viernes, 17 de noviembre de 2017

EL CUERPO DE MALDONADO NO FUE ARRASTRADO NI MANIPULADO


Diario De Cuyo, 17-11-17
 
La hipótesis de que a Santiago Maldonado lo ahogaron en otro lugar del río Chubut y luego "plantaron" el cuerpo para que fuera hallado donde finalmente fue encontrado, quedó totalmente descartada. Es que el equipo científico que realizaba la autopsia terminó su trabajo y determinó que el cadáver del artesano, que estuvo desaparecido durante más de dos meses, siempre estuvo donde lo hallaron. Es decir, Santiago Maldonado murió ahogado en ese mismo lugar.

Esta aseveración fue legitimada y firmada por unanimidad por los 55 peritos que participaron de la autopsia, en representación de las distintas partes, inclusive la propia familia del muchacho que murió tras escapar de la represión de un corte de ruta que realizaba Gendarmería Nacional en Chubut.

Toda esta información fue dada a conocer anoche por el diario La Nación, que tuvo un acceso exclusivo al resultado de la autopsia.

"Del examen externo e interno del cuerpo no se han constado signos compatibles con arrastre" ni "con medidas de sujeción", dice el informe pericial, de 64 fojas, al que accedió en exclusiva La Nación. Tampoco hubo indicios durante la inspección minuciosa de las cuatro capas de ropa (tres gruesas y una fina) que vestía el joven al momento de su muerte de que estas presentaran signos de que el cuerpo hubiera sido arrastrado fuera o dentro del cauce del río Chubut.

Esa es apenas una de las muchas conclusiones que contiene el acta pericial, en la que también consta la ausencia de "lesiones contusas, cortantes o penetrantes" evidenciadas a través de 36 placas radiológicas, tal como informó oportunamente el juez federal Gustavo Lleral.

Paralelamente, según pudo saber La Nación a través de fuentes calificadas, tres de los estudios complementarios de laboratorio, cuyos resultados oficiales se conocerán el 24 de noviembre cuando se realice la Junta Médica en la Morgue Judicial de la Corte Suprema de Justicia, certifican que el joven tatuador murió por "asfixia por sumersión", que el cuerpo permaneció "más de 70 días en el agua" y que las diatomeas (microalgas) halladas en los pulmones, cavidades cardíacas y médula ósea del fémur derecho coinciden con aquellas que existían en el área donde fue encontrado el cuerpo.

Paralelamente, ayer se supo también que el juez Lleral quedará a cargo de la causa Maldonado con dedicación exclusiva hasta el 31 de diciembre, al prorrogarse por 40 días más el plazo con el que contaba el magistrado y que vencía el próximo martes 21 de noviembre.


La medida fue confirmada a Télam por el presidente de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra, quien explicó que el juez Lleral "tendrá plazo hasta el último día del año para realizar la investigación, tiempo durante el cual el otro juez de Rawson subrogará el fuero penal".

martes, 14 de noviembre de 2017

PAPELERAS: CUANDO TALLAN LOS RECUERDOS



 Vicente Palermo
Clarín, 14-11-17

¿Recuerda, lector, a los ambientalistas de Gualeguaychú? Seguramente, ya que por años – presidencias de Kirchner y CFK – fueron el movimiento social de mayor visibilidad pública, con amplísima repercusión en los medios y en la retórica política; todos se hicieron eco acríticamente de sus percepciones y su diagnóstico sobre la instalación de una “papelera” del otro lado de la frontera.

Hubo pocas voces, muy aisladas – es de buena ley admitir que los principales periódicos les hicieron lugar – que se diferenciaron del fárrago del nacionalismo ambiental que bombardeó a los ciudadanos de a pie, naturalmente alarmados por la catástrofe que se avecinaba, y que ignoraban, entretanto, que a la sazón existían papeleras argentinas muy contaminantes.

Ese nacionalismo ambiental no fue responsabilidad de los activistas gualeguaychuenses. Ellos tenían un diagnóstico comprensiblemente equivocado sobre el daño ambiental inminente, pero lo peor fue que convirtieron la cuestión en una cruzada de vida o muerte, y actuaron irresponsablemente.

Cerraron un puente internacional por meses, apelando a la fuerza sobre una base fundamentalista, colocando al poder público en un severo dilema: reprimir para despejar el puente, o afrontar un conflicto con el país hermano.

El gobierno eligió muy mal, acompañado por la clase política y los formadores de opinión: asumió, de una, la demanda ambientalista, la convirtió en causa nacional, se floreó con denuncias extravagantes como la de “contaminación visual” (las fotos en los medios acercaban desmesuradamente la imagen de la planta a nuestra orilla), mimó a los asambleístas y bajo línea a los orientales sobre su perfil productivo, independientemente del supuesto para nada demostrado de que la planta iba a tener terribles consecuencias ambientales. Hostigó por años la navegación fluvial uruguaya, negándose al dragado. Llevó con bombos y platillos la causa nacional a los tribunales internacionales, perdiendo en toda la línea. Y cometiendo una implosión de la hermandad rioplatense.

El victimismo argentino fue rampante y el uso de un diferendo internacional para obtener beneficios domésticos desaforado. En lugar de mantener una prudente y crítica distancia con los asambleístas (incluso sin removerlos de su trinchera), pensar el diferendo en el contexto más amplio de la integración, y proponer a Uruguay un mecanismo institucional ecuánime y altamente calificado para la medición del impacto ambiental, le concedió a la Asamblea Vecinal un poder de veto.

Una política madura y responsable era optar por la confianza: declarar que en vista de los elementos de juicio disponibles Botnia operaría con las mejores tecnologías medioambientales mundiales empleables.

Que ambos países darían fe de que la vigencia de este precepto reposaría taxativamente en que hubiera permanentes controles sobre la operación de la planta. Y que la Argentina aceptaría y promovería, a partir de los compromisos medioambientales fijados, la institucionalización de un monitoreo conjunto (figura execrada por los ambientalistas), de riguroso nivel de competencia técnica y científica.

Argentina y Uruguay deberían emprender de manera asociada, en el marco del Mercosur, un esfuerzo para asegurar la sostenibilidad productiva y ambiental de los sectores forestal y papelero, estipulando normas y tiempos para adaptación tecnológica de los productores rezagados.

De todo esto, nada. Los años han pasado, y el perfil productivo uruguayo se ha asentado. La planta Orion (UPM ex Botnia) funciona y los informes confiables son elocuentes. En agosto la Comisión Administradora del Río Uruguay publicó los monitoreos realizados: la planta impacta muy poco en la calidad de las aguas.

El Comité Científico encontró incumplimiento de los parámetros establecidos para berilio, aluminio, amonio y hierro, y cumplimiento efectivo con los más de 50 parámetros restantes.

Montevideo tiene ya muy avanzado un acuerdo con los finlandeses para instalar una tercera planta, comenzando por un minucioso estudio de impacto ambiental. Paso de los Toros presentará externalidades positivas, al requerir un ferrocarril que reducirá costos de producción de otras empresas.

La Dirección Nacional de Medio Ambiente uruguaya afirma que es menester tomar muchos recaudos, y que aún no está el proyecto para su estudio ambiental. Problemas normales en un proceso productivo en marcha. Entre tanto, nuestra agitación estéril de aquellos años contribuyó poco y nada para mejorar los perfiles productivo y ecológico. Nuestras plantas continúan contaminando. Hace poco la Municipalidad de Puerto Piray impuso una elevada multa a Arauco Argentina, estipulando la obligación de un plan perentorio.

Los municipios pueden, si quieren. La farra del fundamentalismo ambiental tuvo una contribución muy negativa en nuestra cultura política: reforzó el victimismo nacionalista, nuestra pasión por diagnósticos apocalípticos, y nuestra inaudita disposición a legitimar el uso ilegal de la fuerza.


Vicente Palermo es politólogo, investigador del CONICET y presidente del Club Político Argentino
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Antecedente:

DOCUMENTOS INÉDITOS DE 1567 RATIFICAN LA SOBERANÍA DE ARGENTINA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS





Se trata de tres cartas entre el gobernador de Buenos Aires y de las islas. El gobierno recibió el material y ahora podría intervenir para hacer un reclamo ante la ONU

Por Martín Dinatale
Infobae, 5 de noviembre de 2017





Son tres cartas inéditas fechadas en 1767. Tres documentos escritos en español antiguo que incluyen un intercambio epistolar entre el primer gobernador de las Islas Malvinas y el entonces mandatario de Buenos Aires. Los tres escritos llegaron a manos del gobierno hace pocos días y revelan un hecho inusitado para la historia nacional: ratifican la soberanía geopolítica de la Argentina sobre las Islas Malvinas.

El presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el canciller Jorge Faurie ya fueron informados del tema. También está al tanto el senador radical Julio Cobos, que fue quien ofició de nexo entre un coleccionista privado de obras históricas que dio con el hallazgo y el Estado argentino. El dato político más significativo de esta revelación histórica que pudo conocer en exclusiva Infobae es que en el futuro inmediato, el Gobierno podría utilizar estos documentos como nueva base de sustentación para darle más sustento a la pelea en las Naciones Unidas por el reclamo de la soberanía argentina en las islas del Atlántico Sur.

El primer documento está fechado en Buenos Aires el 18 de febrero de 1767 y es una carta del entonces gobernador bonaerense Francisco Bucarelli y Ursúa (expulsor de los Jesuitas) a Felipe Ruiz Puente, primer mandatario de las Islas Malvinas. El texto al que accedió Infobae, y que se halla bajo estricto resguardo en el Archivo General de la Nación, sostiene que desde Buenos Aires se enviarán ocho prisioneros "a ración y sin sueldo" como mano de obra para la flamante gobernación de las Malvinas, creada cuatro meses antes por orden del rey Carlos III. "Señor mío: con destino a servir en las Reales obras de las Islas Malvinas a ración y sin sueldo remito a Usted los individuos señalados en la adjunta relación para [que] disponga la conducción y permanencia  allí de estos reos el tiempo de su condena", firma el gobernador de Buenos Aires al tiempo que da la lista de ocho presos.


El segundo documento es una carta fechada en Malvinas el 25 de abril de 1767 enviada por el gobernador de Malvinas Felipe Ruíz Puente a su par bonaerense Bucarelli y Ursúa. En esa misiva le explica la necesidad de levantar una capilla en Malvinas "para todo el pueblo, pues solo se cuenta con una muy precaria, con una imagen de San Luis". Y solicita a la vez "un pequeño sagrario o tabernáculo con su copón correspondiente y una imagen de la Advocación que V.E determinare para Patrono de esta posesión". Cabe destacar que el Puerto Soledad se bautizó como Saint Louis cuando fue descubierto por los franceses. Sucede que las islas luego fueron transferidas a la corona española por Francia.

Y el tercer documento hallado, que obra en poder del Estado en estos momentos, está datado en Buenos Aires el 2 de diciembre de 1767. También se trata de una carta dirigida por el gobernador de Buenos Aires al primer gobernador de Malvinas. Allí se sostiene que desde la capital argentina se enviarán los vasos sagrados y ornamentos para "erigir una nueva capilla en esa Colonia", así como una imagen de la Virgen de la Soledad para que sea declarada patrona de la población. Quizás esta sea la única pista para descubrir el origen del nombre de la Isla Soledad.

Por otra parte, las fuentes consultadas por Infobae para realizar esta investigación destacaron que entre los detalles importantes de las cartas, uno de los documentos menciona la enumeración de "reos" que fueron a trabajar ya que entre ellos sólo uno era de origen noble y de apellido Díaz. No sólo estos reos fueron a Malvinas, sino que comenzaron las primeras obras de la Capilla y está mencionado que fueron los Franciscanos quienes aportaron su asistencia espiritual al comienzo de dominio de la corona española. El documento está datado el 25 de Abril de 1767, la fecha del traspaso de dominio francés de las islas al reino español, y para los historiadores y el arco político, estos documentos revelan una posesión del territorio español, por lo que tras la independencia de la Argentina, pasó a ser la república poseedora de las islas Malvinas.


"La particularidad del documento es el uso de la palabra 'Colonia', calificativo de los Borbones, reinantes en esa etapa en la península Ibérica. Ese término es vital para reconocer a las islas como dependientes de una gobernación bonaerense, luego del Virreynato del Río de la Plata, más tarde de las provincias Unidas y por último de la Nación Argentina", expresó a Infobae el coleccionista privado que encontró los documentos y que se los donó al Estado. Por razones de seguridad, el anticuario prefirió denominarse con las iniciales N.L.D a fin de no revelar su identidad.

El Gobierno tiene conocimiento de estos documentos que ahora están en poder del Archivo General de la Nación. Una fuente calificada de la Casa Rosada admitió a Infobae que "hay altas posibilidades de que estas cartas puedan ser usadas para presentar en naciones Unidas como nuevos elementos de defensa de la soberanía de la Argentina en las islas Malvinas".

Por otra parte, el senador Cobos destacó a Infobae que "los documentos recibidos tienen el valor histórico de que ratifican la posesión de las Malvinas por parte de lo que luego sería el territorio argentino y es un hecho que sin dudas marcará un antes y un después en la diplomacia".

La ex canciller Susana Malcorra fue la que recibió el año pasado esta documentación, y la diplomática expresó en diálogo con Infobae que "los documentos hallados pueden llegar a tener un peso político muy fuerte". Es que si el gobierno lleva esta documentación a las Naciones Unidas se podría modificar el voto de algunos países del Comité de Descolonización que hasta ahora estuvieron alineados con Gran Bretaña. Malcorra dijo que si se ratifica la autenticidad de esos documentos "el tema se torna interesante".


Anteayer, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) terminó de analizar científicamente los documentos inéditos para autentificar su identidad y reveló que son reales. Se realizaron "análisis cual/cuantitativo de fibras mediante la observación con microscopio optimo (MO) y microfotografias". El informe técnico al que accedió Infobae es el SOTN 18-5230. "Se tomaron muestras con algunos escasos milímetros cuadrados en zonas de reborde y sin escritura tratando de no afectar las dimensiones originales ni su aspecto", dice el documento.

A su vez, el Archivo General de la Nación avaló esa documentación y la resguardó en su poder bajo llave. Ahora espera que el Gobierno tome el tema y se avance con el reclamo político ante Gran Bretaña en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas.

Desde la Fundación Nuestra Historia y la Confederación de Entidades patrióticas, Raul Eugenio Daneri dijo a Infobae que "la validez de estos documentos es que tienen el peso político de que el reclamo argentino sobre las islas ya se sustentaba desde 1767 y no hay dudas de esto". La palabra de Daneri tiene un valor adicional: fue capitán del Regimiento 7 de Infantería Coronel Conde que combatió contra el Reino Unido en las Malvinas en la guerra de 1982. Daneri acompañó a N.L.D en una parte del hallazgo.

¿Cómo llegaron a manos del gobierno los documentos que pueden hacer un ruido diplomático de gran envergadura con Gran Bretaña?


Según pudo reconstruir Infobae a lo largo de varios meses de investigación, N.L.D adquirió en marzo de 2015 estas tres cartas a un anticuario del microcentro porteño que desconocía el valor histórico de esos documentos. El coleccionista empezó a averiguar el origen y la validez de los documentos y una vez que tuvo la certeza de que tenía entre manos una gran historia se la llevó a Cobos, que lo recibió tras un acto que compartieron en el Senado por la conmemoración del hundimiento del Crucero General Belgrano.

"Recuerdo que al principio tuvimos muchas dudas de la autenticidad de los documentos", sostuvo el senador de Mendoza. Pero con el tiempo las dudas se fueron disipando. De la mano de Cobos, el 21 de marzo del año pasado N.L.D le llevó los documentos a la entonces canciller Malcorra, luego accedió al tema el director del Archivo General de la Nación Emilio Perina y finalmente se recaló en el INTI para las pruebas científicas de las tres cartas.

Desde septiembre de 2016, los documentos fueron cedidos por N.L.D al Estado argentino y están bajo llave en el Archivo General de la Nación. Cobos informó del tema al jefe de Gabinete y al canciller Faurie que ya han avisado a Macri. El viernes pasado hubo una comunicación oficial del senador de Mendoza a Presidencia.


El coleccionista privado ya casi puede respirar tranquilo. No fue una aventura tan fácil. Recibió atentados en su domicilio y finalmente pudo salvar las cartas para donarlas al Estado. El 23 de noviembre presentará en sociedad esta documentación que hasta ahora eran secretos junto con la Fundación Nuestra Historia.


Luego le tocará el turno al Gobierno para avanzar en la batalla diplomática por las islas Malvinas. Los documentos que hoy se revelan pueden cambiar el curso de la historia.

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domingo, 12 de noviembre de 2017

EMPLEO PÚBLICO: ESTABILIDAD POR UN LADO, PRECARIZACIÓN POR EL OTRO



La Nación, 12 DE NOVIEMBRE DE 2017
Paula Urien

En el marco de un proyecto de reforma laboral, el blanqueo o "Regularización del empleo no registrado" no llega a los trabajadores del Estado, muchos de los cuales están en situación irregular según varios especialistas consultados, entre ellos Carlos Dodds, vicepresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que dice "el que tiene mayor empleo precario en el país es Estado nacional".

Casi como un laberinto con una salida demasiado compleja, el sector público enfrenta por un lado este problema del adecuado registro de trabajadores, pero por otro el exceso de personas empleadas, sobre todo por el gobierno anterior. En diciembre de 2016 había 3,5 millones de personas con un sueldo del Estado, según el Ministerio de Trabajo, una cifra muy similar a la de 2015. Pero en 2002 había 2.180.000 puestos en total según datos recopilados por FIEL. Según los números que contabiliza Cippec en el informe "GPS del Estado: Cuánto y cómo cambió el sector público nacional", realizado por Gonzalo Diéguez, Laura Zuvanic, Jimena Rubio y Agustina Valsangiacomo, "de acuerdo a los datos de la encuesta anual de hogares urbanos (EAHU), entre 2010 y 2014, la cantidad de trabajadores estatales pasó de 3,3 a 3,9 millones. Es decir, el Estado en todos los niveles de gobierno incorporó 600.000 nuevos empleados públicos. Así para 2016, el empleo público representaba el 18,8% del total de trabajadores. Casi 2 de cada 10 trabajadores en la Argentina se desempeñaban en alguna repartición estatal del orden nacional, provincial o municipal".

Entre ellos, una importante cantidad de personas que no estarían debidamente registradas. Según Cippec, "el déficit de un marco normativo homogéneo continúa multiplicando formas de contratación que confluyen en situaciones de inequidad y precarización laboral: tanto en el período 2010 - 2015 como en el año 2016 para la administración pública centralizada, al menos un 30% de los trabajadores estatales prestan servicios a través de modalidades de contratación de obra y servicios contemplados en los decretos 1318/11 y Nº1421/02, como así también mediante los convenios de cooperación a través de las Universidades".


Con otra opinión, desde el Ministerio de Trabajo dicen que "la gente que trabaja para el Estado está 100% en blanco", a contramano de varios especialistas en derecho laboral. "No hay gente no registrada en el Estado. El empleo "en negro" es el que no está registrado, no hay aportes. Un monotributista que es contratado por una Universidad está registrado. Si es un mecanismo legítimo o ilegítimo se discute, puede ser legítimo siempre y cuando preste una función temporal, específica para un proyecto particular".

En el Ministerio de Modernización están contabilizados la cantidad de contratados dentro del universo del Estado nacional (sobre un total de 740.677 personas, el resto son empleados provinciales y municipales, donde faltan datos). Según el trabajo elaborado por Cippec, el 79% de los empleados públicos trabaja en las estructuras estatales de las provincias y municipios. Así, el sector público nacional (que depende del Ejecutivo) explica apenas el 21% del empleo público total.

Según las cifras que publica en su sitio web, en el Registro Nacional de Personas Contratadas a 15 de mayo de 2017 son 64.379. "Para principios del 2018 habremos pasado a planta permanente a 5000 empleados que se encontraban en condiciones laborales precarias hace más de 10 años", dicen desde Modernización

Rigidez y transgresión

Desde la cartera laboral afirman que "la gente quiere la estabilidad de empleo público pero también quiere que el Estado funcione bien, hay muchas contradicciones".

"La estabilidad absoluta en el Estado hace que existan empleados inamovibles de planta permanente", dice Dodds. "Esto genera una falta de movilidad que le impide al Estado tener una facilidad razonable de ingresos y egresos, y lo fuerza a tener una mayor cantidad de empleo precario". Por eso tiene empleados de planta no permanente o transitoria que no están debidamente registrados "y los contratos no tienen la protección que el empleo debiera tener".

El doctor Miguel Angel Abdelnur, autor del capítulo "Contratados del Estado" del primer tomo de "Regímenes laborales especiales", una colección dirigida por Ricardo Foglia , aclara que el art. 14bis de la Constitución Nacional consagra la "estabilidad del empleado público". "Los constituyentes de 1957 pensaron la norma como una garantía de una administración eficiente, cuyos miembros debían estar resguardados de los caprichos de los gobernantes de turno. Pero la norma fue sistemáticamente violada. Por un lado, se creó una "planta permanente" y otra "temporaria", otorgándosele solamente a los integrantes de la primera la garantía de la estabilidad. De este modo, los "empleados de planta temporaria" podían permanecer largos años sin que se les reconociera este derecho y cesados a voluntad del gobernante".

El especialista asegura que esta situación permanece inalterada hasta la actualidad. "Pero esto no fue suficiente. Las administraciones nacional, provincial y municipal recurrieron al arbitrio de contratar personal bajo la figura de la "locación de obra", "de servicios", "pasantías", "becas", y otras figuras jurídicas, a fin de excluirlos no sólo de la garantía de estabilidad sino de cualquier derecho laboral y de la seguridad social. Son los llamados "contratados del Estado", que por cientos de miles pueblan los despachos del Estado y permanecen como en un limbo, sin contar con ningún derecho y sujetos a la voluntad de los funcionarios de turno".

¿Cómo reaccionaron los tribunales ante esta situación? "La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) llegó incluso a amonestar, en reiterados fallos, a aquellos "contratados" que reclamaron por sus derechos. Pero a partir del fallo pronunciado en la causa "Ramos José Luis c.Estado Nacional"del 6/4/2010, perfeccionado por el de "Cerigiliano Carlos Fabián c.Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs.As." del 19/4/2011, los "contratados" pudieron recibir, cuando menos en caso de cesantía, una indemnización similar a la de los trabajadores del sector privado", agrega Abdelnur.

A pesar de la doctrina que ya está establecida, "la Administración continúa con esta mala práctica y obliga a los desplazados a iniciar juicios de largo trámite en procura de sus derechos. Un caso emblemático fue el de «Gonzalez Dego,María Laura c/Ministerio de Trabajo», (de 2011) que desnudó un fraude cometido por el propio Ministerio del Trabajo y la Universidad de Buenos Aires, quienes mantuvieron a una empleada, Gonzalez Dego, como «pasante» durante 7 años, para luego cesarla sin indemnización alguna".

Desde Colombia, Rodrigo Reyes Duarte, socio fundador y director jurídico de Prelafit Compliance recuerda una anécdota que contó en el II Congreso Internacional de Compliance que se hizo en octubre, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y que pertenece a Dan Ariely, catedrático de psicología y economía conductual norteamericano: "Llega un niño del colegio con una nota en su libreta en la que el profesor explica que su hijo ha robado un lápiz a un compañero y que ese comportamiento es inaceptable. El padre sorprendido llama a la madre para que también sea testigo del sermón y lo castiga dos semanas sin videojuegos para que aprenda. Cuando ya termina la reprimenda, el padre le dice "...además, hijo, no lo entiendo. Si necesitabas un lápiz, ¿por qué no me lo pediste? ¡Yo te habría traído varios de la oficina!"


El padre sanciona al hijo por una acción que él mismo comete. Es así que el Estado encontró una manera de hacer "trampa" ante dos necesidades: la primera, pasar por encima de la barrera que impide que ingrese más personal, y la segunda, incorporar a quienes considera necesarios para sus tareas cotidianas.

VIOLENCIA, DEMOCRACIA Y LA CUESTIÓN MAPUCHE



Perfil, 12|11|17

Jaime Duran Barba

El caso Maldonado produjo una explosión de pasiones y manipulaciones que ocultaron un problema grave: la demagogia y la novelería de algunos estimula la reinstalación de la violencia en nuestra sociedad.
Muchos de los que vivimos la experiencia de los 70 y la mayoría de los argentinos queremos evitar que se repita esa funesta experiencia. Quisiéramos que el país se desarrolle, unido, democrático.

Otros están formando un grupo armado milenarista, parecido al movimiento de Antonio Conselheiro en Canudos, en 1897. Realizan desde hace años atentados, incendian, amedrentan, queman la bandera argentina, pretenden desmembrar el país. Sus dirigentes pretenden implantar una sociedad semejante a la de los pueblos no contactados con la civilización que habitan en la Amazonia. Seguramente son buenas personas, se han socializado en tribus urbanas de flogers, aman la naturaleza, pero lo que hacen solo puede bañar en sangre al país.

El tema es demasiado importante. La semana pasada escribimos un artículo situando el problema en el momento actual, seguimos hoy reflexionando acerca de los mapuches y la violencia y continuaremos con otra nota minuciosa acerca del caso Maldonado. Trabajamos con datos objetivos, obtenidos de la prensa escrita y de los programas de Jorge Lanata y Nicolás Wiñazki dedicados al tema. Para quienes quieran profundizar en esta información, pueden consultarlos en Perfil.com.

El caso Aigo. En marzo de 2012 fue asesinado a balazos el sargento mapuche de la policía de Neuquén José Eduardo Aigo, cuando se acercó a una camioneta en la que estaban Juan Marco Fernández, hijo del intendente de San Martín de los Andes, militante del Frente para la Victoria, y los chilenos Alexis Cortés Torres y Jorge Salazar Oporto, prófugos de la Justicia, acusados de terrorismo. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) asumieron la “responsabilidad política” del asesinato en un comunicado: “Alegres y orgullosos, comunicamos hoy que nuestros hermanos Jorge Salazar y Alexis Cortés lograron salir victoriosos del gran cerco militar desplegado en su contra en las montañas de nuestro sur andino del Wallmapu (Estado mapuche)”. Su búsqueda significó “una silenciosa y encubierta campaña represiva en Chile y Argentina. Fueron cerca de cincuenta días de resistencia guerrillera, en condiciones extremas de una inédita cacería humana, incluida recompensa (50 mil dólares) ofrecida por el gobierno de Neuquén, alentada por la sed de venganza de los sectores más fascistas de la sociedad y las Fuerzas Armadas argentinas, en alianza con sus pares oligarcas y fuerzas policiales chilenas de ocupación de territorio mapuche”. En ese entonces gobernaba Cristina Kirchner.

Jones Huala, líder de RAM, dijo sobre el crimen: “Uno hace elecciones en la vida, es muy triste que la mayoría de los mapuches sean policías. El (por Aigo) eligió defender los intereses de los capitalistas, es triste, evidentemente una persona pobre que no tiene comprensión, no tiene análisis y tampoco ganas de trabajar, porque para mí los policías son vagos, no son capaces de agarrar una pala y se meten de policías. Nosotros hemos vivido mucha pobreza y yo prefiero hacer cualquier cosa antes que meterme de uniformado”. En definitiva, para él es bueno que un mapuche muera si es policía, y sus asesinos son militantes revolucionarios aunque sean blancos.

Los mapuches. Habitan en Argentina cerca de 200 mil mapuches argentinos, es absurdo decir que son chilenos. Antes de la conquista española, nuestro país estuvo habitado por pequeños grupos humanos. En el siglo XIX, el gobierno chileno reprimió a los indígenas del sur de ese país, a los que llamaba araucanos. Algunos de ellos cruzaron la cordillera, se establecieron en Argentina, sus descendientes hablan mapudungún y conservan tradiciones de sus ancestros. Desde el siglo XIX rechazan que los llamen “araucanos”, por la relación de esta palabra con el término quechua “auca”, que significa “salvaje”, y prefieren llamarse “mapuches” (mapu, tierra y che, hombre).

Los mapuches son argentinos, trabajan, son parte de la población progresista del sur argentino. Cushamen es un departamento de la provincia del Chubut con 20 mil habitantes de esa cultura que nada tienen que ver con grupos terroristas. Está cerca de allí una invasión realizada hace cinco años a la que llaman Pu Lof, una de las principales bases de RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). Estas semanas la prensa confundió a los mapuches de Cushamen con los guerreros de RAM. Como dijo un habitante de Esquel, muchos de los enmascarados violentos “son más gringos que yo”.

RAM y sus ideas. El 13 de noviembre de 2014, RAM reivindicó el incendio del refugio Neumeyer, y los atentados en contra del Consulado de Chile y la Catedral de Bariloche, publicando un manifiesto que exponía sus ideas, reproducido en PERFIL hace algunas semanas.

Dice en el documento: “Nos adjudicamos de manera digna y responsable la última operación pública ejecutada por Weichafe (guerreros) de la RAM en el valle del Challwako”. “También nos hacemos responsables de la quema de plantaciones de pinos de la multinacional Benetton en el noroeste de Chubut en diciembre pasado”. “Resistiremos a Sangre y Fuego a las petroleras y mineras en el sur, y será nuestro objetivo consolidar una fuerza para echar mediante acciones concretas a las ya instaladas, validando todas las formas de lucha, y el derecho a rebelarnos como Pueblo Oprimido. Negociar No es Luchar. La burocracia, la legalidad, son engaños que mantienen a las comunidades con falsas esperanzas, prolongando en el tiempo la dependencia del Estado”.

“No queremos integrarnos, queremos liberarnos, deben entender que el principio de Autodeterminación de los Pueblos habla de la posibilidad de rebelión, resistencia e incluso insurrección armada para objetivos como el separatismo, toma del poder u otras formas de revolución y Liberación Nacional”. “Ni argentinos ni chilenos, somos Nación Mapuche, Todo el Territorio Libre y Recuperado para todo Nuestro Pueblo”.

RAM y sus acciones. RAM actúa coordinado con el CAM, la mayor organización terrorista de Chile, y con otros grupos violentos “huincas” como el FPMR y el MIR chilenos, y grupos anarquistas, kirchneristas, de la izquierda anacrónica y otros que reivindican la guerrilla de los 70 en Argentina. En los atentados en contra de la gente, las iglesias católicas, los gendarmes y carabineros, participan personas que nada tiene que ver con los mapuches.

Los “guerreros” de RAM atacan, amenazan, extorsionan a personas y empresas, viven del robo y la violencia. Estas no son elucubraciones. En el adjunto se pueden consultar links con información concreta sobre decenas de actos terroristas efectuados por este grupo. Han ocurrido más atentados que no llegaron a los medios de comunicación, pero fueron denunciados a la Justicia: incendios de viviendas, simulacros de fusilamiento, abigeato, invasiones, ataques y tortura a mapuches que trabajan para distintas empresas.

Los líderes de RAM dicen que no se consideran argentinos ni chilenos, sino mapuches, que no tienen ninguna vinculación con la nación argentina, ni con su Justicia, ni con sus fuerzas del orden.

Quieren acabar con los huincas: extranjeros o mapuches que han adoptado costumbres occidentales. Pretenden erradicar el capitalismo, la religión de los europeos, sus leyes, sus costumbres. Cuando pueden, atacan los símbolos nacionales de nuestro país, en especial la Bandera, que han quemado en reiteradas ocasiones.

Entre Argentina y Chile han quemado más de treinta iglesias católicas. Los mapuches fueron originalmente politeístas, creían en cuatro dioses originarios, un hombre y una mujer viejos y un hombre y una mujer jóvenes, que conformaban el Nguenechen. En el siglo pasado, los misioneros católicos los fundieron en un Dios omnipotente, cuatrino, caricatura del Dios de la Biblia al que se encomienda RAM.

Jones Huala dijo en una entrevista con Jorge Lanata que su sociedad ideal es la de los grupos amazónicos que no han contactado con Occidente y viven en total primitivismo. Había que pensar que si llegan a gobernar la Patagonia destruirán el aparato productivo y también la electricidad, internet y todos los adelantos tecnológicos. Seguramente la idea no le gustará a la mayoría de los habitantes de las provincias del sur, mapuches o no.

Facundo Jones Huala. El líder de RAM, Facundo Jones Huala, está acusado de cometer delitos, tanto en Argentina como en Chile, país que ha pedido su extradición. Fue detenido en Chubut, acusado de ingresar al predio de Pisu Pisué con sus cómplices Delgado Ahumada y García Quintul, con la indumentaria habitual de los guerreros de RAM, máscaras, ropa oscura de tipo militar, portando armas de fuego para intimidar a una familia compuesta por seis adultos y cuatro menores. Cuando fue detenido declaró, entre otras cosas: “Vamos a resistir con lo que tengamos a mano y nunca más vamos a dejarnos golpear o estar esperando una resolución judicial que intente hacer justicia y no lo hace. Somos waichafes, combatientes con espíritu de guerreros, y vamos a seguir defendiendo estas tierras de las empresas mineras, de las petroleras, hidroeléctricas”.

“A partir de este momento declaramos, y es oficial, que dentro de nuestras comunidades, desde el alambre para adentro, solamente habrá justicia mapuche, porque ni el Estado argentino ni el Estado chileno tienen un solo derecho sobre nuestro territorio”.

“Se van a tener que aguantar lo que intenten hacer, porque si cruzan el alambrado vamos a considerarlo una invasión a nuestro territorio. Hacia adentro mandamos los mapuches, esa es la única ley que vamos a obedecer, no la ley huinca”.

Estas fueron las normas con las que obstruyeron el trabajo de la Justicia cuando se inició el caso Maldonado a propósito de un corte de ruta protagonizado por enmascarados con el uniforme negro de RAM en la puerta de su bastión. n


* Profesor de la GWU. Miembro del Club Político Argentino.

SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES


Macri ordenó acelerar el plan para ahorrar trámites y bajar costos burocráticos

La Nación,  12 DE NOVIEMBRE DE 2017
Mariano Obarrio

Como parte del "reformismo permanente", el presidente Mauricio Macri ordenó acelerar el plan de desburocratización y simplificación de trámites del Estado para reducir costos, mejorar la competitividad y el empleo en el sector privado, y agilizar papeleo para negocios, importar, exportar, contratar y licitar.


Es parte del paquete de las reformas tributaria, fiscal, laboral, jubilatoria y de la reestructuración del Estado. En los próximos días se creará por decreto la Secretaría de Simplificación Productiva, que dirigirá Pedro Inchauspe. Según confiaron a LA NACION fuentes de la Casa Rosada, dependerá del ministro de Producción, Francisco Cabrera.

Se focalizará en eliminar obstáculos y vigilar que el Estado no agregue trámites y costos. Según estiman en Producción, el sector privado ya se ahorro $ 10.000 millones.


Producción ejecuta el plan con el Ministerio de Modernización, que dirige Andrés Ibarra , y la Secretaría Legal y Técnica, de Pablo Clusellas. Los nudos están en Aduana, AFIP, Senasa y en la comercialización de granos, carnes y alimentos.

Se gastan 4.000.000 de hojas de papel menos y se rebajó el gasto por $ 1070 millones en papel, viáticos, certificaciones y gestores. El objetivo es reducir costos por 93.000 millones, 1% del PBI, en dos años, tal como se informó la semana última.

Para importar o exportar, antes intervenían 23 organismos. La Ventanilla Única del Comercio Exterior (VUCE) unificó en Internet a ocho entes y antes de fin de año se completarán los otros 15 en un paso online. El paso siguiente será destrabar los trámites entre la Nación y la provincia de Buenos Aires. Según el BID, la VUCE reducirá costos de 3,5% en promedio. Macri aspira a rebajar el 50% del tiempo. Hay un lucro cesante no cuantificable: el desaliento a negocios que genera la burocracia y la riqueza que se pierde.

También intervienen organismos descentralizados como INTI, INTA, Senasa, INAL, Iname, IGJ e IMPI. Hay 250 ministerios provinciales y 17.000 secretarías municipales. Para exportar alimentos a baja escala había un registro extra en el INAL. Se eliminó, y si un alimento está habilitado para el mercado interno se lo habilita para la exportación.

La cartera de Modernización aplicó tres programas: la Gestión Documental Electrónica: todos los ministerios y 62 organismos y 24.000.000 de documentos digitales, 2.070.998 expedientes electrónicos y 123.000 usuarios; Trámites a Distancia: 634 trámites en línea. Tarda 32 días menos que los presenciales: 500.000 personas del interior ahorraron viajes a la Capital, y la Plataforma de compras del Estado: Comprar.gob.ar (63 organismos) para servicios, y Contratar.gob.ar (en 17 organismos), para licitar obra pública. Hay 15.000 proveedores y más de $ 29.000 millones para ambas plataformas.

Unos molinos eólicos no podían ingresar hace un mes por el Puerto de Buenos Aires: se pedía la revisión de toda la documentación y de todas las mercaderías. Producción, AFIP, Aduana y Energía unificaron controles y se destrabó. Unas centrales térmicas en 2016 tenían que patentarse ante Vialidad Nacional como si fueran vehículos. Se eliminó.

También se dispuso el "silencio positivo". Si una empresa o persona no tiene respuesta de un organismo, el trámite queda aprobado. Macri lo incluyó en el decreto 891/17.

Macri tuvo en cuenta que el Foro Económico Mundial considera que la burocracia está entre los cinco mayores problemas en la Argentina junto a la inflación, impuestos, acceso a crédito y corrupción. "En esto no hay gradualismo: el pedido del Presidente es aplicar shock", dicen.


Para enviar muestras o ventas de pequeño volumen, cualquier pyme debía tramitar en AFIP, Aduana y Correo. Se creó "Exporta Simple" con un solo trámite online y se hace el envío. Además de eliminar cinco trámites para crear empresas -se crearon 500 en dos meses-, se redujo a 72 horas el trámite de seguros de cauciones aduaneras que duraban 7 meses y se redujo de 34 a 20% el control físico por Canal Rojo de la Aduana, con $ 7100 millones de ahorro.

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Decreto 891/2017

Buenas Prácticas en materia de Simplificación
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Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- APROBACIÓN. Apruébanse las BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE SIMPLIFICACIÓN aplicables para el funcionamiento del Sector Público Nacional, el dictado de la normativa y sus regulaciones.

ARTÍCULO 2°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. A los fines del presente decreto, entiéndese por Sector Público Nacional al definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias.

ARTÍCULO 3°.- SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA. Las normas y regulaciones que se dicten deberán ser simples, claras, precisas y de fácil comprensión. El Sector Público Nacional deberá confeccionar textos actualizados de sus normas regulatorias y de las guías de los trámites a su cargo. Deberá evaluarse su inventario normativo eliminando las que resulten una carga innecesaria. En el mismo sentido el dictado de nuevas regulaciones que impongan cargas deberán a su vez reducir el inventario existente.

ARTÍCULO 4°.- MEJORA CONTINUA DE PROCESOS. El Sector Público Nacional deberá aplicar mejoras continuas de procesos, a través de la utilización de las nuevas tecnologías y herramientas informáticas, utilizar e identificar los mejores instrumentos, los más innovadores y los menos onerosos, con el fin de agilizar procedimientos administrativos, reducir tiempos que afectan a los administrados y eliminar regulaciones cuya aplicación genere costos innecesarios.

ARTÍCULO 5°.- EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN. Todos los organismos del Sector Público Nacional deberán tender, en los casos que corresponda, a la evaluación de la implementación de las normas regulatorias que dicten.

ARTÍCULO 6°.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Los organismos del Sector Público Nacional incrementarán los mecanismos de participación, intercambio de ideas, consulta, colaboración y de cultura democrática, incorporando las nuevas tecnologías, necesarios para facilitar la comprensión y medir el impacto que traerá aparejado las nuevas regulaciones.

ARTÍCULO 7°.- PRESUNCIÓN DE BUENA FE. Las regulaciones que se dicten deben partir del principio que reconoce la buena fe del ciudadano, permitiéndole justificar a través de declaraciones juradas situaciones fácticas que deban acreditarse ante los organismos del Sector Público Nacional.

ARTÍCULO 8°.- GOBIERNO DIGITAL. El Gobierno Nacional deberá fomentar la interoperabilidad entre las administraciones públicas provinciales, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, generando de esta manera un intercambio y colaboración mutua, a fin de implementar todas las herramientas tecnológicas existentes, permitiendo de este modo acercar a los ciudadanos herramientas eficaces para su interacción con la Administración.

ARTÍCULO 9°.- MEDICIÓN DE COSTO-BENEFICIO. El diseño de las regulaciones procurará la incorporación de la medición de los costos-beneficios que impliquen su implementación

ARTÍCULO 10.- SILENCIO POSITIVO. En la elaboración de las normas regulatorias deberá tenerse en cuenta la posibilidad de incrementar el carácter positivo del silencio de la Administración, en la medida que resulte posible en atención a la naturaleza de las relaciones jurídicas tuteladas por la norma de aplicación, siempre y cuando sea en beneficio del requirente y no se afecten derechos a terceros.

ARTÍCULO 11.- COMUNICACIÓN EFICIENTE. Los organismos del Sector Público Nacional deberán promover el intercambio de buenas prácticas comunicacionales intra y extra organismos. La totalidad de las medidas dispuestas deberán comunicarse de manera clara y eficiente.

ARTÍCULO 12.- CREACIÓN DE REGISTROS. En caso de crearse nuevos Registros, en el ámbito de la administración centralizada se requerirá la previa autorización del JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, mientras que en los demás casos dicha autorización será otorgada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL. Los nuevos Registros que se creen deberán ser digitales, facilitando el acceso por parte de los ciudadanos y estarán regidos por el principio de gratuidad.

ARTÍCULO 13.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

 — MACRI. — Marcos Peña.