Por Mariano Grondona
Se están repitiendo con alarmante frecuencia, y de manera creciente, aquellos casos en que los jueces sueltan de la prisión a criminales que, no bien se ven libres, vuelven a atacar y hasta a matar a víctimas inocentes. Podrían atribuirse estas aberraciones judiciales a diversas causas, entre ellas que los tribunales no dan abasto para procesar el aluvión de casos que los abruman, que los códigos de procedimientos son anticuados o, incluso, que el Estado no ha construido un número suficiente de cárceles. Todas estas causas, que existen, son en todo caso incidentales porque, por encima de la lenidad de la Justicia con los delincuentes peligrosos y reincidentes, que escandaliza a sus víctimas actuales o potenciales, sobrevuela una ideología que, habiéndose hecho carne en numerosos juzgados, recibe el nombre de abolicionismo.
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La doctrina abolicionista cuestiona radicalmente a la tradición clásica del derecho penal, cuyo máximo exponente fue el marqués de Beccaria con su célebre Tratado de los Delitos y las Penas , publicado en 1764. Aquella "radicalización" parte de una concepción revolucionaria sobre quién sea la víctima y quién el victimario de un delito. Según los abolicionistas, el delincuente, al que siempre se ha tenido por el "victimario", es en realidad una "víctima" de la injusticia social imperante porque las condiciones de pobreza extrema en las que creció desde niño lo han vuelto vulnerable y, en el límite, inimputable. Por eso, la sociedad, cuando castiga a un delincuente, según los abolicionistas vuelve a colocarlo en una situación de injusticia a la que no hace otra cosa que agravar, por su parte, las pésima condición de nuestras cárceles.
Podría decirse que, en sus versiones extremas, el abolicionismo supone que el delincuente, al obrar, no hace otra cosa que "devolverle" a la sociedad la injusticia que recibió de ella, de modo tal que hasta podría decirse que su víctima concreta, un miembro cualquiera de la sociedad, "representa" a sus victimarios. Cuando roba o mata a un transeúnte, entonces ¿viene el delincuente a retribuir la injusticia que él mismo padeció? Si aceptáramos esta premisa, ¿podríamos castigar a los delincuentes con buena conciencia?
La obra fundamental del abolicionismo es el libro del filósofo francés Michel Foucault Surveiller et punir. Naissance de la Prison. (Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión ), publicado en 1975. Y si llamamos a Foucault "anarquista" es porque aplicó a sus diversas obras sobre los hospitales, los manicomios, las escuelas o el sexo la idea de que todas estas instituciones despliegan un criterio abusivo de dominación.
Entre nosotros, el principal abolicionista es el ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, quien, partiendo de las mismas premisas, apunta a la abolición o la reducción del derecho penal, al que juzga autoritario, aunque en sus numerosos escritos y sentencias modera este juicio para no romper del todo con el derecho vigente. Más allá de estos escritos y sentencias, el doctor Zaffaroni ha influido enormemente desde su cátedra universitaria, formando una legión de jueces que, en su condición de abolicionistas, tienden a despenalizar los castigos que corresponderían a los delincuentes. Esta es la causa "ideológica" de la inquietante difusión de la impunidad judicial que venimos de subrayar.
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La Nación, 18-3-12
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La Nación, 18-3-12
