Kamala Orozco (29-1-09)
Los sectores opuestos a la Educación para la Ciudadanía lo tienen muy claro: no se respeta el artículo 27.3 de la Constitución española. Insisten en su rechazo a la asignatura por considerar sus contenidos "partidistas", porque "expropia el derecho constitucional de los padres a decidir la formación moral de sus hijos, imponiendo una ética única, inspirada en valores políticos" y porque incluye una "ideología de género".
Consideran que, con la polémica asignatura, se impone el adoctrinamiento político ·que deriva de las mayorías parlamentarias", según la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y de Padres de Alumnos (Concapa). Para el Observatorio para la Objeción de Conciencia del Foro Español de la Familia, introducir "debates sobre temas tan controvertidos intelectual y políticamente como la globalización y su valoración" o "las causas de la pobreza en el mundo" supone "politizar la escuela al servicio de las ideologías particulares de quienes deciden qué se enseña y con qué materiales pedagógicos".
Pero sin duda, los puntos más polémicos son el matrimonio homosexual y la identidad de género. Para el Foro Español de la Familia, materias como los modelos de familias y matrimonio, la orientación afectivo-sexual y otras propias de la ideología de género que afectan directamente a la formación moral de los alumnos, "sólo corresponde impartirla a los padres".
Aseguran que se pretende así "educar a los alumnos en la peculiar ideología sobre la sexualidad, el matrimonio y la familia de los actuales gobernantes y en contra de la conciencia de muchísimos padres y madres españoles".
Ven "especialmente ofensivo para la libertad" que se utilice en el ámbito educativo el término 'homofobia' que, para ellos, "es un término sectario inventado por los defensores de la ideología de género para limitar la libertad de expresión de quienes no piensan como ellos".
"Tocada de muerte"
Pese a que los sectores opositores consideran que "esta asignatura está tocada de muerte" por su falta de consenso, como señala Luis Carbonell, presidente de Concapa, creen que no hay una oposición a la asignatura sino a sus contenidos.
Consideran que la sociedad española está de acuerdo en enseñar valores constitucionales y Derechos Humanos, junto con "valores solidarios, de apoyo a los más débiles, los más pobres, de fomento de la justicia, del esfuerzo...", como indica Carbonell. Sin embargo, rechazan que no se haya buscado el consenso por parte del Gobierno. Para Isabel Bazo, presidenta de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), se ha planteado "la conciencia moral en base a leyes aprobadas en el Parlamento con pactos con grupos minoritarios, sin respetar el sentir individual de cada familia".
Para Carbonell, "los padres se van a mantener muy firmes (en el rechazo a la asignatura) para que cada casa eduque según sus principios y para que nadie nos imponga que se estudien temas como el aborto o la eutanasia".
