Ya hemos señalado en estas columnas el carácter grotesco que asume la estrategia oficial de armar listas de candidatos a diputado y concejal con funcionarios que, de antemano, advierten que no ejercerán la función para la cual se los postula. El ardid fue bautizado como el de las "candidaturas testimoniales", una denominación casi romántica, que pretende hacer ver la negativa a ocupar el cargo como un inusual gesto de desprendimiento. Por eso, para que la inmoralidad que entraña esa práctica quede en evidencia, habría que elegir otra nomenclatura y hablar, por ejemplo, de "candidaturas-estafa" o "candidaturas fraudulentas".
Pero la baja calidad ética no es la única dimensión de esta irregularidad. En algunos casos relevantes se trata de una jugada ilegal. El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, aceptó la candidatura que se le ofreció sin advertir que la Constitución Nacional, en su artículo 73, prohíbe a los mandatarios representar en el Congreso a las provincias que gobiernan. Además, la Constitución provincial, en su artículo 133, dice: "El gobernador y el vicegobernador gozan del sueldo que la ley determine, no pudiendo ser alterado en el período de sus nombramientos. Durante éste no podrán ejercer otro empleo ni recibir otro emolumento de la Nación o de la Provincia".
Más allá de las transgresiones legales, hay otro aspecto aberrante de estas candidaturas-estafa. Esa perversidad procede de que se las imaginó como un modo de aprovechar la falta de ilustración cívica de un sector muy amplio de la ciudadanía.
En efecto, sería una ingenuidad suponer que el oficialismo imagina que seducirá a todo el mundo con la exhibición obscena de una trampa. Al contrario, es posible que al tratarse de una tergiversación inocultable conduzca a cierta pérdida de votos.
Para que las candidaturas que se están pergeñando tengan el atractivo que sus autores les adjudican es indispensable que el público no advierta que su voto será inútil. Y ese público existe. Es para el cual fue concebida esta defraudación. Porque la hipótesis central sobre la que se asienta este plan electoral es que existe una parte de la población que ignora los datos básicos de los comicios. Son argentinos que han quedado tan al margen de los beneficios del sistema público que exhiben un desinterés total por la política. Muchos de ellos no tienen siquiera la posibilidad de informarse para saber qué es lo que se estará votando el 28 de junio.
El plan oficial de postular a candidatos que ya adelantan que traicionarán el voto se sustenta en esa minusvalía. Es decir, se trata de una forma de acceso y conservación del poder para la cual la ignorancia, que en la gran mayoría de los casos deriva de la pobreza, es un activo, una ventaja a ser explotada. Es de lamentar, pero hay infinidad de bonaerenses que estarán votando a Scioli con la convicción de que Scioli será puesto en un nuevo cargo desde el cual, suponen, los beneficiará de alguna manera.
El desparpajo con el que se manipulará esa debilidad plantea una seria cuestión: ¿qué estímulo pueden encontrar dirigentes políticos que se aprovechan de la carencia de instrucción cívica de una parte del electorado para que esa lacra se supere algún día? Es posible que, al contrario, encuentren muy provechosa la extensión de la indigencia, la falta de acceso a la información, el descenso en el nivel educativo. No es casual que la postulación de Scioli y de varios intendentes del PJ a cargos legislativos haya sido dedicada al conurbano bonaerense, que es una de las zonas del país más castigada por la marginalidad y el déficit educativo. En vez de observarse el inquietante paisaje social de los barrios más humildes del Gran Buenos Aires como un problema que demandaría una batería de soluciones consensuadas a través de varios gobiernos, se lo mira como una cantera electoral compuesta por personas fáciles de ser engañadas. La desigualdad se convierte, de este modo, en un programa.
Las maniobras fraudulentas con las mal llamadas "candidaturas testimoniales" se complementarán con un número no menor de familiares directos de intendentes que encabezarán las nóminas de concejales, para que el apellido del jefe comunal, cuando éste no encabece directamente la lista, pueda traccionar votos de algunos electores.
El clientelismo es un floreciente negocio de la vieja política, que es hijo de la pobreza y la ignorancia.
La conurbanización de la política y el aprovechamiento de los sectores más sumergidos como carne de manipulación electoral hacen juego con la tergiversación estadística y el ocultamiento de la pobreza, que ponen en práctica los titulares del modelo que se pretende plebiscitar. No puede sino llamar la atención que estas perversidades provengan de una fuerza política que, en momentos mejores, se soñó como la abanderada de la justicia social.
Las falsas "candidaturas testimoniales" no son más que un desgarrador testimonio de la pobreza estructural, el analfabetismo cívico, el clientelismo político y, por si todo esto fuera poco, del nepotismo.
La Nación, Editorial, 19-4-09
