Francisco Jueguen
LA NACION, 21 DE ABRIL DE 2016
En febrero de 2010, Eva entró a un organismo del Estado vinculado con la información pública -por temor, prefiere no decir cuál-. Por los siguientes cuatro años la mantuvieron con un contrato anual e inestable. "Con La Cámpora en el sector, la pasé muy mal porque no era del palo. Todos los fines de año estaba sin saber qué iba a ser de mí", contó. A comienzos del año pasado, con el kirchnerismo en plena campaña, le mejoraron el vínculo: "Dejamos de facturar, nos pagaron aguinaldo y los feriados, pero no las horas extras, los francos ni otros variables que vienen con la planta permanente". Eva espera que ahora la reconozcan con un trabajo de calidad.
No es un caso aislado. En la Argentina el Estado es, en rigor, el primer ejemplo de un empleador precario. Casi la mitad (un 44,7%) de los 217.000 empleados de la administración pública nacional -ministerios y organismos descentralizados- terminaron la gestión kirchnerista con un trabajo de baja calidad, es decir, sin la estabilidad laboral establecida por la Constitución para el empleo público. Al sumar a los tercerizados, la cifra asciende al 48,2%. Al carecer de derechos laborales, los empleados públicos son potenciales víctimas de presiones políticas. Un claro ejemplo fue el desmantelamiento institucional del Indec en los últimos 9 años.
El cálculo pertenece a una estimación oficial realizada durante el primer trimestre por el Ministerio de Modernización, que conduce Andrés Ibarra, que luego de las casi 11.000 desvinculaciones en el Estado anunciadas semanas atrás anticipó a LA NACION que planea sumar este año entre 2500 y 3000 empleados -ya contratados desde hace más de 10 años- a la planta permanente, y que se analizan entre 9000 y 9500 casos más para el año próximo.
"La precarización creció muchísimo durante el kirchnerismo", criticó Ibarra. "En los últimos tres años entraron unos 25.000 contratados al Gobierno. Esa planta tuvo un crecimiento de 55%", explicó el ministro. De acuerdo con la fotografía que Ibarra encontró cuando el control del Estado pasó de manos, había 217.000 trabajadores en la administración pública nacional. Sólo 120.000 están en planta permanente. Hay otros 25.000 en la transitoria y unos 72.000 contratados, generalmente bajo el llamado "artículo 9" (contratos anuales con más derechos que la simple locación de servicios). Al total de los trabajadores deben sumarse alrededor de 15.000 tercerizados a través de universidades públicas, con triangulaciones, a veces, poco transparentes. Este último número aún está siendo revisado oficialmente.
Los entre 2500 y 3000 empleados que se sumarán a la planta permanente este año (y que ya tienen una década de antigüedad en el Estado) no pasarán por un concurso, sino que se sumarán vía una modalidad llamada "curso-concurso", que durará de cuatro a seis meses y se trata de una "formación específica para verificar aptitudes que ya deberían tener por su experiencia".
"El año que viene pasamos a todos", afirmó Ibarra, sobre los 12.000 contratos analizados. Rápido de reflejos, se atajó: "Siempre que esos puestos hagan falta, porque es una medida importante".
Semanas atrás, Ibarra recibió a Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN, con el que la sintonía es muy buena. Antes estuvo con Hugo "Cachorro" Godoy, secretario general de ATE Nacional, un gremio con sus propias internas. Ambos gremialistas se sumarán a una mesa de diálogo con Ibarra y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Se trabajará en dos temas clave: la planificación de dotaciones y la movilidad en la administración pública. Pese a los casi 11.000 despidos en el Estado, hay 12.000 trabajadores con la posibilidad de jubilarse. Por otro lado, el Gobierno quiere que los gremios acepten la posibilidad de reasignar trabajadores de un ministerio a otro en el futuro.
Otro de los temas que Modernización busca imponer es una actualización de la nueva carrera pública, "basada en la capacitación continua, el mérito, la evaluación de desempeño y el reconocimiento de los empleados". Una de las posibilidades que se barajan es modificar el convenio para poder introducir diferenciaciones salariales.
