la pretendida castración al mandato del art. 114 de la Constitución tiene por finalidad dominante, a futuro, la impunidad para los actos de corrupción de los  funcionarios hoy en ejercicio.

Sobre este nuevo capítulo de dicha acción contra la Judicatura –en el proyecto destinado a la creación de un Consejo Constitucional--  no se puede probar, pero tampoco negar la co-autoria del propio Dr. Zaffaróni. Por algo el apuro en avalar el mismo, haciendo confusas argumentaciones para descalificar el procedimiento en vigencia en cuanto al control de constitucionalidad de leyes y decretos.

No se precisa cuestionar la mejor prestación del servicio de Justicia que, para ciertos respectos, podría brindar un Consejo Constitucional; pero tampoco adherir al mismo invocando la “democratización judicial” que, como están las cosas en el país, nada se ganará transfiriendo al clientelismo y a los príncipes del  comité la selección de los magistrados.

Para sustituir el “control difuso” de la constitucionalidad  --o competencia de todos los jueces argentinos ante un caso concreto--  es imprescindible no olvidar que tal sistema es una de las garantías que en el país existe en beneficio de los derechos y obligaciones.  Es el más cercano a los medios,  a veces magros, del ciudadano común; mientras el que ahora se proyecta, por la concentración jurisdiccional que implicaría, siempre importará llevar el caso judicial aun nivel muy elevado de gestión y costos. O sea acudien do a la Capital Federal  desde un lejano pueblo del interior. Y donde, con forme a la experiencia europea, no siempre priva una respuesta impecable de Justicia.

La propuesta del senador Fuentes sólo podría llevarse adelante mediante la reforma de la  Constitución, ya que se trata, nada menos, de sustraerle a la Corte Suprema las competencias fundamentales que expresamente le confieren los arts. 116 y 117. Lo que advierte del innegable carácter político del asunto, y no del mejor, en un régimen que desespera de  reformismo para, de paso, colar la “re-reelección” de la Reina Cris. De todo lo cual se escapa un tufillo K de politiquería.

También surge de la afirmación del juez Zaffaroni, al vincular su apoyo a la propuesta del nombrado senador, con la recomendación de incorporar el  “sistema parlamentario” o sea aquel que, con sus variantes, funciona en las naciones europeas. Ya en otra oportunidad y con mayor extensión el Dr. Zaffaroni propuso lo mismo, pero con notoria prescindencia de las condiciones históricas y socioculturales que puedan sustentar dicha novedad.

El “parlamentarismo” –donde el gobierno emana de la mayoría de legisladores en ejercicio--  se basa en un  “sistema de partidos políticos” que, en todo lo posible sean representativos, respetados y respetables. En lo cual resulta esencial la calidad de su dirigencia y, junto con ello, el rigor en  la selección de los candidatos. 

Nosotros, con sus excepciones, tenemos, para semejantes requisitos, el clientelismo y la compra-venta de punteros y votantes usando y abusando de los dineros públicos. No disponemos de dos o tres partidos sino de docenas y, además, una justicia electoral a veces dura con los buenos y tolerante con los amigos. Un frente de déficits y picardías que no cabe ignorar al proyectar novedades institucionales. A no ser que se confunda a Pichetto con Lisandro de la Torre.

Y quien lo hace –como el juez Zaffaroni-- no puede ocultar el designio partidista de su entusiasmo reformista, y sobre todo la ausencia de un auténtico y eminente sentido político en su propuesta. En temas donde no basta un discurso académico, abstracto e inoportuno. El señor Juez, seguramente, olvidó aquella sentencia que hace ya mucho, pero siempre válida, formuló el talentoso Georges Jellineck : “Sólo tiene sentido jurídico lo que es políticamente posible”. Incluso por que, en la Viña del Señor, lo políticamente posible supone una cierta dosis de ética y realismo.-