Por Héctor GIULIANO
(30.1.2016)
En línea con la
política de la nueva administración Macri de gobernar con deuda, la provincia de Buenos Aires (PBA) – siguiendo
los pasos de la CABA – fue la primera en comenzar su gestión partiendo de la
base de un macro-endeudamiento local.
A diferencia de lo
que comúnmente pueda creerse, esta política de deuda no discontinúa sino que
complementa y amplifica la seguida por la anterior administración Scioli que –
a su vez – formaba parte del proceso de incremento sistemático de la deuda
pública seguido bajo el gobierno Kirchner pese al mito del des-endeudamiento del Estado.
Según las últimas
cifras oficiales del Ministerio de Economía de la Nación (MECON) – con datos al
31.12.2014 – la Deuda Pública consolidada de las provincias era de 196.100 M$
(Millones de Pesos, expresados siempre con redondeo).
Esta cifra no incluye
Deuda Flotante o Exigible ni Deuda Contingente, y existen fundadas reservas
sobre su grado de realidad y su forma de evolución hasta el presente.
De este total de 196
mil, 88.000 M$ - un 45 % - correspondían a esa fecha a la PBA; con el siguiente
desagregado por tipo de acreedor: 1. Gobierno Nacional 31.400, 2. Fondo
Fiduciario de Infraestructura Regional (FFIR) 240, 3. FF de Desarrollo
Provincial (FFDP) 700, 4. Bancos 500, 5. Bonos 46.600 y 6. Organismos
Internacionales 8.600 M$.
La página web de la
PBA – con datos actualizados al 30.9.2015 – muestra la composición de la deuda
pública provincial bajo un agrupamiento por acreedor algo diferente: 1. Gobierno Nacional 30.800
M$ (32 % del total), 2. Créditos Bilaterales 1.400 (1.3), 3. Créditos
Multilaterales 7.400 (7.7 %, incluyendo 500 M$ de Bancos), 4. Tenedores de
Bonos Domésticos 6.900 (7.2), y Tenedores de Bonos Internacionales 49.900 (51.8). Total de la deuda: 96.300 M$.
Esto implica un
aumento de 8.300 M$ durante los 9 meses registrados del año pasado, o sea, sin
contar el aumento producido en las postrimerías de la administración Scioli y el
que se haya registrado bajo la nueva administración Vidal antes de fin de año.
El monto real de esta
cuantiosa deuda de la provincia, sin embargo, está en discusión:
a) La
nueva administración macrista habla de la existencia de deudas no registradas
por 54.000 M$.
b) La
Deuda Flotante – principalmente con municipios, contratistas/proveedores y
OS-IOMA – sumaría hoy otros 12.000 M$.
c) La
gobernadora Vidal habría recibido a fines de Diciembre unos 8.000 M$ de auxilio
financiero por parte del gobierno nacional para poder pagar sueldos (4.500) y
medio aguinaldo (3.500) de la administración pública.
d) El
ministro de economía Lacunza ha dicho reiteradas veces que el déficit fiscal de
la provincia correspondiente al 2015 se estima en unos 16.000 M$, cifra que
también se cubre con deuda.
e) Por
último, el tesoro provincial tiene una
importante deuda total con el Banco de la Provincia (BAPRO) de 28.800 M$ - que
constituye todo un complejo problema en sí mismo – de los que 5.800 M$ por lo
menos son adelantos de fondos dados al gobierno provincial que, según lo
establece la Carta Orgánica, debieran haber sido devueltos al banco a fin de
año pero esta obligación permanece incumplida por falta de fondos y por el
citado déficit fiscal.
Todavía no se cuenta
con el Presupuesto 2016 detallado de la PBA ni con el perfil de vencimientos de
su deuda pública pero el cuadro de situación – ya de por sí grave debido a la
falta de capacidad de repago demostrada – se acentuaría forzosamente por las
grandes colocaciones de títulos a corto/mediano plazo realizadas en las
postrimerías de la gestión Scioli y particularmente por la necesidad de renovar
la parte de deuda en moneda extranjera (que es el 60 % de la deuda total).
Como estos datos son
en pesos y al 30.9 pasado, todavía no muestran la tremenda incidencia de la
macro-devaluación de Diciembre sobre el total de la deuda provincial pero, en
todo caso, está perfectamente claro que la situación crítica en que se
encuentra la PBA se refleja en las medidas de emergencia financieras y
políticas que está adoptando la nueva administración Vidal (con apoyo de la
mayoría de la oposición):
- Aumento
adicional y extraordinario del endeudamiento público, para lo que se
solicitó una autorización de la Legislatura que era originalmente de
110-100.000 M$, se redujo luego – a raíz de aparentemente duras
negociaciones parlamentarias y municipales – a 94.000 M$ y fue finalmente
aprobada por 60.000 M$, de los que 10.000 M$ son para los municipios.
- Como
complemento del punto anterior: trabajo en tándem con el gobierno nacional
para acelerar en todo lo posible la vuelta de la provincia al mercado
internacional de capitales para refinanciar la totalidad de los
vencimientos de deuda externa (cuyos bonos de los últimos años se vinieron
colocando a una tasa del 10 % anual en dólares) y emitir deuda nueva en el
marco de la nueva etapa de macro-endeudamiento de los Estados
Sub-nacionales, tanto con organismos multilaterales como con prestamistas
privados.
- Fuerte
ajuste fiscal para lograr un teórico resultado
financiero cero (!) en las cuentas del estado provincial – siguiendo
la peculiar lógica de que el
presupuesto se equilibra con deuda - como producto de un Gasto Público
total proyectado para el 2016 de 354.200 M$ contra Recursos por 338.400 M$
y los 15.800 M$ restantes cubiertos con Deuda Pública (una deuda que, a su
vez, es sólo parte del aumento de 51.200 M$ previsto para el ejercicio
como diferencia entre Amortizaciones por 14.200 M$ frente a nuevo
Endeudamiento por 65.500 M$).
- Ajuste
por el lado de los Ingresos en función del aumento de la presión
tributaria, derivada de los efectos de la inflación sobre los recursos
fiscales y del revalúo de bienes durables (inmuebles y vehículos), con
incrementos paralelos relevantes en precios/tarifas de servicios públicos
y más deuda pública nacional tomada para obras provinciales y
reestructuración de deudas existentes.
- Ajuste
por el lado de los Egresos, en función del ajuste salarial en curso –
nacional y provincial – a través del desfase financiero de las
actualizaciones sobre personas con ingresos fijos (asalariados y
jubilados), de la dilación de las discusiones paritarias y de la presión
para indexación de las remuneraciones según inflación futura proyectada,
en forma escalonada, y no según recupero de la inflación real ya
producida.
La
conjunción de todos estos factores configura el marco dentro del que la PBA
estaría destinada a constituir un caso
testigo dentro de la nueva política de endeudamiento externo en gran escala
de la administración Macri, y que ya está puesta aceleradamente en curso.
Como
nota final es importante remarcar a este respecto la funcionalidad que existe
entre sucesivas administraciones de
gobierno en cuanto al sistema de Deuda Pública perpetua – independientemente de
los signos políticos y de los discursos grandilocuentes (con el mito común del des-endeudamiento a la
cabeza) – cuando se trata de empalmar las torpezas
cómplices de una gestión Kirchner saliente y la restauración de la política institucional de deuda externa de una
gestión Macri entrante.
Una
trampa de Deuda perpetua sostenida por ambas administraciones de gobierno, que
reivindican como positivo y exitoso
el fracasado Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 y que aspiraban volver al
mercado externo de capitales para tomar más deuda.
El
presumible caso-testigo de la PBA es, en este sentido, una muestra paradójica y
burlesca que trae a cuento las aseveraciones del ex gobernador Scioli y su ministra de
economía Batakis, que hasta último momento porfiaban que entregaban a la nueva
administración macrista una provincia
des-endeudada y sin déficit fiscal (sic).
