lunes, 2 de marzo de 2015

CFK EMPEZÓ SU AUTOGOLPE INSTALANDO EL CONFLICTO DE PODERES CON LA CORTE



by Carlos Tórtora

Informador Público, 2-3-15

Ayer la presidente definió parcialmente cuál es su plan político para los nueve meses de gestión que le restan. Con tono encendido pero utilizando una terminología fríamente calculada, embistió contra el Poder Judicial, pero esta vez haciendo blanco en el vértice del mismo: la Corte Suprema de Justicia. El ataque tuvo varios flancos. Uno importante fue acusar a la misma de no haber cumplido con su obligación de investigar y fallar sobre el atentado a la embajada de Israel, ocurrido el 17 de marzo de 1992. O sea que acusó al alto tribunal del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, previsto por el artículo 248 del Código Penal, que dice: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”. En este caso, según la jefa de Estado, la Corte no cumplió con su obligación de administrar justicia en el caso de la embajada, en el cual tiene competencia originaria. Como broche de oro, CFK sentenció que "últimamente, el Partido Judicial se ha independizado, pero de la Constitución". En la misma línea, su ataque a la denuncia en su contra presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman fue oscura y sinuosa, refiriéndose a una supuesta contradicción entre la acusación y documentos supuestamente firmados por él pero que ella no leyó.

El esquema que eligió para dar batalla en el caso AMIA fue entonces el siguiente: hay que volver a la pista siria, ya descartada por la justicia en los ‘90 y ahondar en las supuestas responsabilidades penales de Carlos Menem, su jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy y otros funcionarios. Obviamente, el gobierno intenta desviar la atención de la opinión pública hacia el próximo juicio oral contra los acusados de "alterar, obstruir e intentar neutralizar la investigación del atentado del 18 de julio de 1994". En el expediente están imputados el ex presidente Carlos Menem y su hermano, entonces secretario, Munir Menem, el jefe de la SIDE y su segundo, Hugo Anzorreguy y Carlos Anchezar, respectivamente; el ex comisario Jorge "Fino" Palacios, el destituido juez federal Juan José Galeano, los ex fiscales Federales Eamon Mullen y José Barbaccia, y el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja. Nisman los acusa de encabezar una "compleja maniobra de encubrimiento, pergeñada desde los más altos estamentos políticos de la época, dirigida a entorpecer y abortar la investigación de uno de los hechos más graves que recuerde la historia reciente de nuestro país".
En concreto, se investigan dos hechos puntuales. Por un lado, el pago de 400 mil pesos dólares en dos cuotas a la esposa de Carlos Telleldín para que su marido declare que le vendió la Renault Trafic que se estrelló contra la AMIA a un grupo de policías bonaerenses encabezados por el comisarios Juan José Ribelli. También se habría presionado y sobornado a tres uniformados para dijeran que vieron la camioneta-bomba en la Brigada de Lanús, donde se desempeñaban los acusados.

El otro caso que se ventila en este expediente es el encubrimiento y protección del empresario textil Alberto Kanoore Edul, un nombre que se repite una y otra vez en la investigación, y sobre quien el FBI pidió profundizar las pesquisas. Según el destituido Galeano, desde el teléfono de Edul hubo una llamada a la casa de Telleldín el mismo 10 de julio en que se publicó un aviso en el diario Clarín ofreciendo la camioneta. A su vez, el camión que dejó un volquete frente a la sede de la AMIA unos minutos antes del atentado hizo una parada luego en un terreno ubicado a metros de la casa de Edul, en el barrio porteño de San Cristóbal. El sospechoso también tenía en su agenda el nombre de Moshen Rabbani, agregado cultural de la embajada iraní en Argentina y considerado por Nisman como el "cerebro" del ataque.

El encubrimiento, según Nisman, fue político y policial. Por un lado, cree que lo protegió el Gobierno. Vale recordar: los Edul y los Menem comparten su origen en el pueblo sirio de Yabrud. Y en sede judicial el propio Edul reconoció que a los pocos días del ataque su padre, que a su vez aportó dinero a la campaña presidencial de Carlos Menem, visitó en la Casa Rosada a la secretaria de Munir Menem para pedirle información sobre la llamada "pista siria" que involucraba a su hijo.

Edul fue detenido por unos días, pero tras las gestiones de su padre, quedó en libertad. Munir Menem le habría pedido en persona a Galeano que "enfriara la pista siria". El énfasis de Cristina en volver sobre los pasos de la pista siria quedó en claro al denostar a uno de los implicados en la causa señalada, el ex presidente de la DAIA y conocido ex menemista, Rubén Beraja.

Cómo descalificar las causas de corrupción
En síntesis, el cristinismo procura salir del atolladero en que se encuentra a partir de la acusación y muerte inmediata de Nisman, mediante un doble juego: potenciar un conflicto de poderes con la Corte Suprema por un lado y desviar el caso AMIA hacia la vieja pista siria. No sería de extrañar que algún diputado ultracristinista esté por presentar un pedido de juicio político contra Lorenzetti y demás integrantes de la Corte por no haber llevado adelante la investigación del atentado a la embajada de Israel. Es una incógnita qué hará la Corte en estas circunstancias. Una respuesta contundente de Lorenzetti en los próximos días -por ejemplo cuando deje inaugurado el año judicial- potenciaría justamente lo que la presidente quiere: un conflicto de poderes como telón de fondo de la campaña electoral. ¿Por qué le interesa al gobierno montar este escenario? La explicación más lógica pasa por la acumulación de las causas por corrupción, en especial las que ya rozan a la familia presidencial, como el caso Báez.


La presidente y su entorno saben que en el contexto actual y de los próximos meses no puede haber pacto de impunidad ni autoamnistía alguna que subsista al 10 de diciembre. Lo que el gobierno está generando entonces al construir un conflicto de poderes es un escenario de confrontación con la justicia que le permita invocar que ésta persigue a la presidente y sus funcionarios por motivos políticos. De este modo, el cristinismo aspiraría a cuestionar la validez de las causas por corrupción que lo afectan, ya que las mismas serían motorizadas por una justicia federal “destituyente y parcial”. Enlodar a la Corte y al fuero federal sería entonces el recurso extremo que le queda a Cristina y su entorno antes de que deba entregar el poder y quede expuesto no sólo a procesamientos sino a detenciones. Finalmente y luego de tantas denuncias de golpes blandos y maniobras corporativas, el kirchnerismo puso en marcha su autogolpe rompiendo lanzas con la Corte. Ahora, como suele ocurrir en estos casos, si intenta una escalada, la misma puede conducir a hechos críticos cada vez más graves.

domingo, 1 de marzo de 2015

UN CUENTO CHINO



by César Augusto Lerena

Informador Público, 28-2-15

César Augusto LerenaLos sucesivos gobiernos nos tienen acostumbrados a negociar en una debilidad extrema con las Grandes Potencias. El ex Canciller Caputo promovió los llamados “Acuerdo Marco” que permitían el ingreso de 18 buques pesqueros al Atlántico Sur y pescaron 200 buques mellizos rusos porque la Argentina carecía de todo control. Cavallo con el apoyo de Felipe Solá ratificó esos acuerdos y promovió los Acuerdos con la Unión Europea que habría de significar la mayor depredación de la historia pesquera. Con ello, se inauguró en la Argentina, el desempleo y el subsidio al ex ocupado pesquero, al que se le agregarían los millones de desempleados subsidiados.

El 16 de noviembre de 2004, Néstor Kirchner y Hu Jintao firmaron convenios, en una supuesta sociedad estratégica, que permitiría a nuestro país recibir inversiones por unos 20.000 millones de dólares en los próximos 10 años; miles de millones que no llegaron a la Argentina, sino que, por el contrario, embarcaciones extranjeras, en su gran mayoría asiáticas, pero también españolas, con o sin licencias ilegales del invasor británico en Malvinas extraen todos los años 1 millón de toneladas de pescados y calamares del Atlántico Sur, lo que equivale en el comercio final internacional una suma del orden de los 14 mil millones de dólares anuales. Mientras esto ocurre la Argentina desembarca 800 mil toneladas/año y exporta por valor de U$S 1.500 millones/año. La Argentina no tiene una política de comercialización nacional e internacional del pescado y por ello cientos de miles argentinos no acceden al empleo.

El 18 de enero de 2010, a poco más de cinco años de aquella promesa incumplida, el entonces Ministro de Agricultura argentino Julián Domínguez firmó la Resolución 5/10 que autorizó a suscribir un “Acuerdo de Cooperación sobre Pesca” con el Ministerio de Agricultura de China.

En base a ello y a posteriores resoluciones de la Subsecretaría de Pesca -además de los cientos de barcos que pescan ilegalmente- 20 buques pesqueros chinos fueron autorizados a pescar en el mar argentino asociados a empresas pesqueras chinas radicadas en la Argentina; a condición de que procesen en tierra el 10% de las capturas. Porqué 10% de las capturas y no el 100% de las capturas? Porque los chinos a las capturas en el mar argentino las consideran chinas y no pagan ningún arancel de ingreso a China, contrario a lo que ocurre con los productos argentinos que deben pagar aranceles de importación a China. Un verdadero negocio chino.

No hay “intereses comunes con China en el desarrollo de la pesca, de beneficio recíproco”. El Estado argentino, es el propietario del recurso, tiene un desarrollo tecnológico excelente en la investigación, captura, conservación e industrialización pesquera; mientras que China, sólo importa el 6% de materia prima pesquera Argentina, con un bajísimo valor agregado (U$S 1.300/tonelada), mientras que los principales importadores de pescado argentino compran a valores equivalentes a los U$S 2.700 la tonelada (Brasil), U$S 3.300 (España) o U$S 4.300 (Italia), etc. Un dato elocuente que demuestra que los chinos vienen por nuestras materias primas, no agregan valor ni generan empleo.

Estos acuerdos se firman en base a supuestos “…principios de igualdad y beneficios mutuos…”, y en verdad se trata de la entrega de nuestros recursos naturales, hasta que se hayan agotado y con ello se genere el cierre de las empresas nacionales, el desempleo, la despoblación de todos los puertos del litoral marítimo y la desocupación de las áreas estratégicas de la nación, como el territorio Patagónico, el Atlántico Sur, las Islas Malvinas, el canal del Beagle y la Antártida Argentina.

China con 51,5 millones de toneladas anuales es el primer productor y exportador mundial de productos pesqueros; es decir, produce 50 veces más que Argentina. Por lo tanto será un mercado menos de Argentina. Las capturas chinas en el mar argentino no sólo habrán de impactar directamente en lo económico-comercial, sino que éstas capturas habrán de actuar sobre el equilibro biológico de las especies en el mar argentino y con ello, este impacto negativo alcanzará sobre estas y otras especies que capturan las empresas nacionales.

Señores, hay unos 95.000 buques pesqueros en el mundo, de los cuales 40 mil son Chinos, la mayoría ubicados en el área austral; deberíamos estar muy preocuparnos por este desequilibrio, donde la Argentina tiene sólo unos 500 buques pesqueros, que siendo un número sobredimensionado para el recurso máximo sostenible, no alcanza para ocupar todo el mar argentino, cuyo control está limitado a tres buques de la Prefectura Naval.

La política de este gobierno, instrumentada por el entonces Secretario Moreno, de exigirles a los importadores que exporten lleva también a concentrar el negocio en unos pocos, al igual que lo que ocurre en materia de granos y con ello a la pérdida de rentabilidad del industrial argentino. El gigante asiático está en condiciones de quedarse con toda la actividad pesquera argentina.

Si la Argentina tuviese vocación o capacidad de controlar el mar, que no la tiene. Si la Argentina tuviese una situación política, económica y soberana de fortaleza, que no la tiene, otro podría ser el escenario, y seguramente no firmaría este Acuerdo claudicante. Como con los Acuerdos de entonces con la URSS se acordará el ingreso de algunos buques pesqueros chinos y pescarán cientos de buques mellizos sin control alguno o con un supuesto control que encubra la corrupción. Derogar los acuerdos con la URSS, que se prolongaron por años, fue una difícil batalla política, de intereses económicos y una clara demostración de la debilidad negociadora de Argentina. Derogar los Acuerdos con China, en una Argentina soja-dependiente, será un misión imposible, con un país colonizado, sin empleo argentino y devaluados y depredados sus recursos naturales. Será mar arrasado.

En un país soberano y serio no hay excedentes pesqueros para entregar a terceros: toda la proteína la obtiene racionalmente el Estado Nacional para alimentar bien a su pueblo; y más aún si en su población hay altos índices de pobreza”. El acceso al recurso pesquero es un derecho de tercera generación.

Este no es un Acuerdo Chino. Este es un verdadero cuento chino, donde el pez grande se come al chico.

César Augusto Lerena

Ex Secretario de Estado

Asesor en el Honorable Senado de la Nación del Senador Fernando Pino Solanas


ACUERDO CON CHINA: ¿INVITANDO AL LOBO A CASA?



by Informador Público, 26-2-15

A pesar de que algunos se dejan encandilar por las promesas y por la eufórica retórica de Argentina por los convenios con el régimen chino, cualquier persona con conciencia y preocupada por su país debería encontrar en la ratificación de estos llamados “convenios” un grave motivo de preocupación por la serie de ventajas otorgadas al régimen chino, que resultan ser absolutamente desproporcionadas e incluso ilegales.

¿Por qué a Argentina le interesa ser tan generosa con el Partido Comunista Chino (PCCh), casi literalmente regalando sus tierras y, en los hechos, abandonando su soberanía? ¿Qué espera, en teoría, a cambio Argentina?

Evidentemente, Argentina espera dinero. La pregunta entonces es si este dinero realmente llegará al pueblo argentino o, peor aun, si este dinero al menos realmente llegará al país. Es de conocimiento público que los dirigentes del PCCh, régimen dictatorial conocido por ser uno de los más corruptos del mundo actual, sacan dinero del país de cualquier manera. Una “inversión” o un “préstamo” son canales típicos que ellos utilizan para sacar una parte. ¿Qué porcentaje de estos "préstamos" e "inversiones" son utilizados con este fin: lavar dinero en el extranjero? Y cuando no se realizan auditorías, los envíos hacia afuera son incluso legales. ¿Cuánto podrían estar dividiéndose de forma ilegal entre las partes involucradas en estos convenios?

El próximo gobierno argentino deberá elegir entre pagar la deuda total –incluyendo enormes costos por corrupción– o bailar también con el lobo, sacrificando al pueblo, si le interesan las ganancias personales ilícitas. Pero si el nuevo gobierno realmente se preocupa por la autonomía, la preservación de sus tierras y sus recursos naturales, deberá confrontar cláusulas de penalización por dejar de cumplir estos acuerdos. Estos convenios están hoy sentando las bases, y por un muy largo tiempo, para que el PCCh se mantenga firme en Argentina por el tiempo que sea necesario hasta agotar los recursos naturales locales, acabar la tierra para sacar la soja, acabar el agua (el “oro fluido”) que se lleva en barcos desde el sur de Argentina; hasta acabar con todo lo que quiera llevarse.

Esto no puede ser llamado ni siquiera “neocolonización”, como es la presencia del PCCh en África, porque a la postre, aquí no quedará nada. Esto es simplemente un acuerdo que establece hegemonía para una parte, China en este caso, porque el préstamo, la inversión hecha, está muy lejos de alcanzar el valor real de estos convenios: acceder sin límites a la riqueza total de Argentina.

Con Argentina, la dictadura china se ha sacado el “gordo”, corrompiendo a funcionarios y dañando el futuro del pueblo.

Dos puntos claves que el PCCh exige en estos convenios con Argentina:

El privilegio de la adjudicación directa en obras públicas.
Las condiciones para la importación de mano de obra china.
La corrupción de los funcionarios, hasta el nivel más bajo, será la norma para adquirir obras públicas con manos de obra directamente de China, porque es más barato. Esto debería ser una preocupación grave para el pueblo argentino. ¿Puede el próximo gobierno ser inmune a las tentaciones del dinero negro?

La inmigración de chinos sacará puestos de trabajo a los argentinos. La mano de obra será importada directamente desde China, sin pasar por las regulaciones comunes para la inmigración. No habrá ningún beneficio para Argentina ni para los argentinos.

Todos saben que la República Popular China es un país donde se violan los derechos humanos. Otra razón para que el régimen chino exporte “trabajadores” es que esto también es un negocio para ellos: buscan a estos “trabajadores” de las prisiones de China. Su mano de obra no solo es barata o excesivamente barata, sino incluso muchas veces gratis, porque “trabajan” a cambio de menos años de prisión, si trabajan fuera de China. Es un negocio de pura ganancia: un “trabajador” chino manejado completamente por la empresa, sin pasaporte en su poder, trabajando sin salir del predio elegido hasta haber “pagado” lo que "debía" de su condena en prisión. Y todo avalado por el país extranjero, en este caso, Argentina.

En Argentina ya hay casos de inversiones chinas que despiertan dudas, como es el caso de la mina de Sierra Grande, que fue adquirida con manipulación para eliminar la licitación a principios de 2006. Las minas tienen, además de hierro de calidad no superior, muchísimo cobalto, material que puede utilizarse para fines bélicos. Cuando se enteraron de esto, militares chinos visitaron las minas. Las promesas de los funcionarios locales de que los chinos traerían trabajo quedaron en la nada cuando llegaron trabajadores chinos para la mina en Sierra Grande. Los obreros fueron todos traídos directamente de China y allí viven, en recintos de donde no salen, con una oficina instalada con pocos argentinos en el pueblo; no hay ningún otro trabajo. Los rumores indican también que el secretismo con el que trabajan ahí se debe a que en las minas además se llevan a cabo operaciones militares que involucran material nuclear. No sería raro, teniendo en cuenta la filosofía de lucha que ha mostrado desde siempre el régimen chino, y también teniendo en cuenta que Sierra Grande incluyó un pequeño laboratorio nuclear cuando fue vendida a los chinos. Es imposible que los funcionarios argentinos no hayan sabido acerca de esto.

Inmigración china planificada: una carta política a futuro
Las inversiones chinas van a emplear solo obreros chinos que no saldrán al mercado común, porque no tendrán pasaporte en su posesión, ni contactos con gente de afuera, no se asimilarán a la sociedad que los rodea. Muchos nunca aprenderán español e incluso varios ni sabrán en qué país están. Por eso, las inversiones chinas nunca traen oportunidades de empleo, salvo algunos puestos de porteros o secretarias.

Pero la inmigración va a crecer: ese es el otro lado de la moneda. Son los inmigrantes que vienen para hacer dinero, abriendo supermercados, locales, negocios, empresas digitales que tienen solamente personal técnico de China. Ellos incluso pueden solicitar ayuda económica para instalar un supermercado, siempre que el lugar no sea elegido por ellos. Así, en un pueblo de 10.000 personas aparecen de pronto dos supermercados chinos y ellos dicen ser “enviados”, ni saben cómo pronunciar el nombre del pueblo. En pocos años, esto igualmente no importará, ni importará si hablan español o no, pues podrán solicitar la nacionalidad argentina y después votar. Estos argentinos naturalizados, manipulados por las asociaciones chinas y su embajada, serán un factor clave para tener un candidato que favorezca sus preferencias y sus doctrinas. Esto supera un término como el de “neocolonización”, es puramente hegemonía.


Sun Tzu decía en “El Arte de la Guerra” que para salir siempre victorioso, además de conocerse bien a uno mismo, debe también conocerse bien a la otra parte. ¿Cuánto conocemos del régimen dictatorial chino? ¿Sabemos lo suficiente de su política en derechos humanos? ¿Sabe usted, por ejemplo que, mientras lee este escrito, cientos de miles de personas desaparecen solo por tener una creencia espiritual, y que también cientos miles de ellos mueren mientras sus órganos son sustraídos y vendidos en mercados negros que involucran la participación directa de hospitales militares chinos? ¿Y cuántos saben en Argentina sobre el coraje de algunos jueces y fiscales, que están juzgando esto aquí en Argentina, en un caso que la propia embajada china intentó cerrar? (La Gran Época)

EL INCENDIO DE BARRACAS FUE INTENCIONAL, RATIFICÓ PERITAJE DE LA POLICÍA FEDERAL


by Oscar Dufour

Informador Público, 28-2-15

Hace más de un año se incendiaba el depósito de la empresa “Iron Mountain” (IRM).

El incendio que comenzó la mañana del 5 de febrero de 2014 en Barracas, costó la vida de servidores públicos. Ese funesto día Bomberos de la Policía Federal y rescatistas del gobierno porteño, hallaron trágicamente la muerte, otros resultaron gravemente heridos. El siniestro se produjo en el depósito de la filial Argentina de una de las compañías de almacenamiento más grandes del mundo situada en la calle Azara 1245.

La compañía “Iron Mountain” (IRM), esa es su razón social; guardaba en nuestro País y en distintos depósitos importante documentación -entre otras- de las siguientes empresas: Banco HSBC, Banco Patagonia, la aseguradora La Caja, Molinos Río de la Plata, Boldt, Telefónica, El Cronista Comercial, DirectTV, Telefé. En el de Barracas, aseguran fuentes bien informadas, que también habría habido archivos valiosos, como causas judiciales, documentación del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Aerolíneas Argentinas y hasta de empresas que se le atribuyen al empresario Lázaro Báez, como mencionara en este portal días siguientes al siniestro.

Decía en mi posterior nota del InformadorPublico.com “La tragedia de Barracas sigue sin respuestas“ al cumplirse recientemente un año de la catástrofe, que la Justicia, y en particular la Fiscalía de Instrucción 37 a cargo de la Dra. Marcela Sánchez, interviniente en la “causa” de este “delito de acción pública”, desarrollaba la investigación con mucha lentitud, una causa donde algunos pocos parientes de las víctimas reclaman insistentemente celeridad y transparencia, sin encontrar respuestas claras, en este incendio que reiteradamente habíamos insistido de estar fuertemente sospechado de deliberado y que hoy, peritos de la Policía Federal Argentina, dictaminaron con contundencia que el fuego fue intencional.

El informe realizado previamente por especialistas del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) fue ratificado como mencionáramos por peritos de la P.F.A; y según “protocolo” en vigencia, de concluir el trabajo que está realizando un equipo de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) también en esa línea de investigación, la “causa” originalmente caratulada “NN sobre incendio u otro estrago con muerte de personas”, cambiaría a “Incendio intencional” con las graves derivaciones y consecuencias de este “hecho doloso”.




¿QUIÉN VA A PAGAR LA DEUDA K?



Por Héctor GIULIANO
(28.2.2015).


Decididamente la administración CFK, en las postrimerías de su gestión, está dispuesta a hacer cualquier cosa para pasarle su Crisis de Deuda al próximo gobierno.

Al aumento sistemático de la Deuda del Estado que se ha producido durante la “década ganada” se suma ahora una arremetida final o nueva ola de endeudamiento – la tercera en importancia después del Proceso y la Convertibilidad – que tiene su explicación en la necesidad de supervivencia financiera y política de la actual administración.

Ni el oficialismo ni la oposición política, empero, dicen quién y cómo va a pagar esta Deuda, como no sea contrayendo nuevas deudas.


EVOLUCIÓN DE LA DEUDA K.

El gobierno Kirchner – según datos del Ministerio de Economía (MECON) – heredó de la administración Duhalde-Lavagna una Deuda Pública de 152.600 MD (stock al 30.6.03, en Millones de Dólares).

La presidenta CFK dijo en Setiembre pasado que durante toda la administración Kirchner se pagaron más de 190.000 MD por concepto de Deuda, si bien no hay información desagregada alguna sobre este monto.

Hoy – última informe oficial al 30.6.14 – el saldo de la Deuda es de 210.800 MD (198.900 de Deuda Performing o regularizada y 11.900 de Holdouts o bonistas que no entraron en el Megacanje 2005-2010).

En este monto no están incluidos entre 10-15.000 MD de cupones PBI pendientes de pago, que el gobierno considera Deuda Contingente cuando se trata de deuda en firme pero no registrada como tal.

Además, la cifra de la deuda con los holdouts está subestimada porque después del fallo Griesa se estima que los reclamos de bonistas que no entraron en los canjes (fundamentalmente FB-Fondos Buitre) suman entre 20-30.000 MD, no 12.000.

Por otra parte, dada la fuerte toma de nuevas deudas desde mediados del año pasado hasta la fecha – datos que tradicionalmente el gobierno retacea con una injustificada demora en su publicación – agregando estos datos se puede estimar que la Deuda Pública en cabeza del Estado Central estaría hoy en los 240-250.000 MD.

Este saldo no comprende la Deuda Pública de Provincias/Municipios, Empresas del Estado, Organismos Nacionales y Fondos Fiduciarios, Banco Central (BCRA) y juicios contra el Estado con sentencia en firme.

Después del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005 el gobierno se jactó de haber reducido la Deuda a unos 150.000 MD: 126.500 de Deuda Performing más 23.600 de Holdouts; sin contar la emisión de 30.000 MD de cupones PBI.

Tomado así, entre puntas (2003-2014), el crecimiento de la Deuda del Estado durante la administración K habría sido de unos 100.000 MD (250 contra 150 mil MD).

Por ende, no es cierto que la Argentina se haya ni se esté des-endeudando.


CRISIS DE LA DEUDA K.

Estrictamente hablando, el gobierno Kirchner nunca salió de la Crisis de Deuda: sólo refinanció y refinancia todas sus obligaciones a medida que vencen – a costa de abonar más intereses – pagó y sigue pagando deuda de terceros (organismos financieros internacionales y acreedores privados) con Deuda intra-Estado y toma nuevas deudas.

Eso es lo que técnica y prácticamente ha hecho durante toda su gestión, sin bajar el stock de la Deuda Pública sino, por el contrario, aumentándolo.

El gobierno no tiene capacidad de pago demostrada sobre estas obligaciones, no tiene Solvencia ni Liquidez para afrontarlas con recursos genuinos y sólo puede mantenerse en el Sistema de la Deuda con refinanciaciones permanentes.

Este esquema, sin embargo, parece haber llegado hoy a un nuevo límite de posibilidades para la administración K.


a)        FRACASO DEL MEGACANJE.

El Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 no fue una operación exitosa sino un nuevo pateo para adelante de la Crisis de Deuda, sin mejoras de saldo real: no es verdad que la Argentina tuvo una quita en la reestructuración porque esa quita – del 44 % promedio y no del 66 como dice el gobierno – fue más que compensada con cupones PBI por el 48 %.

Pero además este canje fracasó porque no logró el alivio esperado con el nuevo cronograma de pagos y a los dos años ya no se podía cubrir con recursos corrientes del Estado: por eso se apeló al aumento de las retenciones a las exportaciones de granos (Resolución 125/08), a la estatización de las AFJP (Octubre/2008) y al uso de las Reservas Internacionales (RI) del BCRA para poder pagar Deuda Externa (Enero/2006 al FMI y desde comienzos de 2010).

Paralelamente, el haber dejado afuera bonos impagos en manos de los holdouts por más de 20.000 MD (en su mayoría FB que compraron títulos argentinos a precio de bonos-basura) iba a traerle al país graves consecuencias que eran sólo cuestión de tiempo ya que esos títulos iban a ser reclamados judicialmente en el extranjero.


b)        LA CRISIS DE LOS HOLDOUTS.

La derrota legal ante los FB es básicamente culpa de la errónea estrategia legal, financiera y política de la administración K:

-           Primero, porque el gobierno Kirchner no quiso plantear el problema de la ilegitimidad de la Deuda.

-           Segundo, porque reconoció el Valor Nominal de las acreencias en lugar del Precio de Compra de los títulos.

-           Tercero, porque después del Megacanje 2005 dictó las leyes cerrojo que dejaron vulnerable al Estado frente al reclamo del Pari Passu.

El gobierno Kirchner parece que recién se dio cuenta que los FB eran “malos” y perseguían ganancias extraordinarias cuando perdió, con el fallo Griesa, el juicio-testigo en todas las instancias legales de los Estados Unidos.

Pero tanto o más grave aún es que la presidenta CFK habría contado con que su “vocación pagadora” le iba a facilitar una consideración favorable – o al menos dilatoria – por parte de la Corte Suprema Norteamericana para poder transferirle el problema de los holdouts al próximo gobierno después de haber aceptado los laudos del CIADI, de haber reconocido las indemnizaciones a Repsol por YPF, de haberse allanado a las exigencias totales del Club de París, de renovar los planes trienales de financiamiento con el Banco Mundial y con el BID, y de haber comenzado a emitir Deuda en Pesos y en Dólar-Linked.

La burla de las expectativas K desnudó las falencias de arrastre en materia legal y precipitó la nueva crisis financiera de Deuda, que necesitaba de la Hoja de Ruta Boudou – arreglo con Holdouts y Club de París – para volver a colocar más Deuda Externa en el Mercado Internacional de Capitales.

La propuesta de Convención Multilateral sobre Reestructuración de Deudas Soberanas ante la Asamblea General de la ONU – en línea con la iniciativa del FMI que otrora planteara la vice-jefa Anne Krueger en 2002 – aparentemente resultó insuficiente para cambiar los términos del problema concreto de los holdouts en general y del fallo Griesa en especial.

La última argumentación del gobierno – el peligro de la cláusula RUFO, para tratar de eludir el derecho de los bonistas que entraron en el Megacanje – iba a transformarse en su último embrollo: la exigencia a coro de los FB y del mediador Pollack, desde afuera, con el acompañamiento del establishment financiero local, esperando el fin de la “excusa” del gobierno K para sentarse a negociar de una vez por todas la forma de pago a los acreedores.

Ante la reticencia del gobierno a volver a la mesa del mediador designado por Griesa – que en la práctica actuaría ya como coordinador de una nueva reestructuración de Deuda con los FB y el resto de los Holdouts – el juez formalizó el Desacato y la Argentina quedó en una posición de rebeldía que muy difícilmente tenga resultado favorable pero que pudiera cumplir el objetivo de dilatar a cualquier costo (costo que pagará el país) sus responsabilidades de negociación traspasándoselas a la nueva administración electa.

Mientras tanto – como muestra de la complicidad del gobierno K y de la partidocracia opositora con el Sistema de la Deuda – yace cajoneada en el Congreso la creación de la Comisión Investigadora de la Deuda Externa que contempla la Ley 26.984, paradójicamente titulada Ley de Pago Soberano.


c)         LA DEUDA INTRA-ESTADO.

La clave de la supervivencia financiera de la administración K reside en la utilización en gran escala de la Deuda intra-Sector Público, es decir, de la toma de nueva deuda proveniente de dinero administrado por el propio Estado, fundamentalmente ANSES, BCRA y Banco Nación (BNA).

Esto ha significado que la Deuda con Terceros – básicamente la Deuda Pública Externa – se fuese pagando con Deuda intra-Estado, lo que implica transferirle el costo irrecuperable de la deuda pagada al Estado y, por ende, al Pueblo Argentino.

Ha sido y es una forma de decir: pagamos todo lo que se nos exige – sin cuestionar su legitimidad – a costa de “tragarnos” nuestra propia deuda.

Pero, cuál es ese costo para el país ?:

1.         El desvío de altísimos fondos públicos aplicables al crecimiento económico hacia pago de servicios de la Deuda por Capital, Intereses, cupones PBI y Honorarios/Gastos.

2.         El desfinanciamiento del Sistema Previsional – cuyos recursos, en más de un 60 %, se encuentran prestados al Tesoro sin capacidad de recupero – y de gran parte de los Fondos Fiduciarios o Fideicomisos Públicos (como el FFRE y otros).

3.         La descapitalización del BCRA, que sólo cuenta como disponibles la mitad de sus Reservas Brutas (17.000 sobre 31.500 MD), que tiene el 66 % de su Activo prestado al Tesoro (85.300 MD) sin capacidad de recupero, que acumula una deuda cuasi-fiscal por Lebac/Nobac con Bancos equivalente a 35.200 MD – una deuda que renueva y aumenta cada semana (pagando tasas de interés del orden del 30 % anual) - y que aumenta progresivamente su rubro de Otros Pasivos – que ya suman 6.300 MD - con préstamos de Bancos Centrales extranjeros (Francia, China y BIS de Basilea). 

Este último punto – como ya lo hemos observado en múltiples oportunidades, significa que, en la práctica, el BCRA se encuentra en estado de quiebra y que la distribución de utilidades contables que está realizando no sólo no se corresponden con ganancias genuinas sino que constituyen una forma de vaciamiento del Banco.

El endeudamiento en Letras/Notas del BCRA supone además una vulnerabilidad jurídica que no escapa a las denuncias de los FB ya que, por la teoría del Alter Ego, se cuestiona la independencia del banco en relación al Poder Ejecutivo y se evidencia la conformación de una Deuda Pública indirecta tomada por vía lateral al Fisco. 

Así es como el Kirchnerismo ha venido aguantando su Crisis de Deuda y así es como está difiriendo una crisis financiera inevitable a costa de aumentar a niveles impagables la Deuda intra-Estado.
      
    
La combinación de fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna, Crisis de los Holdouts y Deuda intra-Estado define la encrucijada en que se encuentra la administración Kirchner hoy, después de sus 12 años de gestión.


FUTURO DE LA DEUDA K.

Hoy el relato kirchnerista hace agua: es el producto de un Gobierno sin Política – sujeto a improvisaciones, desprolijidades y corruptelas en su manejo del “día a día” – de la falsía del Des-endeudamiento y del mito del Modelo.

El stock de la Deuda Pública del Estado Central – que, como hemos visto, estaría  actualmente en el orden de los 240-250.000 MD – y la falta de Solvencia y Liquidez Fiscal para poder atender sus servicios llevaron al gobierno CFK, en el último tramo de su mandato, a acelerar la vuelta del país al Mercado Internacional de Capitales, en línea con la Hoja de Ruta Boudou.

El gravísimo traspié de la Crisis de los Holdouts – ratificaciones del fallo Griesa, mediación Pollack y formalización del desacato – ha venido dificultando obviamente las negociaciones de refinanciación de vencimientos pero no habría significado, sin embargo, el fin de las expectativas de volver a colocar Deuda Externa sino sólo el problema de la jurisdicción bajo la cual hacerlo.

En los hechos, la Argentina sigue colocando Deuda Externa, aunque lo hace en forma indirecta.

Las colocaciones de bonos en dólares a tasas altísimas – del orden de un 9 % anual – por parte de YPF y varias provincias (empezando por la CABA y siguiendo por las gestiones de la Provincia de Buenos Aires, que son los distritos más endeudados), viene a constituirse así en una forma de obtención de divisas con deuda, como en los viejos tiempos de Martínez de Hoz y de la Convertibilidad menemista.

El Presupuesto 2015 permite al gobierno tomar deuda este año por un total de hasta 133.600 MD: 46.100 por Operaciones de Crédito Público de refinanciación de deudas, 50.300 por Operaciones de Endeudamiento Adicional para Obras Públicas e Infraestructura y 37.200 por Operaciones de Crédito para el trienio 2016-2018.

Esto es, que al stock de deuda impagable de los 250.000 MD antes citado éste gobierno K está facultado para añadirle más de 100.000 MD, igualmente impagables.

La mayoría de estos nuevos préstamos – cuyos desembolsos han comenzado - proviene actualmente de China: 4.700 MD para las represas de Santa Cruz (Kichner y Cepernic), 2.100 MD para compras de vagones y materiales ferroviarios (Ministro de Interior/Transporte Randazzo, pre-candidato presidencial K), 423 MD para la compra de barcazas fluviales, 430 MD para proyectos de riego en la Provincia de Entre Ríos (gobernador Uribarri, pre-candidato presidencial K) y, lo más importante, el swap de monedas por 11.000 MD (de los que se llevan utilizados 3.100).   

Toda esta formidable masa de Deuda Nueva K – que se suma a la deuda pública impagable existente - se está instrumentando “delante de las narices” de todo el mundo; y la Clase Política (Oficialismo y Oposición) no dice nada al respecto.


EN CONCLUSIÓN.

Frente a esta situación de endeudamiento crónico, creciente e impagable – frente a esta trampa de Deuda Perpetua - la Clase Política es idiota o cómplice ?

En principio, son las dos cosas a la vez pero prevalentemente la segunda: los políticos no se equivocan tanto como parece; saben que la obsecuencia y la servidumbre al Sistema de la Deuda es conditio sine qua non para aspirar al gobierno.

Por eso, con la Deuda pasa lo mismo que con la Droga y otras formas de Corrupción: nadie pelea en el mundo “contra la droga” sino “por la droga”, porque de allí provendrán ingentes fondos electorales y políticos.

De allí que la partidocracia – los candidatos más probables (Macri, Massa y Scioli) y los de menores chances (De la Sota, Uribarri, Randazzo, etc.) - estén todos empeñados, en mayor o menor medida, en la misma carrera de endeudamiento que el gobierno K.

Saben que la adscripción al Sistema de la Deuda – el mecanismo de refinanciamiento permanente y toma de nueva deuda que, como todas las administraciones anteriores, utilizó y utiliza la administración K para mantener su supervivencia financiera y política – es el sistema cuya continuidad tienen que garantizar ellos para tratar de llegar al gobierno, cosa que luego quién lo logre rotulará burlescamente “acceso al Poder”.




COMPROMISO SOCIAL




Es muy preocupante que la base de la convivencia de una sociedad nos encuentre desvalidos de los principios elementales que la humanidad ha tenido siempre presente para vivir civilizadamente y en paz. Los diez mandamientos, las constituciones y las leyes son transgredidas permanentemente y así nos va en consecuencia. 
La intolerancia,el desamor al prójimo,el individualismo y el desenfrenado consumismo nos lleva al pernicioso "ismo" que nos destruye como sociedad. Nuestro querido país está sufriendo, con muchísima angustia y desesperanza, el desencuentro de los argentinos, fruto de la intemperancia que desemboca en agresividad física y verbal.

Es incomprensible que Argentina esté padeciendo esta confrontación entre "ellos y nosotros", una división entre buenos y malos de acuerdo a qué fundamentalismo ideológico nos ubiquemos.  Esperemos que en estos meses del debido debate de ideas que debería existir en las campañas electorales se llegue a consensos para erradicar estas inconductas que nos llevan a la desunión, inclusive, en las propias familias por pensar distinto. La dirigencia política y social debe reflexionar y atemperar sus pasiones a los fines de dar una luz de esperanza a los descreídos ciudadanos.

Contador José Luis Garayoa Salinas

Docente Jubilado

MALVINAS: CUANDO EL PERIODISMO DICE QUE SUCEDIÓ LO QUE NO PASÓ



Paula Lugones

Clarín, 1-3-15

¿Buenos Aires era una “zona de guerra” en 1982, durante el conflicto en Malvinas? ¿Hubo baño de sangre, tanques y balazos de los militares durante las protestas en la capital? ¿Los corresponsales de guerra pierden credibilidad? Las preguntas surgieron estos días en EE.UU. luego de que un famoso periodista de la cadena conservadora Fox se viera envuelto en un escándalo porque hay dudas de que ha falseado –o exagerado— sus reportes cuando trabajó en la Argentina en la cobertura de la guerra de Malvinas.

El periodista Bill O´Reilly fue denunciado por la revista Mother Jones por supuestamente haber “adornado” varios de sus reportes de la guerra de 1982 cuando era un joven corresponsal de la cadena CBS. O´Reilly escribió en un libro que había cubierto el conflicto argentino-británico desde la “zona de guerra”. Sin embargo, el periodista no viajó a las islas sino que siguió el tema desde Buenos Aires, como la mayoría de sus colegas, ya que el gobierno de Leopoldo Galtieri no los autorizaba ir a Malvinas.

El autor de la nota de Mother Jones que disparó la controversia, David Corn, dijo que el tema no era si O´Reilly había estado en las protestas violentas sino si había reporteado desde “la zona de guerra”, como había dicho y si había exagerado. “Las marchas tuvieron un componente violento sin duda”, dijo Corn. “Pero la cuestión es si O´Reilly faltó a la verdad cuando dijo varias veces que los soldados argentinos dispararon contra la multitud y mataron a varias personas”.
Otros periodistas que estaban alrededor de la Casa Rosada ese día, como George Lewis, que cubrió el conflicto para la cadena NBC, dicen en realidad que la situación no era tal como O´Reilly la contó. Desde su casa en California, el reportero hoy retirado le contó por teléfono a Clarín que “Buenos Aires no era una zona de guerra, la mayor parte del tiempo estaba muy pacífica”.
Veterano corresponsal, Lewis ya entonces había cubierto Vietnam, la toma de rehenes en Teherán y la invasión israelí a Líbano, entre otros conflictos: “La de Malvinas era una guerra que cubríamos a 12 mil millas de distancia”, señaló. “Era una tarea muy fácil, muy cómoda, porque Buenos Aires no era una zona de guerra. Hubo un día de cierta violencia en la calle (cuando la dictadura anunció la rendición), pero no podemos decir que fuera combate”, agregó. “La policía disparaba por sobre las cabezas de la gente, pero con balas de gas o de goma. A veces pegaban palazos”, describió Lewis. “Pero cuando O’ Reilly dice que era una zona de combate está exagerando”.

Charles Gómez era corresponsal de CBS en América Latina y fue enviado a Buenos Aires para cubrir la guerra y, como otros periodistas, no fue autorizado a ir a Malvinas. Compañero entonces de O´Railly, dice que no quiere criticar a su ex colega, pero se muestra sorprendido por la descripción que éste hizo. “Lo que estaba pasando en Malvinas era guerra, pero lo que pasaba en las calles de Buenos Aires no era guerra, sino protestas”, señaló a Clarín por teléfono desde Nueva York. Hoy retirado, López cuenta que “no vio ningún baño de sangre”.
Jimmy Burns, corresponsal del Financial Times durante la guerra y autor de un libro sobre Malvinas, explicó a Clarín desde Londres que en junio de 1982 “hubo una marcha muy violenta cuando cae Puerto Stanley y se asume la derrota”. “Parecía que iba a estallar una revolución social, hubo una manifestación donde intentaron romper la puerta de la Casa Rosada. Pero decir que había militares y tanques en la calle es una exageración. Los militares disparaban pero al aire, si no hubiera sido una masacre”.