Roberto Battaglino
Rafael Flores,
exdiputado provincial de Santa Cruz, narró más de una vez un breve diálogo con
Cristina Fernández, en las escalinatas de los Tribunales de Río Gallegos,
cuando ambos ejercían la abogacía y pleiteaban enfrentados en la década de
1980, en una causa con contenido patrimonial.
Según Flores, le
preguntó molesto a Cristina por qué ella y su esposo (el ahora fallecido Néstor
Kirchner) tenían tanta voracidad por el dinero.
Y ella –siempre de
acuerdo con el relato del exlegislador– respondió: “Queremos hacer política; y
para hacer política en serio, se necesita plata”.
El kirchnerismo ha demostrado,
y por estos días queda expuesto con crudeza, que es un proyecto político
edificado a partir de una significativa disponibilidad de recursos monetarios
“paraestatales”.
En realidad, es un
nuevo proyecto político en la Argentina, que se sostiene en una abundante
circulación de dinero de origen dudoso. La popularizada expresión “robo para la
corona”, de José Luis Manzano durante el menemismo –que dio título al libro en
el que Horacio Vertbisky repasó los hechos de corrupción de aquella gestión–,
se repite en la estructuración de diferentes armados políticos en busca de
acceder o mantenerse en el poder.
“Una caja para hacer
política todos tenemos. Es inevitable”, supo decir –sin sonrojarse y con toda
naturalidad– un exgobernante cordobés en una charla informal.
La Argentina, que
como en muchas otras cuestiones suele ser ciclotímica respecto a escandalizarse
con hechos de corrupción, se adentra por estos días en el debate respecto de si
se puede armar un proyecto político sin un respaldo financiero considerable
detrás, si la corrupción debe o no considerarse como un elemento intrínseco de
las gestiones de gobierno, si la espiral de hechos ilícitos tiende a expandirse
al infinito sin restricciones morales ni institucionales, si el modus operandi
de gobernantes solicitantes de coimas o retornos a empresas ha mutado al de ser
ellos mismos propietarios de las compañías.
Este debate sobre la
corrupción ¿sólo encuentra eco social en épocas de malestar ciudadano? En
tiempos de crecimiento económico, ¿importa poco que haya funcionarios que
roben?
Estos últimos días
han sido pródigos en noticias vinculadas a hechos de corrupción. Tan grave como
la naturaleza de los acontecimientos que se conocen es la red que monta el
Estado para encubrir, proteger y dar impunidad a quienes violan la ley.
El caso de Lázaro
Báez, el cadete que pasó a ser empresario poderoso, surge como un paradigma de
la década K, donde algunos parecen haber ganado más que otros.
A ello se agregan
casos de corrupción cuyas pruebas no surgen de ninguna fuente local a la que
atribuirle supuestas intencionalidades sino del extranjero, como el hecho que
Ralph Lauren haya admitido de manera abierta el pago de coimas a funcionarios
argentinos entre 2005 y 2009, más las sospechas que existen sobre los contratos
de la brasileña Embraer.
La visión que tienen
los cordobeses sobre estos temas surgió del trabajo difundido la semana pasada
desde el propio Poder Judicial provincial sobre la imagen de la Justicia de
Córdoba.
El 94,3 por ciento de
los cordobeses, o sea prácticamente todos, cree que la Justicia tiene “mucho
por aportar” en solucionar el tema de la corrupción.
Atado a eso, sólo un
12 por ciento de los cordobeses, o sea una minoría, considera que la Justicia
es siempre independiente del poder político.
Los datos cordobeses
probablemente sean reflejo de la opinión de los argentinos.
Por estas horas, en
momentos en que la corrupción ocupa un lugar central en la agenda pública
nacional, el oficialismo pretende una amplia reforma del Poder Judicial, que no
parece apuntada a permitir avances en materia de transparencia sino más bien
todo lo contrario: garantizar la cleptocracia (el gobierno de los ladrones)
como sistema político.
La Voz del Interior,
24-4-13
