POR MARCELO HELFGOT
En tiempos en que
cualquier época histórica es revisada del derecho y del revés, curiosamente el
peronismo se niega a abrir un debate sobre la responsabilidad de sus distintas
facciones en la violencia política de los 70.
El Congreso se asomó
varias veces al tema, al votar reparaciones a víctimas de la represión, pero
siempre lo hizo a libro cerrado. Y el último miércoles el Senado volvió a
hacerle una gambeta: el bloque kirchnerista adhirió a la teoría de Adolfo
Rodríguez Saá sobre el supuesto error de un proyecto enviado por Diputados y
suspendió la concesión de una pensión vitalicia a ex presos políticos. El
argumento fue que el texto original establecía que el beneficio regiría desde
el golpe del 24 de marzo de 1976 y en el que iba a aprobarse se iniciaba el 6
de noviembre de 1974. Es decir, en pleno gobierno constitucional de Isabel
Perón.
Fue toda una
impostura. El error nunca existió, según pudo comprobar Clarín al investigar
cómo fue el proceso legislativo del proyecto. Lo cierto es que el texto votado
en Diputados el 28 de noviembre, por unanimidad y sin discursos, surgió de un
acuerdo en la Comisión
de Previsión Social entre las propuestas del kirchnerista Juan Carlos Díaz Roig
y Graciela Iturraspe, de Unión Popular. El 6 de noviembre de 1974, por ser la
fecha en que se dictó el estado de sitio, figuraba en el proyecto de Iturraspe.
La diputada bonaerense fue una de las casi 4000 personas que, se estima, fueron
puestas a disponibilidad del Poder Ejecutivo en base a esa norma antes de la
dictadura. La idea fue aceptada por el formoseño Díaz Roig, titular de la
comisión, que en su proyecto hablaba del día del golpe. Aunque su proyecto
también beneficiaba a detenidos por una ley votada en setiembre de 1974, el
mismo mes en que Montoneros pasó a la clandestinidad.
Se trata de la ley
20.840 de seguridad nacional, más conocida como “ley antisubversiva”.
A cambio, Díaz Roig
fijó el montó de la pensión, equivalente a unos 5.000 pesos mensuales. El
diputado K le confirmó ayer a Clarín que no existió error en el texto enviado
por la Cámara
baja al Senado y justificó que la categoría de preso político abarque un tramo
del gobierno de Isabel Perón. “Se los mantuvo detenidos sin juicio ni garantías
constitucionales ”, dijo. Sobre los motivos de la actitud de los senadores se
limitó a opinar: “Es un tema delicado, yo nunca tuve problemas con el
proyecto”.
Sin embargo, en los pasillos del Congreso se comenta
que la inédito apoyo del bloque K, que conduce Miguel Pichetto, a una propuesta
del PJ opositor para frenar la ley, obedece a alineamientos partidarios de
otras épocas. Es decir, entre los que Perón echó de la Plaza y los que se quedaron.
En el Senado serían mayoría los peronistas que reivindican al segundo sector.
Y, por lo tanto, resisten la posibilidad de medir con la misma vara al gobierno
de Isabel que a la dictadura militar. Por eso les irritó otro artículo que
atribuye la ley a “la reparación de Delitos de Lesa Humanidad ”. En Diputados,
en cambio, predominan los que simpatizaron –o que se identifican, sin ser de
esa generación– con la resistencia, ya sea pacífica o con las armas, a la
sucesora de Perón.
Otro capítulo
polémico es la propuesta de ofrecer una reparación monetaria a cerca de diez
mil ex presos políticos que ya fueron indemnizados, por única vez, en los 90.
“Es para compensar aportes jubilatorios que no pudieron hacer y para igualarlos
con la pensión que ya dan Buenos Aires, Chaco y Mendoza”, dice Díaz Roig en
defensa del proyecto.
Clarín, 10-7-13
