sábado, 30 de diciembre de 2017

BÁEZ VA A JUICIO POR EL LAVADO DE US$ 60 MILLONES DE LA CORRUPCIÓN



La Nación,  30 DE DICIEMBRE DE 2017
Paz Rodríguez Niell

La primera gran causa de corrupción que investiga al empresariado kirchnerista va a juicio oral. El juez federal Sebastián Casanello dio ayer por cerrada la instrucción y elevó el expediente por lavado de dinero contra Lázaro Báez. Es el caso del video de La Rosadita, de los millones "físicos" desparramados sobre la mesa de una financiera, una causa récord, en la que se incautaron activos por 3000 millones de pesos.
La elevación no incluye a la ex presidenta Cristina Kirchner, que hasta el momento no fue citada en este expediente. El juez ordenó medidas para investigarla. Ella, además, está ligada a la génesis de la maniobra.

De acuerdo con el juez, los millones que lavó Báez tienen origen en la asignación delictiva de obra pública que investiga el juez Julián Ercolini, que la procesó, junto con Báez, acusada de asociación ilícita y fraude.
Preso desde hace un año y ocho meses, Báez fue amigo cercano de Néstor Kirchner, socio de la familia y el principal contratista de obra pública de Santa Cruz. En esta causa, Casanello y la Cámara consideraron probado que sacó del país 60 millones de dólares de origen ilegal.

Junto con Báez, irán a juicio otros 24 procesados, incluidos sus cuatro hijos; su abogado, Jorge Chueco, y su contador, Daniel Pérez Gadín. También, Leonardo Fariña y Federico Elaskar, que fueron quienes contaron en TV cómo giraban el dinero al exterior por un circuito negro.

Casanello firmó la elevación a juicio de la causa a última hora de ayer. Como la Justicia ya entró en feria y la oficina de sorteos estará cerrada todo el mes, recién en febrero se sabrá qué tribunal oral va a juzgar a Báez y sus presuntos cómplices.

Quienes tienen prisión preventiva en esta causa son, además de Báez, Pérez Gadín y Chueco. Los tres están alojados en la cárcel de Ezeiza y tienen embargos sobre sus bienes de 10.500 millones de pesos.

En abril próximo, Báez cumple dos años preso. La ley establece que ese es el máximo permitido para una prisión preventiva y que ese plazo es sólo prorrogable por un año más. Si bien no está regulado cuándo tiene que hacerse el juicio oral, no debería demorarse porque las causas con detenidos tienen prioridad.

La Cámara Federal adelantó que es probable que en la etapa de juicio este expediente termine unificado con otras causas que están emparentadas, como la de obra pública (presunto delito precedente de este lavado) y los casos Hotesur y Los Sauces, que investigan si los negocios inmobiliarios y hoteleros de la familia Kirchner fueron también vehículos para reciclar el dinero sustraído de las arcas públicas.

El expediente que ayer fue elevado a juicio investiga un lavado de dinero agravado por "habitualidad". La maniobra incluía un fraude fiscal que permitía "ennegrecer" el dinero, que era expatriado por cuevas financieras y tenía como destino sociedades y fundaciones offshore. Según las pruebas de la causa, 30 millones de dólares volvieron al país a través de la firma Helvetic y no se descarta que buena parte del resto siga en el exterior.

Báez siempre negó ser el dueño de Helvetic, pero Chueco y Pérez Gadín manejaron sus cuentas. Según Báez, Helvetic decidió participar junto con Austral Construcciones -la empresa principal del grupo Báez- de una licitación para construir represas en el sur. Siempre según el relato del empresario, fue por eso que Helvetic giró fondos a Austral. Pero las obras no les fueron adjudicadas y, de todos modos, Helvetic nunca reclamó el dinero, que se lo quedó la compañía de Báez.

En la reconstrucción de la ruta del dinero fue clave la declaración de Fariña, que tiene estatus de arrepentido en esta causa. Él y Elaskar fueron quienes, con sus declaraciones al programa PPT, motivaron en 2013 la apertura de esta causa. Contaron frente a las cámaras cómo habían sacado el dinero del país, pero cuando los citó la Justicia se desdijeron y afirmaron que había sido todo una "versión guionada".

En abril de este año, Fariña volvió a admitir el lavado. Declaró ante el juez y el fiscal Guillermo Marijuan, y pidió los beneficios del "arrepentido". Su relato fue útil para reconstruir el camino de los capitales; habló de cuevas, financistas de la city, sociedades y fundaciones. Después, la Justicia obtuvo documentos en Suiza que confirmaban las maniobras.

Los acusados que ayer fueron elevados a juicio son todos los que tenían sus procesamientos confirmados por la Cámara Federal. Los activos millonarios incautados en este caso incluyen estancias, autos de lujo, dos aviones que el juzgado entregó al Ministerio de Seguridad y a un organismo que investiga accidentes, cientos de máquinas que se asignaron a Vialidad y libros incunables que hoy están en la Biblioteca Nacional.

La Justicia demostró que lavó 60 millones de dólares mediante un circuito negro de financieras y paraísos fiscales. También descubrió que es dueño de propiedades y activos por $ 3000 millones El empresario quedó detenido en abril de 2016 cuando aterrizaba con su avión privado en San Fernando. También fueron procesados sus cuatro hijos, su abogado Jorge Chueco y su contador Daniel Pérez Gadín

En una causa récord, por el número de bienes incautados, destrabó la trama del lavado tras el video de La Rosadita, donde los allegados de Báez contaban millones de billetes. Consiguió colaboración de Suiza para desentrañar la maniobra. No citó a indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner, pero ordenó ahora medidas para investigarla que habían sido sugeridas por la UIF

La ex presidenta no fue elevada a juicio en esta causa, si bien la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción insisten en que debe ser indagada porque Báez sería su testaferro El origen del dinero negro de Báez, según el juez, tendría su génesis en el otorgamiento irregular de la obra pública durante la gestión de los Kirchner. Para el juez eso es materia de investigación de otro caso

Cronología del circuito de dinero negro
Abril de 2013

Fariña y Elaskar en televisión

En Periodismo Para Todos (PPT), los financistas Fariña y Elaskar revelaron las maniobras de lavado con la financiera SGI

Marzo de 2016

Video de La Rosadita y detención

Se difunde un video en el que se ve al hijo de Báez y a otros allegados contando dinero en SGI. Báez es detenido el 6 de abril, cuando aterrizó con su avión privado en San Fernando

Junio de 2016

Información desde Suiza e indagatorias

Los cuatro hijos de Báez son citados a prestar declaración indagatoria por lavado de dinero luego de descubrir que tienen cinco cuentas bancarias en Suiza de empresas offshore radicadas en Panamá y Uruguay

Diciembre de 2017

Elevación a juicio oral


El juez Casanello dio por concluida la etapa de instrucción y resolvió elevar el caso a juicio oral con 25 procesados

EL GOBIERNO DENUNCIÓ PENALMENTE A 11 DIPUTADOS


 del kirchnerismo y la izquierda por intentar abortar la sesión por la reforma previsional

La Nación,  29 DE DICIEMBRE DE 2017

 El Gobierno denunció ante la Justicia federal a 11 diputados del kirchnerismo y la izquierda, a los que acusó de intentar hacer fracasar la sesión legislativa del 14 de diciembre pasado donde se intentó aprobar la reforma previsional al querer franquearle la puerta a los manifestantes para que invadieran la Cámara de Diputados, al mismo tiempo que los acusó de amenzar a la Gendarmeria e interponerse para evitar detenciones.

La denuncia quedó a cargo de la jueza federal María Servini de Cubría y fue firmada por Guillermo Soares Gache, subsecretario de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, que depende de Patricia Bullrich .
Los denunciados son los kirchneristas Leopoldo Moreau , Victoria Mayra Mendoza, Horacio Pietragalla, Andrés Larroque , Daniel Filmus , Máximo Kirchner , Axel Kicillof , Marcos Cleri, Gabriel Mariotto y Nicolás del Caño , y Myriam Bregman del Partido de los Trabajadores Socialistas.

La denuncia puntualiza cinco hechos ocurridos en la tarde del 14 de diciembre pasado y señala que todos los sucesos violentos tuvieron como contrapartida los pedidos para que se suspenda la sesión legislativa. Las pruebas son testimonios de los gendarmes, un informe de Gendarmería e imagenes de TV.

El Gobierno acusó a los diputados de los siguientes sucesos:
Dijo que a las 13.30 del 14 de diciembre cerca de las vallas, a diez metros sobre Rivadavia, Moreau, Mayra Mendoza, Pietragalla, Larroque, Filmus, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Gabriel Mariotto, Marcos Cleri, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, "se abalanzaron sobre los gendarmes que se encontraban realizando el cordón de seguridad". Dijo que decían que el Gobierno era una dictadura y que los gendarmes se replegaron.

El segundo episodio denunciado son amenazas que profirió Moreau sobre un jefe de Gendarmería: "Se me acerca y emana insultos de todo tipo hacia mí persona y hacia los Gendarmes que integramos la Institución, (.), como así también realiza amenazas consistentes en el que el suscripto y todos los allí presentes perderíamos el trabajo, que él se encargaría de que esto no quede así ya que puede saber quién soy y echarnos de la Fuerza; que nadie iba a pasar para reprimir a los ciudadanos", declaró el Primer Alférez Carlos Gabriel López, jefe de la Segunda Sección Contra Disturbios del Primer Escuadrón de la "Base Moreno".

El tercer episodio identifica al diputado Pietragalla "obstaculizando las detenciones que estaba llevando a cabo personal de Gendarmería". Se ve el forcejeo entre el legislador y la fuerza.

El cuarto hecho se refiere a que los diputados Araceli Ferreyra y Marcos Cleri se aferraron a los barrotes de un camión de Gendarméria para evitar el traslado de detenidos.

El quinto episodio, de mayor peso político, es el de entorpecimiento de las sesión legislativa. Dijo el Gobierno que los diputados que fueron denunciados por los hechos ocurridos fuera del Congreso, una vez dentro, buscaron abortar la sesión y franquearle el paso a los manifestantes para evitar que sesionara la Cámara de Diputados.

"No puede descartarse como hipótesis delictiva la participación de estos funcionarios en el ilícito cometido por los particulares que intentaron perturbar el orden de la sesión legislativa", dice la denuncia."Un importante número de personas, mediante una inusitada agresividad y atacando con distintas elementos a las fuerzas de seguridad, solo tenían como objetivo ingresar al Congreso y, cuanto menos, perturbar la sesión que se estaba llevando a cabo, lo que fue impedido gracias al accionar de las fuerzas", señala el texto.
"Los aquí denunciados- que han realizado actos claros y concretos en pos de la perturbación de las sesiones, como tratar de franquear el ingreso de los manifestantes, intentando correr la protección que habían dispuesto las fuerzas, amenazando al personal de las fuerzas para que no cumplan con su obligación y, en el otro caso, tratando de impedir la detención de algunos manifestantes".


Y concluye que "no puede descartarse como hipótesis delictiva que la actividad desarrollada por los denunciados, obstaculizando el trabajo de la Gendarmería, impidiendo reforzar el cordón, interviniendo de manera injustificada en las detenciones que se practicaban y amenazándolos, haya tenido por objeto permitir el ingreso de los manifestantes y así impedir el inicio del debate parlamentario".

jueves, 28 de diciembre de 2017

DIPLOMA VIRTUAL EN DOCTRINA POLÍTICA DE LA IGLESIA


Voto Católico Colombia, 29-11-17

Esta página pretende ser un punto de referencia para el análisis de la realidad política nacional desde una perspectiva católica. Está página no pretende inducir el voto de los colombianos hacia ningún candidato específico sino proveer información respecto de la postura de los candidatos frente a la moral cristiana. Esta página no tiene ningún vínculo con el Episcopado de Colombia más allá de los sacramentos recibidos por sus integrantes.

Programa del Diplomado Virtual en Doctrina Política de la Iglesia

El objetivo de este diplomado es ofrecer a los participantes un recorrido por la construcción de la Doctrina Política de la Iglesia, los problemas que aborda, sus principales formulaciones, y su aplicación en la realidad política contemporánea. A nivel más específico buscamos 1) Abordar los problemas metafísicos que subyacen a las principales cuestiones políticas y su vigencia en la actualidad, 2) Describir la evolución de las relaciones Iglesia-Estado desde el Imperio Romano hasta la democracia liberal contemporánea, 3)Explorar a profundidad los principales documentos pontificios sobre política y los principios establecidos por el magisterio para orientar la acción política de los laicos, y 4) Analizar algunas de las controversias políticas de mayor actualidad a la luz de los principios doctrinales del magisterio.

El Diplomado será impartido virtualmente a través de la plataforma de la Asociación Voto Católico Colombia, y tendrá una duración de 90 horas. Las sesiones serán grabadas y permanecerán en la plataforma, de forma que el estudiante que por alguna razón no haya podido asistir a la sesión virtual, podrá ver la grabación en cualquier momento.

 Temario del diplomado:

1.¿Por qué una Doctrina Política de la Iglesia?
2.Los fundamentos metafísicos de la autoridad política
3.La ley Natural y la Ley Positiva
4.El Fin de la Comunidad Política: Justicia y Bien Común
5.Política y Moral: La Virtud y la Gracia
6.Sobre la Guerra y la Paz
7.La Realeza Social de Nuestro Señor Jesucristo
8.El problema de las dos espadas
9.Pelagianismo, utopía e ideología
10.La Revolución
11.Libertad y Libertades: El Liberalismo
12.Jacques Maritain y la Libertad Religiosa
13.El Derecho de los Derechos Humanos
14.Las cuestiones económicas
15.Marxismo y Teología de la Liberación
16.Marxismo cultural y posmodernismo
17.La Constitución de 1991 y la agenda laicista


Aunque según la legislación colombiana los diplomados no tienen ninguna clasificación académica y no se entrega más que un certificado de asistencia, hemos decidido pedir a los estudiantes que al final del diplomado escriban un ensayo de 2.500-3.000 palabras sobre alguna de las preguntas que se les entregará con anterioridad. 

El propósito de este ejercicio es poder evaluar la efectividad del diplomado y además, los mejores ensayos podrán ser recopilados en una publicación para dar a conocer los frutos del diplomado. Los inscritos tendrán acceso de por vida a la plataforma, incluyendo una colección bibliográfica de más de 90 títulos sobre Doctrina Política de la Iglesia, y la grabación de las sesiones.

miércoles, 27 de diciembre de 2017

CARLOS SACHERI

doctrina y martirio por la «hermenéutica de la continuidad»

Sacheri, como animador de la reforma política y económica según el derecho natural y cristiano, resultaba peligroso para los fomentadores de la dialéctica de contradicción en la vida social.
                       
Germán Masserdotti
Religión en Libertad, 22 diciembre 2017

Los documentos del Concilio Vaticano II (1962-1965), parte integrante de la Tradición vivificante de la Iglesia, deben interpretarse en la línea de la continuidad y de la reforma y no en la de la ruptura. Como afirma Benedicto XVI, “todo depende de la correcta interpretación del Concilio [Vaticano II] o, como diríamos hoy, de su correcta hermenéutica, de la correcta clave de lectura y aplicación”.

En un contexto de diálogo intraeclesial de acuerdo a lo señalado por Pablo VI en la encíclica Ecclesiam suam, la contribución de Carlos Alberto Sacheri (1933-1974) que abona la “hermenéutica de la continuidad” en armonía con la “reforma” reviste una característica singular.
Su desenvolvimiento intelectual fue simultáneo a la publicación de los documentos del Concilio Vaticano II. Es sabido que aquellos años y los inmediatamente posteriores al desarrollo de las sesiones conciliares se sumergieron en la “contestación” a la autoridad doctrinal y disciplinar de la Iglesia. De esta situación dan cuenta las numerosas catequesis iluminadoras y dolientes de Pablo VI durante los años finales de la década de los 60 y los primeros de los 70. En aquellos años se hablaba del “sentido de la historia”. Por una especie de “clima de época”, numerosos pensadores quisieron ver, en ese “sentido”, rupturas antes que constantes. De este modo, la interpretación que formula Sacheri se valora todavía más. Movido siempre por un espíritu de caridad filial y fraternal, supo señalar las “continuidades” y ubicar las “reformas” en el contexto de la historia de la Iglesia.

El “sentir con la Iglesia” de Sacheri se reveló, principalmente, a propósito de la llamada “cuestión social”. Son notables sus esfuerzos por estudiar, comentar, interpretar y difundir el Magisterio de la Iglesia con el fin de restablecer el orden social según el derecho natural y cristiano. Como ejemplo de síntesis programática merece destacarse El orden natural, una especie de vademécum de la Doctrina Social de la Iglesia explicada de acuerdo al contexto político, económico y cultural de entonces en el mundo y en la Argentina.

Un ejemplo de interpretación tiene creciente actualidad en días de “grieta” como los que se padecen en la Argentina. Sacheri observa que la solución a la “cuestión social” generada por la relación indebida entre el trabajo y el capital no debe resolverse por la supresión de uno de los términos sino por la colaboración entre ellos. A propósito del capitalismo, debe recordarse una distinción presente en las enseñanzas del magisterio eclesial y que Sacheri hace propia: una cosa es el capitalismo y otra el influjo negativo que el liberalismo económico produjo en él. La Iglesia, señala Sacheri, nunca condenó al capitalismo. El liberalismo, en cambio, lo acompañó de hecho, pero no de derecho.

Uno de los tópicos del capitalismo es el de la propiedad privada. En Gaudium et spes, El Concilio Vaticano II sostiene que ella, “como las demás formas de dominio privado sobre los bienes exteriores, contribuye a la expresión de la persona y le ofrece ocasión de ejercer su función responsable en la sociedad y en la economía”. Sacheri reafirma el carácter natural del derecho a la propiedad privada en medio de la discusión suscitada por los “socialistas cristianos” y “tercermundistas” respecto de su legitimidad. Lo reafirma sin perder de vista la función social de la misma propiedad privada.

El mismo Concilio Vaticano II afirma que “el derecho de poseer una parte de bienes suficiente para sí mismos y para sus familias es un derecho que corresponde a todos”. Sacheri observa que esta afirmación sobre la universalidad del derecho a la propiedad privada deriva del carácter de derecho natural que distingue a la propiedad. De esta manera, dado que es “algo acordado al ser humano por naturaleza, todos y cada uno deben poder participar efectivamente de la propiedad en sus diferentes formas”. El Concilio Vaticano II concluye que resulta “por ello muy importante fomentar el acceso de todos, individuos y comunidades, a algún dominio sobre los bienes externos”. En el mismo sentido, el objetivo de la difusión de la propiedad se logra más eficazmente “cuando toda la economía está organizada profesionalmente por ramas de producción a través de consejos obrero-patronales”, comenta Sacheri.

Los principios y criterios de la Doctrina Social de la Iglesia y las propuestas concretas de Sacheri a fin de consolidar la colaboración entre el trabajo y el capital, y la complementariedad entre la dimensión individual y la función social de la propiedad privada junto con su difusión, están lejos, por cierto, del engañoso recurso a la violencia política como remedio a los males que nos aquejan.

Violencia política que se volvió contra la vida del mismo Sacheri. El 22 de diciembre de 1974, en presencia de su familia y saliendo de la misa celebrada en la catedral de San Isidro –provincia de Buenos Aires–, le dispararon en la cabeza.

“Días después –señala un editorial aparecido el 23 de diciembre de 2014 en el diario argentino La Nación–, un oscuro y cínico comunicado adjudicado al Ejército Revolucionario del Pueblo-22 de agosto (ERP 22) se atribuyó el asesinato, aunque las investigaciones judiciales no avanzaron demasiado”.

Sucede que Sacheri, como animador de la reforma política y económica según el derecho natural y cristiano, resultaba peligroso para los fomentadores de la dialéctica de contradicción en la vida social. Podría decirse que él no era “funcional” ni a los de “derecha” ni a los de “izquierda”, si fuera posible utilizar categorías caducas. “Sacheri se opuso a los violentos de cualquier ideología política –afirma el mismo editorial de La Nación–, sólo armado intelectualmente por su profundo conocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia”.


¿No debería recordarse, tanto en el ámbito político como eclesial, el aporte intelectual de Sacheri para un orden social más justo en la República Argentina y, así, no tropezar nuevamente con la misma piedra por no haber aprendido de la Historia, magistra vitae?

EL SISTEMA DE JUBILACIONES


reclama más reformas

La Nación, editorial,  27 DE DICIEMBRE DE 2017

La reciente sanción de una ley de jubilaciones trató cuestiones principalmente relacionadas con propósitos más coyunturales que estructurales. Con excepción de la opción de continuar trabajando hasta los 70 años, los cambios más relevantes atienden a los procedimientos de ajuste y a los acuerdos fiscales entre el gobierno nacional y las provincias.

El sistema de jubilaciones denominado de reparto está en crisis en casi todos los países en los que es aplicado. Hay dos razones para que ello ocurra. Una es estructural y está relacionada con una cuestión demográfica propia del cambio sociocultural. La otra resulta del aprovechamiento indebido que realizan los gobernantes de los fondos acumulados en las cajas de jubilaciones. Su uso con otros fines va en desmedro de la jubilación que recibirán quienes obligatoriamente debieron aportar.


El aumento de la esperanza de vida, la disminución de la natalidad y el consiguiente envejecimiento de la población fueron quebrando el equilibrio entre aportantes y beneficiarios, o sea, entre los ingresos y egresos. La medicina seguirá venciendo muchas enfermedades causantes de mortalidad, prolongando así la vida media. La esperanza de vida en la Argentina, que en 1960 era de 68 años para mujeres y 62 para hombres, aumentó en 2015 a 80 y 72 años, respectivamente. Por otro lado, los cambios culturales propenden a un mayor control de la natalidad y a una reducción del número de hijos. En definitiva, hay una tendencia estructural para que se produzca un desajuste creciente en los sistemas de reparto. Sin embargo, los gobiernos son en general reticentes a superar resistencias sociales y a elevar las edades de retiro a fin de atenuar ese desequilibrio. Sólo por este motivo inevitablemente caen las jubilaciones con relación al nivel de los salarios y al de los aportes.

Pero está también la segunda razón, que algunos califican acertadamente como estafa: el uso político de los fondos acumulados en desmedro de su protección y la generación de un rendimiento lógico. Un didáctico video de la Fundación Libertad y Progreso (https://www.youtube.com/watch?v=4oxH6jWQHOk&list=) muestra que si una persona con un sueldo mínimo en la Argentina hubiera destinado a construir casas las mismas sumas que aportó a la Anses a lo largo de su vida activa, a los 65 años tendría 3,5 casas de 46.000 dólares cada una, cuyos alquileres duplicarían lo que recibe mensualmente como jubilación mínima. Además, esos inmuebles quedarían en herencia para sus hijos. Resulta así que en el manejo de sus aportes el Estado se quedó con la mitad y además lo privó de la propiedad de su ahorro. La quita sería aún mayor para sueldos más altos. He ahí la estafa.


En nuestro país hay una oposición ideológica muy extendida hacia el sistema alternativo de jubilación denominado de capitalización, que estuvo vigente entre 1995 y 2008. En efecto, en 1995 se transformó el sistema ante la evidencia de la insostenibilidad del régimen de reparto y se derivó al nuevo de capitalización la mayor parte de los aportantes activos. Se inició un período crítico durante el cual ese desvío de los aportes redujo los ingresos de la Anses, que debía continuar pagando mensualmente a los jubilados y pensionados ya existentes. Para que eso fuera posible fue necesario entregar a ese organismo el 15% de la masa de impuestos nacionales coparticipables con las provincias. La situación fiscal del gobierno nacional se perjudicó, aunque al no producir el régimen remanente de reparto nuevos jubilados, en pocos años por los fallecimientos se superaría el desequilibrio. Doce años después, cuando ya se estaba cerca de lograrlo, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner liquidó el sistema de capitalización, confiscó los fondos acumulados y derivó los aportes al restablecido sistema de reparto.

El principal argumento alegado para destruir aquel sistema y confiscar los ahorros fue el supuesto elevado monto de las comisiones que cobraban las AFJP que administraban los fondos. Visto ahora esto retrospectivamente, resulta que no es así. En nuestro sistema de reparto el Estado se queda con el 50% a lo largo de la vida activa del aportante. Y además retiene la propiedad. Las comisiones de las AFJP, netas del seguro, que en 2008 se habían reducido, al cabo de toda la vida activa alcanzarían alrededor de un 9% del fondo acumulado, una quinta parte de lo que el Estado se queda en el sistema de reparto. Además, las AFJP sólo administraban y su comisión debía compensarse con el rendimiento de los fondos, sin quedarse con la propiedad de lo aportado.


La confiscación de 2008 produjo un transitorio alivio al fisco nacional, siendo ese uno de los principales motivos de haberla aplicado, satisfaciendo también una concepción ideológica estatista. Las comisiones de las AFJP en todo caso reclamaban más correcciones y no la destrucción del sistema. Se afectó seriamente el derecho de propiedad, la confianza en el país y se recreó un enorme pasivo fiscal de largo plazo. Para peor, se volvió a la práctica política de la estafa. Los fondos confiscados que constituyeron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y los aportes corrientes fueron aplicados a financiar el déficit fiscal u obras públicas de escasa o nula rentabilidad, o el Plan Procrear, con tasas de interés por debajo del mercado, entre otras cosas.

El desequilibrio se agravó al admitirse la jubilación de alrededor de tres millones de personas que no habían hecho aportes. Esta pesada herencia recibida por el gobierno del presidente Macri vino acompañada por cientos de miles de juicios por reclamos jubilatorios que están siendo gradualmente resueltos con los fondos percibidos por el fisco como comisiones del blanqueo instrumentado por la ley de reparación histórica.

Ante la insuficiencia de los recursos propios, ha sido necesario canalizar hacia el sistema previsional fondos provenientes de otros impuestos. El acuerdo con las provincias así lo admite y tendrá inevitablemente que incrementarse. La reciente sanción de la ley previsional no modifica en absoluto el desequilibrio intrínseco del sistema. La opción voluntaria de extender el período activo hasta los 70 años es solo un paso muy pequeño.

El restablecimiento de un sistema mixto de capitalización y reparto podría ser una decisión correcta. Sin duda enfrentaría un rechazo muy amplio del espectro político, incluyendo aliados dentro de Cambiemos. Ha habido en estos últimos años una intensa prédica de condena a ese sistema, que ha alcanzado hasta los manuales escolares. Lo que puede y debe hacerse es un aumento gradual de la edad jubilatoria, tendiendo a igualar la de hombres y mujeres. Esto no impediría sino que complementaría la opción voluntaria de continuar trabajando luego de la edad legal de retiro.
El sistema de jubilaciones reclama más reformas
Urge resolver el colapso del régimen previsional desterrando el uso político que se ha dado a esos fondos

MIÉRCOLES 27 DE DICIEMBRE DE 2017
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La reciente sanción de una ley de jubilaciones trató cuestiones principalmente relacionadas con propósitos más coyunturales que estructurales. Con excepción de la opción de continuar trabajando hasta los 70 años, los cambios más relevantes atienden a los procedimientos de ajuste y a los acuerdos fiscales entre el gobierno nacional y las provincias.

El sistema de jubilaciones denominado de reparto está en crisis en casi todos los países en los que es aplicado. Hay dos razones para que ello ocurra. Una es estructural y está relacionada con una cuestión demográfica propia del cambio sociocultural. La otra resulta del aprovechamiento indebido que realizan los gobernantes de los fondos acumulados en las cajas de jubilaciones. Su uso con otros fines va en desmedro de la jubilación que recibirán quienes obligatoriamente debieron aportar.


El aumento de la esperanza de vida, la disminución de la natalidad y el consiguiente envejecimiento de la población fueron quebrando el equilibrio entre aportantes y beneficiarios, o sea, entre los ingresos y egresos. La medicina seguirá venciendo muchas enfermedades causantes de mortalidad, prolongando así la vida media. La esperanza de vida en la Argentina, que en 1960 era de 68 años para mujeres y 62 para hombres, aumentó en 2015 a 80 y 72 años, respectivamente. Por otro lado, los cambios culturales propenden a un mayor control de la natalidad y a una reducción del número de hijos. En definitiva, hay una tendencia estructural para que se produzca un desajuste creciente en los sistemas de reparto. Sin embargo, los gobiernos son en general reticentes a superar resistencias sociales y a elevar las edades de retiro a fin de atenuar ese desequilibrio. Sólo por este motivo inevitablemente caen las jubilaciones con relación al nivel de los salarios y al de los aportes.

Pero está también la segunda razón, que algunos califican acertadamente como estafa: el uso político de los fondos acumulados en desmedro de su protección y la generación de un rendimiento lógico. Un didáctico video de la Fundación Libertad y Progreso (https://www.youtube.com/watch?v=4oxH6jWQHOk&list=) muestra que si una persona con un sueldo mínimo en la Argentina hubiera destinado a construir casas las mismas sumas que aportó a la Anses a lo largo de su vida activa, a los 65 años tendría 3,5 casas de 46.000 dólares cada una, cuyos alquileres duplicarían lo que recibe mensualmente como jubilación mínima. Además, esos inmuebles quedarían en herencia para sus hijos. Resulta así que en el manejo de sus aportes el Estado se quedó con la mitad y además lo privó de la propiedad de su ahorro. La quita sería aún mayor para sueldos más altos. He ahí la estafa.


En nuestro país hay una oposición ideológica muy extendida hacia el sistema alternativo de jubilación denominado de capitalización, que estuvo vigente entre 1995 y 2008. En efecto, en 1995 se transformó el sistema ante la evidencia de la insostenibilidad del régimen de reparto y se derivó al nuevo de capitalización la mayor parte de los aportantes activos. Se inició un período crítico durante el cual ese desvío de los aportes redujo los ingresos de la Anses, que debía continuar pagando mensualmente a los jubilados y pensionados ya existentes. Para que eso fuera posible fue necesario entregar a ese organismo el 15% de la masa de impuestos nacionales coparticipables con las provincias. La situación fiscal del gobierno nacional se perjudicó, aunque al no producir el régimen remanente de reparto nuevos jubilados, en pocos años por los fallecimientos se superaría el desequilibrio. Doce años después, cuando ya se estaba cerca de lograrlo, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner liquidó el sistema de capitalización, confiscó los fondos acumulados y derivó los aportes al restablecido sistema de reparto.

El principal argumento alegado para destruir aquel sistema y confiscar los ahorros fue el supuesto elevado monto de las comisiones que cobraban las AFJP que administraban los fondos. Visto ahora esto retrospectivamente, resulta que no es así. En nuestro sistema de reparto el Estado se queda con el 50% a lo largo de la vida activa del aportante. Y además retiene la propiedad. Las comisiones de las AFJP, netas del seguro, que en 2008 se habían reducido, al cabo de toda la vida activa alcanzarían alrededor de un 9% del fondo acumulado, una quinta parte de lo que el Estado se queda en el sistema de reparto. Además, las AFJP sólo administraban y su comisión debía compensarse con el rendimiento de los fondos, sin quedarse con la propiedad de lo aportado.


La confiscación de 2008 produjo un transitorio alivio al fisco nacional, siendo ese uno de los principales motivos de haberla aplicado, satisfaciendo también una concepción ideológica estatista. Las comisiones de las AFJP en todo caso reclamaban más correcciones y no la destrucción del sistema. Se afectó seriamente el derecho de propiedad, la confianza en el país y se recreó un enorme pasivo fiscal de largo plazo. Para peor, se volvió a la práctica política de la estafa. Los fondos confiscados que constituyeron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y los aportes corrientes fueron aplicados a financiar el déficit fiscal u obras públicas de escasa o nula rentabilidad, o el Plan Procrear, con tasas de interés por debajo del mercado, entre otras cosas.

El desequilibrio se agravó al admitirse la jubilación de alrededor de tres millones de personas que no habían hecho aportes. Esta pesada herencia recibida por el gobierno del presidente Macri vino acompañada por cientos de miles de juicios por reclamos jubilatorios que están siendo gradualmente resueltos con los fondos percibidos por el fisco como comisiones del blanqueo instrumentado por la ley de reparación histórica.

Ante la insuficiencia de los recursos propios, ha sido necesario canalizar hacia el sistema previsional fondos provenientes de otros impuestos. El acuerdo con las provincias así lo admite y tendrá inevitablemente que incrementarse. La reciente sanción de la ley previsional no modifica en absoluto el desequilibrio intrínseco del sistema. La opción voluntaria de extender el período activo hasta los 70 años es solo un paso muy pequeño.


El restablecimiento de un sistema mixto de capitalización y reparto podría ser una decisión correcta. Sin duda enfrentaría un rechazo muy amplio del espectro político, incluyendo aliados dentro de Cambiemos. Ha habido en estos últimos años una intensa prédica de condena a ese sistema, que ha alcanzado hasta los manuales escolares. Lo que puede y debe hacerse es un aumento gradual de la edad jubilatoria, tendiendo a igualar la de hombres y mujeres. Esto no impediría sino que complementaría la opción voluntaria de continuar trabajando luego de la edad legal de retiro.

sábado, 23 de diciembre de 2017

BUSCAN MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL ESTADO


La Nación,  23-12- 2017
Paula Urien

El Ministerio de Modernización prepara un nuevo proyecto de ley para presentarlo en el Congreso en 2018, con el que busca ordenar, entre otras cuestiones referidas a la gestión del empleo público, los números de las nóminas que pertenecen al Estado.

La cartera que comanda Andrés Ibarra tiene contabilizada la cantidad de personas que trabajan en el sector público nacional: 740.677 pertenecen a la administración central. Pero provincias y municipios no terminan de informar cuántos empleados tienen y cuál es su masa salarial. Se estima que, en total, hay alrededor de 3,5 millones de empleados públicos, pero esta cifra podría ser bastante mayor.

Estos y otros temas se tocaron anteayer durante la reunión del Consejo Federal de Modernización e Innovación Pública, en la Casa Rosada, con la presencia de Ibarra y representantes del área de Modernización de todas las provincias.
Los lineamientos principales que se van a presentar a consideración del Poder Legislativo tienen como objetivo "institucionalizar como política de Estado el proceso de modernización de la gestión pública", e incluye no sólo la gestión pública nacional, sino también la provincial y la municipal, a quienes el gobierno nacional "invitará" a adherirse a la ley en caso de que sea aprobada.

"¿Por qué queremos una ley de modernización?", se pregunta Ibarra, en diálogo con LA NACION: "Queremos que sea obligatoria la generación de información y el hecho de brindar esa información", dice. "Es un problema cuando hay datos de relativa veracidad. No todos tienen sistemas de gestión donde se incorporan las altas, las bajas, la movilidad. Se necesita un Estado que tenga estos sistemas de gestión para saber cuántos empleados trabajan, cuánto cobran, cuántos días de licencia tienen y qué tipo de licencias son, por ejemplo. En el Estado nacional estamos bastante bien, pero en las provincias hay de todo".

En Modernización aclaran que todavía hay un abismo entre la gestión de la provincia de Buenos Aires o Córdoba, por ejemplo, y otras provincias. "Hay municipios que ni siquiera tienen una computadora", agrega. Se trata, según se esboza en los objetivos del proyecto de ley de modernización del Estado, de implementar las "herramientas tecnológicas y de gestión que den respuesta eficiente y eficaz a las necesidades, derechos y obligaciones de las personas".
Detalles

Tres ejes fundamentales componen la propuesta contenida en la nueva ley para modernizar al Estado:
1-Gobierno digital y modernización administrativa: busca incorporar nuevas tecnologías a los procesos administrativos del Estado, a través de sistemas electrónicos de gestión. "Este año, por ejemplo, se capacitaron 120.000 empleados públicos en la gestión y manejo de expedientes electrónicos", dice Ibarra.
En este punto se hace también referencia a mejorar la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos para "fomentar la universalidad de los servicios digitales públicos", con servicios inclusivos (Wi-Fi público y gratuito en las plazas, por ejemplo, y puntos digitales en comunidades vulnerables para la capacitación en tecnología).
Propone también la participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas y, como método para mejorar la transparencia, sistemas electrónicos de compras y contrataciones públicas.

2-Empleo público: este punto habla de "mecanismos de selección transparentes, promoción de la carrera pública mediante el mérito, la evaluación de desempeño y la capacitación constante". Aquí, un punto clave: "Información sobre empleo público con datos adecuados y comparables a nivel nacional". La política salarial, quizá la más asociada a la gestión de empresas, "considerará rubros salariales asociados a la productividad y cumplimiento de objetivos", dice el proyecto. También hace referencia a "estructuras y dotaciones adecuadas a las necesidades de gestión".


3-Intercambio de información, servicios compartidos y seguridad: este punto habla de implementar en todo el territorio nacional servicios digitales de calidad, además de garantizar la "interoperabilidad entre las administraciones públicas, generando intercambio y colaboración mutua".

jueves, 21 de diciembre de 2017

PARLAMENTO NORUEGO VOTA A FAVOR DE DESPENALIZAR EL CONSUMO DE DROGAS

Otro país que cae en el sofisma: no se legalizan las drogas, sólo se despenaliza el consumo.

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 Butler
The Huffington Post, 19-12-17

El Parlamento noruego, también conocido como Storting, ha comenzado el proceso para despenalizar el consumo de drogas y enfatizar en las opciones de tratamiento.

El consumo de drogas, desde marihuana hasta la cocaína y heroína se despenalizará bajo este plan, similar al sistema de Portugal, que los reformistas de legislaciones antidrogas de todo el mundo han considerado como una opción preferible en vez de encarcelar a los consumidores de drogas. La mayoría del Parlamento noruego, conocido como el Storting, apoyó el plan.

Un informe del Centro Europeo de Monitoreo de Drogas y Toxicomanías encontró a principios de este año que el 8.6% de los noruegos de entre 16 y 34 años habían consumido cannabis (marihuana) el año pasado, el 2.2 % consumió cocaína y un 1.2 por ciento MDMA (éxtasis). El informe también encontró que había más de 48,000 delitos por drogas en Noruega, mientras que en 2014 hubo 266 muertes por sobredosis en el país.


El resultado parlamentario, sin embargo, no despenaliza automáticamente las drogas ilícitas en Noruega. La votación ordena al gobierno comenzar a realizar cambios en las leyes para reflejar el resultado de la votación. Aún no hay un proyecto de ley que promulgue el cambio, según el Parlamento.

"La mayoría del parlamento ha pedido al gobierno que se prepare para la reforma", dijo un vocero de Storting a Newsweek. "Ha comenzado un proceso político ... es solo el punto de partida".

Bajo el plan, los usuarios que sean atrapados con pequeñas cantidades de droga serán colocados en programas de tratamiento.

El gobierno "dejará de castigar a las personas que están batallando y, en cambio, les otorgarán ayuda y tratamiento", dijo Nicolas Wilkinson, vocero de salud del partido Socialista de Izquierda, al medio de comunicación noruego VG. "Este es el comienzo de una gran reforma urgente. Se está haciendo un gran esfuerzo para pasar de la sanción a la ayuda".

Sveinung Stensland, vicepresidente del comité de salud de Storting, le dijo a VG que Noruega no legalizaría las drogas, solo despenalizaría su uso.

"El cambio llevará algo de tiempo, pero eso significa una visión diferente: aquellos que tienen un problema de abuso de sustancias deben ser tratados como enfermos y no como criminales con sanciones clásicas, como multas y encarcelamiento", dijo a VG.

Portugal despenalizó las drogas en 2001 después de años de duras políticas que no tuvieron un efecto significativo en el consumo de drogas o las muertes. En lugar de multar o encarcelar a consumidores de drogas que eran sorprendidos con pequeñas cantidades, el gobierno comenzó a colocarlos en programas de tratamiento y asesoramiento.

Un informe de 2014 de Transform Drug Policy Foundation descubrió que el número total de personas en Portugal que consumieron drogas en algún momento de sus vidas aumentó después de la despenalización en 2001 hasta 2012, pero el número de personas que consumieron drogas en algún momento del año o mes antes de ser encuestadas, en realidad disminuyó, lo que significa que menos consumidores consumían drogas regularmente.

Según el informe, las muertes relacionadas con las drogas, como los casos de VIH y SIDA entre los consumidores de drogas y las tasas generales de consumo de drogas disminuyeron drásticamente entre 2001 y 2012 en Portugal.

"Es importante para todas las partes involucradas en esto que se trate de reformas a gran escala: como apoyar a las personas y ayudarlas a salir del abuso de drogas", dijo Wilkinson.


"Si tenemos que esperar otro año para que esto realmente funcione, vale la pena".