Alfil, 12 mayo, 2016
Cuando a principios de mes el Tribunal Oral Federal
Número 2 virtualmente absolvió al ex jefe de la desaparecida División Drogas
Peligrosas, Rafael Sosa, por los delitos más graves que le enrostró la
acusación, el fiscal Enrique Senestrari no estuvo en la sala de audiencias.
Pese a su protagonismo voluntario en el denominado “narcoescádalo”, eligió
ausentarse del país y visitar al papa Francisco.
En esa oportunidad, integró una comitiva junto al ex
candidato a la Corte Suprema de la ex presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, Roberto Carlés, miembros del Consejo de la Magistratura y jueces
federales.
Convenientemente, el acusador no presenció el
estrepitoso fracaso de la hipótesis que mantuvo durante casi tres años y que lo
llevó de investigador a investigado.
Por unanimidad, los jueces Hugo Vaca Narvaja, Daniel
Herrera Piedrabuena y Mario Garzón descartaron los cargos por asociación
ilícita y privación ilegítima de la libertad que el funcionario militante
promovió en contra del ex comisario y le impusieron una pena leve, por
incumplimiento de deberes. Sosa quedó en libertad inmediatamente, ya que estuvo
detenido dos años y medio.
Al sentenciar, el Tribunal Oral recordó que sigue
vigente la orden de captura de Juan Francisco “El Francés” Viarnes, cuyo
testimonio originó (y prácticamente sostuvo) la causa. Incluso, le recomendó al
Ministerio de Justicia que ofrezca una recompensa para quienes aporten datos
que permitan dar con su paradero.
Además, ordenó que se investiguen los roles del actual
concejal Tomás Méndez (presentador del programa ADN) y de Senestrari en la
pesquisa.
Los fundamentos del fallo, que se leyeron el martes,
explicitaron la intención del tribunal, que busca que la sociedad cordobesa
tenga precisiones respectó a qué pasó durante los casi tres años que insumió la
tramitación del caso.
Así, recordó que pesa sobre el Ministerio Público
Fiscal (por mandato constitucional y por las leyes que rigen su actuación) el deber
de llevar adelante investigaciones serias, integrales, fundadas y objetivas,
requisitos que, según valoró, no se dieron en el denominado “narcoescándalo”.
A lo largo de más de 200 páginas los magistrados
criticaron a la Justicia Federal y sugirieron varias pesquisas. Básicamente,
hablaron de una situación de orfandad probatoria y recordaron que, pese a ello,
Senestrari acusó y pidió hasta 15 años de prisión por delitos graves.
Los jueces remarcaron que la causa quedó asentada en
la declaración del civil “arrepentido” Viarnes; concluyeron que la mayor parte
de sus dichos no se comprobaron y que los policías lo utilizaron ilegalmente en
operativos, lo cual respaldó la condena de los uniformados por incumplimiento
funcional.
También subrayaron que el rol de Viarnes trascendió el
de mero “buchón” y que su actuación era conocida por muchos más policías que
aquellos que llegaron a juicio, lo que evidenciaba la “desorganización oficial
para trabajar con informantes”. Por esa razón, pidieron que se abriera una causa
más extensa, sobre agentes retirados o transferidos a otras reparticiones.
Quedó claro que para el tribunal de ningún modo se
pudo esclarecer la teoría de Senestrari, quien a partir de los dichos de
Viarnes sostuvo que los agentes que llevó al banquillo de los acusados pedían
coimas, robaban drogas para revenderla y “plantaban” estupefacientes a
inocentes.
Los vocales le reprocharon a Senestrari haber dejado
en libertad a Viarnes pese a que, en base a la misma imputación, solicitó la
prisión preventiva para los policías acusados.
Es muy llamativo que el investigador no tomara en
cuenta el prontuario de Viarnes, sobre quien pesa una condena por robo agravado
y secuestro extorsivo. A ello se suma que cuando fue detenido (y propició con
sus dichos el inicio de la instrucción contra los agentes de Drogas Peligrosas)
llevada en su poder dólares falsos. Sin embargo, en julio de 2013, su planilla
prontuarial figuraba en blanco.
En otro tramo de los lapidarios fundamentos se
explicitó la sospecha de que Senestrari usó maliciosamente la declaración de un
testigo y que la incorporó a la causa extemporáneamente.
Paralelamente, los jueces quieren que se indague sobre
el rol del actual concejal Méndez, el primero en divulgar el caso en su
programa de Canal 10, ADN. Al declarar en el debate, el comunicador dijo estar
“arrepentido” de haberse metido.
Si bien el fallo fue unánime, en su voto en solitario
Garzón pidió extender la investigación contra la camarista Liliana Navarro,
quien al momento de comenzar la pesquisa era secretaria.
Para Garzón, no sólo es llamativa la excarcelación
concedida a Viarnes en aquel momento, sino que entiende que Navarro debió
apartarse ya que tenía una manifiesta enemistad con Sosa.
Días antes, en declaraciones a Cadena 3, fue
contudente: “Los que condenan no son los jueces, son las pruebas, y no
existieron”.
En esa entrevista, consideró que los cordobeses deben
saber qué sucedió realmente y que debe haber una investigación amplia, de la
cual no deben quedar excluidos los operadores judiciales.
Garzón detalló que ese planteo de pesquisa incluye
determinar por qué dijo lo que dijo Viarnes; con quién está conectado; cómo
llegó a Córdoba; cómo se relacionó con Méndez y cuáles fueron los “fines y las
ganancias” de los protagonistas.
Con la clausura del debate llega la hora de las
consecuencias. El abogado de Sosa ya adelantó que le pedirá a la Justicia que
se le reintegren a su asistido los haberes que no cobró mientras estuvo preso.
Para Senestrari habrá costas. Sin olvidar el revuelo
que generó cuando reclamó y, aval de la Corte mediante, logró retener la causa
por la muerte del policía Juan Alós, es oportuno recordar otros pasos que dio,
como el allanamiento a la Jefatura de Policía con fuerzas nacionales, que
generó una situación de conflicto institucional innecesaria, para llevar agua
al molino de una teoría que no prosperó.
También deben citarse las extensas privaciones de
libertad que promovió para algunos de los implicados.
Cabe pensar que el investigador nunca tuvo pruebas o
que, si las tuvo en su momento, las perdió, lo cual revelaría una incapacidad
funcional que lo inhabilitaría para seguir siendo fiscal. En vista de ello, es
previsible que haya demandas contra el Estado por daños y perjuicios y que se
pida su destitución.
