domingo, 26 de enero de 2020

NOMBRAMIENTO CUESTIONABLE


El pasado incómodo de Edgardo Esteban, el nuevo director del Museo Malvinas

Por Christian Sanz


Tribuna de Periodistas -26/01/2020 1 508

Refiere al nombramiento del periodista ultra K Edgardo Esteban como director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Una institución que depende del Ministerio de Cultura de la Nación y que fue creada en junio de 2014.

“Nacido el 20 de junio de 1962, a los 18 años, mientras hacia el servicio militar obligatorio en el Regimiento 4 de Artillería Aerotransportada de Córdoba, Esteban tuvo que combatir en la Guerra de Malvinas el 25 de abril de 1982, donde integró el Grupo de Artillería Aerotransportado 4”, asegura la agencia de noticias Télam al mencionarlo.

Lo que se omite decir es que se trata de un hombre severamente cuestionado por sus propios compañeros de armas.

Todo arrancó en 2005 cuando se estrenó la película argentina “Iluminados por el fuego”. El film estaba basado en el libro homónimo, escrito por Esteban.

Rápidamente, los veteranos de Malvinas salieron a contar que este último casi ni participó de la guerra, ya que se resguardaba en una casa.

Más aún: revelaron que Esteban abandonó su guardia en donde posteriormente murió en un bombardeo naval el conscripto Eduardo Vallejos, quien no debería haber estado en esa posición en ese momento.

Isidro Vallejos, padre del malogrado soldado, lo había contado con lujo de detalles en 1999 ante una consulta de diario Clarín.

“Edgardo Esteban miente, me hace reír lo que dice... ¡Si él era un acomodado! Eduardo tuvo que reemplazarlo esa noche en la trinchera porque él era asistente del subteniente y se salvó de hacer guardia”.

Clarín recuerda que en 1982 en la trinchera estaban Vallejos y Roberto Pintos: “La bomba inglesa explotó a dos metros del pozo y las esquirlas hirieron de muerte al muchacho. Después falleció en el hospital. Pintos se salvó porque se tiró primero y encima de él cayó Vallejos”.

En ese contexto, Vallejos padre aporta: “Por eso mi hijo recibió las esquirlas y murió”.

A pesar de ese cruel antecedente, Esteban logró escalar y llegó a ser designado corresponsal de Telesur en la Argentina.

A ello se suma el “regalo” que le brinda ahora el neo kirchnerismo de dirigir el Museo Malvinas.

Nunca mejor dicha aquella frase que describe esta Argentina: “País generoso”.


NEGOCIACIONES DE DEUDA Y PROYECTO DE LEY AL CONGRESO

Por Héctor GIULIANO
(24.1.2020)

El 21.1 el gobierno del presidente Alberto Fernández, a través del Ministerio de Economía (MECON) a cargo de Martín Guzmán envió al Congreso un Proyecto de Ley (PL) titulado “PL de Gestión de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa” mediante el cual – según dice el Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) - se declara prioritaria para el interés de la República Argentina (RA) la restauración de dicha sostenibilidad en los términos del artículo 65 de la Ley 24.156 de Administración Financiera.
El objeto del presente trabajo es analizar cuál es el sentido de este PL, cuál la operatoria que establece y cuál el contexto dentro del que sería aplicado.

SENTIDO DEL PROYECTO
La Ley 27.541 de Emergencia Pública, recientemente aprobada por el Congreso (23.12 pasado), ya le confiere amplísimas facultades delegadas al PEN para renegociar lo que quiera en materia de Deuda Pública.[1]
Ahora bien, qué significa Sostenibilidad de la Deuda ?
La palabra Sostenibilidad (no Sustentabilidad) deriva de Sostenible y según la RAE (Real Academia Española) hace referencia a lo que puede mantenerse a lo largo del tiempo sin agotarse o causar daños graves.

El término Sostenibilidad aplicado a las Finanzas del Estado y a la Deuda Pública en particular debiera asimilarse al de Solvencia, esto es, a la capacidad de repago de las obligaciones financieras del Fisco.
Empero esta premisa elemental no se cumple en materia de Endeudamiento Público en la Argentina y también en la mayor parte del Mundo porque se parte de la base que las Deudas del Estado nunca se cancelan sino que siempre se refinancian, es decir, se reestructuran bajo un régimen de Deuda Perpetua.

El propio ministro Guzmán lo recordó expresamente el otro día diciendo: “Se sirven los intereses, pero ningún país del mundo paga las amortizaciones de capital. Se refinancian.” (La Nación, 22.1.2020, página 8).
Ergo, lo que el nuevo PL busca autorizar es que – contando con una amplísima delegación de facultades – el gobierno Fernández pueda renegociar cualquier cosa en el marco del Sistema de Re-endeudamiento Permanente del Estado (como lo hicieron todas las administraciones anteriores, incluyendo las de Kirchner).
El nuevo PL no hace referencia alguna ni fija limitaciones ni da detalles acerca de la oferta de refinanciamiento que el Gobierno presentaría a los Acreedores en función de las facultades que le otorga este proyecto.

Se trata de una delegación abierta y prácticamente ilimitada del Congreso al Ejecutivo, sin indicar restricciones y que, como agravante, es redundante con los términos ya delegados por la Ley 27.541 de Emergencia Pública: un verdadero “cheque en blanco” para que el gobierno Fernández pueda negociar cualquier cosa.[2]

OPERATORIA DEL PROYECTO
En realidad, la operatoria propiamente dicha que autoriza el PL ya ha sido vista en las notas 1 y 2 del acápite anterior y en el Anexo Final, por lo que éste acápite se va a referir específicamente a tres aspectos centrales que están relacionados entre sí,  que hacen a la naturaleza y alcance el Proyecto y a la identificación de los Acreedores:

a) NATURALEZA DEL PL
El PL PEN sobre Sostenibilidad de la Deuda Pública a ser reestructurada contiene una delegación cuasi-ilimitada y redundante de facultades al Ejecutivo que no justifican el dictado de una nueva ley al efecto.
Por otra parte, ninguna de estas autorizaciones y/o facultades delegadas son nuevas.
Las Leyes 24.156 de Administración Financiera del Estado[3] y 27.541 de Emergencia Pública[4] ya conceden facultades delegadas amplísimas al Gobierno Fernández que hacen innecesario otra ley nueva sobre lo mismo.[5]

La única novedad que surge y/o se infiere del texto del PL es la existencia de un fuerte y duro condicionamiento de los Acreedores Financieros del Estado sobre la administración Fernández para que el actual gobierno tenga las manos totalmente libres para poder aceptar cualquier cosa que se negocie, contando para ello con todas las coberturas jurídicas del caso, dejando a cargo de los funcionarios argentinos un grado de discrecionalidad en la aceptación de condiciones que no los comprometa como tales y garantizando a los tenedores de bonos la no intervención del Congreso.

b) ALCANCE DE LA DEUDA
Es importante destacar que el PL se refiere solamente a la Deuda Pública Externa y no a la Deuda Total del Estado (Externa e Interna).
Esto significa que los Acreedores Internos – que según el Criterio de Residencia son aquéllos que tienen domicilio declarado en nuestro país – no están alcanzados en forma directa por el presente Proyecto.

El detalle no es menor por cuanto gran parte de los acreedores – básicamente grandes Fondos de Inversión de Riesgo (Hedge Funds o Fondos Buitre) – pudieran actuar así indistintamente como Acreedores Internos o Externos después del gran cambio de manos que tuvieron los bonos argentinos desde la Crisis de Deuda Macri del 2018 hasta la fecha por haberse realizado importantes compras de bonos-basura de nuestro país que fueron adquiridos por los nuevos Fondos Buitre hasta un 40 y un 30 % de su valor y ahora son reclamados al Estado Argentino a su valor facial o nominal de 100.

Para ello es exigencia o requisito clave a favor de los acreedores que el gobierno Fernández – lo mismo que antes el de Macri – no blanquee la realidad de la insolvencia argentina (es decir, que no reconozca el Default de la Deuda porque ello provocaría una caída adicional en el valor de cotización de los títulos), que el gobierno Fernández les acepte la fórmula de servidumbre de mantener los pagos de la Deuda Deuda mientras se negocia y que mantenga la Política de Reperfilamiento o diferimiento de plazos que se prolongan así a las tasas de interés más caras del Mundo.

En este aspecto, el alcance del PL restringido a la Deuda Externa Pública es engañoso, peligroso y equívoco porque el 50 % de la Deuda – 324.000 MD (Millones de Dólares al 30.9.2019) - según Criterio de Residencia del Acreedor es Externa pero el 80 % de la Deuda está contraído en moneda extranjera, de modo que el objetivo subyacente del PL en cuanto a preservar las reservas en divisas del Banco Central (BCRA) no necesariamente se cubre con este Proyecto puesto que hay gran parte de la Deuda Interna que está en Moneda Extranjera y/o indexada por tipo de cambio. 

c) IDENTIFICACIÓN DE LOS ACREEDORES
Conforme lo hemos planteado y desarrollado desde hace años y hasta el presente, el primer paso – concreto e indispensable en todos los casos de Crisis de Deuda, por falta de capacidad de pago, para tratar de reestructurar pasivos - sean del Estado o de cualquier Particular o Empresa - es conocer quiénes son nuestros acreedores, esto es, quiénes son los tenedores de los títulos a ser refinanciados y en qué condiciones, ya que – por analogía con el Derecho Concursal - es la regla en toda convocatoria de acreedores.     
Esto permitiría saber con quiénes está negociando realmente el gobierno Fernández, cumplir con reglas elementales de transparencia de la información pública y garantizar que las autoridades no sean cómplices en la práctica del anonimato de los capitales financieros que hoy estrangulan nuevamente las Finanzas del Estado Argentino.
La clave reside en la realización de un  Censo completo de Acreedores – que el autor de esta nota ha propuesto al MECON y desarrollado en un trabajo reciente hecho llegar a las autoridades a fines de Diciembre - pero aparentemente los altos funcionarios intervinientes – siguiendo una tradición institucional al respecto – mantienen este asunto en secreto.
No parece casual entonces, en el campo de las negociaciones en curso, que se hable más de cuestiones ligadas al reperfilamiento o pateo para delante de las obligaciones que de posibles mejoras en cuanto a Quitas de Capital y/o rebaja de las Tasas de Interés.

Ni que las declaraciones públicas de los funcionarios de gobierno pongan más énfasis en las frases hechas para la galería que en los puntos concretos y de fondo dentro de las negociaciones que se están realizando.

CONTEXTO FINANCIERO-POLÍTICO
Como ha sido destacado en forma sintomática, en su anuncio de remisión del PL al Congreso – para su tratamiento con carácter de urgente - el Ministro Guzmán se refirió a las facultades adicionales (reiterativas o redundantes) del proyecto pero no hizo ninguna referencia a los lineamientos de la o las propuestas que serían planteadas a los Acreedores ni a los verdaderos propósitos del nuevo cheque en blanco que el Ejecutivo pide al Parlamento para negociar en forma irrestricta lo que quiera (o lo que le impongan aceptar).
Este aspecto es tanto o más engañoso y peligroso que el sentido de la iniciativa, su naturaleza y sus alcances.

El punto más importante es, en definitiva, el de formalizar – una vez más – la autorización institucional para continuar emitiendo Deuda con prórroga de jurisdicción a Tribunales Extranjeros – clave o esencia de la exigencia de los acreedores en función de sus intereses – con lo que se mantendría la sujeción del Estado Argentino a controversias que se dirimirían así obligatoriamente en otros países, fundamentalmente bajo la legislación norteamericana del Estado de Nueva York.

Punto éste que precisamente desde el punto de vista histórico, jurídico y financiero, ha sido la clave o divisoria de aguas de los problemas de defensa argentina frente a los embates especulativos externos, de los que la Cuestión de los Holdouts fue el ejemplo paradigmático de las peores consecuencias de tales males.
Dado el énfasis puesto por el gobierno de Alberto Fernández en centralizar el PL en el tema de la prórroga de jurisdicción ante tribunales foráneos - aunque este requisito ya está establecido, autorizado y ratificado por otras delegaciones existentes - parece que tal punto reviste carácter especial para las negociaciones hoy en curso y estarían lógicamente ligadas al objetivo básico de la nueva reestructuración  de Deuda Pública que se está desarrollando.

Porque cabe recordarlo – y esto es muy importante - que el objetivo básico de todas las conversaciones con los miembros del llamado Club de la Deuda – Acreedores, Bancos Agente/Colocadores, Asesores Financieros/Jurídicos, Agencias Calificadoras de Riesgo, Bróker/Corredores de Bolsa en general, etc. -  así como los Organismos Multilaterales de Crédito intervinientes (con el Fondo Monetario a la cabeza), desde la gestión del gobierno Macri hasta la actual de Fernández han tenido y siguen teniendo por base un acuerdo definido de consuno, que es lograr un Nuevo Megacanje para que la Argentina retorne al Mercado Internacional de Capitales, justamente para volver a endeudarse.
Que tal es el objetivo final de todas las “negociaciones” que se están produciendo en torno a la nueva Crisis de Deuda por falta de Liquidez y Solvencia de la Argentina.

EN SÍNTESIS:
a) El PL de Sostenibilidad de la Deuda, estrictamente hablando, es innecesario, engañoso y hasta contradictorio en sí mismo porque no establece bases para una verdadera Solvencia Fiscal – que es la capacidad de repago de las obligaciones del Estado que garantice una cancelación definitiva de tales compromisos – sino al revés, porque faculta en forma irrestricta al gobierno Fernández para que firme cualquier cosa a los efectos de una Sostenibilidad que es sólo continuidad o refinanciación dentro de un Sistema permanente de Deuda Pública.

b) El PL está centrado en la Deuda Pública Externa – no Interna del Estado – y ratifica el principio de Prórroga de Jurisdicción ante Tribunales Extranjeros, que es un prerrequisito exigido por los acreedores y el FMI como garantía jurídica en contra de las posibilidades de defensa legal de la Argentina en caso de nuevas Crisis de Deuda.

c) El allanamiento del PL a las exigencias de los Acreedores y del FMI deja en condiciones tanto o más vulnerables a nuestro país frente a reclamos privados externos y deja abierta a la vez la puerta a la corrupción institucional de los miembros del llamado Club de la Deuda, que es el conjunto de personas e instituciones que se mueven en el sub-mundo financiero internacional - al amparo del anonimato de los verdaderos actores - a través de los grandes negociados internacionales de las reestructuraciones de Deuda Externa de los países.

Es así como la tríada Gobierno de Turno–Clase Política–Medios, con el ritornello o estribillo de la pesada herencia recibida, oculta nuevamente a la Opinión Pública el clásico juego de fondo de las deudas traspasadas, hoy las del tándem funcional Macri-Fernández en materia de re-endeudamiento del Estado Argentino, que tendría como ultimátum de arreglo forzoso el 31.3.2020, al finalizar el Plan Verano.


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ANEXO: LEY 27.249 SOBRE ARREGLO CON LOS HOLDOUTS (31.3.2016)
Esta  Ley derogó y/o modificó varias leyes que obstaculizaban el cumplimiento de los acuerdos secretos con los Holdouts: Leyes 26.017, 26.547, 26.886, 26.984 y 27.198. 


El Artículo 10 de la Ley dice: Autorízase a la Autoridad de Aplicación (el MECON) a realizar todos aquellos actos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley, incluyendo, sin limitación, a:
a) La determinación de las épocas y plazos de participación en las ofertas de cancelación de deuda;
b) La determinación de las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de los nuevos títulos públicos;
c) La designación de instituciones financieras que participarán en la colocación de los nuevos títulos públicos y la contratación de otros empréstitos de crédito público;
d) La suscripción de acuerdos con entidades financieras colocadoras de los nuevos títulos públicos a emitirse, previéndose, para ello, el pago de comisiones en condiciones de mercado, las que en ningún caso podrán superar el cero coma veinte por ciento (0,20%) del monto de emisión;
Nota: En el PL Fernández-Guzmán esto se corrige ahora por 0.1 %.
e) La preparación y registración de un programa de títulos públicos ante los organismos de control de los principales mercados de capitales internacionales;
f) La suscripción de acuerdos con agentes fiduciarios, agentes de pago, agentes de información, agentes de custodia, agentes de registración y agencias calificadoras de riesgo que sean necesarios tanto para las operaciones de cancelación de deuda como de emisión y colocación de los nuevos títulos públicos, previéndose el pago de los correspondientes honorarios y gastos en condiciones de mercado; y
g) El pago de otros gastos necesarios de registración, impresión, distribución de prospectos, traducción y otros gastos asociados, los que deberán ser en condiciones de mercado, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en la presente ley.
Artículo 11. Exímese a las operaciones comprendidas en la presente ley del pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro, y de las restricciones cambiarias que puedan aplicarse a las operaciones contempladas en la presente ley.
Se trata de un ejemplo concreto de la correspondencia del tándem Macri-Fernández en materia de tratamiento del problema de la Deuda Pública Argentina con los Acreedores financieros del Estado.


[1] La Ley 27.541, de Emergencia Pública – denominada “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública” declara en su artículo 1 la emergencia en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y delega en el PEN toda una serie de facultades para su instrumentación por parte el gobierno hasta el 31 de diciembre del corriente año.
El artículo 2 especifica las bases generales de tal delegación, la primera de las cuales es: “a) Crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la que deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos;”
Y el artículo 3 faculta expresamente y en términos completamente amplios al PEN “a llevar adelante las gestiones y los actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina.”

[2] El artículo  4  del PL autoriza a la Autoridad de Aplicación  - que es el MECON – para realizar “todos aquellos actos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley incluyendo, sin limitación (el destacado es nuestro), a”:
a) Emitir nuevos títulos públicos a efectos de modificar el perfil de vencimientos dé intereses y amortizaciones de capital para restaurar la Sostenibilidad de la Deuda Púbica Externa, en los términos del artículo 1 de la presente Ley.
b) Determinar las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de nuevos títulos públicos.
c) Designar instituciones y/o asesores financieros para que actúen como coordinadores en la estructuración;
d) Designar instituciones y/o asesores financieros para que actúen corno agentes colocadores y/o en la ejecución de las operaciones de crédito público y/o para que actúen en la administración de manejo de pasivos y/o emisión de nuevos títulos y/o la contratación de otros empréstitos de crédito público.
e) Aprobar y suscribir contratos con entidades y/o asesores financieros para que presten los servicios enumerados en los incisos precedentes, previéndose para ello, el pago de comisiones en condiciones de mercado, las que en ningún caso podrán superar el cero coma uno por ciento (0,1%) por todo concepto del monto efectivamente canjeado y/o reestructurado, acorde a las especificaciones técnicas particulares que determine la Autoridad de Aplicación (el MECON). En forma previa a la suscripción de los contratos se deberá dar intervención a la Sindicatura General de la Nación.
f) Preparar y registrar títulos públicos emitidos en virtud del inciso a) ante los entes regulatorios y/u organismos de control y/o autoridades competentes de los mercados de capitales internacionales.
g)  Aprobar y suscribir contratos con agentes fiduciarios, agentes de pago, agentes de información, agentes de custodia, agentes de registración y agencias calificadoras de riesgo y/o aquellos agentes que resulten necesarios tanto para las operaciones de administración de pasivos como de emisión y colocación de nuevos títulos públicos, previéndose el pago de los correspondientes honorarios y gastos en condiciones de mercado acorde a las especificaciones técnicas particulares que determine la Autoridad de Aplicación. En forma previa a la suscripción de los contratos se dará intervención a la Sindicatura General de la Nación.
h) Realizar el pago de otros gastos necesarios de registración, impresión de documentos, distribución de prospectos, traducción y otros gastos asociados acorde a las especificaciones técnicas particulares que determine la Autoridad de Aplicación o a quien ésta designe, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en la presente ley.
Además:
Los contratos que se suscriban en los términos de la presente ley, no estarán alcanzados por las disposiciones del Decreto N° 1023/01, sus modifícatorios y complementarios (que es el Decreto que establece el régimen general de contrataciones públicas).
Artículo 5. Exímese a las operaciones comprendidas en la presente ley del pago de todos los impuestos, incluido el impuesto al valor agregado, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro, que puedan aplicarse a las operaciones contempladas en la presente ley.
Artículo 6. Facúltase a la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) a efectuar las modificaciones presupuestarias que resulten pertinentes para dar cumplimiento a las disposiciones de la presente ley.
El Autor de esta nota agrega tres breves comentarios y/u observaciones con respecto al articulado precedente:
1. El inciso a) del Artículo 4 – que se remite al Artículo 1 del PL – habla de “restaurar la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa” sin explicar qué se entiende por tal “restauración” ni cuáles serían los requisitos mínimos para lograrla.
2. La referencia del inciso e) del Artículo 4 al tope de comisiones del 0.1 % del monto canjeado y/o reestructurado no garantiza totalmente evitar la discrecionalidad que pueda darse en materia de Gastos, Honorarios y otros conceptos, que dependen de las “condiciones de mercado”.
3. Notablemente, el texto de todo el Artículo 4 – que concede delegaciones amplísimas para que el MECON arregle cualquier cosa con las partes intervinientes en el trámite de reestructuración de la Deuda del Estado - reproduce casi textualmente los términos de la Ley Macri 27.249, de rendición incondicional por el fallo Griesa y bajo acuerdos secretos con los Holdouts, que dice prácticamente lo mismo (Ver Anexo al Final).

[3] La Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado en su Artículo 65 dispone que “el PEN podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública ... mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales.”
Como lo hemos señalado en múltiples oportunidades, la redacción de este artículo es engañosa y totalmente permisiva y sin restricciones para cualquier gobierno dado que por lógica de Matemática Financiera siempre es posible cumplir este requisito mejorando aunque sea mínimamente una de las tres variables a costa de empeorar las otras dos (por ejemplo, plazos versus tasa de interés/monto o montos versus plazos/tasas de Interés).
[4] Ley 27.541 de Emergencia Pública, denominada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública ya hemos visto más arriba que faculta al PEN a llevar adelante todas las gestiones y los actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina.
La palabra “recuperar” tiene aquí un valor muy relativo dado que la Sostenibilidad de la Deuda no garantiza la Solvencia del Estado para cancelarla sino solamente para reestructurarla en función de un Sistema de Deuda Perpetua.
La delegación amplia y genérica de la Ley a las acciones del Ejecutivo cubren en realidad toda la operatoria descripta en el PL.
[5] También la Ley 27.467 de Presupuesto 2019 en su Artículo 45 autoriza al PEN, a través del MECON “a proseguir con la normalización de los servicios de la deuda pública referida en el artículo 44 de la presente ley, en los términos del artículo 65 de la Ley 24.156 y sus modificaciones o de la ley 27.249 de Normalización de la Deuda Pública y de Recuperación del Crédito, quedando facultado el PEN para continuar con las negociaciones y realizar todos aquellos actos necesarios para su conclusión.

LAS COMPLICIDADES DE LOS TERRORISTAS DEL MTP



que asaltaron a sangre y fuego el cuartel de La Tablada

Por Juan Bautista "Tata" Yofre
Infobae, 26 de enero de 2020


Cuando Friedrich Schlegel sostuvo que “la historia es un profeta que mira hacia atrás”, el filósofo alemán intentaba decir que hay situaciones puntuales que si no se las estudia bien pueden volver a repetirse. El 23 de enero de 1989 un grupo de terroristas, encabezados por el jefe erpiano Enrique Gorriarán Merlo, intentó ocupar al Regimiento de Infantería Mecanizada 3 (RIMec 3) en la localidad bonaerense de La Tablada, sin embargo durante muchas horas, a través de los medios oficiales, se sostenía que el ataque estaba comandado por oficiales “carapintadas”.

Américo Rial, en ese momento secretario de redacción de La Razón, un medio muy vinculado con el gobierno radical de Raúl Alfonsín, comentó varios años más tarde que el hecho fue un fiel reflejo de “cómo se manejan los entresijos más oscuros del poder político”.

Tras casi dos días de duros combates, la verdad comenzó a salir a la luz, inicialmente con notable virulencia en cuanto a la formulación del ataque y, más serenamente después, iluminando un panorama de complicidades tendientes a perjudicar a uno de los contendientes de la campaña presidencial que debía finalizar el 14 de mayo de 1989. Para que quede claro, las complicidades fueron conscientes e inconscientes. Externas e internas.

En sus Memorias, Gorriarán Merlo sostiene que la decisión de atacar al RIMec 3 se tomó el 19 de enero, es decir 4 días antes. Puede ser, pero la preparación venía de mucho antes y de muy lejos. Entre tantas fuentes, Víctor Boitano, un ex coronel del Ejército nicaragüense, le relató a la periodista televisiva María Elvira Salazar que parte del grupo subversivo se entrenó en Nicaragua, con el conocimiento de la Inteligencia de ese país y con el financiamiento del narcotráfico. Si los “nicas” lo hicieron, los cubanos por lo menos lo sabían. Sospechosamente el reportaje del canal de Miami desapareció años más tarde.


Otros agregarán que colaboró en la planificación el cubano (nacionalizado nicaragüense) Andrés Barahona López, alias Renán Monteros, jefe de la Quinta División de la Inteligencia sandinista. Por si no se lo recuerda, Monteros era el hombre que debía vincular a la guerrilla de Ernesto Guevara con los grupos subversivos bolivianos de La Paz. Cuando el “Che” llegó a Bolivia -y Fidel Castro le soltó la mano- Monteros desapareció y Guevara se quedó sin contactos. Monteros apareció en París como Agregado Militar y posteriormente llegó a Managua.

Resulta difícil imaginar que los estamentos superiores del gobierno radical ignorara un informe de mediados de 1987, elaborado por la SIDE comandada por el dirigente Facundo Suárez (conocido periodísticamente el 26 de enero de 1989) en el que se sostenía que “el Movimiento Todos por la Patria (MTP) en la actualidad está conformado mayoritariamente por elementos que integraron las filas de la organización subversiva Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y en menor medida por otros que se desempeñaron o colaboraron con la organización Montoneros. Gran parte de esos elementos fueron liberados en 1984 mediante el sistema de ‘doble cómputo’ cuando se hallaban recluidos en distintas unidades penales”.

Tras informar que la Mesa Nacional del MTP estaba presidida por Carlos Alberto Burgos e integrada entre otros por Jorge Baños y Francisco Provenzano, la SIDE hace un largo inventario de nombres de sus autoridades, seguidores, colaboradores, aliados y medios periodísticos afines. Muchos de esos nombres aún tienen algún tipo de actuación política en el país. El trabajo finaliza advirtiendo que “no sería descartable que, si sus intereses así lo impusieran, el MTP considere un eventual retorno a la lucha armada, habiendo asumido ya errores y experiencias anteriores.”

El mismo día en que Ámbito Financiero publicó el informe, por la tarde Cablevisión dio otro informe de la SIDE en el que se insistía sobre la composición y la práctica extremista del MTP y el riesgo inminente de acciones armadas.

El lunes 23 de enero de 1989, Carlos Saúl Menem, candidato presidencial del peronismo, estaba en Mar del Plata y yo formaba parte de su equipo de campaña. Era uno de los más conocidos, simplemente, porque hasta poco antes trabajaba como jefe de política del matutino Ámbito Financiero. De allí que entre las siete y media y ocho de la mañana recibí un llamado del secretario de redacción de Crónica, Mario “Manzanita” Fernández, a quien había conocido por mi amiga Alicia Barrios.


-¿Qué piensan ustedes de lo que está sucediendo en La Tablada? -me preguntaron.

-No sé nada. ¿Qué pasa?

-Hay un ataque a un cuartel militar y el gobierno dice que es la gente del coronel (Mohamed) Seineldin. El vocero presidencial José Ignacio López lo dice repetidamente.

-¿Tenés gente del diario allí?

-Sí, tengo dos móviles.

-¿Y qué te dicen?

-Dicen que los atacantes son muchachos de pelo largo y hay también mujeres.

-No es Seineldín. Es el ERP.

-¿Cómo lo sabés?

-Muy simple, fui cadete de Seineldín en el Colegio Militar (1965) y Seineldín no ataca con mujeres y muchachos de pelo largo.

Tras cortar el teléfono bajé al comedor del Hotel Hermitage, donde el candidato estaba rodeado por una multitud que se disputaba quiénes serían los que jugarían un doble de tenis en Torres de Manantiales. Le dije a Menem en voz alta que “el ERP está atacando un cuartel en La Tablada” y varios de los que lo rodeaban lo menos que hicieron fue sonreír.

Era cuestión de seguir atentamente las actividades del MTP los días previos y analizar -por lo menos ligeramente- la feroz campaña que realizaban contra Menem.

Américo Rial habrá de contar posteriormente que unos días antes del ataque una alta autoridad de La Razón le ordenó: “Ubique al doctor Jorge Baños y mande un cronista y un fotógrafo. Va a hacer unas denuncias. Es un pedido del Gobierno.”

Horas más tarde Jorge Baños realizó una denuncia sobre una conspiración para derrocar a Alfonsín encabezada por el complot de “los tres turcos”: Menem, Seineldín y el dirigente metalúrgico Lorenzo Miguel.

Las declaraciones a todos los medios se extendieron entre el 12 y 16 de enero. Como dirían días más tarde los abogados del candidato peronista, las denuncias alcanzaron “un alto voltaje de verdadero escándalo o, siendo precisos, una grave y claramente situación comprometedora de la tranquilidad pública. Una elemental sensatez indica que colocar todos los medios de información pública en manos de quien se sabe que está directamente ligado a la subversión armada equivale a otorgarle coche oficial, con chofer y guardia.”

Tras las denuncias aparecieron otras voces en la misma dirección. Frente a la ola de infundios Horacio Verbistky, avalando lo que se decía, escribió en Página 12, diario que había recibido amplio financiamiento de Gorriarán Merlo con dinero que el guerrillero mandaba del exterior “La sociedad parece cada días más dispuesta a tomar su destino en sus manos y ejercer la democracia sin aceptar más tutelas, ni de los ‘carapintadas’ ni del gobierno”. Para el columnista eran ellos y los restantes no existían.

Simultáneamente, Carlos Menem le dijo al periodista Ernesto Lucero de Radio Splendid.: “Si nosotros leemos las informaciones de prensa de estos últimos días, el ritmo espectacular que se le da a la noticia del complot que habríamos encabezado el compañero Lorenzo Miguel y el suscripto, llegamos a la conclusión de que esta maniobra está perfectamente urdida para tratar de destruir al justicialismo y posibilitar que siga ganando el radicalismo”.

Luego observó que en los conatos militares anteriores el gobierno llamo a movilizarse a la ciudadanía y que en esta oportunidad, ante el presunto ataque el Poder Ejecutivo, no se hizo nada… "Estoy pidiendo al señor Presidente de la Nación la investigación a fondo de estos acontecimientos y los nombres de los autores intelectuales”. De manera también sorprendente algunos medios intentaron involucrar en el complot al Vicepresidente de la Nación, el cordobés Víctor Martínez.

Los abogados del candidato justicialista -Pedro Narvaiz, Oscar Igounet y Honorio Leguizamón Pondal- pusieron la atención sobre “el silencio respecto de las verdaderas actividades del abogado Jorge Baños y del MTP que el Gobierno conocía.” Ese silencio de la Casa Rosada era notable.

Al margen de los que afirmaban los miembros del equipo de abogados del candidato presidencial, un informe que recibe Menem en esos días (con fecha 6 de febrero de 1989) advierte que “el grueso de los oficiales está convencido que el ataque a La Tablada ha sido responsabilidad del gobierno”. Y además aconseja “resaltar la necesidad de combatir a la subversión dentro de la ley, pero con todos los medios del Estado y sin retacearlos, como está diciendo ahora el gobierno en la discusión que se plantea en el seno del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA).”

Dentro de los escasos testimonios escritos de esas horas del asalto al RIMec 3 hay uno que merece conocerse, aunque sea parcialmente, porque revela el estado de desconocimiento del Ejército y revela que la fuerza no tenía previsto un panorama similar. Es del coronel de Caballería Jorge Echezarreta. Y cuenta que el 23 de enero al llegar al IGE (Inspección General del Ejército), donde estaba destinado, es informado por el Mayor Torello que “un grupo de desconocidos había tomado los cuarteles de La Tablada. Intentamos comunicarnos sin éxito con el RIMec 3. Ante esta situación llamamos a un teléfono de alternativa del ESCEXPBL 1 (Escuadrón de Exploración Blindado 1) y afortunadamente nos atendió el Cabo Primero Palomeque, quien nos aclaró la situación alertando que eran guerrilleros, que participaban mujeres y que había un soldado muerto. […] Al llegar el general Alfredo Arrillaga le informamos lo ocurrido” y luego éste se fue a ver al jefe del Estado Mayor General del Ejército, General Francisco Gassino.

Al regresar Arrillaga de su encuentro con su superior “ordenó a Torello que lo acompañara en helicóptero a la zona de combate y a mí que organizara un pelotón con los elementos disponible y que acudiera al lugar de vehículos.”

El pelotón de la IGE se traslado en dos vehículos mientras “por la radio del vehículo escuchábamos que informaban sobre una rebelión carapintada”.

Cuando llegaron a la zona de la Policía Montada, en ese improvisado puesto de comando se hizo una brevísima apreciación de situación, en la que participaron integrantes del Comando de Brigada X y algunos jefes de los elementos dependientes (Teniente Coronel Zamudio y Teniente Coronel Nani, luego gravemente heridos en combate).

Al entrar en la zona de combate la encontraron “saturada de fuego” y en un momento “localizamos a un guerrillero que desde el techo de la estación de servicio de la unidad arrojaba boletines, folletos, panfletos incitando al levantamiento carapintada, con menciones de acuerdos evidentemente falsos entre Menem, Lorenzo Miguel y Seineldín". El asaltante “salvó la vida milagrosamente por la sensatez de algunos uniformados que lo rescataron […] Mientras el público presente desde la avenida Crovara pedía a gritos que “los mataran a todos”.”

Una vez que el fuego de las armas cesó se comprobó que el Ejército había perdido 9 integrantes, con el Teniente Coronel Horacio Fernández Cutiellos a la cabeza, y el Teniente Coronel Emilio Nani gravemente herido. La Policía Bonaerense ofrendo 2 integrantes y el subcomisario Re quedo mutilado. La guerrilla perdió a 33 miembros.

Los asaltantes que quedaron vivos fueron juzgados y tras unos pocos años fueron liberados con argucias legales. Y el jefe terrorista, “El Pelado” Gorriarán Merlo, tras ser capturado en México en 1995 y ser condenado a prisión perpetua, a los 4 años fue indultado. Mientras tanto los que defendieron la unidad del Ejército recibieron y cumplen severas sentencias.

Si todo lo que intentó la izquierda radicalizada fue desgastar y perjudicar al candidato presidencial opositor, el resultado fue un llamativo fracaso que agravó aún más las posibilidades de vencer del gobernador cordobés Eduardo César Angelóz. Todo se dirigía hacia un previsible final: el presidente Raúl Alfonsín abandonó el poder seis mese antes.

sábado, 25 de enero de 2020

EL FORO DE SAN PABLO



es una amenaza revolucionaria vigente

POR JORGE P. MONES RUIZ
La Prensa, 24.01.2020


"El odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una eficaz, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así: un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal".

Ernesto Che Guevara (Mensaje a la Tricontinental, 1967)


Como consecuencia de la caída del Muro de Berlín en 1989 y del colapso del comunismo en la ex Unión Soviética, Fidel Castro decidió fundar una transnacional latinoamericana que le permitiera minimizar el hecho de haber perdido el apoyo, sobre todo financiero, del bloque oriental que tuvo a lo largo de tres décadas.

Para ello y con el apoyo del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil, con cierto poder parlamentario, Fidel Castro convocó en 1990, junto con Luis Ignacio Lula Da Silva, a varias organizaciones guerrilleras y grupos políticos y sociales de América latina a una reunión en la ciudad de San Pablo.

En la misma se destacó la presencia, además del PT y del Partido Comunista de Cuba, del Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Raúl Reyes, líder guerrillero colombiano, admitió en una visita a Venezuela que las FARC forman parte del llamado Foro de San Pablo); el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua; la Unión Revolucionaria Nacional de Guatemala; el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador y el Partido de la Revolución Democrática de México. En dicha reunión quedó conformada una organización que se autodenominó el Foro de San Pablo (FSP).

Varias decenas más de grupos guerrilleros y partidos de izquierda de la región se han ido sumando a lo largo de los años, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de México en enero de 1994. De la Argentina, doce organizaciones políticas: el Partido Comunista, Partido Comunista Revolucionario, Partido Humanista, Partido Intransigente, Movimiento Libres del Sur, Frente Grande, Partido Socialista, entre otras.

Hugo Chávez, líder notorio de esta plataforma política-estratégica transnacional, se sumó al Foro de San Pablo el 30 de mayo de 1995. Esto fue confirmado por Pablo Beltrán, líder del ELN, en una entrevista realizada por Globovisión el 17 de noviembre de 1999.

ANTECEDENTES

Un antecedente de este foro es la Primera Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de Asia, Africa y América Latina (la Tricontinental), reunida el 3 de enero 1966 en La Habana (Cuba). La conferencia se considera como una respuesta de los Países del Sur al colonialismo y el imperialismo. En el marco de este histórico encuentro, se creó la Ospaal (Organización de Solidaridad entre los Pueblos de Africa, Asia y América Latina).

Entre los objetivos a alcanzar por la Conferencia estaban la lucha por la liberación nacional y la consolidación de la independencia y soberanía nacional, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, apoyo a la justa causa del pueblo de Cuba contra el imperialismo yanqui, contra el apartheid y la segregación racial, a favor del desarme y la paz mundial.

En su primera sesión, Ernesto Che Guevara expresó la necesidad de conquistar la libertad e independencia de los pueblos creando "uno, dos, tres, cuatro Vietnam".

Otro antecedente, y como sucedánea de la Tricontinental, surge en agosto del año siguiente (1967), también en Cuba. Se trata de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), compuesta por diversos movimientos revolucionarios y antiimperialistas de América Latina. En su primera declaración la OLAS realizó un balance sobre las estrategias aplicadas hasta el momento y apostó claramente por la lucha armada y la guerra de guerrillas como mecanismo para extender la revolución a toda Latinoamérica, oficializando la agresión externa a nuestro país. Curiosa forma de "contribuir al desarme y a la paz mundial", como sostuvieron un año antes en la Ospaal.

LA CONDUCCION

El Foro de San Pablo contó con una orgánica centralizada: un Estado Mayor civil, dirigido entre otros por Fidel Castro, Lula, Tomás Borge (ex guerrillero sandinista y ex ministro del Interior durante el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua) y Frei Betto (sacerdote brasileño y uno de los principales referentes de la Teología de la Liberación); y un Estado Mayor militar, cuyo comandante era el propio Fidel Castro, secundado por el líder sandinista Daniel Ortega.

Integraba la cúpula militar el conocido terrorista guerrillero argentino Enrique Gorriarán Merlo, uno de los fundadores del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) el 30 de julio de 1970, y posteriormente del Movimiento Todos por la Patria (MTP) en mayo de 1986.

Fue quien encabezó el grupo que asesinó a Anastasio Somoza en Asunción, Paraguay, el 17 de septiembre de 1980. En 1987 aportó un millón de dólares para el periódico Pagina 12, según reveló su fundador Jorge Lanata. Durante el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín, Gorriarán Merlo fue el conductor del ataque terrorista al Regimiento 3 de Infantería Mecanizada de La Tablada, en Buenos Aires, ocurrido el 23 de enero de l989, donde murieron 39 personas.

El financiamiento del Foro de San Pablo se basó en operaciones delictivas como ser el secuestro, el abigeato, el cobro de vacuna (peaje), asaltos a bancos, la piratería, el narcotráfico, y demás actividades ilegales que rutinariamente practican los grupos guerrilleros en Latinoamérica.

Las FARC y el ELN de Colombia fueron las principales fuentes de financiamiento del Foro. Sin dudas, los narcoestados de la región (Venezuela, con el Cartel de los Soles, y hasta hace pocas semanas Bolivia, con el Cartel del Chapare) constituyen otros mecenas de la "revolución marxista-bolivariana" en la región.

LAS TACTICAS

Habiendo perdido vigencia el marxismo de los años sesenta y setenta con su estrategia revolucionaria militarista (foquismo y "acción insurreccional de masas") el Foro de San Pablo despliega su accionar a través de diferentes maniobras basadas en supuestas reivindicaciones de neto corte ideológico de izquierda, ejecutadas por nuevos actores que podemos identificarlos como los movimientos sociales alternativos; nuevas tendencias ideológicas, culturales y políticas que enfrentan a los estados naciones, y de las cuales el nuestro no está exento. Estamos frente al Socialismo del Siglo XXI.

Una de las maniobras es el indigenismo, o la supuesta lucha por los derechos de los indígenas para encubrir la formación de grupos guerrilleros y terroristas (v.g.: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México o la Coordinadora Arauco Malleco - CAM de Chile); y también la promoción del separatismo o segregación territorial, argumentando que los territorios ocupados por los aborígenes les pertenecen por ser pueblos originarios y que fueron arrebatados por el Estado Nacional o los blancos desde la conquista (v.g.: Resistencia Ancestral Mapuche - RAM - en Argentina).

Otra tendencia o maniobra es la del ecologismo que, so pretexto de la preservación o protección del medio ambiente, justifica la acción contra el avance del Estado en la ejecución de obras de infraestructura, como rutas y tendidos eléctricos. En este contexto, la maniobra cultural de fundamental relevancia abarcó otros ámbitos para el logro de los fines propuestos.

Y finalmente, una tendencia se da en el factor religioso. Es la llamada Teología de la Liberación (Gustavo Gutiérrez, Frei Betto, Leonardo Boff -hoy, teólogo de la Ecología-, Evaristo Arns, etc.), que desarrolla su accionar con el objetivo de dividir la Iglesia Católica propugnando iglesias locales autónomas de Roma y justificar la violencia con argumentos presuntamente cristianos. Varias de sus consignas están alejadas de la Tradición y el Magisterio de la Iglesia.

El Foro San Pablo tuvo gran influencia en la elección del ex presidente y ex dirigente cocalero boliviano Evo Morales (jefe del Cartel del Chapare, proveedor al Cartel de Sinaloa de México). Dicho apoyo se llevó a cabo a través de Chávez de Venezuela, Kirchner de Argentina y Lula de Brasil para aumentar el eje de centroizquierda regional en lo cultural y aceptando todas las imposiciones de los organismos financieros internacionales, como por ejemplo las políticas sobre control de la natalidad y educación impulsadas por el Banco Mundial, que condiciona sus créditos en este sentido.

EL DESPRESTIGIO

La ideología de los derechos humanos es el arma para acorralar y destruir a las Fuerzas Armadas que pueden hacerles frente. Lo que acontece en la Argentina y otros países en este sentido es una prueba palmaria de ello.

La Iglesia Católica es desprestigiada, ridiculizada, hostigada permanentemente, cuando no perseguida, inventando o potenciando denuncias por "escándalos sexuales", reales o falsas. La acusación de ser retrógrada e insensible es una constante entre las diatribas lanzadas por los blasfemos y oportunistas de la política. Los empresarios, a su vez, fueron y van a seguir siendo acusados de corruptos y los dirigentes sindicales de acomodaticios y burócratas, aprovechando hechos ciertos, aumentándolos o inventando otros. Sobre estas grandes líneas de acción se desarrolla la llamada Guerra Social para alcanzar la toma del poder.

George Soros, el multimillonario empresario internacional, es uno de los principales sostenedores del FSP y con ello busca consolidar una izquierda que domine el negocio de la droga para lo cual aboga por la despenalización de su consumo, lo mismo que el aborto, ya que tiene intereses en cadenas de clínicas abortistas en varias partes del mundo. En Argentina, varios grupos mediáticos y empresarios, conscientes o no, forman parte de la avanzada de esta estrategia neomarxista financiada por grupos bien capitalistas.

En la segunda parte de este artículo analizaremos algunos hechos, los más significativos, en forma cronológica que precisan lo mencionado hasta acá y que refieren las políticas, objetivos y maniobras de esta organización transnacional que afecta a nuestros países, en especial al nuestro.

* El autor es Licenciado en Estrategia y Organización y ex Mayor del Ejército Argentino.