de Mayo en Julio y los “apátridas” y el mar
César Augusto
Lerena
STDP, julio 21, 2024
La “forma
apátrida” con la que la política nacional desprecia la soberanía argentina en
el Atlántico Suroccidental tiene muy pocos precedentes desde la Argentina
independiente que conmemoramos el pasado 9 de julio con la firma del llamado
“Pacto de Mayo”, en cuyos puntos, no hay una sola línea referida a la soberanía
nacional y, muy particularmente, sobre la única política de Estado, plasmada en
la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional..
Mientras que la
Declaración de Independencia de la Argentina del 9 de julio de 1816 ampliada
declaró formalmente “la ruptura de los vínculos de dependencia de las
Provincias Unidas del Río de la Plata con la monarquía española y con toda otra
dominación extranjera”, el citado Pacto de Mayo, no refiere nada respecto a una
política de recuperación de los 1,6 millones de km2 de la jurisdicción marítima
argentina y los archipiélagos argentinos ocupados por el Reino Unido; tampoco
tiene en cuenta la disputa de ese Reino de más 1,4 millones de km2 de la
plataforma continental argentina, la Antártida y las aguas correspondientes.
Mucho menos refiere nada con los buques españoles y de otras nacionales que
extraen nuestros recursos en Malvinas. La Argentina, sin hipótesis de
conflicto.
Ya sufrimos la
política de Cavallo -uno de los principales referentes de este gobierno- para
congraciarse con los británicos con la firma de los llamados Acuerdos de Madrid
(1989/90) donde se consolidaron los permisos de pesca ilegales en Malvinas que
constituyen -hasta hoy- el principal recurso económico de los isleños que,
ahora da lugar a los joint venture con empresas gallegas que facilitan el
acceso de los productos pesqueros a la Unión Europea sin pago de aranceles pese
al Brexit.
El mismo Cavallo
que acordaría con el Reino Unido la protección de la explotación de los
recursos al este de Malvinas y las investigaciones pesqueras conjuntas en el
Atlántico Sur; todos hechos que fortalecieron la posición británica en las
Islas (John Barton, director de Pesca inglés en Malvinas, 2012).
También, el
dictado de la ley 23.968 promovida por la Cancillería facilitó la delimitación
de los archipiélagos ocupados por el Reino Unido, además de reducir en 1991
nuestra soberanía plena a 12 millas; aún antes de ratificar la Convención de la
ONU sobre el Derecho del Mar en 1995.
El martes 13 de
2016 se firmaría el Pacto de Foradori-Duncan ratificatorio de los Acuerdos de
Madrid bajo la consigna de “eliminar todos los obstáculos para el desarrollo de
Malvinas”. Vergonzante. Aun así, la Argentina, no dejó en todos estos años, de
reclamar la ocupación prepotente británica y los derechos sobre los
archipiélagos invadidos; como ocurre en la actualidad.
Sin embargo, lo
peor está por venir, porque no solo se resignan -a través de hechos aislados-
derechos argentinos, sino, que bajo pretexto de una política
“anarcocapitalista”, distintos “apátridas” desde el gobierno y fuera de él,
llevan adelante un plan de sesión de los espacios territoriales argentinos y de
enajenación de nuestros recursos naturales. En algunos casos, mediante el mero
pago de algún canon desindustrializador y, en otros, por anomia geopolítica y
desinterés de administrar el Estado, sus bienes patrimoniales y culturales e
incluso “destruirlo desde adentro”, como manifestara el propio Milei.
El presidente que
admira a Margaret Thatcher, la misma que ordenó el hundimiento del ARA General
Belgrano y con ello provocó la muerte de 323 argentinos. La Canciller Mondino
que sostiene que el tema Malvinas es una cuestión más en la relación argentina
con el Reino Unido y ante el periódico inglés “The Telegraph” anuncia “los
derechos de los isleños serán respetados”, dando por tierra la defensa de
integridad territorial plasmada en la Constitución Nacional y termina
agradeciendo, la visita del Canciller inglés David Cameron a Malvinas, como si
su presencia no fuera una nueva manifestación inglesa de autoridad.
La política
economicista monotemática es lamentable; hasta el propio presidente de la
Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados José Espert consideró que
“Las Malvinas no son argentinas, porque las perdimos en la guerra”; ignorando,
todas las Res. de la ONU; en especial la 37/9 del 9 de noviembre de 1982 que
“le pidió a Argentina y al Reino Unido la reanudación de las negociaciones a
fin de encontrar una solución pacífica a la disputa de Soberanía sobre dichas
Islas”.
Igual opinión
tiene la diputada Sabrina Ajmechet o, quienes consideran -como el presidente
Macri- que la recuperación de las Islas significaría un déficit económico;
desconociendo, que el producto bruto per cápita de Malvinas es de noventa mil
dólares; cuatro veces superior al de la ciudad de Buenos Aires y 50 veces al de
La Quiaca (ambas ubicadas a 1800 km de Buenos Aires); además, de la invalorable
importancia geopolítica de las islas en la parte meridional del Atlántico Sur y
en relación con la Antártida; el océano pacífico e índico, como ya sabían los
españoles en el siglo XVIII.
En el gobierno no
hay sustento intelectual ni convicción política alguna para cuidar nuestros
derechos marítimos y mucho menos, respetar el sentimiento de los argentinos. No
es posible con este marco moral esperar idénticas políticas a las sostenidas
por los independentistas de 1816; razón por la cual, el Pacto de Mayo es letra
muerta. El ministro español de ultramar y académico Adelardo López de Ayala
(1828-1879) hubiese dicho en la oportunidad: “cuando la estafa es enorme toma
nombre decente”.
Decenas de hechos
muestran la alineación colonial de este gobierno en las cuestiones relativas al
Atlántico Sur, sus archipiélagos y recursos, aunque nos limitaremos a indicar
algunas para no agobiar al lector.
En la cumbre del
MERCOSUR y con la ausencia del presidente de nuestro país, en un hecho inédito
en treinta años, el gobierno argentino no reclamó la soberanía de Malvinas.
Precisamente un ámbito central, donde la Argentina debería profundizar sus
vínculos ante las relaciones amistosas y comerciales crecientes de los isleños
en Uruguay, Chile y Brasil.
Pero, esto se ha
transformado en una constante, porque todas las acciones militares británicas
en Malvinas y de otro tipo, son ignoradas por la Cancillería argentina, como
los recientes ejercicios militares de las Fuerzas de Defensa de las islas, la
Royal Navy y la Real Fuerza Área británica.
Un debilitamiento
de Argentina en los reclamos y un enfrentamiento diverso con los países que
apoyan la posición argentina, que estarían demostrando la pérdida de apoyo en
el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.
Días antes, la
Canciller Mondino, al firmar en la ONU el “Acuerdo sobre la conservación y el
uso sostenible de la diversidad biológica marina en alta mar” (BBNJ) con una
ignorancia supina, se refirió a “proteger nuestras aguas” y a “ser inflexible
en la defensa de nuestro territorio”. Desconociendo que se tratan de aguas
internacionales donde la Argentina no tiene jurisdicción, y que de ninguna
manera ese Acuerdo resuelve la pesca ilegal como manifiesta.
Sino que por el
contrario, a la ya presencia de una flota pesquera de más de 500 buques
pesqueros extranjeros, a través de la creación que prevé este Acuerdo de
“organizaciones regionales de integración económica” y su incorporación por
parte del Reino Unido, se le habrá dado estatus de “Estado ribereño” a los
isleños ocupantes de Malvinas, contrario a lo reglado en la Disposición
Transitoria Primera de la Constitución Nacional.
Mientras firma
Acuerdos contrarios al interés nacional y en forma ignara, los pondera, tolera
la pesca ilegal anual de 250 mil toneladas de recursos pesqueros en Malvinas
sin aplicar la legislación argentina y la Res. 31/49 de la ONU, con un
comportamiento que se tipificaría -al menos- de incumplimiento de los deberes
de funcionario, ya que se trata de la pesca ilegal más importante del mundo de
un Estado a otro, ignorando, lo que ya en el siglo XVIII Manuel Belgrano sabía:
“un Estado sin la pesca nada puede sobre la mar”.
La
economista-canciller desconoce que las Áreas Marinas Protegidas (AMP) que ese
Acuerdo promueve; las utiliza el Reino Unido desde el 2017 para controlar los
territorios de ultramar. Es el caso de Malvinas del denominado “Blue belt”
donde el proyecto de AMP Bentónica “Agujero Azul” promovida por la fundación
Wildlife Conservation Society (WCS) completaría el cinturón azul al NORESTE de
Malvinas facilitando la llegada de los recursos pesqueros a las islas. Igual,
al SUR de Malvinas con la declaración unilateral británica de “santuario
ecológico” de un millón de km2 alrededor de las Islas Georgias y Sándwich; al
ESTE con el citado Acuerdo de Cavallo y al NOROESTE con el GAP de 1.400 Km2 de
calamares.
Se agrega el
proyecto 1258-D-2024 del Diputado Manes que pretende que el Congreso declare
AMPs por 595.000 km2, sin mencionar que el Reino Unido -como indicamos- ya
declaró un AMP de 1.070.000 Km2, es decir una reducción de las áreas de captura
mucho mayor que la exigida en el acuerdo de biodiversidad. Un ejemplo patético
de colonización y, una asombrosa mutación de la “neurología” a “oceanografia”.
La macro o
microeconomía no sirve para elaborar una estrategia marítima: «El 85% de la
pesca a distancia en alta mar la realizan China, España, Taiwán, Japón y Corea
del Sur que, del total mundial de 37 millones de horas de pesca ocupan 25
millones».
Motivo por el
cual, el mayor daño no lo ocasionan los 216 Estados restantes, sino que lo
generan solo cinco, que son los mismos que operan en el Atlántico Suroccidental
y, por lo tanto, hay que trabajar sobre esos países responsables del
desequilibrio de los ecosistemas, juntos capturan 26 millones de toneladas de
un total 84 millones/año (2019), el 31% de las capturas sobre «221 Estados que
notificaron algún tipo de actividad en el comercio pesquero» (FAO, “Estado
Mundial de la Pesca y la Acuicultura”, 2020) y, agregamos: el Reino Unido, que
se lleva el equivalente al 30% de nuestros desembarcos.
Nada de ello hace
la Cancillería Argentina y no se trata solo de ineptitud -que la hay- sino una
política de desmalvinización, que es la apunta del iceberg de la sumisión y
dependencia nacional, con la consecuente desatención de la soberanía territorial
y de los recursos naturales argentinos.
De otro modo, no
se podría entender el proyecto de reforma de pesca en la Ley de Bases sobre la
extranjerización de la explotación del mar argentino; la permanencia de un
radar británico en Tierra del Fuego; la designación de los embajadores Jorge
Faurie en Chile -el socio estratégico británico- y de Carlos Foradori en
Ginebra, ambos responsables del Pacto Foradori – Duncan que promovía “el
desarrollo de Malvinas” en poder de los isleños; la desatención de los estratégicos
Puertos de Ushuaia y Río Grande, mientras que en Malvinas se licita un nuevo
puerto destinado a dar logística a los buques de transporte, militares, de
turismo y ciencia vinculada a la Antártida.
El enfrentamiento
con los presidentes de nuestros tres principales compradores de pescado:
Brasil, China y España y, por supuesto la pelea con todos nuestros aliados
naturales que “amenazan con hacer perder en la ONU de los apoyos históricos en
la Causa Malvinas” (Taglioni, Augusto, LPO, 11/7/24); la tolerancia de que
empresas de Israel exploten los recursos petrolíferos en Malvinas mientras se
promueve el traslado a Jerusalén de la embajada argentina, etc. a lo que hay
que sumar la paralización de todas las obras estratégicas, entre ellas la etapa
norte del Gasoducto NK.
