jueves, 4 de julio de 2013

FRENO JUDICIAL AL ECOLOGISMO



Doble aval de la Justicia de Córdoba a Monsanto

El 25 de mayo de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba revocó la medida cautelar que había suspendido por dos meses la construcción de la planta de la empresa agroindustrial, Monsanto. La posición del máximo tribunal de Córdoba no dejó dudas: mientras sea el Estado el garante del funcionamiento ajustado a las normas ambientales de la planta, no habría problemas para su avance. Pero en la argumentación de la revocatoria, los magistrados fueron más allá y relativizaron las protestas sociales de los vecinos y organizaciones que se oponen a la instalación en la localidad de Malvinas Argentinas. “(La denuncia) se trata de una verosimilitud aparente, que se encuentra apoyada más sobre un imaginario colectivo de amenaza que sobre indicios concretos que permitan colegir dicho riesgo”, rezaba la resolución judicial.

A un mes exacto de esta decisión que permitió a los directivos de la compañía internacional proveedora de insumos para la agricultura a iniciar los trabajos con objetivo a su pleno funcionamiento en 2014, la Cámara del Trabajo de la primera circunscripción judicial, integrado por su titular Nancy El Hay, dictó una sentencia en un litigio laboral, iniciado por daños y perjuicios ocasionados por una enfermedad profesional, en sintonía al posicionamiento que expresó el TSJ que habilitó la instalación de Monsanto.
En la causa iniciada por Rodrigo Idela Álvarez, contra Consolidar ART y la Tabacalera Riojana S.A. (expediente 110005; sentencia nº 51), el demandante exige una indemnización ecónomica argumentando que su incapacidad del 75 por ciento, producto de una leucemia mieloide crónica, es la consecuencia directa de la manipulación ocasional de un liquido de fumigación fabricado por Monsanto (Roundup/glifosato más agregados).

En resumidas cuentas, la Justicia no hizo lugar y falló a favor de la empresa empleadora en virtud de los antecedentes clínicos del querellante, el estricto sistema de control y seguridad en el trabajo de la tabacalera y un informe presentado por los abogados de los demandados que respaldó científicamente la imposibilidad de que el glifosato cause enfermedades de tipo oncológicas. Los letrados probaron con estudios médicos y opiniones de profesionales y especialistas de la provincia que la dolencia de Idela Vázquez nada tiene que ver con la manipulación de agroquímicos como parte de su tarea en un campo de olivos.

Los abogados de la tabacalera representada, Oscar Agost Carreño y Darío Rossi, aseguraron que el fallo “demuestra que el tema ‘sí a Monsanto’ o ‘no a Monsanto’ es una puja política”. “El fallo probó que una persona necesita más de 20 años de contacto directo con el producto para desarrollar cáncer, si es que eso sucede. La información oficial disponible acerca del glifosato indica que este no es un producto peligroso para la salud humana, salvo que este sea ingerido accidental o incidentalmente”, precisó Agost Carreño.
Y continuó: “Todo esto se probó con documentos de organismos oficiales y con opiniones de especialistas de la provincia y el país. Son opiniones difundidas en el mundo académico, pero sucede que ningún especialista decide jugarse lo suficiente por temor a quedar asociado por una las multinacionales que despiertan más polémica”.

El marco teórico que vertebró la investigación judicial no es otro que la Resolución 350/99 del SENASA, en donde se advierte que “el principio activo glifosato en su uso normal está dentro del grupo de activos de improbable riesgo agudo. El glifosato está clasificado en la Categoría de Menor Riesgo Toxicológico (Clase IV), es decir, productos que normalmente no ofrecen peligro, según el criterio adoptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la FAO”. El documento también esclarece que “distintas formulaciones de glifosato se han utilizado comercialmente en agricultura en los últimos 33 años en todo el mundo, lo cual permite confirmar el historial de seguridad de este herbicida”.

En la actualidad, las formulaciones de glifosato se comercializan en más de 140 países. No existen al momento, en Argentina o en el mundo, estudios científicos serios que cuestionen o invaliden ninguno de los múltiples estudios realizados, según advierte el organismo responsable de garantizar y certificar la sanidad y calidad de la producción agropecuaria, pesquera y forestal.

Monsanto ya cuenta con dos avales de la Justicia de Córdoba en tan sólo un mes. Uno general, que permitirá el desarrollo fabril de la firma proveedora de productos para la agricultura y semillas genéticamente modificadas. Otro particular, que sienta jurisprudencia que será de referencia para futuras presentaciones judiciales que inicien los presuntos damnificados por su proximidad a la planta.


Diario Alfil, 4-7-13