¿FUE MAMERTO ESQUIÚ

 el primer hispanista argentino?

 

Por Germán Masserdotti

La Prensa, 30.03.2025

 

La Hispanidad, como tema, no se ha puesto de moda dado que ella es un clásico. Lo que sucede es que ha cobrado la actualidad como respuesta al globalismo secularista. Podría decirse que la naturaleza –y la gracia– vuelven por sus fueros. Una –la naturaleza– y otra –la gracia– debido a que la Hispanidad es un ejemplo de orden social cristiano. Bastaría recordar la consideración que el Derecho Indiano tenía de las jerarquías naturales en la organización social de los pueblos indígenas, por una parte, y la misión evangelizadora de la Corona española en América, por otra, para terminar por concluir en la singularidad del “caso español” a lo largo de la historia y en comparación con otras potencias europeas.

 

En este contexto de reviviscencia del tema de la Hispanidad, resulta interesante plantear una pregunta vinculada al desarrollo del concepto bajo estudio. Partimos de un hecho: el aporte de la Argentina al estudio de la Hispanidad es por demás importante. No solamente porque hay expositores nacionales del asunto sino también porque en nuestra tierra vivieron autores españoles que son, por otra parte, faros obligados a la hora de profundizar en la noción de Hispanidad. Valga menciona a dos de ellos: Ramiro de Maeztu y el P. Zacarías de Vizcarra.

 

La pregunta, entonces, es la siguiente: ¿quién puede considerarse el primer hispanista argentino?

 

La respuesta está suponiendo la aclaración de qué es un hispanista. Brevemente, y sabiendo que puede haber mejores caracterizaciones, podría decirse que hispanista es aquel que se interesa por la obra de España en América y Las Filipinas, la estudia y difunde y, no menos importante, establece una relación empática con ella. Empatía, por otra parte, que no excluye una mirada crítica desde la buena fe.

 

ELOGIO FUNEBRE

 

Dicho esto, en la búsqueda de antecedentes para responder a la pregunta planteada, figura un escrito del beato fray Mamerto Esquiú (1826-1883) conocido como “Elogio fúnebre del ilustrísimo fundador de la Universidad de Córdoba, Rmo. D. Fr. Fernando de Trejo y Sanabria”, pronunciado en la Iglesia de la Compañía de Jesús, el 23 de diciembre de 1881. Este elogio fúnebre Esquiú lo pronunció en la Ciudad de Córdoba.

 

Allí dice el fraile catamarqueño, en lo que se refiere a nuestra materia:

 

"A juicio de todo el mundo ilustrado, el siglo XVI fue para la España un verdadero siglo de oro en las letras, en las bellas artes y en hechos de sin par magnificencia; era aquel la digna corona del héroe de setecientos años por la fe y por la patria. Pero lo que no siempre se tiene en cuenta es que ese siglo fue de tanto valor para las letras y grandes hechos, sino porque fue de encumbradísimo mérito en la piedad cristiana.

 

Para conocer la íntima y admirable relación que lo bello, verdadero y fuerte de aquel siglo tenían con la fe y piedad cristiana que florecían en España, basta nombrar a Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, los tres Luis (de Granada, de León y Vives), Cervantes, Herrera y Velázquez de Silva, Garcilaso de la Vega (el de Toledo), y Calderón de la Barca, que fue como el digno crepúsculo de ese gran día. Basta mencionar el Escorial, las gigantescas campañas de América, la batalla de Lepanto, y hombres como Cisneros, Felipe II e Ignacio de Loyola. ¡Ah! Qué astro del cielo cristiano era esa España, que a un mismo tiempo despedía hacia el oriente hasta la India y el Japón un rayo de luz como Francisco Javier, y hacia el occidente hasta las playas del Océano Pacífico un Toribio de Mogrovejo y un Francisco Solano, sin hablar de las Rosas de Lima y de las Azucenas de Quito, y los Sebastián de Aparicio y Felipe de Jesús de México. Sin temor a ser desmentidos, podemos decir, y siendo obligación de los hijos confesar y honrar a la madre, sin temor, repito, podemos y debemos decir que la España, nuestra madre, fue en el siglo XVI un verdadero sol de la civilización cristiana, por su resplandor purísimo y por los rayos de verdad y de gracia que ha irradiado hasta las extremidades de la tierra”.

 

El fragmento transcripto, como puede apreciarse, contiene muchas virtualidades. Aquí me interesa destacar algunas de ellas.

 

Afirma Esquiú que el dorado siglo XVI en España era “la digna corona del héroe de setecientos años por la fe y por la patria”. Es decir, esa España que se convertiría en descubridora de las Indias desde fines del siglo XV hasta poco más de mediados del siglo XVI estaba animada por el espíritu de reconquista que había forjado a los peninsulares al punto de marcar de modo indeleble la nacionalidad española con el signo de la Catolicidad –tema que trata otro gran hispanista como Manuel García Morente–. Podría plantearse, entonces, que la empresa evangelizadora del Descubrimiento, conquista y pacificación de América fue un sucesor de esa Reconquista española que combatió victoriosamente contra el Islam.

 

De este modo, se comprende mejor la afirmación final de Esquiú en el fragmento transcripto: “podemos y debemos decir que la España, nuestra madre, fue en el siglo XVI un verdadero sol de la civilización cristiana, por su resplandor purísimo y por los rayos de verdad y de gracia que ha irradiado hasta las extremidades de la tierra”.

 

SENTIDO MISIONAL

 

Fuera del aspecto entrañable que tiene afirmar que España es “nuestra madre”, lo importante es señalar que, para Esquiú, ella fue “un verdadero sol de civilización cristiana” y que este orden social según el derecho natural y cristiano lo irradió “hasta las extremidades de la tierra”. En este sentido, la justificación de la presencia de España en América y Las Filipinas fue el sentido misional, es decir, evangelizador. Por esto el descubrimiento, la conquista y la pacificación deben entenderse a la luz de esa finalidad cristianizadora. La finalidad evangelizadora suscitó, evidentemente, un orden social consecuente. Mucho de esta configuración social se debió al monumental Derecho Indiano, una pieza única en la historia universal.

 

Entonces, teniendo en cuenta que el beato Esquiú pronunció este elogio fúnebre en 1881, ¿se lo podría considerar el primer hispanista argentino? A cuenta de hacer una investigación más exhaustiva, podría sostenerse como probable esta condición de primera. En cuanto a su condición de hispanista, se podría afirmar que lo fue no tanto porque abundan los textos como por la contundencia del texto transcripto.

ESI EN CÓRDOBA

 

https://www.infobae.com/sociedad/2025/03/30/debate-sobre-esi-y-sexualizacion-infantil-en-la-legislatura-de-cordoba-con-la-presencia-de-padres-y-especialistas/

PARA AYUDAR A LOS POBRES

 la Iglesia necesita a los ricos

 

Gaetano Masciullo

Brújula cotidiana, 28_03_2025

 

En los últimos meses, el escándalo que ha involucrado a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (UsAid) ha sacudido a gobiernos y medios de comunicación a nivel mundial. Las acusaciones de financiación indebida, porque se destinaba a guerras ideológicas antes que a ayuda humanitaria, y la consiguiente decisión de la administración Trump de pasar página han sacado a la luz una evidencia a menudo ignorada, tan simple como olvidada: solo quien tiene el dinero puede financiar y difundir instituciones e ideas, e influir en la opinión pública. Es esencial que los católicos reconozcan y redescubran la importancia de poseer y gestionar bien los recursos económicos para promover sus valores dentro de la sociedad.

 

La izquierda progresista ha comprendido desde hace tiempo la importancia de controlar los recursos financieros para promover la secularización y la agenda «woke». A través de grandes fondos, apoya iniciativas que a menudo van en contra de los principios tradicionales de la Iglesia. Al mismo tiempo, predica a la Iglesia (y desde dentro de la Iglesia) el ideal de la pobreza evangélica, ciertamente no por respeto y veneración, sino para desarmarla tanto social como políticamente. Este engaño del pauperismo se basa en la falsa asociación entre riqueza y materialismo, sugiriendo que una Iglesia pobre es también más espiritual, cuando en realidad es solo más miserable. Esta visión tiene raíces marxistas, según las cuales la riqueza de uno implica necesariamente el empobrecimiento del otro y confiere al más rico un poder opresivo.

 

Sin embargo, si observamos la historia, surge un panorama diferente. Desde los primeros siglos, la Iglesia ha utilizado recursos económicos para difundir enormes el Evangelio y construir la civilización cristiana. En la Edad Media, gracias al apoyo de benefactores y monarcas fieles, la Iglesia pudo fundar escuelas, universidades y hospitales, que se convirtieron en centros de conocimiento y asistencia que moldearon el mundo occidental. Las órdenes religiosas como los benedictinos y los franciscanos, aunque predicaban una vida sencilla, gestionaban inmensas propiedades territoriales, lo que les permitía mantener a comunidades enteras y preservar y aumentar el conocimiento.

 

En el Renacimiento, las grandes familias católicas italianas y españolas financiaron la construcción de basílicas, conventos y obras de arte que aún hoy dan testimonio de la grandeza de la civilización cristiana. En Francia, la monarquía y la aristocracia apoyaron las misiones jesuitas, que llevaron el Evangelio a Asia y América. Pensemos en el gran banquero católico bávaro Jacob Fugger, el banquero de los papas, así como amigo personal del emperador Carlos V de Habsburgo. En el siglo XIX, figuras como San Juan Bosco utilizaron donaciones y recursos para crear instituciones educativas que sacaron a millas de jóvenes de la calle, ofreciéndoles un mejor futuro. Incluso en el siglo XX, solo gracias a la financiación de católicos ricos fue posible construir escuelas, medios de comunicación independientes y movimientos provida.

 

Ante esta realidad histórica, resulta evidente que la negativa a aceptar el dinero como instrumento de apostolado es un error estratégico que ha permitido a la izquierda progresista conquistar amplios sectores de la sociedad. Quien tiene el control de los medios de comunicación, la educación y las instituciones culturales es capaz de moldear la mentalidad colectiva, estableciendo lo que se considera aceptable y lo que debe ser condenado al ostracismo. Por esta razón, es fundamental que surjan, hoy más que nunca, millonarios y multimillonarios cristianos conscientes de la batalla cultural en curso.

 

De cara al futuro, los católicos deben pensar a lo grande y no tener miedo de hacerlo. Financiar proyectos individuales está bien, pero se puede hacer más: se necesita una estrategia a largo plazo para crear un ecosistema económico alternativo capaz de sostener escuelas, universidades, periódicos, televisiones, editoriales y plataformas digitales. Se necesita una nueva clase de empresarios católicos dispuestos a usar su influencia para defender los valores perennes de la verdadera civilización occidental, aquella construida con los pilares de la antropología griega, el derecho romano y la fe católica. El modelo de las grandes fundaciones progresistas demuestra que las inversiones estructuradas y a largo plazo pueden cambiar la cultura de un país, o incluso de todo el mundo. ¿Por qué los católicos no deberían hacer lo mismo?

 

El dinero no es malo en sí mismo, sino un instrumento que, si se utiliza con prudencia, puede servir para construir el bien y contrarrestar las fuerzas que amenazan la civilización cristiana. La Iglesia necesita santos, pero también benefactores iluminados y valientes.

FERNÁNDEZ

 se abre al “cambio” de sexo eludiendo la doctrina

 

Tomás Scandroglio

Brújula cotidiana, 27_03_2025

 

Durante una conferencia organizada a mediados de febrero por la Facultad de Teología Católica de la Universidad de Colonia (Alemania), el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández, intervino por vídeo con una contribución. Su informe se ha plasmado en un documento titulado La dignidad ontológica de la persona en Dignitas infinita. Algunas aclaraciones. Este documento pretende explicar algunos conceptos presentes en la Declaración Dignitas infinita publicada por el mismo Dicasterio en marzo de 2024.

 

El documento de Fernández se elaboró ​​con el fin de responder a algunas críticas, pero presenta varios puntos críticos en sí mismo. Uno de ellos se refiere sin duda al tema de los tratamientos médicos destinados al llamado “cambio” de sexo. El documento denuncia la ideología de género y recuerda la condena de tales intervenciones ya presentes en Dignitas infinitas. Pero si en Dignitas la condena era absoluta, es decir, no admitía excepciones, en el reciente documento firmado por Fernández aparece una excepción que es decisiva. Fernández escribe: "No queremos ser crueles y decir que no entendemos las condiciones de las personas y el profundo sufrimiento que existe en algunos casos de 'disforia' que se manifiesta incluso desde la infancia. Cuando el documento [Dignitas infinita] utiliza la expresión 'por regla general', no excluye que haya casos fuera de lo normal, como fuertes disforias que pueden llevar a una existencia insoportable o incluso al suicidio. Estas situaciones excepcionales deben evaluarse con gran cuidado".

 

Centrémonos en el punto en el que el prefecto hace referencia a Dignitas infinita citando las palabras “por regla general”. Veamos el párrafo en Dignitas infinita al que pertenecen estas palabras: "Toda operación de cambio de sexo, por regla general, corre el riesgo de atentar contra la dignidad única que la persona ha recibido desde el momento de la concepción. Esto no significa que se excluya la posibilidad de que una persona afectada por anomalías genitales, que ya son evidencias al nacer o que se desarrolle posteriormente, pueda optar por recibir asistencia médica con el objetivo de resolver esas anomalías. En este caso, la operación no constituiría un cambio de sexo en el sentido que aquí se entiende” (60).

 

En resumen, Dignitas infinitas afirma correctamente: “no” a las intervenciones en el aparato reproductor si el objetivo es intentar, sin éxito, cambiar la identidad sexual. “Sí” a las mismas intervenciones que buscan confirmar la identidad sexual, es decir, si son terapéuticas y modifican los aparatos reproductivos para alinearlos con el dato genético, que es la referencia principal para comprender a qué sexo pertenece la persona. De hecho, debido a ciertas patologías, puede suceder que los órganos reproductivos no se correspondan, morfológicamente y en diversos grados, con los cromosomas XY o XX de la persona. Esto explica por qué Dignitas infinita utiliza la expresión “por regla general”: quiere afirmar que en la mayoría de los casos (por regla general) estas intervenciones son condenables, excepto las que tienen carácter terapéutico.

 

Como se ha mencionado, Fernández recuerda en su documento la expresión “por lo general” presente en Dignitas infinita. Hemos visto que esta expresión es utilizada por Dignitas infinitas en relación con las intervenciones en los genitales. Por lo tanto, es razonable suponer que Fernández también lo utiliza en referencia a los mismos. Así pues, si volvemos a leer el texto de Fernández, descubrimos que considera ilegales estas intervenciones excepto en caso de disforia grave e, implícitamente, en caso de tratamiento terapéutico. Por lo tanto, el prefecto considera lícitas estas intervenciones incluso en el caso condenado por Dignitas infinitas, es decir, cuando sirven para contradecir la identidad sexual, siempre que la disforia sea fuerte y conlleve graves riesgos para la persona. Por lo tanto, la prohibición no se refiere, como en el caso de Dignitas infinitas, a la moralidad del acto (tratamientos para “cambiar” de sexo), sino solo a la condición que motiva la intervención: “no” a aquellas intervenciones en las que la disforia sea leve. En resumen: para el prefecto, el “cambio” de sexo es moralmente aceptable, siempre que la disforia sea grave. Pero las intervenciones quirúrgicas que contradicen el sexo genético son acciones intrínsecamente malvadas y lo siguen estando más allá de las condiciones que las motivan. Por lo tanto, el cardenal Fernández ha aceptado el principio de “sí al cambio de sexo”. Una vez aceptado el principio, por coherencia lógica, se pasará de los casos límite a los casos comunes, de lo excepcional a lo normal.

 

Por lo tanto, Fernández se refiere al “por regla general” contenido en Dignitas infinita de manera indebida: de hecho, lo menciona para legitimar el “cambio” de sexo en un sentido que, sin embargo, es opuesto al indicado por el propio documento Dignitas infinita. Este último declara que las intervenciones en los genitales son censurables por norma, excepto cuando se realizan con multas terapéuticas; Fernández declara que las intervenciones en los genitales son censurables por norma, excepto cuando la disforia está acentuada (y cuando el fin es terapéutico).

 

En conclusión: el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe califica como moralmente aceptable la condición transexual.

VIDA Y OBRA

 de los reyes, reinas y princesas que fueron consagrados santos por la iglesia católica y la ortodoxa

 

Gerardo Di Fazio

Infobae, 29 de marzo de 2025

 

¿Pueden reyes, reinas, princesas y miembros de la realeza y muchas testas coronadas llegar a la santidad canonizada, sea por la Iglesia católica u ortodoxa? La respuesta es sí. La santidad se otorga de acuerdo al estado que cada persona posee: no se le pide lo mismo a una monja, a un estudiante, a una madre o padre de familia que a un miembro de la monarquía dado que para obtener el grado de santidad se requiere vivir las vidas de acuerdo a su estado y en relación a la fe que profesan y dar testimonio de esa fe con su estilo de vida y sus acciones.

 

Enunciaremos una serie de reyes, reinas y príncipes que fueron canonizados comenzando por una celebración que se realiza en marzo para recordar a la Sierva de Dios Zita de Borbón-Parma, Dama Gran Cruz de Honor y Devoción de la Orden de Malta (admitida el 6 de abril de 1914), viuda del Beato Carlos I de Austria. Nació en Villa Le Piànore, una gran propiedad entre Pietrasanta y Camaiore, en la provincia italiana de Lucca, el 9 de mayo de 1892, hija de Roberto I, duque de Parma y Piacenza, y de su segunda esposa, la princesa Antonia de Braganza. De padres profundamente católicos, Zita fue educada en el amor a Jesús ya la Iglesia, con principios austeros de fidelidad a los Mandamientos de Dios.

 

Cuando el 21 de octubre de 1911 se casó con el archiduque Carlos de Austria, se prometieron: “Desde hoy debemos ayudarnos mutuamente a ir al Cielo”. Él tenía 24 años, ella no había cumplido los 20. Él era un santo (Juan Pablo II lo beatificó el 3 de octubre de 2005), ella era la digna esposa de un santo. Después de la boda, fueron al Santuario de Mariazell para confiar su vida a la Virgen, tal vez prefigurando las tormentas que pronto se avecinaban no sólo en su patria sino en toda Europa.

 

El 28 de mayo de 1914, tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, su marido Carlos se convierte en heredero del trono de Austria y Hungría. Estalla la Primera Guerra Mundial y el archiduque Carlos figura entre los altos oficiales del ejército, mientras que Zita se dedica a asistir a la población, a los heridos, a las familias más necesitadas, como una hermana, como una madre. Por su fe ardiente y su caridad incansable, será calificada por el cardenal arzobispo de Viena como “el ángel custodio de todos los que sufren”. El 21 de noviembre de 1916, en pleno conflicto, muere el emperador Francisco José. Carlos, que tenía 29 años, es coronado emperador en medio de la terrible tragedia. En noviembre de 1918, el Imperio se desintegra y la pareja imperial se dirige al exilio.

 

En medio de estas tribulaciones, con su marido cada vez más frágil de salud, Zita revela su inmenso coraje: apoya a Carlos, que se encuentra en su lecho de muerte y morirá el 1 de abril de 1922, con tan sólo 35 años. Viuda a los 30 años, con ocho hijos que criar, Zita está sola, pobre, exiliada, pero conserva una fe sólida en la Divina Providencia.

 

Desde 1926 es oblata benedictina de la Abadía de Solesmes. Cuando en 1982 le fue permitido regresar a Austria, decidió ir primero a Mariazell para renovar su consagración, la de sus hijos, la de su nación y la de Europa a la Virgen. Murió en Zizers (Suiza) el 14 de marzo de 1989. El 10 de diciembre de 2009, Monseñor Yves Le Saux, Obispo de Le Mans (Francia), después de haber obtenido el consentimiento del Arzobispo de Chur y de la Congregación para las Causas de los Santos, abrió el proceso de beatificación de la Sierva de Dios Zita de Borbón-Parma, esposa y madre.

 

En la ciudad de Nápoles, Italia, tenemos otra muestra de santidad: la beata María Cristina de Saboya. Su historia explica cómo se puede ser un ejemplo de servicio, sin importar las circunstancias de la vida. Durante su beatificación en Nápoles, el papa Francisco pronunció unas hermosas palabras sobre su vida: "La reina María Cristina fue una mujer de profunda espiritualidad y de gran humildad. Supo soportar el sufrimiento de su pueblo, convirtiéndose en una auténtica madre de los pobres. Su extraordinario ejemplo de caridad demuestra que la buena vida del Evangelio es posible en cualquier ambiente y condición social".

 

María Cristina de Saboya nació en 1812 en Italia. Era la hija menor del rey Víctor Manuel I de Cerdeña y la archiduquesa María Teresa de Austria. En 1832, cuando tenía 20 años, María Cristina se casó con el rey Fernando II, que tenía solo 22 años y gobernaba el reino italiano más grande antes de que Italia se convirtiera en un país unificado.

 

Fue reina durante solo cuatro años porque murió a los 24 años, pero la corta vida que vivió dejó una gran impresión en todos los que la conocieron. María fue descrita como hermosa pero también tímida y vergonzosa. Usó su poder y posición para ayudar a los necesitados. En una época que era conocida por muchos lujos y crímenes en la corte real, la reina María Cristina era todo lo contrario. Era renombrada por su inocencia, modestia y sacrificios en su propia vida para ayudar a los menos afortunados.

 

Siempre se acercaba y cuidaba personalmente a los enfermos ya los pobres. Mucha gente se burlaba de ella dado que no respondía a los cánones de lujo y ostentación con los que la realeza vivía en esos días. Visitaba los hospitales y más de una vez hizo la enfermera. Iba caminando sola por la calle y nadie la reconocía dada la sencillez con la cual vestía.

 

Uno de los hechos más conocidos y certificados, es que en cierta ocasión concurrió a un hogar en el que no tenían nada para comer, la reina sin dudarlo fue a la tienda a comprar comida, pero se dio cuenta que no traía dinero, solo una importante cruz. Se la quitó se la dejó al tendero como pago, el hombre pensó que era robada y denunció a “la ladrona” a la policía. La policía llegó rápidamente e ingresando en la paupérrima vivienda encontró a la supuesta “ladrona” bañando a uno de los niños en un fuentón. Quien concurrió, por esas cuestiones fortuitas, era el jefe de la guardia real y grande fue su sorpresa al ver a la reina haciendo esos menesteres. El jefe de guardia asombrado y sin dar crédito a lo que veían sus ojos, solo atinó a balbucear: “Majestad” e inclinó su cabeza en posición de firmes. El tierno y los demás curiosos, tampoco podían creer e hicieron una profunda reverencia. La reina como si nada le contestó al jefe: “¿Como estás usted? venga y ayude…”.

 

Murió al dar a luz a su único hijo, que luego sería rey. Era conocida por ser una mujer tan bondadosa y virtuosa que inmediatamente después de su muerte la gente comenzó a rezarle y se producirán milagros. Fue beatificada el 25 de enero de 2014 en Nápoles, Italia, por el papa Francisco.

Durante la visita del papa Francisco a Bélgica y Luxemburgo del 27 al 29 de septiembre de 2024, este anunció que “a mi regreso a Roma, iniciaré el proceso de beatificación del rey Balduino”. "Que su ejemplo de hombre de fe ilumina a nuestros líderes. Pido a los obispos de Bélgica que asuman esta causa y la impulson", agregó el Papa.

 

Balduino Alberto Carlos Léopold Axel María Gustave de Sajonia-Coburgo y Gotha era hijo del rey Leopoldo III y de su primera esposa, la princesa Astrid de Suecia. Se convirtió en quinto rey de los belgas por la abdicación de su padre el 16 de julio de 1951, y reinó hasta su muerte. El 15 de diciembre de 1960 contrajo matrimonio en la catedral de San Miguel y Santa Gúdula de Bruselas con la aristócrata española Fabiola de Mora y Aragón, la ceremonia fue oficiada por el cardenal italiano Giuseppe Siri.

 

De ese matrimonio no tuvo descendencia. Durante su reinado se produjo la independencia del Congo (en 1960), Ruanda y Burundi (en 1962) que puso fin al estatus de Bélgica como potencia colonial. Educado en un ambiente católico conservador cuando debía firmar la ley del aborto, abdicó al trono por ese día, y así zanjó el hecho de realizar algo que su conciencia no le permitía.

 

Santa Elena de Constantinopla, quien fue la madre de Constantino y encontró la verdadera cruz y los santos lugares en Jerusalén San Eduardo el Confesor, conocido por su gentileza y piedad, se convirtió en rey de Inglaterra en 1042. Gracias a su rechazo a la ambición personal, gobernó con prudencia y con mucha paz.

 

Santa Adelaida de Italia, vivió en una época tumultuosa de luchas por el poder en Italia. Finalmente reinó como regente de su nieto, Otón. Como gobernante, se destacó por su sabiduría, sus obras de caridad y el establecimiento de iglesias y monasterios.

 

Santa Isabel de Portugal es quizás mejor conocida como pacificadora. Después de casarse con el rey Dionisio de Portugal, se dedicó a cuidar a los enfermos ya los pobres. Más tarde se le pidió que creara la paz entre los miembros de su familia y las naciones.

 

San Luis IX de Francia: a diferencia de algunos de los reyes que lo precedieron, consideró que su función real era la de servir a Dios. Además de ayudar a los enfermos y a los pobres, tenía un gran amor por la justicia y desarrolló un sistema judicial más justo (y menos violento).

 

San Fernando III de Castilla: era devoto de la Santísima Virgen María y durante su reinado trabajó para restablecer la fe católica en la región mediante la construcción de iglesias y monasterios. Fue miembro de la Tercera Orden de San Francisco.

 

San Esteban de Hungría reconocido como el patrón de Hungría. San Esteban trabajó mucho para establecer Hungría como nación cristiana. Construyó muchas iglesias y creó sistemas para apoyar al clero ya los pobres.

 

Santa Eduvigis fue reina de Polonia. Desempeñó un papel fundamental en la conversión de los lituanos, incluido su marido Jogaila, con quien se casó sólo después de que él fuera bautizado. Es conocida por sus obras de caridad, especialmente a favor de los enfermos y los pobres.

 

Y también la iglesia ortodoxa posee santos que pertenecieron a la nobleza, sobre toda rusa. Los más cercanos a nuestra época son: el zar Nicolás II, su esposa Alejandra, y sus hijos Olga, Tatiana, María, Anastasia y Alexei que fueron asesinados por los bolcheviques tras la Revolución de 1917. Fueron canonizados como mártires por la Iglesia Ortodoxa Rusa en el extranjero en 1981 y como portadores de la pasión por el Patriarcado de Moscú en 2000, debido a su fe inquebrantable y sufrimiento. en nombre de Cristo.

 

Santa Isabel Fiódorovna Románova: santa y mártir asesinada por los bolcheviques a causa de su fe ortodoxa y la ayuda que daba a los necesitados. Santa Isabel Fiódorovna, había abandonado toda vida palaciega y fundó una orden monástica, luego de enviudar y toda su fortuna la dio a los más pobres y necesitados.

 

La santidad no es patrimonio de un sector social, sino de todos aquellos que son llamados a practicar la fe de Jesucristo de acuerdo a su estado porque, como dijo el Señor: “Al que mucho se le dio, mucho se le pedirá…”.

MALVINAS: ¿GUERRA ABSURDA O JUSTA?

 

https://www.informadorpublico.com/malvinas-guerra-absurda-o-justa/

LA POLÍTICA

 

 SOBRE EL ATLÁNTICO SUR Y MALVINAS DEL GOBIERNO ARGENTINO (1982-2025)

 

 César Lerena

24 de marzo de 2025

 

Pasaron 43 años de la recuperación de Malvinas y ni siquiera se animaron a recordar en los años pasados ​​que, después de 149 años, la Argentina recuperó, aún por un corto plazo, la integridad territorial de la nación y, quienes vaciaron de contenido a la gesta, le quitaron a los caídos ya los combatientes la razón de su esfuerzo y heroico papel. Mientras los británicos festejan en el Reino Unido y en Malvinas el retiro de las tropas argentinas de las Islas el 14 de junio, (que supone una recuperación argentina previa), los sucesivos gobiernos argentinos desmalvinizan e incumplen con la disposición primera de la Constitución Nacional de 1994 que reza: “La Nación Argentina ratifica su legítimo e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, San Pedro (Georgias del Sur) y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional…constituyendo un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

 

“Hay mucho por hacer, porque no se ha hecho casi nada luego de la guerra” (César Lerena, “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega”, 2 de abril de 2022).

 

Los aciertos han sido escasos y los errores (¿?) una constante de la política argentina hasta nuestros días. En estos últimos años no se deshizo el Memorando de Entendimiento de 1968 (la entelequia de conversar sobre soberanía, pero teniendo en cuenta los intereses y deseos de los isleños); ponderar -entre otros- Marcelo Kohen y Guillermo Carmona, la etapa del gobierno de facto de Lanusse (1970/73) donde se les proveyó a los isleños todo tipo de servicios y bienes sin nada a cambio (gas, correo, teléfonos, pista de aterrizaje, aviones, estudios, salud, etc.); un proyecto británico que le permitió al Reino Unido ganar tiempo y realizar nuevas estratégicas en las islas y, la manifiesta intención de colaborar con los británicos del presidente Javier Milei en el fortalecimiento inglés en Malvinas.

 

Es de suponer que la Cancillería Argentina ya había tomado conocimiento del informe de la misión de lord Shackleton (se vendía en las islas en 1976 a 8 libras el ejemplar, cuando se cumplieron 143 años de la ocupación de Malvinas); pero, no parece que hasta el día de hoy se hayan enterado que se han cumplido 192 años de la ocupación británica. Toda su acción-inacción, fue absolutamente desfavorable al interés argentino y, a la hora de firmarse tratados, acuerdos, leyes, convenios y declaraciones no se tomó en cuenta este informe que, entre otras cosas dice: «Se estima que las islas están rodeadas de un mar en el que podrían ubicarse los mayores recursos mundiales aún inexplotados de proteínas…(Respecto) a la pesca en alta mar, el informe sostiene que gran parte de los cotos de pesca en el Atlántico sudoccidental se encuentran dentro de una radio de 200 millas en torno a las islas…El informe exhorta al Gobierno británico a proponer una convención internaciona1 para el control de pesquerías en el Océano Austral…El petróleo, según el experto Ridchard Johnson y su equipo supuso la existencia de oro negro en el mar. Para llevarse un programa importante de desarrollo de la economía de las islas, especialmente en lo relacionado con los recursos marinos, debería buscarse la cooperación e incluso la participación argentina…Resulta evidente para cualquiera que visite el archipiélago, que la población es británica y, mantiene firme su deseo de seguir siendo británica. El tema de la soberanía es condicionante del informe, y en cierto modo carece de realismo, examinar posibilidades económicas divorciadas en gran medida de las consideraciones políticas. Debido a ello y al elevado costo de producción, de no lograrse la cooperación argentina existe escasa probabilidad de una respuesta comercial a la emisión unilateral de licencias por parte del Gobierno británico». Agregue el documento, que «una nueva ordenanza minera debería transferir todos los derechos mineros a la Corona británica. La legislación debería ser elaborada con pleno conocimiento de la política argentina de explotación petrolera». El informe aborda cuestiones no menos importantes como el transporte y, aconseja los vuelos directos a las islas Malvinas y una estrecha cooperación con la Argentina…Las conclusiones del informe se anudan de esta manera a la única opción mantenida hasta la fecha por el Reino Unido: «discusión respecto a las posibilidades de cooperación y mantenimiento sin concesiones del compromiso británico con los isleños de que no habrá transferencia de soberanía contra sus deseos» (José E. Greño Velazco). Nada más parecido a la cooperación unilateral propiciada por todos los gobiernos argentinos, a sabiendas que el Reino Unido no llevará adelante ninguna discusión sobre soberanía que vaya contra los deseos de los isleños, aunque sepamos que sea una excusa imperfecta del Foreign Office.para seguir ocupando en el Atlántico Sur una posición estratégica que le permite el acceso a la Antártida y el control de los pasos al Océano Pacífico e Índico. Política que se ve potenciada desde la separación del Reino Unido de la Unión Europea y la sociedad con Estados Unidos en el control del mar.

 

Me referiré brevemente sobre los aciertos y desaciertos de los gobiernos argentinos entre 1982 y 2024 respecto a las acciones diplomáticas y de otro tipo -no bélicas- destinadas a la recuperación de Malvinas.

 

A 43 años de la recuperación de Malvinas, cuando las tropas argentinas abandonaron Malvinas, creímos que había ocurrido lo peor. Los contrastes fueron tan notorios y, las motivaciones tan evidentes, que, el gobierno de facto, en lugar de recibir con honores a quienes pelearon por defender el territorio nacional y, homenajear con gloria a nuestros muertos y heridos, los escondió; Mientras, muchos argentinos, no supieron distinguir entre una decisión mal sopesada y, el más noble cumplimiento del deber en procura de defender los territorios de la Nación, según lo prescribe el artículo 21º de la Constitución Nacional y, asegurar un país soberano.

 

Y comenzó la desmalvinización que aún sigue vigente y, con ella, la entrega sostenida y creciente de los archipiélagos, el territorio marítimo nacional, sus recursos naturales y, los desaciertos de nuestras autoridades de turno consolidaron el cometido británico y el fortalecimiento económico y territorial de los invasores y el debilitamiento de la soberanía nacional en el mar y en el despoblado territorio patagónico.

 

1981-1982 Proceso Militar. Leopoldo Galtieri[1] y Canciller Nicanor Costa Méndez[2]

 

En 1982, después de 149 años de ocupación interrumpida del Reino Unido de Gran Bretaña la Argentina recuperó Malvinas, San Pedro (Georgias del Sur) y Sándwich al territorio nacional y, las que abandonaron las Islas el 14 de junio de 1982.

 

Se inicia el proceso de Desmalvinización. El gobierno de facto, en lugar de recibir con honores a quienes pelearon por defender el territorio nacional y, homenajear con gloria a nuestros muertos y heridos, los esconde; Mientras muchos argentinos, no supieron distinguir entre una decisión de los altos mandos militares y, el más noble cumplimiento del deber en procura de defender la soberanía, según lo prescribe el art. 21º de la Constitución Nacional. Comienza la desmalvinización y, con ella, la entrega sostenida y creciente del territorio marino nacional, sus recursos naturales y, la consolidación del cometido británico y el fortalecimiento económico y avance territorial marítimo de los invasores, pese a la Res. 31/49 de las Naciones Unidas de 1976 (aunque gestada en 1975) que «insta a las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas están atravesando por el proceso de negociación recomendado por las Naciones Unidas». Desde 1982 y, en especial desde la firma de los Acuerdos de Madrid en 1989/90, se profundiza la presencia de buques pesqueros extranjeros iniciada por el gobierno ilegal de Malvinas y se acrecienta la internacionalización del mar argentino y su área adyacente con la presencia de buques pesqueros españoles, de sociedades mixtas españolas-británicas; chinos, taiwaneses, coreanos, etc. quienes además de pescar con licencias ilegales británicas en el área de Malvinas avanzan sobre el límite de las 200 Millas de la Zona Económica Exclusiva Argentina.

 

Por la Ley 22.591[3] sancionada en 1982 se declara la indisponibilidad de los bienes británicos.

 

La Argentina ratificó por Ley 22.584 de 1982 la Convención sobre Recursos Vivos Marítimos Antárticos con la que se contribuye a ordenar la pesca en el área antártica que en ocasiones violan algunos países, entre otros el Reino Unido que está bajo control de las islas San Pedro (Georgias del Sur) y Sándwich del Sur.

 

El 4 de noviembre de 1982 la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 37/9 que solicita a las partes “reanudar las negociaciones” para fin de encontrar una solución pacífica a la cuestión de la soberanía. Resolución que fuera aprobada por 90 votos, 52 abstenciones y 12 votos en contra, de modo tal que la guerra no cambió la situación del reclamo de soberanía.

 

Luego del retiro de las tropas argentinas, el Reino Unido ocupó el Archipiélago Malvinas de 11.410 Km2 y tres millas marinas a su alrededor. A partir de ello, con el otorgamiento de licencias ilegales del Reino Unido, se profundiza la captura extranjera iniciada en la década del 70, acrecentándose la internacionalización del mar argentino.

 

1983-1989 Gobierno de Raúl Alfonsín[4]; Canciller Dante Caputo[5] y Embajador Lucio García del Solar

 

En 1983 se profundiza el proceso de desculturalización y desinformación que presenta la guerra de Malvinas como vergonzante, enajenando a los argentinos el sentido de pertenencia del Archipiélago e ignorando el rol cumplido por los combatientes en la guerra contra el Reino Unido en el Atlántico Sur y, facilitando el inicio de una serie de procesos ruinosos en el Atlántico Sur[6].

 

En 1984 a instancias del Canciller Dante Caputo la Argentina firma con Chile el Tratado de Paz y Amistad[7], sobre el diferendo del Canal del Beagle, donde Argentina pierde las Islas Picton, Nueva y Lennox y territorio marítimo en el Atlántico Sur, rompiendo el principio de Argentina en el Atlántico y Chile en el Pacífico y, acepta una delimitación sin Mar Territorial. Este Tratado es funcional a los intereses del Reino Unido en el Atlántico Sur-Sur y un precedente que incidirá negativamente en las negociaciones de Malvinas.

 

El Reino Unido autoriza[8] a la empresa Firstland Oil and Gas a realizar exploraciones relativas a operaciones de extracción de petróleo y gas.

 

A mediados de este año[9], el gobierno suizo que se encargaba de los intereses de la Argentina después de la guerra, convocó a una reunión que fue la primera después de la guerra. Los argentinos habían aceptado ir entendiendo que los británicos habían accedido a incluir el tema de la “cuestión de la soberanía”, lo cual en realidad no fue tratado en “ningún momento”.

 

 En octubre[10], los isleños sancionaron una nueva Constitución eliminando la facultad del gobernador de elegir los miembros en el Consejo Ejecutivo y les otorgó la ciudadanía británica plena a los isleños.

 

En 1985 el Reino Unido inauguró el 5/11/1985 un nuevo Aeropuerto en Malvinas en “Monte Agradable” por un valor de 545 millones de dólares que facilitará las operaciones militares desde y hacia las Islas; sus operaciones con la Antártida y, logísticas con Chile, Uruguay, etc.

 

En 1986 el Canciller Dante Caputo y el Subsecretario de Pesca Luis Jaimes promueven la firma del «Acuerdo Marco de Cooperación» con la URSS y Bulgaria con la intención de que sus buques pesquen en el área de Malvinas, cuestión que en la práctica nunca ocurre. Como respuesta a estos Acuerdos, el Gobernador británico en Malvinas mediante la Proclama N° 4 de anuncia la creación de una «Zona Provisional de Conservación y Administración de Pesquerías» (FICZ) de 150 Millas; estableciendo, por primera vez, una zona en torno a Malvinas prohibida para los buques argentinos, además de reivindicar, por orden de la Reina, la Zona Económica Exclusiva y una Plataforma Continental de 200 millas (aprox. 438.000 km2) alrededor de Malvinas[11].

 

Este mismo año una iniciativa de Brasil y aprobada por la Res. de la Asamblea General 41/11 del 27/10/86 se crea la Zona de Paz y Cooperación, del Atlántico Sur (ZPCAS) integrada por todos los Estados con ZZE en el Atlántico Sur: Angola, Argentina, Benín, Brasil, Archipiélago de Cabo Verde[12], Camerún, República del Congo,   República Democrática del Congo,   Costa de Marfil, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea,   Guinea-Bisáu, Guinea Ecuatorial, Liberia, Namibia, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Nigeria, Sierra Leona[13], Sudáfrica[14], Togo y Uruguay (no por las Islas ocupadas por el Reino Unido de Gran Bretaña como «Ascensión, Malvinas, San Pedro (Georgias del Sur), Sándwich del Sur y Tristán da Cunha); preocupados por las cuestiones socioeconómicas, la protección de los recursos y el medio ambiente, la paz y la seguridad[15] y, también la emancipación de Sudáfrica y sus territorios coloniales[16], ampliándose en Brasilia en septiembre de 1994 en la Cumbre de Estados Miembros con la Declaración de Desnuclearización. Argentina no le presta mayor atención a esta importante herramienta destinada a evitar la intromisión en el Atlántico Sur de países extraños, entre ellos el Reino Unido y limitar el armamento de esta potencia.

 

En 1987 en la ONU[17] se reúnen el canciller Caputo, el jefe de la negociación García del Solar, el Embajador Marcelo Delpech, y el Subsecretario Robert Gelbard de los Estados Unidos. El Canciller expuso el texto propuesto por Argentina sobre las «paraguas de soberanía», que el funcionario norteamericano lo retransmitió a la Embajada Británica. En realidad, Caputo no hizo otra cosa que aceptar la fórmula inglesa que Argentina había rechazado en 1981[18]: congelar las cuestiones de “soberanía” y cooperar en forma conjunta en el desarrollo de Malvinas (Ver informe lord Shackleton de 1976), que luego se concretaría en 1989/90 y se reeditaría en 2019 con el Pacto Foradori-Duncan. Ello no le impidió al Reino Unido avanzar de los 11.410 km2 (Malvinas) que ocupaba en 1982 a los 1.639.900 de km2 que aún en 2024 ocupa, sin contar los espacios de Antártida (2.426.911 Km2) y la Plataforma Continental extendida que tiene en disputa (1.430.367 Km2) con la Argentina.

 

En 1988 en Ginebra, Caputo y García del Solar con el Embajador inglés en la ONU Crispín Tickell, en el que sería luego el Acuerdo de Madrid I negocian toda referencia a los temas de pesca. Este tema le pareció al gobierno argentino y, a los siguientes, una cuestión menor; pero, como ya lo habíamos manifestado (César Lerena “Pesca Argentina. Reafirmación Decadencia” 1989; “Malvinas. Biografía de la Entrega, Pesca la Moneda de Cambio” 2009 y “Documentos del Asesor del presidente Menem” 19891990) fue, y es un tema central. Ya lo había dicho el Informe Shackleton y lo ratificaría el director ilegal de Pesca de Malvinas, John Barton el 14/3/2012 (El Cronista): «sin la Pesca los Malvinenses no podrían haber subsistido» (sic).

 

Mientras la delegación argentina entusiasta hacía llegar non papers a Londres[19], el Reino Unido anunciaba maniobras Fire Focus en Malvinas. Caputo insta a dialogar según la fórmula británica del paraguas y el gobierno inglés expresa que «abordarían el diálogo sobre la base de su declaración[20] de 1986», mientras el Gobierno argentino, lo haría «sobre la base de la jurisdicción argentina reafirmada desde 1966 con el dictado de la Ley 17.094» (Ley que el gobierno de Menem luego derogaría). El Reino Unido no contestó y, hacia fines de 1988, Caputo «deja en claro su urgencia por avanzar, dado que existía la posibilidad, de qué en las elecciones presidenciales del año siguiente, ganase la oposición. Para julio de 1989 el Reino Unido no había dado respuesta al non paper argentino de septiembre de 1988[21]. Obvio, nadie acordaría nada con un gobierno que se caía.

 

1989-1999 Gobierno de Carlos Menen[22]; Cancilleres Domingo Cavallo[23] y Guido Di Tella[24]; embajadores Lucio García del Solar y Susana Ruiz Cerutti

 

En 1989-1990 se firman los llamados “Acuerdos de Madrid”. El 19 de octubre de 1989 el primero (“I”) y el 15 de febrero de 1990 el segundo (“II”), ambos en Madrid, donde se efectúan las Declaraciones Conjuntas que confirman la «fórmula del paraguas»[25], la entrega de la pesca al Reino Unido[26] y restricciones militares británicas que consolidan su ocupación militar y económica del Atlántico Sur. La congelación de la soberanía sin fecha de vencimiento que benefició claramente al Reino Unido; quién estaba y está, en posesión de las Islas y el mar [27], aunque los espacios marítimos luego serían ampliados. La fórmula utilizada fue notablemente imperfecta: no solo no se trataron cuestiones de soberanía, sino -en todo caso- no establecer un tiempo determinado para tratarla y, no modificar, mientras tanto, el statu quo de 1976, como indicaba la Res. 31/49 de las Naciones Unidas. Por incumplimiento del Reino Unido de esta resolución la Argentina debería haber denunciado estos Acuerdos hace décadas, ya que el Reino Unido avanza en forma sostenida ocupando nuevos territorios marítimos y explotando nuestros recursos pesqueros e hidrocarburíferos en el área en conflicto, como ya indicamos.

 

Del total de km2 que el Reino Unido tenía bajo control alrededor de Malvinas en 1990 los británicos descartaron en forma espontánea unos 4.000 Km2 al sudeste de Malvinas que, Cavallo exhibe como un éxito[28], cuando en realidad, su objeto era consolidar la aplicación de la CONVEMAR que para ese entonces la Argentina no había ratificado y que establece en su art. 74º que una de las formas de dividir la ZEE es trazando una línea equidistante, entre los países ribereños vecinos. Estado que pretende el Reino Unido.

 

En Londres, 1990, se firma el Tratado de “Promoción y Protección de Inversiones” británicas, complementario del Acuerdo de Madrid, convalidado por la Ley 24.184, por el cual, la Argentina le otorga importantes ventajas económicas al Reino Unido. A la fecha, ese Tratado, aún vencido, no ha sido denunciado por la Argentina.

 

En el mismo año, la Argentina y el Reino Unido reanudan las relaciones diplomáticas[29]. Gran Bretaña instala mediáticamente[30] la posible instauración de una ZEE de 200 millas alrededor de Malvinas y, la Primera Ministro Margaret Thatcher hace suya la posición de los isleños; con la aclaración «que debería acordarse el límite oeste con Argentina, donde las ZEE se superponen»[31]. En noviembre se firma el “Acuerdo del Gallinero”[32], donde se conviene con el Reino Unido, la conservación conjunta de los recursos pesqueros al éste de Malvinas, que consiste en el cuidado de los recursos pesqueros y su prohibición de pesca en una importante área al este de Malvinas -con forma de medialuna- desde las 200 millas del archipiélago hasta el límite exterior de la plataforma continental, que la Argentina reclama como propia y, que, además, les asegura a los ingleses, que terceros países no pesquen los recursos que migran a Malvinas; facilitándoles con ello, el otorgamiento de licencias a buques asiáticos, españoles, polacos, etc. y la consolidación económica de los isleños, que obtienen con la pesca el 75% de sus ingresos.

 

En el año 1990 con la Ley 23.775 se provincializa Tierra del Fuego a quién se adjudica además de la Isla Grande, los territorios de la Antártida, los Archipiélagos de Malvinas, San Pedro (Georgias del Sur) y Sándwich, etc. el mar territorial correspondiente. Lo que se entiende como una debilidad para la futura administración de las islas que no serán sustentables sino que tienen en tu territorio la Zona Económica Exclusiva de las Islas; además que en su artículo 2º se debilita la autonomía de la Provincia: “En lo que se refiere a la Antártida, Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y demás islas subatárticas, la nueva Provincia queda sujeta a los tratados con potencias extranjeras que celebre el Gobierno federal, para cuya ratificación no será necesario consultar al Gobierno provincial”; debilitando las políticas de administración del territorio provincial y una adecuada coordinación entre el Estado Nacional y Provincial respecto a la Cuestión Malvinas. 

 

En 1991 El Canciller Cavallo promueve, con la intervención de Susana Ruiz Cerutti, la sanción de la Ley 23.968[33] la determinación de «las líneas de base del territorio continental argentino» que deroga de hecho la Ley 17.094, reduciendo el mar territorial argentino de 200 a 12 millas, a pesar de que la Argentina no había ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El Acuerdo de Madrid se consolidó con esta Ley y allanó el camino del Reino Unido a la posterior instalación de una Zona Económica Exclusiva de 200 millas (aprox. 438.000 km2) alrededor de Malvinas[34]. Esta Ley debilitó los derechos de las provincias patagónicas y en el especial a Tierra del Fuego, cuyas islas, como Malvinas, serían insostenibles al reducirse a doce millas el mar territorial.

 

En 1992 se aprobó el Convenio con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para la Promoción y la Protección de sus Inversiones. Por Ley 24.184[35] se estableció en favor del Reino Unido la cláusula más favorable con relación a terceros Estados.

 

En este mismo año se aprueba la Ley 24.093 de Puertos que se provincializan y se establecen consorcios portuarios privados debilitando el control del Estado Nacional en los puertos estratégicos de la Nación en las cuestiones relativas a la administración general, la defensa y la seguridad Nacional.

 

En 1993 el Reino Unido amplía su ocupación hasta 200 millas alrededor de las Islas San Pedro (Georgias del Sur) y Sándwich del Sur. Esta determinación implicó una mayor ocupación marítima y el control meridional del Atlántico Sur y su proyección con la Antártida.

 

En 1994 el gobierno argentino establece el charteo y veda del calamar que les garantiza a los isleños la llegada a Malvinas de este vital recurso.

 

Por su parte, el Reino Unido establece un Área “GAP” al noroeste de las Islas, por fuera de la exclusión británica (FICZ) y dentro de la ZEE Continental, de unos 1.400 Km2 para proteger sus capturas de calamar[36], sin que se produzca ningún reclamo argentino.

 

El mismo año la Argentina firma un Acuerdo Pesquero con la Comunidad Económica Europea[37] (ahora Unión Europea) y poco después el Reino Unido establece una ZEE de 200 Millas alrededor de Malvinas, que ratifica la prohibición de pescar a los buques nacionales en esa área y, facilita la concesión de licencias a los ingleses a buques chinos, taiwaneses, coreanos, españoles, etc. Malvinas e, inclusive, en el caso del Calamar, se le asignó la captura de una subpoblación de esta especie que no migra al Archipiélago, con la evidente intención de no interferir en las capturas británicas (licencias) de esa especie en Malvinas.

 

Mediante la Ley 24.385 la Argentina aprueba el Acuerdo de la Hidrovía Paraguay-Paraná sobre el que los gobiernos no han sabido llevar una política de administración de este importante troncal fluvial, por el cual se transporta la mayoría del comercio nacional y no ha se ha ejercicio el debido control de mercaderías y seguridad en materia de contrabando y narcotráfico.    

 

En la Provincia de Santa Fe[38] aprueba la nueva Constitución de la Nación Argentina, que en su Disposición Transitoria Primera establece que: «La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, constituyendo un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino», lo que demuestra la vocación de todos los sectores políticos de persistir en la recuperación de este territorio nacional; pero que, en los hechos, no se llevan adelante políticas en sintonía con este mandato popular y por el contrario en muchos casos se violenta, como puede verificarse en varios años posteriores.

 

En 1995 la Argentina y el Reino Unido acuerdan la investigación conjunta de los recursos argentinos en el Atlántico Sur[39] en un sector más amplio (por debajo de los 45ºS) que la FICZ (de exclusión británica alrededor de Malvinas), con los buques de investigación argentinos y su técnica y capacidad operativa para que los británicos se hagan de una información vital que les permite prever la disponibilidad de los recursos pesqueros en el Atlántico Sur y otorgar licencias ilegales a buques extranjeros y propios.

 

El mismo año la Argentina por Ley 24.543[40] ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR)[41] que reduce de 200 a 12 millas nuestro Mar Territorial Argentino, y limita a 350 millas marinas la Plataforma Continental Argentina, que en Malvinas alcanza a las 850 millas[42], además, de que entendemos que la Argentina, si bien utiliza varios de sus puntos relativos a las cuestiones territoriales marítimas, los recursos migratorios originarios de la ZEE y los derechos preminentes de los Estados ribereños sobre los Estados de Bandera, no tuvo efecto práctico alguno y, cientos de buques pescan ilegalmente (sin control de los Estados de pabellón, sin determinar las capturas máximas sostenibles y afectado a intereses de los Estados ribereños) en alta mar los recursos pesqueros migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva Argentina. Se trata de una Convención muy favorable a los Estados de Bandera, que no guarda rigor científico respecto a la sostenibilidad de los recursos, por cuanto libere la pesca en alto mar a pesar de tratarse en general de recursos originarios de los Estados ribereños.

 

En 1996, Argentina Acuerda Políticas de Cooperación con el Reino Unido. En Londres, el entonces secretario de Relaciones Exteriores Andrés Cisneros explica como exitoso, el rotundo fracaso de la política argentina: En el Acuerdo Ítem a) Se normalizan las relaciones con Inglaterra, sin que la Argentina limite su ocupación territorial o la libre explotación de nuestros recursos. Ítem ​​d) Se acuerda la conservación conjunta para evitar la sobreexplotación de recursos pesqueros en “beneficio de las partes involucradas”, donde la Cancillería Argentina considera “parte involucrada” a los británicos. Se firman medidas, vulgarmente conocidas de “cooperación”. Dos o más Naciones pueden cooperar con recursos económicos, tecnológicos y de otro tipo; pero no es posible convenir ninguna cooperación, cuando la Argentina pone todos los recursos científicos, pesqueros, marítimos, petroleros y territoriales, mientras que el Reino Unido ocupa los espacios marítimos, insulares y explota los bienes argentinos.

 

En 1997, comienza la edición de un medio digital pro-británico que emite información en inglés y castellano que trata cuestiones relativas al Atlántico Sur, con llegada a todos los países de Suramérica, en contraposición a la carencia de medios de difusión oficiales a nivel nacional sobre el Atlántico Sur y Malvinas, aunque existen algunos medios que instalan la cuestión Malvinas a nivel nacional.

 

En el mismo año se sanciona la Ley Nacional de Pesca 24.922 que se promulga en 1998[43], aunque que se veta la creación de la Secretaría de Pesca. En ella se legisla sobre las transferencias de los permisos, cuotas y autorizaciones que transforman a la actividad en inmobiliaria en lugar de productivo, enajenando la administración del recurso pesquero del Estado. No se promueven herramientas para evitar la extranjerizaron del mar argentino, la pesca y en especial la captura de los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina que migran a alta mar. Pese a transcurrir 26 años de su dictado nunca sancionó a los buques que realizan pesca ilegal en Malvinas.

 

En 1998 se firma el “Convenio de Cooperación Militar” con el Reino Unido, que no reduce la presencia militar británica en el mar argentino, sino que traslada a Malvinas el Comando Sur de la Isla Ascensión, instalando la mayor base de la OTAN en el Atlántico Sur, con aviones, fragatas, misiles y radares de última generación y, los argentinos se limitan a informar sus movimientos militares.

 

En 1999 la Cancillería Argentina colabora con el Reino Unido para combatir a los buques sin licencias pesqueras británicas en el Atlántico Sudoccidental. En Madrid[44] el entonces secretario de Relaciones Exteriores de Argentina Andrés Cisneros[45] acuerda siete medidas con los británicos. Es decir, la Argentina, vuelve a beneficiar al Reino Unido con medidas para combatir a los “buques sin licencias pesqueras inglesas”, en el Atlántico Sur, de modo que la administración ilegal de Malvinas pueda seguir otorgando licencias a buques pesqueros extranjeros para capturar los recursos argentinos, produciendo una de las mayores cooperaciones unilaterales argentinas a favor de la economía de Malvinas.

 

2000-2001 Gobierno de Fernando de la Rúa[46] y Canciller Adalberto Rodríguez Giavarini

 

En 2000 la Argentina por la Ley 25.290 sancionada el 13 de julio de 2000 aprueba el llamado Acuerdo de Nueva York sobre la Aplicación de las Disposiciones de la CONVEMAR del 10 de diciembre de 1982 relativas a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios, adoptado en Nueva York el 4 de diciembre de 1995 que pone en manos de los Estados de Pabellón (con mayoría en las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera – OROP) el control de las especies migratorias, apropiándole a los Estados ribereños a través de la pesca ilegal de más 11.000 millones de dólares anuales en Suramérica y el Caribe y, al mismo tiempo abrirle   al Reino Unido, las puertas en esas organizaciones regionales para intervenir bajo pretexto de medición en Malvinas un Estado ribereño. No fue ratificada por Argentina por la presión en contra ejercida ante el Congreso Nacional por organizaciones y expertos, pese a la insistencia de la Cancillería Argentina para hacerlo. Es un Acuerdo que violentaría la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional. De no ser por un puñado de opositores en el Congreso, entre los que nos contamos, esta lamentable ley se hubiera ratificado.

 

En 2001 el canciller argentino Adalberto Rodriguez Giavarini[47] invita[48] al Reino Unido a coordinar la presentación ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU y «…proponerle el siguiente arreglo: la fórmula sobre soberanía…» (sic). Un tema, que nunca se había incluido dentro de la fórmula del paraguas. Un lamentable desacierto incomprensible.

 

2001-2003 Gobierno de Eduardo Duhalde[49] y Canciller Carlos Ruckauf[50]

 

Entre 2001 y 2003 no se registraron asuntos relevantes.

 

2003-2007 Gobierno de Carlos Kirchner[51], Rafael Bielsa[52] y Jorge Taiana[53]

 

En 2005 hay una falta de apoyo de los países amigos de la Unión Europea en el Tratado de Lisboa que incorpora como territorios británicos de Ultramar a las Malvinas, San Pedro (Georgias del Sur), Sándwich del Sur y la Antártida Argentina. Los ciudadanos de la Unión Europea votan[54] la consulta sobre la aprobación del texto constitucional de Europa que, incluye dentro de ésta a nuestros archipiélagos y a la Antártida, como territorios británicos de ultramar. Seguramente muchos de los españoles e italianos que votaron favorablemente eran parientes de los más de un millón de coterráneos que llegaron a la Argentina en el siglo XX. No se sabe cómo votaron los argentinos de doble nacionalidad que viven en la Argentina y Europa, pero, en cualquier caso, se desconoce el rol cumplido por la Cancillería Argentina sobre esos países y esos ciudadanos.

 

Los británicos siguen ocupando el Atlántico sur y los buques que pescan en Malvinas y los buques que pescan ilegalmente hacen sus desembarcos en el Puerto de Montevideo facilitando su logística y comercio, mientras que el Canciller Bielsa nos decía: «hemos actuado con firmeza, pero sin estridencias ante el mundo».

 

En el mismo año se suspenden las Investigaciones Pesqueras conjuntas en el Atlántico Sur. En forma positiva se suspenden las reuniones de la Comisión de Pesca[55] debido a que los británicos otorgan licencias de pesca por 25 años en Malvinas. Este hecho, que demuestra la voluntad inglesa de explotar el recurso pesquero -aún depredándolo- termina resultando auspicioso; ya qué a través de estas investigaciones, la Argentina aportaba conocimiento y barcos y, los ingleses elaboraban su estrategia pesquera en la región para otorgar nuevos permisos ilegales.

 

En 2007 el gobierno otorga la explotación hasta el año 2043 del yacimiento petrolero “Cerro Dragón” a la Pan American Energy, cuyo capital accionario es en gran parte de la British Petroleum. A su vez, se ignoran los estrechos vínculos empresarios y de intereses de corporaciones mineras, petroleras y financieras con las empresas que explotan el petróleo en Malvinas, entre otras: la Barrick Gold, Minera Bajo La Alumbrera y Cerro Vanguardia, copropietarios de las petroleras Desire Petroleum, Rockhopper Exploration, FOGL y Southern & Borders Petroleum, en abierta violación a la ley 26.659 (Ley Solanas). A ellas se suman capitales especulativos como la banca Barclays, accionista de una de estas petroleras y contratada por el Gobierno para negociar el canje de deuda.

 

En el mismo año la Argentina ratificó sus derechos ante la ONU sobre la Plataforma Continental Argentina en acuerdo a lo previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar[56], que luego se constituiría en el más importante Estado político de los últimos tiempos, junto a la Cláusula de la Constitución Nacional.

 

2007-2015 Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner[57] y Cancilleres Jorge Taiana[58] y Héctor Timerman[59]

 

En 2008 se establecieron restricciones a las empresas pesqueras radicadas en el continente argentino para operar en Malvinas. Se sanciona positivamente la Ley 26.386[60] por la que se impide a las empresas pesqueras que operan en forma directa o indirecta en Malvinas obtengan habilitaciones de la Autoridad de Aplicación de Argentina para pescar en el Atlántico Sur. Ello no ha impedido que algunas empresas violen esta legislación[61] sin ser sancionadas y todo parece indicar que, si la empresa española de capitales americanos IBERCONSA se quedase con el control de Nueva Pescanova operaria en aguas continentales argentinas y en Malvinas, hecho que violaría la citada ley.

 

En el mismo año se inicia la “localización e identificación de los argentinos caídos en Malvinas[62] en el Cementerio de Darwin” y, hay quienes entienden que con ello se configura una violación a la Convención de Ginebra (Guillermo Rossi, Mar del Plata, 20/3/2023).

 

Hasta 2009 no hay acción alguna por parte del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. El gobierno argentino critica por enésima vez al Reino Unido por ignorar la promoción del diálogo entre las partes de la Res. 2065/65. No pareciera entenderse que “si una misma acción se repite varias veces en un mismo escenario, no hay que esperar más que un mismo resultado” y, que es necesario llevar a cabo políticas activas. El Reino Unido[63] obtiene el reconocimiento de la Unión Europea como territorio extracontinental de ese bloque.

 

En 2010 el Reino Unido inicia exploraciones petroleras en Malvinas, de tal modo que, de resultar positivas las exploraciones y su costo competitivo, podría consolidar fuertemente la posición británica en las Islas.

 

Por Ley 26.651 se aprueba el mapa bicontinental que establece la obligatoriedad de usar en los planos oficiales el territorio argentino del continente americano y el continente Antártico.  

 

En el mismo año por Decreto del PEN Nº 256/10 se obliga a los buques que se trasladan a Malvinas a solicitar permiso a las autoridades nacionales, medida que es apoyada retóricamente por Latinoamérica, ya que se verifican más de 700 buques extranjeros que operan en área de Malvinas, en alta mar o en la ZEE Argentina que se reparan, arman y transbordan en Puertos Uruguayos. La medida no tuvo efectividad por cuanto la Argentina debía controlar las mercaderías que se transportaban y exigirles los certificados de origen y trazabilidad para verificar la procedencia o no de pesca ilegal de los recursos migratorios y/o Malvinas.

 

En 2011 se sanciona positivamente la Ley 26.659, elaborada por el Senador Fernando “Pino” Solanas, que establece sanciones a las empresas del continente que mantienen intereses directos o indirectos en Malvinas. Sin embargo, los gobiernos argentinos efectúan adjudicaciones offshore sin tener en cuenta esta legislación.

 

En este mismo año, se efectúa la Declaración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) sobre los derechos argentinos de Malvinas (Caracas). Aunque inicialmente el presidente de Uruguay Pepe Mujica impide el ingreso a Montevideo de buques pesqueros extranjeros (no Mercantes), esto se flexibiliza y cientos de buques hacen logística en Uruguay.

 

Las provincias del litoral marítimo, Tierra del Fuego (852/11); Santa Cruz (3239/11); Chubut (136/11); Río Negro (4770) y Buenos Aires (14380/12) aprueban leyes destinadas a impedir el uso de los puertos nacionales por parte de buques británicos “Ley Gaucho Rivero”, que se cumple parcialmente. 

 

También este año el Reino Unido crea la «reserva Blue Belt más grande del mundo» un Santuario Ecológico o Área Marina Protegida con 1.070.000 km2 (tres veces más grande que el Reino Unido que alcanza a una superficie de 315.093 km2 en jurisdicción argentina (alrededor de San Pedro (Georgias del Sur) y Sándwich del Sur), para asegurar la llegada de peces al área de Malvinas, incluidos 20 mil Km2 de exclusión[64], en contra de las prescripciones de la CCRVMA (Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos), contrastando, con el poco interés en el cuidado de los recursos por parte del Reino Unido. Los ambientalistas parecen ignorar que este territorio es argentino y siguen reclamándole a la Argentina el aumento de Áreas Marítimas Protegidas en sus aguas.

 

En 2012 se conformó una Comisión para conocimiento público de un Informe Rattenbach, relativo al desempeño de las Fuerzas Armadas durante la Guerra de Malvinas.

 

En 2013 la Argentina y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) suscribieron un acuerdo[65] que otorga a esta institución facilidades en todo el territorio nacional para desarrollar sus actividades, “en el marco de su mandato internacional humanitario independiente, neutral e imparcial”.

 

En este año se realiza en las Islas Malvinas un Referéndum ilegal sobre “si los británicos que viven en Malvinas desean que las Islas conserven su actual estatus político como Territorio de Ultramar del Reino Unido” cuyo resultado fue positivo en un 99,83% sobre un total de 1516 votos sufragados. Ratificaron de esta forma su condición de colonia británica y, con ello, dejaron en claro, que no son autónomos ni buscan la Independencia, sino seguir considerándose británicos. El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Julián Domínguez califica de traición a la Patria para Latinoamérica la acción del diputado uruguayo Jaime Trobo por actuar como Observador en el Referéndum ilegal en Malvinas. Un calificativo que podría caberle con mayor rigor al argentino y residente suizo Marcelo Gustavo Kohen, que en 2018 propuso a los isleños británicos un plan que preveía un referéndum para que determinaran si deseaban acompañarlo en su Plan o seguir perteneciendo al Reino Unido de Gran Bretaña.

 

También en 2013, por Ley 26.875, el gobierno crea el Área Marítima Protegida “Namuncurá”, que, en todo caso, debía limitarse a que el Consejo Federal Pesquero dicte normas de vedas definitivas y transitorias por parte del Instituto de Investigación (INIDEP) y evitar que los recursos que se pretenden proteger migren a Malvinas para ser explotados por los buques extranjeros licenciados ilegalmente por el Reino Unido. Otro tanto ocurre con las Áreas Marinas Protegidas Namuncurá II y Yaganes aprobadas por ley 27.490 del 17 de diciembre de 2018. 

 

En 2014 se efectúa la Declaración de la CELAC sobre los derechos argentinos de Malvinas (La Habana). Aunque ésta, como las declaraciones anteriores y posteriores no han tenido hasta la fecha un efecto práctico.

 

En 2015 Londres anuncia el hallazgo de petróleo en el pozo Isobel Deep en la Cuenca Norte a unos 200 km del archipiélago y luego, otorga permisos de exploración. La Argentina denunciada penalmente a las empresas extranjeras[66] por operar ilegalmente en la plataforma continental argentina.

 

En el mismo año se reforma del artículo 2340 del Código Civil respecto del dominio público en la ZEE, donde se ignoran los cambios lingüísticos de la legislación del mar, sin tener en cuenta, que al momento de la aprobación del artículo 2340 del Código Civil[67] tenía plena vigencia la Ley 17.094 que establecía la soberanía argentina a un mar territorial hasta las 200 millas marinas; Mientras que hoy, el artículo 235[68] que lo sustituye, se refiere a un Mar Territorial que, según los tratados internacionales y nuestra legislación, se limita a sólo 12 Millas. Es decir, salvo una interpretación distinta se excluirían del dominio público unas 188 millas marinas.

 

2015-2019 Gobierno de Mauricio Macri[69] y los Cancilleres Susana Malcorra[70] y Jorge Faurie[71]

 

En 2016 se ratificó por unanimidad el informe argentino de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC)[72] de la ONU[73] sobre el límite exterior de la Plataforma Continental luego de 13 años de trabajo[74] de la Comisión del Límite Exterior de la Plataforma Continental de Argentina (COPLA) que la Cancillería presentó a la ONU en abril de 2009. Un total de 1.782.000 km2 desde las 200 millas marinas y hasta el límite exterior, aunque de estos km2 sólo unos 351.633 km2 en 2016/7 fueron recomendadas[75] y, no encuentran discusión. Respecto a la superficie restante de 1.430.367 km2 la Comisión de Límites de la ONU suspendió su tratamiento para tratarse de un espacio que ésta considera en disputa. Un trabajo que se constituye en un modelo de cómo la Argentina debería proceder en sus Políticas de Estado, y una demostración de la capacidad profesional de los embajadores y técnicos que integraron la COPLA qué, a pesar de transcurrir seis gobiernos[76], y las dificultades políticas, económicas e instrumentales, realizaron una tarea científica, geográfica y jurídica encomiable en favor de los intereses superiores de la Nación. Nuestro recuerdo en este sentido al fallecido Embajador Horacio Solari, el principal gestor de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (COPLA), que no solo armó toda la cuestión legal de creación (Ley 24.815) y técnica, sino que llevó adelante la gestión para disponer del presupuesto necesario.

 

En este mismo año la Canciller Susana Malcorra ratificó de hecho el Acuerdo de Madrid cuando le indica al   secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores Carlos Foradori llevar adelante el llamado Pacto de Foradori-Duncan[77], ratificado de hecho por los sucesivos cancilleres, quién junto al ministro británico, Alan Duncan, declararon: «adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas» manteniendo viva la “fórmula del paraguas”. Este pacto reactivó las investigaciones pesqueras conjuntas con el Reino Unido en el Atlántico Sur sin que se hubieran dejado sin efecto las licencias pesqueras otorgadas por 25 años por los británicos en Malvinas que justificaron su suspensión en 2005 y, habilitó a un nuevo vuelo entre Malvinas, San Pablo y Córdoba, facilitando el comercio de Malvinas con uno de los centros económicos más importantes del mundo y, la sobrevivencia de los habitantes de las Islas frente a la salida del Brexit, que podría cambiar en un futuro las relaciones comerciales entre la Unión Europa y el Reino Unido.

 

En este año, la Canciller Malcorra manifiesta (en medio de su campaña por hacerse de la secretaría general de la ONU), que “las Islas Malvinas no son más el tema principal en la relación entre Buenos Aires y Londres”; lo que demuestra el poco interés del gobierno de hacer cumplir la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

 

También en 2016 se visibilizan los reclamos argentinos. El comunicado del Premier de las Islas Vírgenes y presidente del Consejo Político de UKOTA[78] D. Orlando Smith OBE, deja en evidencia la debilidad de los derechos británicos en Malvinas y en las “doce colonias de Ultramar”.   El bajo precio del petróleo y la persistencia argentina en el reclamo de la plataforma, podrían ser también un desaliento a la instalación de empresas de exploración petrolera en el área Malvinas; pero, ello no parece estar en la política argentina porque se siguen autorizando exploraciones hidrocarburíferas offshore a empresas con vínculos con Malvinas.

 

El mismo año, por aplicación de la Ley 26.386[79] y luego de ochos años, el gobierno argentino multa[80] con 10 millones de pesos a la empresa de Desarrollo Pesquero de Chile SA (EMDEPES) subsidiaria de la japonesa Nippon Suisan Kaisha (Nissui) por pescar con el buque “Unión Sur” con licencia ilegal del Reino Unido en el área de Malvinas. Ello se logra, no por el control o investigación del gobierno, sino por la denuncia que efectúa y sostiene el ex director de operaciones de PESANTAR[81] subsidiaria de la citada NISSUI en Argentina, Juan Benegas[82]. Sin embargo, a la fecha, el gobierno ignora las leyes 24.922 y 27.564 sancionadas en 2020[83] y no aplica sanciones a los buques extranjeros que pescan en el área de Malvinas.

 

Igualmente, en 2016, se lleva adelante la localización de los combatientes caídos en Malvinas.   Se acuerda[84] en Londres entre Argentina y el Reino Unido el Plan de Proyecto Humanitario integrado por forenses, entre ellos los del Equipo Argentino de Antropología Forense para identificar a los argentinos caídos en Malvinas. Una delegación de cuatro integrantes de la Cruz Roja fue autorizada por los gobiernos argentino y británico para llevar a cabo las tareas técnicas de evaluación[85] y, definir el procedimiento de identificación de los argentinos enterrados en el cementerio Darwin de Malvinas.

 

En 2017, seaprueban en el Congreso Nacional por unanimidad las leyes 27.418 de Industria Naval y 27.419 de Marina Mercante y Fluvial presentadas por los Senadores Solanas y Luenzo, con la autoría de César Lerena y Fabian Lugarini. Dos proyectos destinados a promover la industria nacional y desalentar las banderas extranjeras en la troncal fluvial Paraguay-Paraná promoviendo el desarrollo regional y el comercio internacional con pabellón nacional y la importación de buques pesqueros y para otros usos. En ambos proyectos el Poder Ejecutivo vetó los artículos relativos a la financiación de la industria.  

 

El mismo año, tres documentos inéditos de 1767 ratificaron la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas. Anticuario privado aporta tres cartas que demuestran la relación con el gobierno de Buenos Aires y el primer gobernador de Malvinas, de cuyo contenido resulta una nueva prueba de ratificación de la soberanía geopolítica de la Argentina sobre las Islas Malvinas.

 

En 2018 en el marco de la Cumbre del G20 realizada en la ciudad de Buenos Aires se firman nuevos acuerdos pesqueros con Rusia y China, los que, junto al otorgamiento de licencias ilegales pesqueras en Malvinas y las extracciones ilegales en alta mar y la ZEE; la utilización logística de puertos de Montevideo y, transbordos en el mar demuestran una política de extranjerización del Atlántico Sur.

 

El mismo año, la Cancillería solicita[86] al Congreso de la Nación la ratificación -aprobado por la Ley 25.290- del Convenio Internacional para la Conservación del Atún en el Atlántico Sur, con “el ingenuo interés” de preservar una especie que no está presente en la ZEE Argentina ni en la alta mar aledaña[87] y, cuyo Convenio, fue aprobado[88], entre otros, por el Reino Unido, quién de esta manera tendría mayor injerencia en las Cuestiones pesqueras en el Atlántico Sur. La iniciativa es rechazada en el Congreso por Senadores y Diputados opositores, pese a la insistencia de la Cancillería Argentina.

 

Este año, el argentino y residente suizo Marcelo Gustavo Kohen que desde el 2020 y hasta la fecha integra el Consejo Nacional de Malvinas coordinado por el entonces secretario Guillermo Carmona, viaja a las Malvinas para proponerles a los isleños un plan que prevé continuar con el régimen vigente de inmigración y un referéndum para que estos isleños decidan si desean acompañar su plan o seguir siendo británicos que, de haber ocurrido, seguramente, repetiría lo sucedido en 2013 de adherir. al Reino Unido. Ratifica la exposición en el Consejo Argentino de Relaciones Exteriores (CARI) donde explícita su plan que deja de manifiesto que se basa en aceptar la tesis británica de privilegiar “los deseos de los isleños” por sobre la posición argentina de “integridad territorial” prevista en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

 

En 2019 dentro del Pacto de Foradori-Duncan se aprueban los vuelos de LATAM[89] entre Malvinas y San Pablo y un vuelo mensual a Córdoba, lo que implica, facilitar a los isleños el comercio con Brasil y el mundo, a través de San Pablo, a la par de contribuir con la logística y el transporte de personas y mercaderías de los isleños.

 

En este año se licita y aprueba a favor de empresas británicas áreas offshore de explotación petrolera en un área entre Malvinas y el continente argentino. La Secretaría de Energía adjudicó la explotación offshore de 100 mil km2 en la región sur del Atlántico Sur en 18 áreas licitadas en la Cuenca de Malvinas a las empresas Shell; BP Exploration Operating Company Limited; aceite de tul; Equinor y otros, sin tener en cuenta las prohibiciones establecidas en la Ley 26.659 y sin darle participación a la Subsecretaría de Pesca ni a la Secretaría de Desarrollo Ambiental a la hora de elaborar los pliegos licitatorios. Se debilita de esta manera la posición argentina en la zona meridional del Atlántico Sur, a la par, de dañar el ecosistema.

 

En el mismo año se dicta el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 145 del 25/2/19 se faculta a «el propietario o armador de un buque con permiso de pesca vigente podrá constituir un derecho real de garantía respecto de sus obligaciones de dar sumas de dinero, sobre el permiso de pesca del cual sea titular, y/o la autorización de captura y/o la cuota individual de captura, que dicho permiso detente». Motivo por el cual, los empresarios pesqueros podrían utilizar como garantía, los permisos y cuotas de pesca, para financiar la construcción de buques y/o cualquier otro tipo de préstamo, pese a que lo recursos pesqueros, habilitados en forma transitoria a pescar mediante esos instrumentos, son de propiedad exclusiva del Estado y, el empresario, es un mero concesionario.    

 

Se adquirieron en 2019 cuatro patrulleros oceánicos multipropósitos (OPV) a Francia que fueron entregados entre 2020 a 2022. Hay posiciones controvertidas por estas compras ya que, por un lado, hay opiniones autorizadas que entienden que podrían haberse construido en la Argentina a similar valor, generando empleo argentino, reactivando la industria naval nacional y evitando la salida de divisas del país y, por el otro, hay quienes opinan que no son los buques adecuados por sus capacidades técnicas, su escasa velocidad y armamento disponible.

 

2019-2023 Gobierno de Alberto Fernández[90], Cancilleres Felipe Sola[91], Santiago Cafiero[92]

 

En 2020 el primer ministro del Reino Unido Boris Johnson el 31/1/2020 concreta el Brexit sin acuerdo con la Unión Europea y, podría presentarse como una oportunidad para la Argentina de negociar adecuadamente con la Unión Europea, en atención al Acuerdo del EUROSUR y la política de aranceles de la Unión Europea, que hubiera podido colocar a las Islas Malvinas en la misma situación arancelaria que todos los productos exportados desde a la Argentina a la Unión Europea. La Cancillería y los embajadores de la Argentina ante eel Reino Unido, España y otros fracasan y por acción de España los productos pesqueros capturados en Malvinas ingresarán sin arancel alguno por tres años en la Unión Europea, con un evidente perjuicio para los productos argentinos que se exportan a esa comunidad, con lo cual se consolidan los negocios en Malvinas y las asociaciones españolas-británicas. 

 

En febrero de este año, llegó el primer patrullero oceánico multipropósito, el ARA “Bouchard” adquirido en Francia el año anterior.

 

Este mismo año se crea la Secretaría del Atlántico Sur, Malvinas y Antártida en la Cancillería (Ley 27.558). Se jerarquiza la temática dentro de la Cancillería, lo que permitiría mostrar una mayor preocupación de Argentina respecto a Malvinas, San Pedro (Georgias del Sur), Sándwich del Sur, los espacios marítimos y la Antártida. No obstante, transcurridos los años, la acción de la Cancillería se limita la búsqueda del diálogo, la cooperación y los apoyos retóricos de la comunidad internacional que han sido inocuas desde 1965 al dictarse la Res. 2065 (XX) de las Naciones Unidas. Este Consejo Nacional, insólitamente, se integró sin la incorporación de miembros del Ministerio de Defensa ni de la Subsecretaría de Pesca y compuesto por varios miembros que fueron autores intelectuales de la firma de acuerdos que congelaron la soberanía nacional; seguramente el motivo, que no se haya llevado adelante ninguna acción trascendente por parte del Consejo destinada a dar cumplimiento a lo previsto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

 

Se suspenden las investigaciones pesqueras conjuntas con el Reino Unido que se habían reactivado durante el gobierno en 2016 y que ponían al servicio de éste toda la información sensible respecto a los recursos pesqueros, que son el principal recurso económico de Malvinas y uno de los principales recursos del litoral patagónico. No se deja sin efecto la Comisión Conjunta ni se cancelan definitivamente las investigaciones citadas.

 

Este mismo año el presidente de la Nación anuncia una nueva política respecto a Malvinas. El 1 de marzo en el inicio de las Sesiones Ordinarias del Congreso el presidente de la Nación anuncia tres proyectos: La creación de una Comisión con integración de la oposición y expertos; la ratificación de la delimitación de los espacios según los nuevos límites exteriores de la Plataforma Continental Argentina y la aplicación de sanciones a los buques extranjeros que pescan ilegalmente en el Atlántico Sur. No hubo políticas activas “no lineales” diría el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Gral. Paleo y, las acciones se limitan a las conocidas actuaciones diplomáticas argentinas desde 1965 a la fecha, de intentar inconducentemente el diálogo con Londres; cooperar unilateralmente y buscar apoyos retóricos que, resultaron absolutamente inocuos para los británicos. Brasil, Chile y Uruguay le dieron apoyo logístico a Malvinas.

 

Por la Ley 27.564 sancionada este año, se aumentan las sanciones a la pesca ilegal; una ley de letra muerta porque no se aplicó nunca ninguna sanción a los más de 120 buques extranjeros que pescan en Malvinas desde 1976 a la fecha, en un promedio de 250.000 toneladas de productos pesqueros y, más de quinientos buques que operan en alta mar y usan el puerto de Montevideo para su logística, al igual que buques que pescan en Malvinas.

 

En 2021 los tres anuncios referidos durante el año 2020 no se cumplen, ya que por un lado, la integración del Consejo de Malvinas se efectuó con algunos integrantes que no se ajustan a lo prescripto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución como es el caso de Marcelo Kohan que en 2018 ante los isleños en Malvinas les propuso un Plan que entre otras cosas les permitía seguir determinando quién podía o no radicarse en Malvinas ya los Treinta años les habilitaba un referéndum para determinar si querían seguir aplicando el régimen que les proponía o querían ser independientes o británicos. Del mismo modo la integración de Susana Ruiz Cerutti que fue una de las autoras intelectuales de los Acuerdos de Madrid, etc. Además, que pese al tiempo transcurrido no se implementó ninguna política activa destinada a recuperar Malvinas. Con respecto al aumento de penalidades a la pesca ilegal no se aplicó ninguna sanción a las empresas pesqueras que operan en Malvinas con licencias ilegales británicas hasta el fin del mandato en 2023 inclusive. Respecto a los espacios relativos a la plataforma continental, más de 1,4 millones de km2 reclamados por la Argentina no fueron recomendados por la Comisión de Límites para entender que se encuentran en disputa con el Reino Unido y la Argentina, no hizo ninguna acción al respecto.

 

En el mismo año se anuncian sanciones a empresas petroleras que operan en Malvinas. Serían las petroleras Chrysaor Holdings Limited y Harbour Energy Plc. con sede en Gran Bretaña, y Navitas Petroleum LP, con sede en Israel, asociadas con compañías que operan en la cuenca al norte del archipiélago de Malvinas sin contar la autorización de Argentina. No parece que estas acciones puedan tener resultados positivos a juzgar por acciones idénticas sobre otras empresas realizadas en 2015. No hay iguales sanciones a las empresas pesqueras que capturan en Malvinas un promedio anual de 250.000 toneladas.

 

Se consagra este año el fracaso de la Cancillería Argentina y en especial de la Secretaría de Malvinas y de las embajadas en el Reino Unido, España, Bruselas, etc. al aprobar la Unión Europea a instancias de España que en los próximos tres años 75.000 toneladas de calamar capturadas por año en Malvinas podrán ingresar a la UE sin pagar arancel alguno, hecho que consolida la posición económica de los isleños y significa una competencia para desleal a iguales productos que se envían a las empresas habilitadas por la Argentina.

 

En este año, el Ministerio de Desarrollo Ambiental de la Nación habilita a operar a EQUINOR. Aprueba los informes Energía, la Subsecretaría de Pesca, el INIDEP y el PEN por Decreto 900/21 del 30/12/2021 se habilita las operaciones offshore de EQUINOR y Shell frente a Mar del Plata, rebajándole a la mitad las regalías para la explotación por el término de 20 años. Todo ello en violación a la Ley Solanas (26.659).

 

La Secretaría de Malvinas a propuesta del Consejo Nacional aprueba los Vuelos humanitarios para los isleños ofreciéndole al Reino Unido “vuelos humanitarios” de Aerolíneas Argentinas para trasladar a los isleños a sus hogares, en lugar de utilizar esos vuelos para trasladar a científicos a la Antártida con salida desde Ushuaia y no desde Malvinas, como ocurría en los últimos meses o, destinarlos a los familiares de combatientes fallecidos en Malvinas. El Reino Unido rechaza el ofrecimiento y manifiesta que son los isleños quien determina las cuestiones de traslados, etc.

 

En este año el Ministerio de Defensa ordena la construcción de un buque polar para la Armada Argentina en el Astillero TANDANOR con el objetivo de apoyar al rompehielos Irizar en la tarea de abastecer a las bases argentinas en la Antártida, de modo de fortalecer la presencia argentina en el continente antártico argentino. Medida que además cambia el eje de construir en el extranjero.

 

También el Ministerio de Defensa encarga al INVAP un helidrón naval, el RUAS 160, que servirá de prototipo, con el objeto de utilizar tecnología nacional para el desarrollo y el control del Atlántico Sur, poniendo de manifiesto que el posible avanzar en la promoción de tecnologías nacionales para optimizar los controles de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en el mar.

 

El Ministerio de Defensa pone en funciones al nuevo Comando Conjunto Marítimo dedicado a la vigilancia y control de espacios marítimos y fluviales y la Central de Operaciones del Comando Conjunto Marítimo (CCM), con el objeto de coordinar las tareas de las tres Fuerzas en las tareas de custodia de las aguas argentinas, lo que se considera un avance frente a las limitaciones militares impuestas por los Acuerdos de Madrid que continúan vigentes.

 

Unos 500 buques chinos, españoles, coreanos, taiwaneses y con bandera ilegal de Malvinas capturan en el Atlántico Sur todos los años un millón de toneladas de pescados y calamares en forma ilegal y más de cien buques extranjeros pescan en forma ilegal en el área de Malvinas, con licencias ilegales británicas. A lo dicho, debemos agregar, la presencia de pesqueros extranjeros, mercantes y buques contenedores de gran puerta que, por su tamaño, llegan al Atlántico Sur por el Pacífico a través del Estrecho de Magallanes, una zona, que no está debidamente coordinada con Chile, frente a la carencia de medios suficientes de la Armada Argentina y la Prefectura Naval para controlar todo el Atlántico Sur, en una clara muestra de debilidad de la Argentina.

 

En junio de 2021, arribó el segundo patrullero ARA “Piedrabuena” y, el tercero el ARA “Storni” arribó a la Argentina en diciembre de 2021.

 

En 2022 se profundiza la extranjerización del mar argentino. Como producto de la sanción[93] de la Ley 24.922 que no promueve herramientas para evitar la extranjerización del mar argentino; la pesca en Malvinas y en especial la captura de los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina en alta mar, se observa que mientras que en 1970 todas las empresas pesqueras eran nacionales, en 2022, siete de las diez principales empresas exportadoras son nacionales de capital extranjero y los inversionistas son españoles, americanos y chinos que adquirieron los capitales accionarios de las más importantes empresas pesqueras, a la par que empresas extranjeras chinas, españolas-británicas, Taiwaneses, coreanos y otros se llevan ilegalmente un millón de toneladas de recursos argentinos por valor aproximado a los 4.000 millones de dólares anuales. Situación que se mantiene vigente hasta la fecha.

 

En este mismo año el gobierno postuló a la Corte Internacional de Justicia a Marcelo Gustavo Kohen. Un abogado con residencia Suiza y docente de un ignoto Instituto de Ginebra que está en la posición 1.913 de los Institutos y Universidades del mundo y que presentó a los isleños en Malvinas y en el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI) un Plan donde, entre otras cosas, escindía las islas de Tierra del Fuego; les otorgaba los recursos pesqueros a los isleños, le reconocía derechos para determinar quién podría radicarse o no en los archipiélagos ya los 30 años los habilitaba mediante un referéndum para determinar si querían seguir perteneciendo al Reino Unido; cuestión que ya había quedado suficientemente clara en 2013.

 

El embajador argentino en Gran Bretaña Javier Figueroa manifiesta a los ingleses que “el Reino Unido y Argentina han disfrutado de una relación diplomática desde 1823” tratando de “muchachos” a los héroes de Malvinas, dejando de lado la invasión a Malvinas en 1833; la guerra de 1982; la apropiación de territorios insulares y marítimos y la explotación de recursos pesqueros e hidrocarburíferos, preanunciando una política de seducción que lleva con honrosas excepciones la Cancillería Argentina desde 1982 hasta nuestros días.

 

El Ministerio de Defensa anuncia la construcción del Polo Logístico Militar Antártico Argentino en la actual Base Naval de Ushuaia, que incluye el relanzamiento de la Base Petrel, con la intención de transformarlo en la puerta de entrada a la Antártida para competir con la base británica en Malvinas y Punta Arenas en Chile.

 

Este mismo año, en el marco del Plan Anual Antártico, 187 científicos y técnicos argentinos realizan tareas de investigación en diez de las trece bases de Argentina en la Antártida, en particular desde la Base Marambio, ya bordo de buques, desde donde abordarán cuestiones relativas al conocimiento científico en temáticas diversas, lo que se considera una tarea muy importante, no solo por los trabajos de investigación, sino por la presencia argentina en la Antártida.

 

Contrastando con ello se autoriza en 2022 la instalación en la localidad de Tolhuin de Tierra del Fuego de un radar de la empresa LeoLabs Inc. con capacidad de monitorear satélites militares que, pese a las reiteradas denuncias, el rechazo del Ministerio de Defensa argentino y la calificación de “Amenaza a la Seguridad Nacional del Jefe del Estado Mayor Conjunto Tte. Gral Paleo, sigue aún instalada y activa sirviendo a los intereses británicos.  

 

El Reino Unido instala un sistema antimisilístico Sky Sabre en Malvinas reemplazando con este moderno sistema militar la defensa terrestre que tenían desde 1982, contrastando con la baja capacidad militar de argentina.

 

Con motivo de conmemorarse los 40 años de la Recuperación de Malvinas la Secretaría de Malvinas con el aporte del Consejo Nacional de Malvinas presenta una Agenda de Malvinas que entre otras cosas sancionó la Ley 27.671 para capacitación obligatoria a todos los funcionarios del Estado Nacional sobre la Cuestión Malvinas y la Secretaría de Malvinas limitó su accionar a realizar actos protocolares, viajar al exterior, cursos y homenajes a los Veteranos de Guerra sin resaltar la Recuperación de Malvinas después de 149 años de ocupación en interrumpida británica.  

 

En 2023 se suspendió el Pacto Foradori-Duncan sin derogarlos; ni tampoco los Acuerdos de Madrid, dejando activo -a nuestro entender- los efectos del referido Pacto, por cuanto, el Canciller le propone al Reino Unido en varios puntos reiniciar negociaciones por la soberanía de Malvinas, manifestando que «nuestro país ha buscado colaborar en asuntos concretos como vuelos, actividad científica en la Antártida o conservación y preservación de recursos pesqueros», es decir, la cooperación unilateral que nos hemos referido; se «aborden los temas de interés mutuo, que contengan como mínimo..» trabajar en conjunto para identificar áreas nuevas de colaboración: 1) «Reanudar las negociaciones sobre la soberanía». En este estado un hecho improbable, que debería empezar por desechar los Acuerdos de Madrid, en especial la cláusula 2 del Acuerdo del 19/10/89; 2)«La conectividad aérea y marítima de las Islas Malvinas…y los espacios marítimos circundantes con el territorio continental». Cuestión que continúa vigente, ya que no se exige que los vuelos deben hacerse con Aerolíneas Argentinas y al continente; resultando intolerable y una cesión de soberanía los vuelos a otros países; 3) «Garantizar los intereses y el modo de vida de los habitantes de las Islas de forma tal que favorezcan el desarrollo de vínculos culturales, económicos, sanitarios, educativos y otros entre las Islas Malvinas y el territorio continental argentino». Se tratan -todas- de cuestiones incluidas en el informe Shackleton; en las políticas seguidas por Lanusse y en el “caído” Pacto; y la nota argentina tampoco indica al cambio del sistema de inmigración; la radicación; inversión, etc. de los argentinos en las Malvinas; 4) «Medidas que ajustar permitan el aprovechamiento, la conservación y preservación de los recursos naturales en el área bajo disputa de soberanía». Este punto conserva todo lo previsto en el Pacto sobre pesca, resultando inadmisible que la Cancillería refiera al “aprovechamiento, la conservación y preservación de los recursos naturales” argentinos que, coincidiendo con los Acuerdos de Madrid y según las estadísticas británicas los buques extranjeros pescan en Malvinas unas 250 mil toneladas anuales, sin que los sucesivos gobiernos argentinos a la fecha hayan sancionado a un solo buque, pese a la vigencia de las leyes 24.922, 26.386 y 27.564; 5) «La desmilitarización de las áreas bajo disputa de soberanía», omite la exigencia del retiro de la ocupación y explotación de los 1.639.900 Km2 que ocupan en forma prepotente el Reino Unido. Y destaca la Nota del Canciller Cafiero, suponemos elaborada por su Secretario de Malvinas Carmona:  «la voluntad de dar continuidad a la relación bilateral en todas las áreas en las que se han registrado avances y en las que se hayan planteado cursos de acción en los que no hayan surgido divergencias», es decir, dejando de lado, las principales cuestiones de ocupación territorial y explotación de los recursos pesqueros e hidrocarburíferos por parte del Reino Unido en el Atlántico Sur, entre otras, donde hay divergencias, vaciando de contenido la “cancelación” del Pacto. Y en este sentido, la denostada ex Presidenta Isabel Perón, tuvo más coraje que todos los presidentes de la democracia: Ante la decisión del Reino Unido de suspender las negociaciones y enviar la misión Shacketon el 13/1/1976 solicitó el retiro del embajador británico en Buenos Aires y ordenó el cañoneo de la nave que navegaba sin autorización por el mar territorial argentino, entre otras acciones contra el usurpador. Hoy, en la condición de debilidad económica y militar, sería inviable otra acción que llevar adelante políticas activas y diplomáticas efectivas que están ausentes.

 

Hasta el final del mandato de esta presidencia la diputada Graciela Camaño, con el apoyo de la Cancillería, la Secretaría de Malvinas y la Subsecretaría de Pesca, intentó aprobar en el Congreso el proyecto de ley de Área Marina Protegida Agujero Azul, diseñado por la ONG americana Wildlife Conservation Society (WCS) propietaria de islas en Malvinas que, violando la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, habría asegurado la llegada de los recursos pesqueros a Malvinas, dificultar las operaciones pesqueras argentinas y completar el área noreste del “Cinturón Azul” diseñado por el Reino Unido en 2017. Este proyecto fue rechazado por las empresas, los gremios y los expertos (entre los que nos contamos).             

 

En este año el Ministerio de Defensa afectó tres aviones de fabricación nacional al control del área austral y la Secretaría de Malvinas y el Consejo Nacional de Malvinas se limitó a realizar viajes, actos protocolares, charlas y homenajes a los caídos, combatientes y veteranos de Guerra.  

 

2023-2027 Gobierno de Javier Milei[94], Canciller Diana Mondino[95], Canciller Gerardo Wertheim[96]

 

En 2024 el Presidente Milei ordenó la no aprobación del presupuesto anual y con ello, debido a la alta inflación en el país, congela los fondos de las fuerzas navales armadas, de seguridad marítima y fluvial y de control dificultando aún más la administración y control del Atlántico Sur y la ejecución de toda política de fortalecimiento de la soberanía nacional en la parte meridional del Atlántico Suroccidental y la Antártida; el control de la pesca ilegal, el trabajo esclavo y el narcotráfico.   

 

La Canciller Diana Mondino declara que es necesario atender los derechos de los isleños en contraposición a lo previsto por la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y la doctrina mantenida por la Argentina de integridad territorial.

 

Este mismo año el Poder Ejecutivo Nacional presenta al Congreso la Ley de Bases (Ómnibus) donde se prevé reformar la ley de Pesca permitiendo el acceso mediante el pago de un canon a empresas pesqueras extranjeras a la Zona Económica Exclusiva Argentina; hecho inédito en el mundo desarrollado, que habría de extranjerizar el mar argentino e impedir todo tipo de control argentino en Atlántico Suroccidental debilitando su administración. Profundizando la gravedad de la medida, éste preveía autorizar el desembarco fuera de los puertos nacionales, el ingreso de barcos de cualquier antigüedad y la utilización de navegación extranjera en los barcos pesqueros. Al mismo tiempo derogaba la ley 26.386 que prohibía que barcos habilitados por la Autoridad de Aplicación pescaran sin habilitación nacional en Malvinas y viceversa, permitiendo en consecuencia que buques que pescan con licencia ilegal británica en Malvinas, entre ellos los de la sociedad española-británica, pesquen en la Zona Económica Exclusiva Argentina, una verdadera sesión de la soberanía nacional. Este proyecto fue retirado por el gobierno por la gran oposición que realizó los sectores empresarios, gremiales, políticos y expertos (entre estos quienes escribimos estas líneas).               

 

El Comisionado de las islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur extendió “la prohibición de pescar” de 283.000 a 449.000 Km2 en el denominado Santuario Ecológico ilegal del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de 1.070.000 Km2 de alrededor de las Islas, violando, además de la soberanía argentina, la Convención de los recursos vivos en la Antártida, constituyéndose en un nuevo acto unilateral sin que la Cancillería argentina tomara posición alguna y actuara en consecuencia. La Canciller Diana Mondino y la Secretaría de Malvinas de la Cancillería Paola Di Chario; los responsables diplomáticos de la Convención sobre Recursos Vivos Marítimos Antárticos y de la Protección del Medio Marino Antártico; de la Secretaría de Bioeconomía, Fernando Vilella; de la Subsecretaría de Pesca Juan Antonio López Cazorla y del Consejo Federal Pesquero, violan por acción u omisión la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y toda la legislación argentina aplicable (Leyes 15.802; 22.584; 23.775; 23.968; 24.216; 24.543; 24.922; 25.263; 25.675; 26.386; 26.651; 26.776 y 27.564). Independientemente de la responsabilidad que podría caberle al gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Gustavo Melella en su competencia provincial. El avance sobre la prohibición de navegación y pesca de un área   166.000 Km2 sobre el Área Marina Protegida existente viola la citada Convención y la Resolución de la ONU 31/49 del 1/12/1976, promovida por el gobierno de Isabel Martínez de Perón, que instó «a las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entreñen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas están atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones 2065 y 3160»; las normas relativas a la Convención Antártica y toda la legislación argentina relativa a los derechos argentinos territoriales, pesqueros y ambientales.

 

A la existencia de un Puerto en San Pedro (Georgias del Sur) y Malvinas, el Reino Unido anuncia la construcción de un nuevo puerto en Malvinas cuyo costo de 194 millones de dólares estaría financiado por la Banca Rothschild que se estima habilitar en 2027, mejorando la logística en las islas, además de contar con un aeropuerto para aviones de gran puerta. Todo ello facilitará las operaciones de los grandes buques de carga que utilizan el Estrecho de Magallanes para acceder al Pacífico ante la imposibilidad de hacerlo por el canal de Panamá. Del mismo modo, los que transitan desde el Océano Índico, los contingentes turísticos y los pesqueros extranjeros que operan en la parte meridional del Atlántico Suroccidental; además de promover el interés científico mundial de quienes trabajan en la Antártida; desplazándose en todas estas actividades a los puertos de Tierra del Fuego. El objetivo del Reino Unido es la constitución de un Hub Regional en Malvinas.

 

La Canciller Mondino y la secretaría de Malvinas de la Cancillería Paola Di Chiaro, están ausentes en la VIII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) donde “los países de la región reafirmaron su respaldo a los derechos de soberanía argentinos en la cuestión de las Islas Malvinas, conforme a lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

 

Sin solución de continuidad se sigue desinformando a los argentinos sobre la verdadera gravedad de la invasión británica en los archipiélagos y el mar argentino: La posición de la Canciller Mondino es -al menos- contradictoria: cuestiona que Rusia estaría ocupando el 18% del territorio de Ucrania y no denuncia que el Reino Unido invade o disputa el 46,64% del territorio argentino; es decir, un espacio más amplio que el territorio continental americano argentino (2.791.810Km2) y antártico argentino (965.314 Km2); ya que el   Reino Unido ha invadido y/o disputa a la Argentina 5.497.178 Km2 del territorio nacional; es decir, un 46,64%, ya que ocupa y explota 1.639.900 Km2 de territorio argentino (aguas correspondientes, zona de protección y GAP en Malvinas y el Área Marina Protegida y santuario ecológico de 1.070.000 km2 alrededor de Georgias del Sur y Sándwich del Sur); disputa con la Argentina 2.426.911 Km2 del continente antártico y 1.430.367 Km2 de la plataforma continental.

 

Por acción o inacción de las Autoridades argentinas, el frente fluvial y marítimo argentino está siendo debilitado. Una falta de administración adecuada de la vía troncal fluvial Paraná-Paraguay que no favorece el desarrollo regional del litoral del nordeste argentino y la autorización para la profundización del canal del Puerto de Montevideo sin una tarea equivalente en el proyectado canal de Magdalena impide la debida integración la red comercial fluvial-marítima argentina y favorece la logística de la pesca ilegal en alto mar de los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva y en Malvinas, debilitando la soberanía en los archipiélagos del Atlántico Suroccidental y, muy particularmente, a las poblaciones de la Patagonia, cuya densidad poblacional es de las más bajas del país.

 

Ante la inacción de la Cancillería argentina, todas las operaciones relacionadas con Malvinas utilizan los puertos y aeropuertos de Uruguay para favorecer las operaciones pesqueras y petroleras de Malvinas; al igual que el puerto de Punta Arenas de Chile; es decir, trabajan consolidando las relaciones con estos países, pese a la posición retórica de Suramérica a favor de la Argentina y el poco interés de los funcionarios argentinos por buscar acuerdos con los vecinos, en especial los vinculados al Atlántico Sur y la Antártida.

 

Finalmente, en una clara demostración del objetivo británico de ocupar este espacio estratégico del Atlántico Suroccidental, el Reino Unido mantiene en las Islas una base militar misilística y naval absolutamente desproporcionada, contraria a la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” que firman todos los países de África occidental y América oriental y se aprobara en 1986 por la Res. 41/11 de las Naciones Unidas. Todos los hechos de fortalecimiento de la proyección del Reino Unido hacia la Antártida, que pueden ser inconmensurables y muy probablemente irreversibles, ante la tolerancia y pasividad de la Canciller argentina.

 

Sin que la Cancillería lleve política activa alguna, el Reino Unido tiene una política diseñada para todos los Archipiélagos de Ultramar que éste considera parte de la Comunidad Británica de Naciones y, entre ellas, la anunciada en 2017 respecto a establecer un “Cinturón Azul” a las islas, bajo el pretexto de proteger el ambiente alrededor de estas, que en realidad, no es otra cosa que constituyen áreas de control marino británico, que es la que lleva adelante en Malvinas, San Pedro. (Georgias del Sur) y Sándwich, tal es el caso del “Santuario Ecológico” de 1.070.000 Km2 establecido alrededor de las Islas San Pedro (Georgias del Sur) y Sándwich del Sur en 2011, que ahora profundiza mediante la prohibición absoluta de pesca de 166.000 Km2 que se agregó a la determinación del Área GAP de 4.000 Km2 al noroeste de Malvinas donde se concentra gran parte del calamar que es el sustento de Malvinas.

 

Tampoco la Cancillería lleva adelante una política de relación con la Unión Europea post-Brexit de modo que todos los productos pesqueros capturados en el área de Malvinas no ingresen a la Unión Europea sin pagar aranceles de importación y, en especial sobre España que, teniendo empresas radicadas en la Argentina, autoriza a buques gallegos a pescar en Malvinas y asociarse con empresas británicas de las Islas; sin, como dijimos, la Argentina aplica sanción alguna.   

 

Por cierto, siguen vigentes, los Acuerdos de Madrid I y II que limitan la acción de defensa nacional naval y aérea; habilitan de hecho la captura de los recursos pesqueros argentinos.

 

Es manifiesta la extranjerización del Atlántico Sur y la apropiación de los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar y Malvinas: Empresas chinas, españolas-británicas, coreanas, taiwanesas y otras pescaron desde 1976 a la fecha -con licencias ilegales británicas o sin ellas- 48 millones de toneladas, por un valor total estimado de 192 mil millones de dólares.

 

Respecto a la industria pesquera radicada en el continente argentino «del total de dólares de las exportaciones pesqueras declaradas en 2022 (uno de los valores más bajos del quinquenio, fueron 434.00 toneladas por valor de 1.800 millones de U$S) procedentes de la captura en su ZEE, un 70% está en manos de 20 grupos empresarios y un 30% de las 174 empresas exportadoras restantes. De esos 20 grupos, el 70% son sociedades de capitales extranjeros y un 30% de empresas nacionales y, de esas empresas extranjeras el 70% son empresas de capitales chinos y españoles» (César Lerena “Los estados chino, español y británico se hacen de la pesca argentina”, 20/3/2023). No hay políticas en la Cancillería, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; la Secretaría de Malvinas o del Consejo Nacional de Malvinas o del Consejo Federal Pesquero para administrar el Atlántico Suroccidental y recuperar pacíficamente Malvinas.

 

La Canciller Diana Mondino desde su asunción da reiteradas muestras de simpatía con británicos e isleños ocupantes de Malvinas; asignándoles derechos a estos últimos, como si fueran parte en la Cuestión Malvinas, violando el mandato de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, además de no efectuar los correspondientes reclamos ante los distintos foros y haciendo caso omiso a las reiteradas violaciones de nuestros territorios irredentos por parte de la corona británica, distintos funcionarios y sus fuerzas armadas. La ministra Mondino ratificó su política pro-británica con la designación del ex Canciller Jorge Faurie como embajador en Chile -un tradicional aliado del Reino Unido en la región- y la designación del Embajador Carlos Foradori en Ginebra, efectuando con ello, su aval a lo accionado por el gobierno argentino en 2016; ratificado en la reciente Reunión de Cancilleres de la Argentina y del Reino Unido, a través del Comunicado de prensa sobre la Cuestión Malvinas del 24/9/24 (IP 470/24) donde se ratifican los contenidos del Pacto Foradori Duncan, a través de un nuevo Pacto Mondino-Lammy, que en sus partes más destacadas indica: «que la Canciller Argentina, Diana Mondino, y el Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, reunidos en Nueva York el 24/9/2024 avanzaron en una agenda amplia que incluyen aspectos vinculados al Atlántico Sur, aplicándose esta agenda ya sus resultados la fórmula de salvaguardia de soberanía que figura en el párrafo 2 de la Declaración Conjunta del 19 de octubre de 1989». Las Partes acordaron retomar la tercera fase del Plan Proyecto Humanitario conjuntamente con la Cruz Roja. También se inició la necesidad de avanzar con medidas concretas en materia de conservación de pesquerías y en favor de una mejor conectividad, en virtud de los arreglos alcanzados en 2018, incluida la reanudación del vuelo semanal de San Pablo a las Islas, que realizaba una escala mensual en Córdoba…». Objetivos, que no son otros que los indicados en el Pacto Foradori-Duncan de «adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos». Todo ello sin aporte alguno del Reino Unido como contrapartida a esta vergonzosa cesión de la Argentina. Mariano Moreno nos decía: “hay determinaciones que no se pueden tomar ni ebrios ni dormidos”, es decir, bajo ninguna circunstancia». Este Pacto indigno Mondino-Lammy, lesiona la soberanía nacional y viola la Constitución Nacional; deja de lado nuevamente al Congreso Nacional ya la voluntad mayoritaria de los argentinos, que no otorgó mandato alguno a la Canciller para facilitar la ocupación territorial británica de nuestros territorios.

 

En 2025 se designó en febrero de este año a la embajadora argentina en Londres a Mariana Edith Plaza que mereció el reclamo de la Confederación de Combatientes de Malvinas; la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires y de gran parte del arco político opositor por cuanto esta diplomática habría manifestado que se debía “renunciar a todos los reclamos y derechos que tiene la Argentina sobre las Islas Malvinas” (De Vedia Mariano, La Nación, 22/2/2025).

 

La política exterior llevada adelante por el gobierno de Milei, de alineamiento exclusivo a Estados Unidos e Israel nos aíslan del conjunto de naciones que apoyan tradicionalmente los reclamos argentinos sobre Malvinas y, nuestra debilidad, derivada de una política de apertura de las importaciones, desindustrialización y destrucción del Estado a la Argentina en la peor coloca condición de dependencia extranjera para sostener nuestros reclamos soberanos.

 

Después de 43 años de políticas relativas a Malvinas generalmente desacertadas, debemos decir, que no se trata de vivir aislado del mundo ni de utilizar procedimientos bélicos, ya que la Argentina no está en capacidad de sostener ningún conflicto, no solo por encontrarse desarmada, sino por la debilidad y dependencia económica extrema en la que se encuentra. Tampoco, de ser anglo-fóbico o sostener sencillamente «contra los ingleses es mejor» como prólogo en su libro la escritora Ema Cibotti o utilizar la «mano de Dios» que exteriorizó un sentimiento popular que tienen -aún antes que nosotros- muchos irlandeses, escoses y galeses.

 

Nuestra Independencia, nos sacó de encima el virreinato de los españoles, pero los ingleses siguieron haciendo de nuestros recursos en el país a pesar de los Tratados de Paz y Amistad o bajo el amparo de Acuerdos que, como el de Madrid, sirvieron para seguir ampliando la ocupación de nuestro territorio. Como la enseñanza bíblica de David y Goliat nos indica, es necesario utilizar las mejores capacidades disponibles para resolver esta cuestión que hiere nuestros sentimientos, ya que las Malvinas, como el Unicornio Azul, son nuestros y las queremos. Alfonso Hernández-Catá nos decía: «La guerra no empieza nunca en la primera batalla ni acaba con la última» y, nosotros modestamente reiteramos que “a Cancha Rayada le llegó su Maipú” como también le llegará a Malvinas, sí nuestra política deja de ser: declamar, reclamar y cooperar unilateralmente y, los funcionarios en lugar de temblar y asegurarse el salario, deben caminar con coraje e inteligencia hacia la soberanía plena de nuestro territorio continental, insular y marítimo.

 

César Augusto Lerena

 

[1] Presidente de facto desde el 22.12.1981 al 18.06.1982.

 

[2] Canceladores del 5.07.66 al 16.06.69 y del 22.12.81 al 2.07.82.

 

[3] 21 de mayo de 1982.

 

[4] Presidente (1983-1989).

 

[5] Cancelador desde el 10.12.83 al 26.5.89.

 

[6] Algo similar a lo ocurrido con las negociaciones del Beagle; donde se pone en duda la importancia y legitimidad de los derechos argentinos sobre unas islas abandonadas del extremo austral. En el Vaticano se firma el Tratado de Paz y Amistad con Chile el 29.11.84, sancionado en Argentina en 1985, sobre el diferendo del canal del Beagle, donde Argentina pierde territorio y acepta una ZEE sin Mar territorial. Hay una generación argentina de entre 30 y 40 años de la posguerra de 1982, que no ha participado en ésta, que no tiene anticuerpos porque “está desmalvinizada”. Las generaciones mayores nos formamos con una educación de pertenencia sobre Malvinas.

 

[7] Firmado en el Vaticano el 29/11/1984 y ratificado el 2/5/1985.

 

[8] 17 de junio de 1984.

 

[9] 18 de julio de 1984.

 

[10] 30 de octubre de 1984.

 

[11] El Reino Unido tendrá invadido por la fuerza 1.639.900 km2 del territorio marítimo argentino (1 millón de reserva ecológica), gap (1.900 Km2) y ZEE (438.000 km2- alrededor de Malvinas y otras tantas millas alrededor de San Pedro (Georgias del Sur) y Sándwich del Sur)

 

[12] Supera la cuestión geográfica del Atlántico Sur e incluye archipiélagos como Cabo Verde.

 

[13] Miembro de la Commonwealth of Nations británica.

 

[14] Miembro de la Commonwealth of Nations británica.

 

[15] (1) Exhorta a todos los Estados de la zona del Atlántico Sur a que promuevan una mayor cooperación regional, entre otras cosas, para el desarrollo económico y social, la protección del medio ambiente, la conservación de los recursos vivos y la paz y la seguridad de toda la región; (2) Exhorta a todos los Estados de todas las demás regiones, en especial a los Estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, en particular mediante la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en dicha región, la no introducción de armas nucleares o de otras armas de destrucción masiva y la no extensión a la región de rivalidades y conflictos que le sean ajenos; (3) Exhorta a todos los Estados de la región y de todas las demás regiones a que cooperen para la eliminación de toda fuente de tirantez en la zona, respeten la unidad nacional, la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de todos los Estados de la región, se abstengan de la amenaza o la utilización de la fuerza y ​​observen estrictamente el principio de que el territorio de un Estado no debe ser objeto de una ocupación militar que resulte de la utilización de la fuerza, en violación de la Carta de las Naciones Unidas. así como el principio de que es inadmisible la adquisición de territorios por la fuerza;

 

[16] Khanyile, Moses Bongani, Las relaciones de seguridad de Sudáfrica con los países del Mercosur, Tesis Doctoral (Universidad de Pretoria), pág. 203.

 

[17] Junio ​​de 1987 

 

[18] Febrero de 1981.

 

[19] 12 de febrero de 1988.

 

[20] 29 de octubre de 1986.

 

[21] 19 de septiembre de 1988.

 

[22] Presidente 1989-1999.

 

[23] Canciller desde el 8.7.89 al 31.1.91 y ministro de Economía desde el 1.3.91 al 6.8.96.

 

[24] Cancelador desde el 31.1.91 al 10.12.99.

 

[25] En febrero de 1981 la Cancillería Argentina rechazó una propuesta británica de “congelar por un plazo determinado la cuestión de la soberanía…”; oferta que hacía suya “sin vencimiento” Caputo, aunque no alcanzaría el acuerdo debido al prematuro fin del gobierno radical (1987/89) y Cavallo firmaría el Acuerdo de Madrid, bajo la “protección de la fórmula del Paraguas”. La Declaración Conjunta sobre soberanía se emite en Madrid el 19 de octubre de 1989. Arturo Frondizi le dice a Cavallo respecto a los acuerdos de Madrid “para los peronistas usted es un traidor a la patria”.

 

[26] El 16 y 17 de agosto de 1989 (antes a Madrid) se reunió en Nueva York el Embajador inglés Crispin Tickell y el embajador argentino Lucio García del Solar. El inglés le dijo: "le pedimos que la Argentina reconozca que existe una Zona exclusiva de Pesca (FICZ). No le pedimos al gobierno argentino que diga nada en público, sino que digan las cosas". A lo que García del Solar respondió: “…La Argentina no está pidiendo el levantamiento de la Zona de pesca; si la zona militar” (sic). En los hechos una moneda de pago al ganador de la guerra de 1982 por Malvinas.

 

[27] En un partido de fútbol, ​​el que lo congela y el que retiene la pelota, es el que está ganando el partido; no, el que lo viene perdiendo.

 

[28] En noviembre de 1989.

 

[29] Febrero de 1990.

 

[30] Octubre de 1990.-

 

[31] 13 de noviembre de 1990.

 

[32] El 28 de noviembre de 1990 (Clarín, Política, pág. 3, 29.11.90).

 

[33] La Ley 23.968 (líneas de base y modificación del Código Aduanero) fue sancionada el 5.12.1991 y modificada rápidamente por el Decreto (DNU) 2623/91 el 12.12.91.

 

[34] Según manifestó Lucio García del Solar, tras las negociaciones en Madrid, “era una promesa a los británicos”.

 

[35] 4 de noviembre de 1992.

 

[36] El calamar es un recurso anual, por lo tanto, si no se autoriza su captura a los buques argentinos, nada impide que estos recursos lleguen a Malvinas.

 

[37] Abril de 1994.

 

[38] El 22 de agosto de 1994.

 

[39] El 4 de diciembre de 1995.

 

[40] El 13 de septiembre de 1995.

 

[41] Para permitir la ratificación de la CONVEMAR se aprobó la Ley de Líneas de Base y se modificó la Ley 17.094. La CONVEMAR se ratificó el 17.10.95 por ley 24543; reduciendo nuestro mar territorial de 200 Millas -según la ley 17.094- a sólo 12 Millas e introduciendo en aquel territorio las divisiones de mar territorial de 12 Millas, mar contiguo desde las 12 hasta las 24 Millas y la ZEE hasta 200 Millas. Argentina no había ratificado aún la Convención porque no contemplaba temas básicos de la pesca, en especial, relativas las poblaciones de peces transzonales y recursos migratorios, como el caso del calamar (Illex argentinus) o la merluza (Merluccius hubbsi), por ejemplo.

 

[42] La Plataforma Continental Argentina va de 165 millas entre los cabos San Antonio y Corrientes y su parte más ancha en la latitud 51° Río Chico alcanza las 850 millas.

 

[43] Promulgada el 6 de enero de 1998.

 

[44] Madrid, 2 y 3 de septiembre de 1999. Reunión del secretario de RE con el director para las Américas de Inglaterra, Peter Westmacott.

 

[45] Secretario de Relaciones Exteriores desde 1996 a 1999.

 

[46] Presidencia de la Nación 1999-2001.

 

[47] Canciller argentino del 10.12.1999 al 20.12.2001.-

 

[48] ​​Junio ​​de 2001

 

[49] Presidente de la Nación del 2001 al 2003.

 

[50] Cancelador del 3.01.02 al 25.05.03.

 

[51] Presidente de la Nación desde 2003 a 2007.

 

[52] Cancelador del 25.05.03 al 01.12.05.

 

[53] Cancelador del 1.12.05 al 18.6.10.

 

[54] La Constitución fracasó originalmente por el voto negativo de Francia y Holanda. 

 

[55] La última reunión de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur se debía realizar en diciembre de 2005, pero se levantó sin iniciarse.

 

[56] CONVEMAR. Parte VI, art. 76º, incisivos 7 a 9.

 

[57] Presidente de la Nación desde 2007 a 2015.

 

[58] Cancelador desde el 1.12.05 al 18.6.10.

 

[59] Canciller del 22.6.10 al 10.12.15.

 

[60] Ley 26386 del 28/5/08 que modifica la ley 24.922, publicada en el Boletín Oficial el 20/6/08.-

 

[61] Maturana Roberto: "PESANTAR, es una empresa japonesa radicada en Argentina en 1981. Exporta surimi (pasta de pescado) a Japón, procesado y congelado a bordo de sus buques factoría. Estos surimeros son altamente depredadores, responsables de haber acabado con la especie polaca. En todas estas décadas, no generaron trabajo en tierra. Forma parte del grupo NISSUI (cazadores de ballenas que capturan en nuestra Antártida) que es también dueño de PESPASA. El grupo empresario, pesca con licencia del Reino Unido en Malvinas desde su filial chilena EMDEPES, vencido el plazo de 360 ​​días que fijaba la ley declararon que estaban relacionados con el citado grupo NISSUI que pesca en Malvinas. lo que motivó que los permisos de captura de los buques de PESANTAR y PESPASA caducaran inmediatamente sin necesidad de declaración judicial alguna…; pero un buque surimero, según el responsable de Newsan Food, Marcelo Glikman, genera 28 millones de dólares por año y nadie le reclamó al grupo empresario que devuelva los millones de pescados en el Mar Argentino y exportados a Japón…” 3/02/15.

 

[62] Gasalla, Juan – Infobae, 17/06/2016. 

 

[63] 2009.

 

[64] ABC Biodiversidad, 28/2/2012.

 

[65] El 24 de enero de 2013. Gasalla, Juan – Infobae, 17/06/2016. 

 

[66] Rockhopper Exploration plc, Premier Oil plc, Falkland Oil And Gas Limited (FOGL), Noble Energy Inc. y Edison International SpA que integraron el consorcio de la plataforma emisumergible Eirik Raude, y Petroleum Geo-Services (PGS), aportante de buques para realizar los análisis de sustentabilidad de los yacimientos; Desire Petroleum, que brindó datos sísmicos; Neptune EHF, que aportó el buque que habría realizado estudios geoquímicos y de líneas de base ambientales; y Ocean Rig (noruega), propietaria de la plataforma Eirik Raude, contratada para realizar las exploraciones.

 

[67] reformado por la Ley 17.711 de 1968.                                                                                  

 

[68] Arte. 235: Bienes pertenecientes al dominio público: a) El Mar Territorial hasta la distancia que determinan los tratados internacionales (12 millas) y la legislación especial (en la Ley 24.922 12 Millas), sin perjuicio del poder jurisdiccional sobre la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Se entiende por Mar Territorial el agua, el lecho y el subsuelo.   

 

[69] Presidente de la Nación desde el 2015 al 2019.

 

[70] Cancelador del 10.12.15 al 12.06.17.

 

[71] Canciller del 12.6.17 al 10.12.19.

 

[72] Creada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar está integrada por 21 expertos internacionales en la materia.

 

[73] el 11 de marzo de 2016.

 

[74] Se iniciaron los trabajos en 1996.

 

[75] los días el 28 de marzo de 2016 y el 17 de marzo de 2017.

 

[76] Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Mauricio Macri. 

 

[77] El 13 de septiembre de 2016.

 

[78] La Asociación de Territorios de Ultramar del Reino Unido.

 

[79] Ley 26386 del 28/5/08 que modifica la ley 24.922, publicada en el Boletín Oficial el 20/6/08.-

 

[80] en marzo de 2016.-

 

[81] Pesantar era una empresa radicada en argentina dependiente de Nissui de Japón. Juan Benegas tomó conocimiento de que EMDEPES –también perteneciente al grupo sancionado- tenía un barco pescando en la zona de Malvinas con permiso británico, en contra de la ley argentina que prohíbe dicho tipo de maniobras.

 

[82] Por su denuncia fue despedido de la empresa luego de 26 años de actividad.

 

[83] Sancionada el 16 de septiembre de 2020.

 

[84] Gasalla, Juan – Infobae, 17/06/2016.

 

[85] Entre el 26 de junio y el 5 de julio de 2016.

 

[86] El 15 de junio de 2018 el Canciller Jorge Faurie envió al Senado el proyecto PE/176/18, Mensaje Nº 85/18.

 

[87] Cousseau-Perrotta, INIDEP, 2000.

 

[88] El Congreso Nacional lo aprobó por ley 25.290 el 13/7/2000 y todavía no lo ratificó. La Comisión tiene 52 Partes Contratantes, a saber: Estados Unidos, Japón, Sudáfrica, Ghana, Canadá, Francia, Brasil, Marruecos, Corea, Costa de Marfil, Angola, Rusia, Gabón, Cabo Verde, Uruguay, Santo Tomé y Príncipe, Venezuela, Guinea Ecuatorial, Guinea, Reino Unido, Libia, China, Unión Europea, Túnez, Panamá, Trinidad y Tobago, Namibia, Barbados, Honduras, Argelia, México, Vanuatu, Islandia, Turquía, Filipinas, Noruega, Nicaragua, Guatemala, Senegal, Belice, Siria, San Vicente y las Granadinas, Nigeria, Egipto, Albania, Sierra Leona, Mauritania, Curçao, Liberia, El Salvador y   Guinea-Bissau.

 

[89] LAN Airlines SA (Chile) se asocia con con TAM Linhas Aéreas SA (Brasil) formándose LATAM Airlines Group SA

 

[90] Presidente de la Nación con mandato 2019-2023.

 

[91] Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto (2019-2021).

 

[92] Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto (2021 sigue).

 

[93] Promulgada el 6 de enero de 1998.

 

[94] Presidente de la Nación con mandato 2023-2027.

 

[95] Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto del 12/10/23 al 31/10/24.

 

[96] Designado por el Decreto 980/2024