lunes, 13 de mayo de 2019

CRISIS DE DEUDA


Y 10 PUNTOS MACRI-FMI

Por Héctor GIULIANO
(10.5.2019)

El gobierno Macri acaba de dar a conocer en estos días un documento por el que propone 10 puntos de Acuerdo Pre-electoral dirigido en principio a los candidatos opositores – y a la Clase Política en general – pero extensivo también a gobernadores de provincia, sectores empresarios, sindicatos, Iglesia Católica y otros cultos.

El propósito primario y expreso de esta oferta de diálogo – una iniciativa tardía y enmarcada en la Crisis de Deuda a la que la propia administración macrista ha llevado al país[1] - es salvar su propia supervivencia política hasta las Elecciones de Octubre y tratar a la vez de condicionar al futuro gobierno (cualquiera sea su signo) a los lineamientos de base del arreglo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Esta convocatoria de un gobierno fallido ante la perspectiva cierta de una debacle electoral trata de presentarse ante la opinión pública – por parte de la tríada Gobierno-Oposición-Medios manejada por el Establishment – como una necesidad de dar señales de consenso debido a la supuesta persistencia de una inestabilidad financiera producto de la incertidumbre política cuando, en la realidad, la cosa es al revés: es la Crisis Financiera – y concretamente la Nueva Crisis de Deuda del Gobierno Macri – la que genera incertidumbre política. 

CONTEXTO DEL DOCUMENTO
El abierto fracaso económico-financiero del gobierno Macri – derivado de su política de Gobernar con Deuda – llevó nuevamente a la Argentina a un estado de default o cesación de pagos en Abril del 2018 (a dos años de gestión), forzó la toma de toda una serie de medidas monetarias, cambiarias y bancarias contradichas con sus promesas, formulaciones y  expectativas vendidas a la opinión pública, y condujo a un acuerdo de préstamo Stand-By (SBA) con el FMI para poder cubrir su supervivencia hasta las elecciones presidenciales de Octubre de este año.
En sus términos concretos, se trata de una de las situaciones financieras y políticas más lastimosas a las que haya llegado un gobierno en la historia reciente de nuestro país – resultado directo de su política de endeudamiento en gran escala y sin capacidad de repago – y que ahora trata de ser mantenida a ultranza con el salvataje del FMI.

El Arreglo con el FMI de Junio del 2018 fue reformulado en Octubre pasado a raíz de su incumplimiento inicial, fue modificado después con la revisión de Diciembre, vuelto luego a replantear en Marzo de este año y actualmente está sujeto a eventuales nuevos cambios frente a la posición de un gobierno que trata desesperadamente de enmascarar la gravedad de la situación existente en materia de Endeudamiento y Economía Financiera merced al sostenimiento del FMI, del gobierno norteamericano y de la Banca que lucra con la continuidad de la nueva Crisis de Deuda que vive el país.[2]
El SBA del FMI cubre así parte de la crisis financiera y cambiaria que castiga hoy a la Argentina y que, paradójicamente, está en gran medida acentuada por el propio arreglo vigente con el Fondo.

Con el agravante que el FMI estaría aquí apartándose incluso de sus propios reglamentos internos dado que los préstamos Stand-By se adjudican con el objeto de atender desequilibrios transitorios de Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos mientras que en nuestro caso el principal destino de los desembolsos está siendo no sólo la de un préstamo-puente para mantener el pago de servicios estructurales de la Deuda Pública sino, peor aún, al sostenimiento del Tipo de Cambio, mecanismo éste que sirve para financiar la Fuga de Capitales de la Argentina.[3] 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO
La propuesta de los 10 puntos Macri – dirigida fundamentalmente a la oposición política con representación parlamentaria – está formulada como una Carta personal del presidente con pedido de opinión a los principales dirigentes para despejar – según dice - algunas dudas que existen sobre nuestro país. [4]
De la lectura de estos puntos – sobre los cuales el presidente pide respuesta - surge claramente que los mismos son, en los hechos, una suerte de síntesis de los compromisos ya asumidos por el gobierno macrista con el FMI y los Acreedores Financieros del Estado pero sobre los que se pretende que los dirigentes opositores se expidan para dejar pegada así también su responsabilidad futura al respecto.

Vamos a analizar muy brevemente, punto por punto,  qué dicen y cuál es el significado de cada uno de ellos (aunque en los casos que no se ameriten mayores  observaciones y/o comentarios aclaratorios, éstos van a ser reducidos a una mínima expresión dado que la mayoría de estos puntos habla por sí mismo):

1. LOGRAR Y MANTENER EL EQUILIBRIO FISCAL, TANTO EN LA NACIÓN COMO EN LAS PROVINCIAS.
La fórmula de Equilibrio Fiscal es engañosa porque en realidad el acuerdo con el FMI sólo compromete en firme el denominado Déficit Fiscal Primario Cero, esto es, el Déficit del Estado Central sin contar el pago de los Intereses de la Deuda Pública, por lo que el Resultado Financiero negativo sigue existiendo.[5]
Esta mención es doblemente engañosa o incierta porque las obligaciones de Deuda Pública – incluyendo las contraídas con el propio FMI – se toman sin demostración alguna de capacidad de repago y porque la cuenta de Intereses a Pagar aumenta en forma vertiginosa sin que exista garantía alguna sobre el crecimiento de su monto, que es el principal componente del desequilibrio fiscal, razón por la que, en principio, no se puede garantizar el Déficit Final Cero.
Por otra parte, no es competencia de los dirigentes políticos ni futuros gobernantes modificar los compromisos existentes con las Provincias que – cualesquiera sean las opiniones que se tengan al respecto – están respaldados ya por convenios internos de las mismas y/o directamente suscriptos con la Nación y ratificados además por los contratos de Deuda Pública Provinciales de las jurisdicciones endeudadas con sus acreedores, garantizadas con recursos propios de las mismas y/o del Gobierno Nacional y abarcadas incluso en el arreglo con el FMI.

En síntesis, que lo que se pide en forma provocativa en este punto es simple y llanamente conocer y dejar comprometida la posición de los candidatos acerca de pautas, convenios firmados y vigentes de la Nación y de las Provincias que no se podrían modificar.

2. SOSTENER UN BANCO CENTRAL INDEPENDIENTE EN EL MANEJO DE LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA, EN FUNCIÓN DE SU PRINCIPAL OBJETIVO QUE ES EL COMBATE A LA INFLACIÓN HASTA LLEVARLA A VALORES SIMILARES A LOS DE PAÍSES VECINOS.

Esto es textualmente un Diktat – un dictado, en alemán – del FMI y la Banca Internacional: una premisa ideológica, política y técnica del Sistema Financiero Global para garantizar la servidumbre irrestricta ante los capitales especulativo-financieros al amparo de que los Estados no puedan desarrollar Políticas Monetarias, Cambiarias y Bancarias propias.
Una iniciativa en este sentido - bajo la forma de Proyecto de Ley (PL) – ya fue enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo Macri, en línea con el pacto firmado con el FMI.

En cuanto al supuesto objetivo del combate contra la Inflación – un objetivo en el que precisamente la administración Macri ha fracasado en forma abierta – cabe observar que el principal responsable del problema inflacionario argentino hoy es el propio gobierno macrista, a través de la permisividad absoluta de las remarcaciones privadas de precios, del aumento de los precios y tarifas de los servicios públicos, de la mayor presión tributaria, de las sucesivas devaluaciones con traslado a precios, del aumento de las tasas de interés y del aumento del gasto público derivado del incremento inmanejable de los servicios de la Deuda Pública.

Esta política inflacionaria del gobierno Macri ha sido a la vez la principal herramienta gubernamental para producir una baja en los Salarios Reales, de las Jubilaciones/Pensiones y del costo de los Planes Sociales, licuando o abaratándolos medidos en dólares, con la consiguiente caída del Consumo, la Producción y el Empleo: un caso típico de Estanflación provocado por las Políticas de Ajuste.

3. PROMOVER UNA INTEGRACIÓN INTELIGENTE CON EL MUNDO, TRABAJANDO PARA EL CRECIMIENTO SOSTENIDO DE NUESTRAS EXPORTACIONES.

Este texto es tan neutro como inoperante e innecesario de comentarlo, salvo para resaltar el hecho que la mentada integración con el Mundo hasta ahora nunca ha demostrado en los hechos ser precisamente inteligente por parte de la Argentina porque los principales problemas económico-comerciales y financieros que tiene hoy nuestro país no son derivados de haberse cerrado al Mundo sino al revés, derivados de haberse abierto e insertado en el Mundo.
Por otra parte – e independientemente de que nadie se va a oponer al crecimiento de nuestras exportaciones – sí cabe observar que la actual política de negocios internacionales macrista, de base liberal, no sólo no ha mejorado sustancialmente los niveles de la Balanza Comercial sino que además lo que ha ido logrando es una mayor primarización de nuestras exportaciones.

4. RESPETO A LA LEY, LOS CONTRATOS Y LOS DERECHOS ADQUIRIDOS CON EL FIN DE CONSOLIDAR LA SEGURIDAD JURÍDICA, ELEMENTO CLAVE PARA PROMOVER LA INVERSIÓN.

Éste es uno de los puntos-clave del compromiso que se pretende obtener de los candidatos opositores: la firma de un virtual cheque en blanco que le garantice al gobierno Macri – y con él a los grupos económico-financieros con los cuales viene celebrando todo tipo de contrataciones (cuyo contenido exacto en la mayoría de los casos se desconoce) – la impunidad frente a las posibles irregularidades y/o negociados acordados por la actual administración.
Formular un punto de compromiso de este tipo  no solamente resultaría una obviedad sino que permite incluso inferir la sospecha que el actual gobierno trata así de cubrirse de la eventualidad que, una vez concluido su mandato, se vea expuesto a circunstancias análogas a las de la corrupción kirchnerista

5. CREACIÓN DE EMPLEO FORMAL A TRAVÉS DE UNA LEGISLACIÓN LABORAL MODERNA, QUE SE ADAPTE A LAS NUEVAS REALIDADES DEL MUNDO DEL TRABAJO SIN PONER EN RIESGO LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.

Otra obviedad que, dada su formulación, no dice nada en sí misma pero que está en línea con el compromiso ya asumido con el FMI de enviar al Congreso un PL de Reforma Laboral cuyo sentido básico – cualesquiera terminen siendo luego los resultados del debate parlamentario – sea lograr la reducción de los Costos Laborales de las Empresas.
Es una forma de asegurarle al FMI que si el actual gobierno no puede lograr la aprobación de la llamada Reforma Laboral, sí lo haga la administración siguiente.

6. REDUCIR LA CARGA IMPOSITIVA NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL, EMPEZANDO POR LOS IMPUESTOS DISTORSIVOS.

Este punto directamente es burlesco: ningún político se va a pronunciar nunca a favor de aumentar ni mantener la Carga Impositiva en los tres órdenes de gobierno así como tampoco sobre el mantenimiento de Impuestos Distorsivos.
Pero que un gobierno como el actual – que se ha jactado de haber obtenido del Congreso el dictado de una ampulosamente llamada Ley de Reforma Financiera (a fines del 2017, y con el apoyo de gran parte de la oposición) trate ahora de dejar pegada a la oposición con medidas que el propio gobierno está revirtiendo (como el caso de las retenciones, derechos de importación y otros) es sinceramente contradictorio, poco serio y no se comprende su sentido.

7. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA PREVISIONAL SOSTENIBLE Y EQUITATIVO QUE DÉ SEGURIDAD A LOS JUBILADOS ACTUALES Y FUTUROS.

Lo mismo que el punto 5 – sobre Reforma Laboral éste es también un compromiso ya asumido por el gobierno Macri con el FMI y que obviamente se busca mantener en el futuro.
Aunque el texto definitivo, por lógica, dependerá del resultado del pertinente debate parlamentario al respecto, cabe recordar que el objetivo básico de la también mentada Reforma Previsional es bajar el Gasto Público del Sistema, cosa que ya ha comenzado con la actual administración reduciendo los ingresos jubilatorios reales de la clase pasiva argentina.

8.  CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA FEDERAL TRANSPARENTE QUE ASEGURE TRANSFERENCIAS A LAS PROVINCIAS NO SUJETAS A LA DISCRECIONALIDAD DEL GOBIERNO NACIONAL DE TURNO.

Otra obviedad que ni merecería comentarios: el actual gobierno se jacta de haber mejorado la distribución real de la mayoría de las transferencias a provincias – directas e indirectas o discrecionales – dentro del Sistema de Coparticipación Federal de Impuestos.
Hay sucesivos Pactos Fiscales al respecto y se dice han sido solucionados ya prácticamente todos los problemas importantes del Sistema, por lo que se supone que ningún candidato vaya a poner siquiera en duda la validez, vigencia y/o alcance de los acuerdos existentes.

Desde la Reforma Constitucional de 1994 el Poder Ejecutivo y el Congreso están en deuda con el Pueblo Argentino por no haber dictado todavía una nueva Ley de Coparticipación, cuyos plazos están largamente vulnerados.
Que una administración saliente pretenda ahora – a último momento – querer comprometer a los candidatos políticos a una conformidad de este tipo es tan poco serio como inoperante, dado que los verdaderos acuerdos discrecionales que desarrollan todos los gobiernos no se dan ya sólo por privilegios particulares (como otrora los ATN-Aportes del Tesoro Nacional) sino por favorecimientos bilaterales a través de las prioridades de Obras Públicas y de Infraestructura, de Planes de Asistencia Social y de facilitación del endeudamiento local, entre otras modalidades (como el caso paradigmático actual del gobierno Macri con respecto a la gobernación de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires y/o del Jefe de Gobierno de la CABA, Rodríguez Larreta, favorecidos por el Gobierno Central).
     
9. ASEGURAR UN SISTEMA DE ESTADÍSTICAS PROFESIONAL, CONFIABLE E INDEPENDIENTE.

Hoy en día, es impensable que algún candidato político – ni siquiera del Kirchnerismo – vaya siquiera a poner en duda un punto de este tipo.

10. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON NUESTROS ACREEDORES.

Este último es, en realidad, el primero y más importante de todo el decálogo dictado por el FMI al presidente Macri para confeccionar su Carta a los opositores políticos: asegurarle a los Acreedores Financieros del Estado que los compromisos asumidos por el actual gobierno y los anteriores que todavía permanezcan vigentes no van a ser puestos en duda.
Estas obligaciones, que conforman una Deuda Pública enorme e impagable y llevada nuevamente a una situación de default por la administración Macri, están constituidas por contratos financieramente incumplibles por razones de Insolvencia e Iliquidez fiscal, títulos que siguen – al menos formalmente – bajo investigación de la Justicia Federal (como el caso de la Causa Olmos II y conexas), que fueron y siguen siendo suscriptas bajo condiciones usurarias leoninas y bajo cláusulas en su mayoría desconocidas (tanto por el Tesoro Nacional como por el Banco Central, las Provincias/Municipios, Empresas del Estado, etc.), que están en su mayoría fundadamente sospechadas de irregularidades que debieran llevar en principio a una necesaria auditoría de las mismas y que en gran parte han sido asumidas por funcionarios superiores responsables actuando en conflicto de intereses con los Acreedores Financieros del Estado.

En síntesis, que este punto – el punto clave del préstamo-puente SBA del FMI para sostener al gobierno Macri hasta las Elecciones de Octubre sin caer en Default – no solamente explica el resto de los puntos del decálogo dictado por el FMI sino que constituye la base del acuerdo de salvataje del Fondo y que con esto busca su ratificación incondicional a futuro.
Hasta aquí las principales observaciones y/o comentarios – expuestas con la mayor brevedad posible – acerca de la Propuesta Macri-FMI a la Clase Política Argentina.

PERSPECTIVAS Y PROYECCIONES
Ante el fracaso de la Política Económico-Financiera del gobierno Macri, la nueva Crisis de Deuda producida bajo su gestión y los condicionamientos del FMI para el salvataje de su mandato hasta fin de este año el presidente ha dirigido esta Carta a los fines de comprometer a los candidatos políticos ante los Acreedores Financieros del Estado.
Es una maniobra tan burda y elemental que no merece abundarse en comentarios sobre la misma y cuyas notas principales han sido desarrolladas en el presente trabajo.
Con este documento, el FMI le exige en la práctica al presidente Macri básicamente tres cosas:

1. El cumplimiento a rajatabla de sus directrices – pactadas en el SBA - a cualquier costo financiero y hasta sus últimas consecuencias (un requisito que se está cumpliendo a razón de una cuota de pago de Intereses de la Deuda Pública de más de 5.500 Millones de Pesos por Día entre la Tesorería y el BCRA).
2. La continuidad de la intervención – total y absoluta - de las Cuentas Fiscales de la Argentina por parte del FMI, tal como hoy en día se está llevando a cabo. Y
3. El compromiso de la nueva administración de gobierno que resulte electa en Octubre próximo – cualquiera sea su signo político – a mantener los lineamientos y obligaciones asumidas por el gobierno macrista.

Para ello, se descuenta que la primera acción a desarrollar por el futuro gobierno sería una renegociación del SBA con el FMI – que le permitiría al Fondo mantener su función de Auditor de los Acreedores Financieros de la Argentina – y encarar una nueva reestructuración de la Deuda Pública en su conjunto: una suerte de nuevo Megacanje – o su variante de multiplicar las refinanciaciones actuales – que pudiera tener la forma de un Nuevo Plan Brady (con formas o variantes de privatizaciones incluidas, aún con la posibilidad fáctica de un BCRA de tipo mixto).

Pero todo pronóstico a este respecto es muy conjetural porque lo primero que el presidente Macri tendría que garantizarle al FMI a través de esta maniobra conjunta de los 10 puntos es obtener la aquiescencia de este documento de compromiso futuro por parte de la Clase Política ya que, caso contrario, los capitales financieros internacionales - mandatarios del Fondo - podrían llegar a obligarlo a ser él quien tenga que encarar aceleradamente las reestructuraciones de Deuda que pugna por traspasar a sus sucesores, que le organicen nuevas corridas cambiarias y/o directamente que lo obliguen a adelantar las elecciones (cosa que condicionaría en forma aún peor a la nueva administración entrante).

Pero reiteramos aquí la idea que – dado el secreto institucional que impera en todo lo inherente al problema del Endeudamiento Público – sólo se pueden analizar hechos y no conjeturas o posibilidades.
Mientras tanto, como dijimos, la tarea de la Tríada Gobierno-Oposición-Medios es hacerle creer a la Gente que la culpa de toda esta Crisis no es la Deuda sino la incertidumbre política, invirtiendo así la cruda realidad de que es la Deuda la verdadera causa de fondo de esa incertidumbre política.-

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ANEXO: TEXTO DE LA CARTA DEL PRESIDENTE MACRI SOBRE PROPUESTA DE LOS 10 PUNTOS A LA CLASE POLÍTICA (7.5.2019).

El presidente Mauricio Macri  envió una misiva con sus "10 puntos de acuerdo" a varios precandidatos presidenciales y amplió la convocatoria a los 24 gobernadores, a empresarios, a Iglesias (católica y evangélica), y a la cúpula de la CGT.
El texto completo de la carta de Macri:
"La Argentina ha logrado a lo largo de los años algunos acuerdos básicos que permitieron fortalecer nuestra democracia. El consenso democrático que cerró las puertas a experiencias autoritarias, la Asignación Universal por Hijo, el rechazo a la violencia política, la alianza estratégica con el Mercosur, por dar algunos ejemplos.
Pero claramente hemos tenido problemas para acordar sobre cuestiones básicas de nuestro desarrollo económico. Nuestra historia en este tema ha tenido muchos fracasos, convirtiendo nuestro país en una paradoja mundial por la falta de desarrollo y la pobreza pese a nuestros recursos y nuestras potencialidades.
Por ello, cada vez que se acerca un proceso electoral, existen muchas dudas sobre nuestro futuro. Los argentinos y el mundo quieren tener más claridad y certeza de que hemos podido dejar de discutir algunas cosas que ya no se discuten más en la mayor parte de los países.
Por eso le quiero pedir que pueda expresarse sobre estos diez puntos que consideramos imprescindibles para despejar algunas de esas dudas que existen sobre nuestro país.
Estos puntos no son un plan de gobierno, ni una propuesta electoral, ni un contrato de adhesión. Son una invitación para que podamos despejar algunos temas esenciales de nuestras discusiones. Confío en que desde la madurez democrática podremos dar una muestra de acuerdo que nos permita darle mayor tranquilidad a los argentinos.
1. Lograr y mantener el equilibrio fiscal, tanto en la Nación como en las provincias.
2. Sostener un Banco Central independiente en el manejo de los instrumentos de política monetaria y cambiaria, en función de su principal objetivo que es el combate a la inflación hasta llevarla a valores similares a los de países vecinos.
3. Promover una integración inteligente con el mundo, trabajando para el crecimiento sostenido de nuestras exportaciones.
4. Respeto a la ley, los contratos y los derechos adquiridos con el fin de consolidar la seguridad jurídica, elemento clave para promover la inversión.
5. Creación de empleo formal a través de una legislación laboral moderna, que se adapte a las nuevas realidades del mundo del trabajo sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores.
6. Reducir la carga impositiva nacional, provincial y municipal, empezando por los impuestos distorsivos.
7. Consolidación del sistema previsional sostenible y equitativo que dé seguridad a los jubilados actuales y futuros.
8. Consolidación de un sistema federal transparente que asegure transferencias a las provincias no sujetas a la discrecionalidad del Gobierno Nacional de turno.
9. Asegurar un sistema de estadísticas profesional, confiable e independiente.
10. Cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores.
Desde ya que estamos abiertos a escuchar agregados o aportes que usted considere que refuercen el mensaje de previsibilidad que podemos dar, ya que esto implica el inicio de una conversación abierta".



[1] Cabe recordar que apenas asumido el gobierno, en Enero de 2016, el gobierno Macri anunció la convocatoria a una Mesa de Negociaciones con sectores empresarios y sindicales para Marzo de ese año con el objeto de llegar a un denominado Consenso Económico y Social que sirviera de base a su gestión pero que esta iniciativa nunca fue llevada a cabo: desde el comienzo de su administración el presidente y sus funcionarios superiores se movieron siempre con la soberbia de las decisiones unilaterales y los hechos cumplidos; y sólo ahora - después del estallido de la Crisis de Deuda a partir de Abril del 2018 – y ante el peligro cierto de no supervivencia financiera y política hasta las Elecciones de Octubre, es que se lanza esta nueva convocatoria al diálogo. 
[2] El último Informe de la Misión Cardarelli, del FMI – de Marzo de este año – advierte que pese a las medidas adoptadas por la administración Macri, las perspectivas de cumplimiento del nuevo SBA están en duda: la proclamada lucha contra la Inflación muestra un fracaso abierto, la estabilidad del tipo de cambio no puede ser controlada por el gobierno con sus propios medios, la Recaudación Tributaria y Previsional aumenta menos que la Inflación (es decir, que es más baja en términos reales que la del año 2018) y las Metas de Déficit Fiscal no se cumplirían según las previsiones del Fondo.
Paralelamente, se viene hablando desde hace varias semanas de un eventual pedido argentino de ayuda adicional proveniente de la Tesorería Norteamericana – una facultad especial que tiene el presidente de los Estados Unidos para ayudar a países aliados por razones de emergencia política  sin autorización del Congreso – a los fines de reforzar la posición macrista frente a las elecciones de Octubre.
Esta alternativa se suma a la asistencia extraordinaria por adelantos en el otorgamiento de préstamos que la Argentina está recibiendo en la actualidad por parte de los Organismos Multilaterales de Crédito (esencialmente Banco Mundial, BID y CAF-Corporación Andina de Fomento).
[3] El FMI – en función del Acuerdo Stand-By y sus modificaciones – le desembolsó unos 28.000 MD (Millones de Dólares) a la Argentina en 2018 y tiene previsto desembolsarle otros 23.000 MD este año, de los que 10.800 MD acaban de serle girados hace pocas semanas, a principios de Abril (con la peculiaridad que el destino principal de tales fondos no es la asistencia directa al Tesoro sino la de sostener el tipo de cambio, que además constituye una forma de financiar la fuga de capitales).
La gran paradoja – que ya hemos señalado en otras oportunidades – es que el gobierno Macri percibe así unos 51.000 MD (el 90 % del préstamo SBA), que le sirven para poder llegar al fin de su fracasado mandato, pero la cuenta a pagar se la pasa al futuro gobierno.
[4] El párrafo en cuestión – dentro de la Carta - dice textualmente:
“Por eso le quiero pedir que pueda expresarse sobre estos diez puntos que consideramos imprescindibles para despejar algunas de esas dudas que existen sobre nuestro país.” (el destacado en bastardilla es nuestro).
Al que se agrega un párrafo siguiente que dice:
“Estos puntos no son un plan de gobierno, ni una propuesta electoral, ni un contrato de adhesión. Son una invitación para que podamos despejar algunos temas esenciales de nuestras discusiones. Confío en que desde la madurez democrática podremos dar una muestra de acuerdo que nos permita darle mayor tranquilidad a los argentinos.”
Este último sub-párrafo destacado lo es para observar que, en la práctica, el objetivo real y evidente de una carta personal de este tipo -  que no es una carta del presidente por razones oficiales, que no tiene carácter vinculante y que constituye solamente un pedido de opinión – no tiene por finalidad darle tranquilidad a los argentinos sino darle tranquilidad a los acreedores del Estado Argentino, que es algo muy diferente.
[5] El Déficit Fiscal Primario exigido por el FMI para este año es Cero pero el Resultado Financiero – que surge de sumarle a este Déficit los Intereses a Pagar en el 2019 – es de 600.000 M$ (Millones de Pesos), que es el verdadero Déficit Financiero o Déficit Total.
Conceptual y técnicamente, esto significaría una operación de macro-capitalización de Intereses por anatocismo dado que todo el Déficit Fiscal se termina financiando con más endeudamiento público.  

lunes, 6 de mayo de 2019

PARA VOTAR BIEN



Religión en libertad, 2-5-19
Recientemente hemos tenido en España elecciones generales. Los resultados, como siempre no han sido del gusto de todos. Los católicos debemos aprender a defender principios de acuerdo con un orden humano y sagrado de la vida, un humanismo cristiano, y elegir a los que defiendan estos principios. Esta tarea no es fácil porque falta mucha formación en este sentido. 
Algunos católicos piensan que les basta con que les dejen ir libremente a Misa y sacar procesiones a la calle. Se olvidan que el cristianismo no se agota en estas manifestaciones, por muy santas que sean. Hay muchos campos donde debemos dar la cara: la defensa de la vida, la familia, la cultura, la enseñanza, los medios de comunicación, la infancia y la juventud, el respeto a los mayores, la justicia social, etc. A la hora de votar, ¿qué campos hay que defender en esta batalla política?
El Profesor Fernando Fuentes Alcántara, que enseña Doctrina Social de la Iglesia en Salamanca, lo resume así:
Retos más urgentes a los que debe responder el cristiano insertado en la sociedad actual:
a.- La apertura a la vida: Su planteamiento y defensa deben formar parte de una auténtica conciencia social cristiana, especialmente en estas circunstancias como indica Caritas in veritate (nº 15): « no puede tener bases sólidas, una sociedad que -mientras afirma valores como la dignidad de la persona, la justicia y la paz- se contradice radicalmente aceptando y tolerando las más variadas formas de menosprecio y violación de la vida humana, sobre todo si es débil y marginada ».
Uno de los aspectos más definitivos para juzgar la calificación moral de una sociedad es la valoración que se hace de la vida humana. Esta se desprecia cuando el juicio acerca del prójimo se realiza a partir de criterios extraños a la verdadera dignidad de la persona, esto es, a partir de una utilidad social o de si alcanza el nivel de "calidad de vida" socialmente admisible.
También la aspiración a lograr una ecología humana, la apertura a la vida en la naturaleza y el respeto del medio ambiente natural, es uno de ámbitos más relevantes de la educación en la doctrina social de la Iglesia.
b) Testimoniar la fe en la vida pública
Se trata de sanar las instituciones, las estructuras y las condiciones de vida contrarias a la dignidad humana. El cristiano no se limita a la mera trasformación de las estructuras sino que la originalidad de su acción está, sobre todo, en el impulso de una cultura inspirada en el Evangelio. Se trata de dar prioridad y profundidad a la conversión y trasformación de las conciencias antes que al cambio de estructuras sociales y políticas.
El Papa actual plantea abiertamente el papel de la religión cristiana (y de las otras religiones también) como propuesta pública en esta sociedad en la que vivimos. Su "estatuto de ciudadanía" es un tema insuficientemente tratado y evitado por las instancias sociales y políticas sobre todo de nuestro país. En este sentido es un itinerario erróneo la fuga hacia la privacidad y la separación entre lo social ( y sus complejidades) la moral y la fe. Hay que evitar cualquier disociación entre la vida religiosa y los deberes terrenos. "La ruptura entre la fe que profesan y la vida ordinaria de muchos debe ser contada como uno de los más graves errores de nuestro tiempo " La fuga hacia la privacidad genera un modo de espiritualidad evasiva. El proyecto formativo supera "el problema de cada uno ", fiel reflejo de la sociedad fragmentada y de la falta de motivación para la vida colectiva " .
Quizás alguna culpabilidad tenemos como comunidad cristiana por dar a entender a veces que la misión de la Iglesia había que situarla en el ámbito de los espíritus y de la vida privada. Sin embargo, el magisterio social de la Iglesia siempre ha planteado la necesidad de que los cristianos asuman no sólo un compromiso ético-social, como dimensión imprescindible del testimonio cristiano, sino que también posean una conciencia única y unitaria entre su vida pública y su vida cristiana como un deber de coherencia en su fe. Por eso "se debe rechazar la tentación de una espiritualidad intimista e individualista, que poco tiene que ver con las exigencias de la caridad ni con la lógica de la Encarnación y, en definitiva, con la misma tensión escatológica del cristianismo".
Ante la complejidad de la vida pública, el compromiso sociopolítico requiere una formación especializada que responda a las características propias y plurales de donde se ha de realizar tal compromiso . Es necesaria una formación sociopolítica, desde la DSI y desde fórmulas de formación y de educación social como es el Master de Doctrina social de la Iglesia, que promueva, motive y capacite para realizar dicho compromiso.
c) El Master de DSI pretende formar una conciencia social que trasforme la cultura y la sociedad
Una tarea de fondo que debe asumir el cristiano es la aportación ética a la cultura. Seguramente una de las quejas más comunes que vemos a nuestro alrededor es la opinión casi unánime de la decadencia de la cultura que nos invade. Echamos en falta una cultura "capaz de enriquecer al hombre" (Compendio de Doctrina social,556).Una cultura humana y civil que tenga como contenido el desarrollo de la dignidad humana, que esté bien fundamentada en una correcta antropología; que no reduzca al ser humano a las visiones ideológicas y formas culturales que lo empobrecen. Asistimos a planteamientos culturales en España donde el control ideológico es cada vez más determinante en los medios de comunicación. También la cultura de las diversas Naciones, que son formas de plantear la existencia persona, se ha impuesto como una vía de empobrecimiento más que como una manera de realización humana abierta y fraterna.
El desafío que nos presenta la cultura actual es el desafío de la verdad en la cultura, como ya se ha indicado. Y para llegar a ella no basta una lectura sociológica y cultural de la sociedad actual, es preciso un compromiso por la educación y la formación de las personas. No hay formación ni educación en la fe personal y en el compromiso social si no es mediante un proceso permanente de maduración, de discernimiento, cultivo de la espiritualidad laical y de revisión de vida. Esto supondría actual en los siguientes campos:
1.- Educar para ser protagonistas como miembros de una comunidad cristiana que discierne las opciones que debe asumir . Más concretamente, educar para ser capaz de hacernos cargo de los problemas del propio tiempo y del propio ambiente. Poder tomar una responsabilidad activa que es fruto de un proceso de búsqueda que aboca a tomar opciones y protagonismo en la comunidad cristiana y en la sociedad.
2.- Educar para participar en una sociedad profundamente necesitada de construir tejido social. Uno de los retos históricos permanentes es la escasa consistencia de la sociedad civil, que en la vida real se traduce en el abandono de responsabilidades individuales en manos del Estado.
3.-Promover la formación de un VOLUNTARIADO que participe en asociaciones, organismos, campañas, en favor de las cuestiones desafiantes de nuestro tiempo:la paz, la ecología, la solidaridad.....
3.- Educación para que los hombres conduzcan su vida según los principios del Evangelio aplicados a la moral personal y social, y manifestado en un testimonio profundamente cristiano.
Para todo ello es imprescindible tener instrumentos de formación adecuados. Un recurso puede ser el Master en Docrtrina social de la Iglesia que promueve la Universidad Pontificia de Salamanca (www.upsam.es), que he recomendado ante los retos de la sociedad y de la Iglesia. Hay otros medios también que están en marcha y con resultados adecuados. Lo imprescindible es tomar conciencia de la necesidad, pues de esa forma encontraremos sentido a las distintas propuestas formativas.
Cfr.https://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2011/10/15/doctrina-social-iglesia-religion-master-upsa-salamanca-madrid-fernando-fuentes.shtml

Es necesaria una labor formativa para orientar a los políticos en su defensa de los principios éticos expuestos en la Doctrina Social de la Iglesia, y una formación del pueblo votante, que sepa lo que debe exigir, y lo que está dispuesto a defender. Esta tarea es larga, pero muy necesaria en un sociedad bastante desinformada, que solo bebe de la tele y otros medios de comunicación, muchas veces sin escrúpulos. No podemos exigir un voto responsable basado en la imagen bonita del político de turno, o en las promesas fantásticas que nos puedan ofrecer como si fueran caramelos para niños. Hay que saber lo que se defiende y lo que se vota, y para eso no podemos dejar la formación de la persona en manos de los que no tienen más principios que los que le dictan una concepción materialista de la vida.
Hay que votar siempre, pero sin dejar en casa el sentido común que estamos obligados a vivir y defender.




ACABAR CON LA ADICCIÓN


 dejando morir al adicto

por Claudio Izaguirre
Informador Público, 5-5-19

Desde 2010, el Estado Nacional propone terminar con el tema adicciones dejando morir al adicto, para lo cual se armó la ley de Salud Mental que prohíbe la apertura de nuevos centros de rehabilitación, el cierre definitivo para enero de 2020 de todos los espacios públicos y privados de asistencia a adictos, el procesamiento por privación de la libertad a quienes pretendan internar contra su voluntad a personas en crisis por el consumo de drogas y la atención de estos en hospitales por la consecuencias del consumo de sustancias.

Aquellos adictos que no logran morirse en éste proceso de desatención, son capturados por las fuerzas de seguridad, procesados por el sistema judicial y encarcelados debido a las conductas agresivas y delictuales de éstas personas que adquieren enfermedades psiquiátricas por el consumo de drogas.

Para acentuar aún más la patología, se permite la promoción de drogas a través de los medios de comunicación mostrando a la marihuana como medicamento beneficioso para la salud mental, espiritual y física de las personas e inclusive como solución a dolores físicos de los abuelos pero silenciando que el consumo de esta sustancia provocan ACV en los adultos mayores llevándolos inevitablemente a la muerte.

Cientos de miles de madres en todo el País desesperadas buscan en la justicia y la medicina respuestas para la rehabilitación del adicto, pero la ley de Salud Mental es una barrera infranqueable para ésta pretensión. Ellas quedan como testigos del deterioro físico y mental de sus hijos afectados por la enfermedad sin poder hacer absolutamente nada por la salud de ellos. En algunos casos las madres toman la decisión de encadenar a sus hijos en sus casas para evitar de alguna manera que terminen muertos en alguna reyerta.

La solución es la inmediata derogación de la reglamentación de la ley de Salud Mental y esto está en manos de la Ministra Carolina Stanley a quien iremos a ver (si nos atiende) el próximo 27 de mayo de 2019 a las 17 horas, ésta movilización de padres y espacios de rehabilitación se encuadra en un pedido de ayuda a la Ministra para que el adicto pueda tener como otrora los mecanismos necesarios para ser atendido antes de que las crisis psiquiátricas hagan ingobernable su vida.

Presidente Asociación Antidrogas de la República Argentina



jueves, 2 de mayo de 2019

UN CONSENSO PARA MEJORAR EL ESTADO




Guillermo Schweinheim

 Clarín, 02/05/2019
La Argentina democrática ha resuelto graves problemas históricos. El funcionamiento del régimen democrático, el respeto a los derechos fundamentales de la persona humana y el enjuiciamiento a los responsables de crímenes de lesa humanidad, aparecen como los más significativos.

Tenemos, sin embargo, un desarrollo económico y social truncado, tasas inusuales de indigencia, pobreza y desocupación, un descenso de la calidad de los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes, y ciclos de crecimiento y estabilidad cruzados con estancamiento, inflación y endeudamiento.
También tenemos un déficit de administración del Estado. Y somos muchos los que creemos que esta falla en la administración del Estado es una causa principal de nuestro estancamiento económico y social. Entre los déficits de nuestras administraciones públicas existe uno del que poco se habla: la carencia de una función pública profesional y un régimen de funcionarios públicos que permita atraer a los mejores a la administración del Estado para garantizar el bien común.

Consolidar un sistema de función pública abierta a todos los ciudadanos idóneos y honestos, mediante mecanismos de selección o examen que garanticen igualdad de oportunidades a todos los argentinos de prestar su capacidad como servidor público, es una carencia de todas las administraciones democráticas del 83 hasta el presente, salvo excepciones.

Los países que cuentan con un funcionariado profesional han consolidado su desarrollo económico, industrial, social y tecnológico; han construido sistemas de bienestar, salud y seguridad social; cuentan con educación avanzada; garantizan las inversiones públicas y privadas para que la infraestructura física permita el funcionamiento de la vida, la economía y las comunicaciones; dan continuidad a planeamientos, procesos y sistemas de gestión y a programas y políticas de gobierno; cuentan con mercados financieros regulados; tienen un razonable manejo del presupuesto público y una deuda pública de bajo riesgo; logran tener sistemas de control ambiental acorde a los estándares actuales; todos efectos positivos de contar con una función pública competente, honesta y eficaz.

Ante este problema de larga data en Argentina, un grupo numeroso y plural de académicos, profesores, expertos, investigadores, consultores y ex responsables de todos los gobiernos democráticos hasta el presente en materia de Administración y Gestión Pública impulsamos un conjunto de compromisos concretos orientados a la mejora sustancial del régimen, políticas y realidades que hacen al funcionariado público en nuestro país, en todos los Poderes del Estado y en todos los niveles de Gobierno (nacional, provincial y municipal). Lo hacemos en un año en el que todos tomaremos decisión respecto de los gobiernos futuros.

A tal fin, hemos elaborado una propuesta de Consenso por una función pública profesional para la Argentina del siglo XXI. El mismo ha sido suscrito por más de trescientos expertos de 32 Universidades Nacionales, 17 Universidades Privadas, 50 Asociaciones Civiles y Profesionales, Fundaciones, ONG y Sindicatos del Sector Público y 18 Instituciones de gobierno de Nación y Provincias y de los tres Poderes del Estado 
Y proponemos los siguientes compromisos: 1. Cumplir con la Constitución Nacional en el régimen de funcionarios públicos, garantizando el derecho de todos a ingresar al servicio civil en condiciones de igualdad mediante concursos abiertos y transparentes, terminando con los ingresos por adhesión política, amiguismo, nepotismo o corporativismo.

2. Construir un Servicio Civil Profesional de Carrera, estableciendo carreras administrativas basadas en la acreditación de la idoneidad y el buen desempeño.

3. Planificar estratégicamente y con sustentabilidad financiera los planteles de personal, programando dotaciones de personal con visión estratégica y responsabilidad fiscal, asegurando la continuidad de los servicios en las áreas críticas de la Administración.

4. Institucionalizar un régimen de funcionariado civil superior de funcionarios directivos de carrera.

5. Cumplir principios de empleo digno y decente, terminando con todo tipo de discriminación negativa, en especial en materia de género, y precarización o subcontratación laboral, abierta o encubierta.

6. Invertir en capacitación y actualización tecnológica, con una formación continua, actualizada e innovadora en la dimensión técnica, profesional y ética.

7. Jerarquizar y fortalecer los órganos a cargo de la gestión de las políticas de la función pública, con una gestión profesional para el desempeño laboral del funcionariado.

Además, proponemos institucionalizar el diálogo social para lograr consensos para una política de largo aliento para el empleo público a través de un Consejo Nacional de la Función Pública con representación de todos los actores políticos y sociales relevantes para lograr alcanzar, de una vez por todas, la idoneidad, integridad y profesionalismo de la función pública en Argentina y enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Guillermo Schweinheim es profesor de Administración Pública (UNSAM y UBA), ex vocal del Directorio del INAP.

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El CENTRO DE ESTUDIOS CÍVICOS, que edita este blog, ha suscripto este documento, en el día de la fecha.

Córdoba, 2-5-2019