lunes, 5 de mayo de 2014
sábado, 3 de mayo de 2014
REPUDIA EL DIPUTADO ASSEFF DECLARACIONES DE DOS FISCALES
Diputado Asseff,
proyecto de declaración repudiando la extremosas y cargadas de ideología
declaraciones de los fiscales Alagia y De Luca
DECLARA
Su rechazo categórico
y sin cortapisas a las declaraciones formuladas el día 29 de abril de 2014 en la Feria del Libro por parte
del fiscal general Dr. Alejandro Alagia y el fiscal de Casación Dr. Javier De
Luca, quienes, cada uno a su turno, evidenciaron un descreimiento en el derecho
penal por parte de quienes deben aplicarlo; llamando “conflictos sociales” a
los delitos; consideraron al Código Penal vigente como “racista”, “sexista”,
“misógino” y “clasista” y “oligárquico”; que la seguridad en democracia es
también seguridad frente a las autoridades, frente al accionar policial; que el
primer problema es quién controla al controlador” y que “cuando se habla de
seguridad”, es “para pocos y para pocas cosas”; que “aquí ( en el debate sobre
esta gravísima cuestión de la inseguridad) aparece la falacia del combate
contra la inseguridad”, pues es “pretender que el derecho penal sirva como un
conformador social, como un sistema de legitimación de un estado de cosas, pero
el problema es que ese estado de cosas no es justo, no es igualitario”.”El
modelo de sociedad que proponen generalmente los voceros de la lucha contra la
inseguridad es un modelo social excluyente de un montón de sectores sociales,
que deja afuera del juego a millones de personas”.
Las aseveraciones
transcriptas patentizan un criterio sobrecargado de ideología extremista pues
so pretexto de proteger a los desamparados, desguarnece a la sociedad entera,
incluidos los excluidos, aunque esto aparezca como una contradicción. Lo
prueban los hechos: la mayoría de las víctimas de la delincuencia son pobres,
quien carecen de resortes protectores y hasta de los patrullajes policiales
elementales por el conocido motivo de que en las vecindades precarias la
policía no ingresa.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Comencemos por reproducir
las declaraciones que desdeñamos y rechazamos de plano para poder rebatirlas
adecuadamente.
El fiscal general
Alagiadestacó que lo positivo es que este proyecto de reforma del Código Penal
es “una declaración de desconfianza”; (hacia las penas).
La charla, organizada
por Ediciones Infojus en el marco de la Feria del Libro, fue una curiosa exposición de
descreimiento en el derecho penal por parte de quienes deben aplicarlo, con el
rol precisamente de acusar y perseguir al delincuente.
“Cuando se habla de
seguridad, se habla de seguridad para pocos y para pocas cosas”, denunció De
Luca. Y aclaró que esa concepción -que él considera reduccionista- de la
seguridad, se refiere “esencialmente a los conflictos sociales (sic) que tienen
que ver con daños a la integridad corporal” y “a la propiedad”.
Nótese que, además de
minimizar el valor de la vida humana y de la propiedad, llama “conflicto
social” al delito, lo que en cierta forma lo legitima. Un homicidio para esta
descabellada concepción es sólo un “conflicto social”.
Luego de presentarse
como “garantistas” y miembros de “Justicia Legítima, un espacio de
democratización de uno de los poderes del gobierno” (sic, por Estado), el
fiscal Aliaga explicó por qué le parece necesario un nuevo código.
“Creemos que es la
oportunidad de disputar una determinada economía del castigo, una cultura
punitiva, porque el código vigente es un código conservador, producto de una
cultura oligárquica. Rodolfo Moreno fue fundador del Partido Conservador de la
provincia de Buenos Aires, aunque el código se sancionó en 1921, durante el
gobierno de Hipólito Yrigoyen. “Moreno, y otros que tuvieron influencia en la
sanción de ese instrumento legal, pertenecían a una cultura totalmente
diferente a la de los últimos 30 años”.
Sin temor al
anacronismo, siguió diciendo: “Ninguno de ellos era profundamente democrático:
creían que la sociedad debía estar jerarquizada entre los que mandan y los que
obedecen, entre los que saben y los que no saben. Favorecían una cultura de
elite, profundamente antidemocrática (…), la cultura del positivismo y de la
oligarquía (que) identificaba al delito con la pobreza, los problemas sociales
con la degeneración racista. No solamente era un código fuertemente
influenciado por el racismo sino con un neto contenido misógino: era sexista,
racista, clasista”.
Como ya no es
representativo de nuestra época, se “hace necesario que un nuevo código penal
para el país esté vinculado a un programa constitucional y de derechos
humanos”, señaló Alagia.
Una precisión: si fuese
como extremosamente sostiene Alagia, el democrático – (¿alguien puede ponerlo
en duda…?) presidente Yrigoyen debió vetar esa ley de 1921. Si no lo hizo es
porque expresaba lo que es una ley genuina, la voluntad general de su tiempo.
El fiscal De Luca: inició
su exposición debatiendo el concepto de seguridad. “La seguridad en democracia
es también seguridad frente a las autoridades, frente al accionar policial; el
primer problema es quién controla al controlador”.
También afirmó que
“cuando se habla de seguridad”, es “para pocos y para pocas cosas”.
“Esencialmente –aclaró- los conflictos sociales que tienen que ver con daños a
la integridad corporal y a la integridad física; con lo físico y con la
propiedad. Es a esa inseguridad a la que se pretende oponer un combate, es
decir, luchar contra la inseguridad es equivalente a dotar de seguridad y este
binomio es falso”.
Para De Luca, la
seguridad “se provee con seguridad jurídica, seguridad económica, seguridad
laboral, pleno empleo, oportunidades de tipo económico, sociales, culturales,
etcétera; no necesariamente combatiendo la inseguridad”. Algo así como decirle
al enfermo grave que su patología se combate haciendo vida sana, omitiendo que
aquí y ahora lo primero es controlar y erradicar esa enfermedad que padece y
que amenaza su vida. Recuperado, ¡claro que deberá guardar una vida sana!
Criticó que para
combatir la inseguridad siempre se apele “al castigo, al mal, al derecho penal,
al poder punitivo”; haciendo una curiosa asociación entre las penas que derivan
de las leyes y el “mal”. Y omitiendo que el delito es el mal real.
“Es decir, cuando
hablamos de seguridad o de criminalidad hablamos de criminalidad para pocos,
para gente que realiza conductas que no son las conductas que ordinariamente,
todos los días, realizan los jueces o los fiscales, no es la criminalidad para
uno, para gente como uno”, se explayó.
“Aquí aparece la
falacia del combate contra la inseguridad”, siguió diciendo el fiscal:
pretender que el derecho penal “sirva como un conformador social, como un
sistema de legitimación de un estado de cosas, pero el problema es que ese
estado de cosas no es justo, no es igualitario”.
Esa frase expone el
núcleo de la concepción abolicionista: no se puede castigar el delito porque lo
que lo provoca y por lo tanto lo justifica es una injusticia social de base.
A continuación, De
Luca se dedicó a criticar a quienes objetan esta reforma: “El modelo de
sociedad que proponen generalmente los voceros de la lucha contra la
inseguridad es un modelo social excluyente de un montón de sectores sociales,
que deja afuera del juego a millones de personas”.
“Nuestra concepción
no es abolicionista porque no conocemos una solución distinta en el momento que
nos ha tocado vivir”, lamentó.
“Voy a tener con este
Código Penal -agregó- la seguridad de que no me van a pegar un palo en la
cabeza por haber hecho algo que no está en ese código”. Eso es lo principal
para él. Lo demás -la seguridad de las personas frente al delito- es
secundario, como lo deja entrever en esta frase: “Después, lo que pasa en la
realidad es un asunto mucho más complejo que no tiene solución por vía de un
código penal”.
“Entonces, que salga
una persona a decir ‘el que las hace las paga o las debe pagar’ es bastante
fuerte para nosotros desde el punto de vista de la mediocridad argumental.
Porque hace 30 años estamos viendo que el que las hace nunca las paga”,
concluyó, exponiendo crudamente su ausencia de fe en el derecho penal.
“El desafío y la
audacia de este proyecto –concluyó por su parte Alejandro Alagia- es discutir
un código penal sin hacerle propaganda al castigo, planteando que el castigo es
una solución irracional, una trampa”.
El Código Penal,
dicen, debe servir antes que nada, no para castigar a quien infringe la ley,
sino para proteger al ciudadano del poder punitivo del Estado. “El anteproyecto
da seguridad ante la posibilidad infinita de que alguien me castigue por
cualquier cosa”, dijo por ejemplo De Luca.
Los fiscales
introducen planteos ideológicos que llevan a desconocer “la noción de
autoridad”(como enseña el filósofo hegeliano Alexandre Kojéve en su obra
homónima). El punto de partida de este estudio es una caracterización de la
autoridad muy cercana a la que varias décadas después proporcionaría Michel
Foucault sobre el poder: “la
Autoridad es, en lo esencial, activa y no pasiva [...] la Autoridad es, pues,
necesariamente una relación [...] sólo se tiene autoridad sobre lo que puede
reaccionar”.
Hay autoridad cuando
quien obedece tiene la posibilidad de no hacerlo y renuncia a esa posibilidad.
Interesado en “establecer una lista de todos los fenómenos autoritarios”, el
pensador ruso despliega un análisis fenomenológico, del que resultan cuatro
tipos “puros” de autoridad, que asocia con las teorías que considera más
apropiadas para estudiarlos: 1) la del Jefe, que se sostiene en la posesión de
un saber que le permite adelantarse al resto, prever, proyectar. Quien mejor
ilustra este tipo de autoridad es, según Alexandre Kojève, Aristóteles; 2) la
del Amo que, siendo capaz de asumir, en pos del reconocimiento, el riesgo de la
acción (incluso, y en especial, cuando su vida está en juego), se impone sobre
quien es esclavo de su instinto de conservación. Hegel es, sin duda, quien
mejor expone esto; 3) la del Padre, ligada a la tradición, desarrollada de modo
acabado por la filosofía escolástica; 4) la del Juez, sustentada en la
honestidad e imparcialidad, cuya explicación nos ha legado Platón.
Por otra parte, el
abstruso igualitarismo que proclaman y el abolicionismo penal que niegan, pero
en realidad reverencian, es parte de una batalla ideológica de pensadores
postmarxistas que en nombre del relativismo moral llegan a proponer ideas
descabelladas que en boca de integrantes del Ministerio Público de la Nación , sirven sólo para
trastrocar el concepto y los fines de los Derechos Humanos, a los cuales ven
sólo aplicables para los ciudadanos en conflicto con la ley penal (o sea, los
delincuentes) en franco detrimento del resto de los argentinos de bien que
obran con sujeción a las normas legales (o sea, los honestos) y por hacerlo,
tienen temor de su integridad y se enrejan para que los criminales hagan su
faena.
La tolerancia con el
delito, como evidencian estos abogados de la compasión, es un mal en sí mismo
que retroalimenta las conductas punibles y las justifica en nombre de la injusticia social y de la
inevitabilidad a la que los empuja un Estado dominado por el supuesto orden
social burgués. La ideología progresista igualitarista destruye un país sea
cual sea su historia y su conformación racial.
Estas concepciones no
son garantistas porque apego a las garantías de la Constitución tenemos
todos. Son literalmente abolicionistas del sistema penal en el que
definitivamente descreen.
Cabe precisar que
todos somos conscientes que no es sólo el Código Penal la herramienta contra la
inseguridad. Esta lucha decisiva y crucial exige una batería de soluciones de
diversa naturaleza. Dentro de ellas está el Código Penal, sobre todo cuando la
prevención ha fracasado.
Como señala, la
pedagoga sueca Inger Enqvist en su obra “Repensar la educación” el “buenismo”
hace que aumenten las conductas negativas, el mal comportamiento y el número de personas con problemas graves.
La armonía social que dicen defender los fiscales, en nuestro país actualmente
se comprueba de manera empírica la
aplicación de la pena de muerte en ciudadanos honestos por parte de los
delincuentes, el incremento de las actividades delictivas vinculadas al
narcotráfico y comercialización de drogas; como también dentro de la anomia a
la que nos han conducido deliberadamente llegamos a observar con perplejidad y
desazón que hechos ajenos a nuestra cultura y a nuestro país se reiteran:
linchamientos y acciones de sicarios.
No podemos permanecer
callados frente a declaraciones altisonantes y envenenadas, porque si lo
hacemos en poco tiempo podemos ser las víctimas de los autoritarios y violentos
de cualquier origen y como decía el escritor Bertolt Brecht en su poema famoso:
“Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde”.
Los fiscales están
para proteger al pueblo frente a los delincuentes. Las declaraciones
ideológicas de los fiscales Alejandro Alagia y Javier De Luca ameritan que sean
trasladados inmediatamente a la Defensoría Oficial. Ellos quieren defender
delincuentes y no perseguir su castigo
legal. Conforme con su vocación, están ocupando puestos equivocados. Ellos
deben ser defensores, no fiscales.
Por todo lo expuesto,
es que solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación de este
proyecto de declaración.
Dr. Alberto Asseff
Diputado de la Nación
2-5-14
DENUNCIAN ERROR EN UN MAPA DE YPF, RESPECTO A MALVINAS
Diputado Asseff,
proyecto de declaración solicitando a YPF que corrija el mapa que consigna
Falklands y recomendado extremo cuidado en el futuro
DECLARA
Que solicita a la
empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales SA
(YFP) que proceda a corregir con carácter de urgente el mapa inserto en la Guía que ha editado, en la
cual se designa a nuestras Islas Malvinas entre paréntesis, consignándose como
denominación principal Falkland Islands.
Asimismo, es menester
recomendar a la empresa de mayoría accionaria estatal que en lo sucesivo
apliquen rigor científico y político en la publicación de mapas y se atengan a
los oficiales que son elaborados y aprobados por el Instituto Geográfico
Militar
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
En el mapa adjunto,
perteneciente a la Guía YPF
se designa a nuestras Islas Malvinas como Falkland Islands y se escribe el
nombre oficial entre paréntesis.
Las Islas se llaman
Malvinas y los británicos (potencia colonial ocupante) las denominaron
Falklands. La menor distancia de las islas Malvinas al continente americano se
encuentra entre la roca Mintay al sudoeste de la isla Beauchene y el cabo San
Juan en la isla de los Estados, a 356,4 Km. La distancia aproximada a Londres,
Inglaterra es de 13.000 Km./15.000 Km según sea el punto del país que se tome
por referencia.
La palabra Malvinas
es una derivación de îles Malouines, nombre dado por el navegante francés Louis
Antoine de Bougainville en 1764 en recuerdo del puerto de Saint-Malo en
Francia, de donde eran oriundos los tripulantes del barco que él capitaneaba
cuando fueron descubiertas las islas. Esto, sin perjuicio de que uno de los
navíos de la expedición de Magallanes, según datos históricos fehacientes,
avistó las islas con anterioridad.
El nombre Falkland fue extendido al
archipiélago en la cartografía británica luego de que el inglés John Strong
nombrara Falkland Channel al estrecho de San Carlos, ubicado entre las dos
islas principales. Strong lo llamó así en honor a Anthony Cary, quinto vizconde
Falkland, que como comisario del Almirantazgo Británico había financiado la
expedición. Esta expedición fue posterior a la de Magallanes y a la de Louis
Antoine de Bougainville.
La denominación
«islas Malvinas» es la usual en los países de habla hispana y portuguesa (Ilhas
Malvinas). Es también la denominación usada en la declaración conjunta de los
presidentes del Mercosur, Bolivia y Chile en 1996, la Unión de Naciones
Sudamericanas (UNASUR), la usada por la Asociación Latinoamericana
de Integración (ALADI) en su declaración sobre la cuestión (2008), y la usada
en la Cumbre
Iberoamericana de 2007. Para la Organización de
Estados Americanos (OEA) la denominación usada oficialmente en español es
“Islas Malvinas” y en inglés “Malvinas Islands”. En las Naciones Unidas desde
el 18 de marzo de 1966 la denominación usada en español es “Islas Malvinas
(Falklands)” y en inglés “Falkland Islands (Malvinas)”.
Cabe aconsejar a YPF
que se ciña estrictamente en el futuro a la denominación oficial argentina y de
la OEA , y a los
mapas oficiales que son originados en el Instituto Geográfico Militar, para
evitar errores groseros que ponen gratuitamente en entredicho nuestro derecho
soberano e inmarcesible sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sud y Sandwich
del Sur. En rigor, más que en entredicho, en una suerte de indolencia ya que
pareciera que no se toman los recaudos para corregir los mapas que se bajan de
la red de internet.
Es por los
fundamentos esgrimidos que solicito el acompañamiento de mis colegas con su
voto afirmativo para la sanción de este proyecto.
Dr.
Alberto Asseff
Diputado
de la Nación
2-5-14
viernes, 2 de mayo de 2014
ALGO PARA ANALIZAR SIN PREJUICIOS
El servicio militar
obligatorio, en decadencia a nivel global
Según la Central Intelligence
Agency (CIA) de los Estados Unidos, entre 194 países considerados, sólo 58
mantienen un servicio militar obligatorio o conscripción. El restante 70 por
ciento ha mantenido esa modalidad obligatoria pero haciéndola altamente
selectiva de manera que muy pocos jóvenes de cada cohorte de edad la cumplen
efectivamente (12 países); transformaron el servicio en voluntario (106 países)
o directamente ya no cuentan con fuerzas armadas (18 países, aunque entre ellos
la mayoría son pequeñas islas del Pacífico, junto a unos pocos países de
dimensión importante, como Panamá, Costa Rica o Islandia)
La caída de las
conscripciones masivas y obligatorias se aceleró con la conclusión de la guerra
fría, las dictaduras militares en regiones como América latina y, más tarde, la
pacificación en los Balcanes. Así, países como Macedonia, Bulgaria, Lituania,
Polonia, Serbia, Eslovaquia y Eslovenia son algunos de los europeos que se
movieron hacia esta dirección en los últimos años, entre muchos otros. En el
Cono Sur, Argentina, Chile y Uruguay se movieron en esa dirección, aunque en
Brasil sigue vigente, a los 18 años de edad y con una duración del servicio de
nueve meses.
Por el contrario, las
conscripciones obligatorias y más prolongadas tienden a coincidir con los
regímenes políticos más cerrados o que se sienten bajo amenaza.
En Cuba, por ejemplo,
se mantiene a la edad de 17 años y con una duración de 24 meses; en Venezuela,
a los 18 y por 30 meses; en Taiwan, a los 18 y por 24 meses; en Israel y en
Egipto, a los 18 y por 36 meses.
UNA MEDIDA RACIONAL
La licencia por
maternidad es sólo para quien da a luz
La Voz del Interior,
2-5-14
La mujer, empleada
pública, que dé a luz será la única que gozará de los 180 días de licencia por
maternidad garantizados en la Ley N° 9905, que regula el régimen de licencias
por maternidad y nacimiento de hijos para agentes del Estado provincial. La
norma fue reglamentada el pasado 16 de abril, por decreto número 345, y
publicada el 30 de abril en el Boletín Oficial (en Internet: bit.ly/1hXCPjT).
De esta manera se
deja constancia, de manera explícita, que sólo la madre que gesta y pare al
bebé es la beneficiaria, controversia que se planteó el año pasado cuando la
expolicía Karina Villarroel solicitó la licencia por seis meses cuando su mujer
quedó embarazada.
La Provincia se la
negó, aunque la ley sancionada el 23 de febrero de 2011 no lo indicaba de
manera expresa, con lo cual la normativa se prestaba a diversas
interpretaciones.
En los fundamentos de
la reglamentación se indica que las modificaciones nacen de “las nuevas
realidades que se plantea a diario en el ámbito de la familia”, específicamente
las referidas al matrimonio igualitario. Se subraya que el interés superior de
la normativa es el niño o niña.
Además, se
incrementan los días de licencia (280) para las madres de hijos con
discapacidad, enfermedad grave o si se trata de un parto múltiple.
"CASTIGAR UN DELITO ES IRRACIONAL" (SIC)
Réplica opositora por
el apoyo oficialista a la baja de penas
Clarín, 2-5-14
La polémica por la
baja de penas que propone el oficialismo a través de la reforma del Código
Penal tuvo un nuevo capítulo, luego de que dos fiscales de la agrupación K
Justicia Legítima defendieran el anteproyecto, argumentando que “el castigo es
una solución irracional” y calificaran al Código en vigencia como “sexista,
clasista y oligárquico”.
Dos de los
presidenciables de la oposición, Mauricio Macri y Sergio Massa, salieron al
cruce de esa visión, que expusieron en la Feria del Libro, la noche del martes,
Alejandro Alagia y Javier de Luca, fiscales de la Cámar Penal y de Casación,
respectivamente. Ambos están identificados con la línea del juez de la Corte
Suprema Eugenio Zaffaroni, quien encabezó la comisión que redactó el polémico
texto a pedido de Cristina.
Las palabras de
Alagia y De Luca, reproducidas por el sitio Infobae, amplificaron la dicusión
sobre un texto que apunta a eliminar la prisión perpetua y la reincidencia,
además de la reducción de penas para delitos graves.
Tras plantear su
desacuerdo, el jefe de Gobierno porteño se pronunció en contra de la “mano
dura” y de las “ultrablandas”, y reclamó “ leyes claras que planteen los costos
de violarla y jueces que las apliquen”. En tanto, Massa volvió a criticar que
el Gobierno avance en debatir un texto que –según insistió– rebaja penas para
146 delitos.
“El mensaje de que
vivimos en una sociedad sin premios ni castigos consagra la impunidad”, afirmó
el líderl del Frente Renovador. Sin nombrarlo apuntó a Zaffaroni, al advertir
que no se debe ser “juez y parte”. También lo aludió al reclamar que hablen
“menos en los medios y más en sus sentencias”. Fue continuación del cruce
iniciado un mes atrás, cuando Zaffaroni le recriminó al diputado del Frente
Renovador su rechazo al anteproyecto –que el Gobierno aún no se anima a mandar
al Congreso (ver pág 9)– y lo trató de “ignorante, vendepatria y mentiroso”.
Alagia, que escribió
libros junto a Zaffaroni, afirmó durante la charla en la Feria del Libro
organizada por el sitio Infojus que “el Código vigente es conservador, producto
de una cultura oligárquica ”. Sostuvo, además, que quienes lo impulsaron
“creían que la sociedad debía estar jerarquizada entre los que mandan y los que
obedecen, entre los que saben y los que no saben”, una “cultura del positivismo
y de la oligarquía (que) identificaba al delito con la pobreza, los problemas
sociales con la degeneración racista ”. Para el fiscal, el nuevo Código “es tan
severo como el anterior, en el sentido de fijar penas altas para los delitos
que son estereotipados en los medios de comunicación como los únicos delitos
imaginados que causan esa sensación de malestar en la población”.
De Luca se refirió
también al concepto de seguridad. “La seguridad en democracia es también
seguridad frente a las autoridades, frente al accionar policial; el primer
problema es quién controla al controlador”. Sostuvo que “cuando se habla de
seguridad, es para pocos y para pocas cosas”.
Y tras definir a los
delitos como “esencialmente conflictos sociales” mimizó los daños que provocan
para la “integridad corporal” y a “la propiedad”.
Para el fiscal, hay
una “falacia del combate contra la inseguridad” cuando el problema “es un
estado de cosas (que) no es justo, no es igualitario”. Criticó que para
combatir la inseguridad se apele “al castigo, al mal, al derecho penal, al
poder punitivo”. Y a quienes objetan la reforma, ya que “el modelo de sociedad
que proponen generalmente los voceros de la lucha contra la inseguridad es un
modelo social excluyente de un montón de
sectores sociales”.
Frente a la
controversia, el Gobierno demora el envío del proyecto al Congreso. Y mientras
revisa sus tiempos, mandó el texto al debate en las universidades.
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