domingo, 31 de enero de 2016

LA DEUDA PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES


Por Héctor GIULIANO 
(30.1.2016)

En línea con la política de la nueva administración Macri de gobernar con deuda, la provincia de Buenos Aires (PBA) – siguiendo los pasos de la CABA – fue la primera en comenzar su gestión partiendo de la base de un macro-endeudamiento local.
A diferencia de lo que comúnmente pueda creerse, esta política de deuda no discontinúa sino que complementa y amplifica la seguida por la anterior administración Scioli que – a su vez – formaba parte del proceso de incremento sistemático de la deuda pública seguido bajo el gobierno Kirchner pese al mito del des-endeudamiento del Estado.

Según las últimas cifras oficiales del Ministerio de Economía de la Nación (MECON) – con datos al 31.12.2014 – la Deuda Pública consolidada de las provincias era de 196.100 M$ (Millones de Pesos, expresados siempre con redondeo).
Esta cifra no incluye Deuda Flotante o Exigible ni Deuda Contingente, y existen fundadas reservas sobre su grado de realidad y su forma de evolución hasta el presente.
De este total de 196 mil, 88.000 M$ - un 45 % - correspondían a esa fecha a la PBA; con el siguiente desagregado por tipo de acreedor: 1. Gobierno Nacional 31.400, 2. Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional (FFIR) 240, 3. FF de Desarrollo Provincial (FFDP) 700, 4. Bancos 500, 5. Bonos 46.600 y 6. Organismos Internacionales 8.600 M$.

La página web de la PBA – con datos actualizados al 30.9.2015 – muestra la composición de la deuda pública provincial bajo un agrupamiento por acreedor  algo diferente: 1. Gobierno Nacional 30.800 M$ (32 % del total), 2. Créditos Bilaterales 1.400 (1.3), 3. Créditos Multilaterales 7.400 (7.7 %, incluyendo 500 M$ de Bancos), 4. Tenedores de Bonos Domésticos 6.900 (7.2), y Tenedores de Bonos Internacionales 49.900 (51.8).  Total de la deuda: 96.300 M$.
Esto implica un aumento de 8.300 M$ durante los 9 meses registrados del año pasado, o sea, sin contar el aumento producido en las postrimerías de la administración Scioli y el que se haya registrado bajo la nueva administración Vidal antes de fin de año.
El monto real de esta cuantiosa deuda de la provincia, sin embargo, está en discusión:

a)    La nueva administración macrista habla de la existencia de deudas no registradas por 54.000 M$.
b)    La Deuda Flotante – principalmente con municipios, contratistas/proveedores y OS-IOMA – sumaría hoy otros 12.000 M$.
c)    La gobernadora Vidal habría recibido a fines de Diciembre unos 8.000 M$ de auxilio financiero por parte del gobierno nacional para poder pagar sueldos (4.500) y medio aguinaldo (3.500) de la administración pública.
d)    El ministro de economía Lacunza ha dicho reiteradas veces que el déficit fiscal de la provincia correspondiente al 2015 se estima en unos 16.000 M$, cifra que también se cubre con deuda.
e)    Por último, el tesoro provincial tiene  una importante deuda total con el Banco de la Provincia (BAPRO) de 28.800 M$ - que constituye todo un complejo problema en sí mismo – de los que 5.800 M$ por lo menos son adelantos de fondos dados al gobierno provincial que, según lo establece la Carta Orgánica, debieran haber sido devueltos al banco a fin de año pero esta obligación permanece incumplida por falta de fondos y por el citado déficit fiscal.

Todavía no se cuenta con el Presupuesto 2016 detallado de la PBA ni con el perfil de vencimientos de su deuda pública pero el cuadro de situación – ya de por sí grave debido a la falta de capacidad de repago demostrada – se acentuaría forzosamente por las grandes colocaciones de títulos a corto/mediano plazo realizadas en las postrimerías de la gestión Scioli y particularmente por la necesidad de renovar la parte de deuda en moneda extranjera (que es el 60 % de la deuda total).
Como estos datos son en pesos y al 30.9 pasado, todavía no muestran la tremenda incidencia de la macro-devaluación de Diciembre sobre el total de la deuda provincial pero, en todo caso, está perfectamente claro que la situación crítica en que se encuentra la PBA se refleja en las medidas de emergencia financieras y políticas que está adoptando la nueva administración Vidal (con apoyo de la mayoría de la oposición):

  1. Aumento adicional y extraordinario del endeudamiento público, para lo que se solicitó una autorización de la Legislatura que era originalmente de 110-100.000 M$, se redujo luego – a raíz de aparentemente duras negociaciones parlamentarias y municipales – a 94.000 M$ y fue finalmente aprobada por 60.000 M$, de los que 10.000 M$ son para los municipios.
  2. Como complemento del punto anterior: trabajo en tándem con el gobierno nacional para acelerar en todo lo posible la vuelta de la provincia al mercado internacional de capitales para refinanciar la totalidad de los vencimientos de deuda externa (cuyos bonos de los últimos años se vinieron colocando a una tasa del 10 % anual en dólares) y emitir deuda nueva en el marco de la nueva etapa de macro-endeudamiento de los Estados Sub-nacionales, tanto con organismos multilaterales como con prestamistas privados.
  3. Fuerte ajuste fiscal para lograr un teórico resultado financiero cero (!) en las cuentas del estado provincial – siguiendo la peculiar lógica de que el presupuesto se equilibra con deuda - como producto de un Gasto Público total proyectado para el 2016 de 354.200 M$ contra Recursos por 338.400 M$ y los 15.800 M$ restantes cubiertos con Deuda Pública (una deuda que, a su vez, es sólo parte del aumento de 51.200 M$ previsto para el ejercicio como diferencia entre Amortizaciones por 14.200 M$ frente a nuevo Endeudamiento por 65.500 M$).
  4. Ajuste por el lado de los Ingresos en función del aumento de la presión tributaria, derivada de los efectos de la inflación sobre los recursos fiscales y del revalúo de bienes durables (inmuebles y vehículos), con incrementos paralelos relevantes en precios/tarifas de servicios públicos y más deuda pública nacional tomada para obras provinciales y reestructuración de deudas existentes.
  5. Ajuste por el lado de los Egresos, en función del ajuste salarial en curso – nacional y provincial – a través del desfase financiero de las actualizaciones sobre personas con ingresos fijos (asalariados y jubilados), de la dilación de las discusiones paritarias y de la presión para indexación de las remuneraciones según inflación futura proyectada, en forma escalonada, y no según recupero de la inflación real ya producida.
La conjunción de todos estos factores configura el marco dentro del que la PBA estaría destinada a constituir un caso testigo dentro de la nueva política de endeudamiento externo en gran escala de la administración Macri, y que ya está puesta aceleradamente en curso.
Como nota final es importante remarcar a este respecto la funcionalidad que existe entre sucesivas  administraciones de gobierno en cuanto al sistema de Deuda Pública perpetua – independientemente de los signos políticos y de los discursos grandilocuentes (con el mito común del des-endeudamiento a la cabeza) – cuando se trata de empalmar las torpezas cómplices de una gestión Kirchner saliente y la restauración de la política institucional de deuda externa de una gestión Macri entrante.

Una trampa de Deuda perpetua sostenida por ambas administraciones de gobierno, que reivindican como positivo y exitoso el fracasado Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 y que aspiraban volver al mercado externo de capitales para tomar más deuda.
El presumible caso-testigo de la PBA es, en este sentido, una muestra paradójica y burlesca que trae a cuento las aseveraciones del  ex gobernador Scioli y su ministra de economía Batakis, que hasta último momento porfiaban que entregaban a la nueva administración macrista una provincia des-endeudada y sin déficit fiscal (sic).