Según varios antecedentes archivados en este blog la respuesta es negativa; adjuntamos no obstante este artículo recién publicado para aportar otra opinión:
La economía y otras
disciplinas pueden ayudar en la guerra contra las drogas
Andrés López
La Nación, 5 de enero de
2020
La
ONU estima que 270 millones de personas usaron alguna droga ilícita al menos
una vez durante 2017. Según las encuestas de la Secretaría de Políticas
Integrales sobre Drogas (Sedronar), en la Argentina esa cifra llegó a 2,4
millones de personas. Y estos son pisos del real número de
usuarios, ya que la subdeclaración se estima en un 20 y un 30%. Conclusión:
muchas personas están dispuestas a cometer un acto que es ilegal en casi todas
partes. Las razones son diversas, ya que la humanidad usa sustancias
psicoactivas desde miles de años atrás, con fines religiosos, místicos,
recreativos o experimentales y también para tratar enfermedades, combatir el
dolor, aliviar la fatiga o mejorar el rendimiento en el trabajo o en el
estudio.
Pese a que las estrategias
prohibicionistas ya cumplen 100 años de vida y la "Guerra contra las
Drogas", de Nixon, casi 50 años, no parece que ellas hayan logrado bajar
el número de consumidores de drogas ilícitas (de hecho, en años recientes ese
número subió tanto en el mundo como en Estados Unidos y la Argentina). En
tanto, los precios han venido cayendo en los principales mercados y la
producción de opio y cocaína alcanzó récords históricos en 2017. Las drogas ya
se consiguen con delivery a domicilio, pagando con criptomonedas y hasta con la
posibilidad de dar likes a los buenos vendedores en la dark web.
Algunas de las figuras más
prestigiosas de la "ciencia lúgubre" se han expresado en contra del
actual enfoque prohibicionista. En 2005 un grupo de economistas
estadounidenses, incluyendo los Premios Nobel Milton Friedman, George Akerlof y
Vernon Smith, firmaron una carta dirigida al presidente George W. Bush,
reclamando atención a un trabajo de Jeffrey Miron (Harvard) que mostraba los
costos de la prohibición de la marihuana y los beneficios fiscales de su
legalización. En 2014, la London School of Economics creó un grupo de expertos
que emitió sendos informes sobre los efectos negativos de la guerra contra las
drogas; entre los firmantes también hay varios Premios Nobel (Kenneth Arrow,
Christopher Pissarides, Thomas Schelling, Vernon Smith, Eric Maskin, Oliver
Williamson), más otros destacados colegas como Daron Acemoglu, Jeffrey Sachs y
Dani Rodrik.
Tal vez el lector se
sorprenda de que gente tan respetable reclame una revisión del enfoque
prohibicionista que domina a nivel global en materia de drogas (con la
excepción de Uruguay, Canadá y algunos estados de Estados Unidos, más los
conocidos coffee shops holandeses y la no tan conocida experiencia portuguesa,
donde se ha descriminalizado el consumo de todas las drogas). Y no es que esta
gente ignore los efectos dañinos sobre la salud que el consumo provoca (aunque
algunas evaluaciones de expertos internacionales en materia de salud pública
parecen concluir que sustancias como el LSD o el éxtasis son mucho menos
peligrosas que el alcohol o el tabaco). El problema es que la prohibición
absoluta no parece estar funcionando y tiene enormes costos sociales y
económicos.
Hace algunos años otro
Premio Nobel, Gary Becker, junto con dos colegas, aportó un marco teórico que
permite entender este fracaso. En un mercado con demanda inelástica (las
variaciones en los precios tienen efectos relativamente pequeños sobre el
consumo), la prohibición reduce los niveles de producción vis a vis un
escenario de mercado, pero los mayores precios más que compensan esa caída, y
los ingresos totales de los productores suben.
Los oferentes que logran
evadir la persecución reciben elevados beneficios que les permiten corromper a
las autoridades a cargo de ejercer la ley y disponer de más recursos para
defender sus negocios sobre la base de la violencia. A la vez, la percepción de
que las ganancias potenciales son altas induce la entrada de nuevos actores que
también invertirán en corrupción y violencia para disputar el mercado a los
jugadores establecidos (Becker y sus colegas también muestran, sobre estas bases,
que poner impuestos es más eficiente socialmente que la prohibición).
La evidencia empírica
generada por estudios académicos recientes agrega argumentos en la misma
dirección. Varios investigadores colombianos han mostrado que la efectividad de
las políticas de erradicación de cultivos es muy baja comparada con el costo
que esas acciones conllevan. Las interdicciones en los mercados de destino
tampoco parecen tener efectos duraderos según muestran diversos trabajos para
Estados Unidos.
A su vez, los costos
sociales de la guerra contra las drogas recaen usualmente en grupos sociales
vulnerables. En Estados Unidos, por ejemplo, la población negra tiene muchas
más probabilidades de ser encarcelada por posesión de drogas que los blancos,
pese a que las tasas de consumo son similares. En Colombia, los pequeños
agricultores sufren diversos costos económicos, sanitarios y ambientales por
las fumigaciones aéreas. Estudios para Perú muestran que los niños que viven en
áreas cocaleras tienen mayores probabilidades de ser encarcelados por crímenes
violentos al llegar a la edad adulta, mientras que en México en los barrios
donde el narcotráfico tiene mayor presencia en las calles el rendimiento
estudiantil se ve afectado. Dos colegas argentinos, Nicolás Ajzenmann y
Sebastian Galiani, en tanto, encontraron que los crímenes relacionados con las
drogas en México tienen un impacto negativo sobre los precios de las viviendas
más humildes.
Pese a esta evidencia, los
países siguen, en general, gastando mucho más dinero en reprimir la oferta y la
demanda que en adoptar sistemas efectivos de prevención y tratamiento de
usuarios problemáticos (aunque varios estudios muestran que los segundos son
mucho más costo-efectivos). En un estudio reciente
( http://fcece.org.ar/narcoeconomia-aportes-para-un-debate-informado/ )
estimé que en la Argentina, como piso, el 80% del gasto del Estado nacional
vinculado a drogas ilícitas va a reprimir mercados. Y el resto se dedica a
prevención y tratamiento. Esa proporción es incluso mayor a la observada en
Estados Unidos y en la Unión Europea.
¿Qué sabemos sobre las
experiencias de descriminalización/legalización? En el trabajo antes citado
revisamos 46 estudios sobre el tema (la gran mayoría sobre cannabis
recreacional y/o medicinal en Estados Unidos). Con la cautela que amerita la
lectura de estos estudios (sujetos a diversas y entendibles limitaciones tanto
de disponibilidad/fiabilidad de datos, como metodológicas), podemos decir que:
1) las iniciativas de liberalización podrían llevar a aumentos leves/moderados
de la prevalencia del consumo de cannabis en la población adulta, pero no en
adolescentes; 2) las mismas pueden ayudar a bajar el uso de sustancias más
peligrosas (cocaína, heroína) y los problemas de salud asociados a dicho uso;
3) la liberalización no induce mayores niveles de criminalidad y, de hecho,
puede contribuir a reducir ciertos tipos de crímenes (tanto por el propio
efecto directo de la reducción del mercado negro, como porque la policía dedica
más tiempo a la prevención de otros crímenes); 4) algunos estudios, incluso,
hallan impactos positivos sobre ciertos indicadores de salud (accidentes viales
o laborales, suicidios).
Cuando la guerra contra las
drogas parece llevarnos por un mal viaje, la investigación científica, en economía
y también en otras disciplinas, puede ayudar a un debate mejor informado sobre
el tema. Abrir nuevas puertas tal vez nos conduzca a caminos más eficientes
desde el punto de vista sanitario, menos costosos económica y socialmente, y
más respetuosos de las libertades individuales, alejándonos de los prejuicios,
el oportunismo político y el sensacionalismo mediático.
El autor es doctor en
Economía e investigador del Conicet
