Aunque muchos lo
hayan olvidado, existe un organismo llamado Fiscalía de Investigaciones
Administrativas, que tiene la función de investigar casos de irregularidades y
de corrupción en la administración pública, pero no sólo no lo hace sino que
lleva cinco años sin titular, luego de la renuncia del último, Manuel Garrido,
actual diputado nacional (UCR).
Basta reparar en dos
hechos para concluir que la larga vacancia de tan importante organismo es, en
realidad, el resultado de la descarada política oficial en pro de la impunidad
de funcionarios y ex funcionarios kirchneristas. Porque, por un lado, la
responsable de que la Fiscalía
carezca de titular es la
Presidenta , pues hace 14 meses recibió una terna de
candidatos surgida de un concurso y aún no ha elegido al sucesor de Garrido,
quien renunció en marzo de 2009. Y por el otro lado, su titular interino es
Guillermo Noailles, quien, junto con un fiscal federal, no apeló el increíble
sobreseimiento con el que el juez Norberto Oyarbide había beneficiado
arbitrariamente al matrimonio Kirchner en una causa por enriquecimiento
ilícito. La inacción de Noailles contribuyó a que el sobreseimiento quedara
firme y constituyera cosa juzgada.
Como informó LA NACION , además de carecer
de titular, la fiscalía que hizo famosa con sus investigaciones el fiscal
Ricardo Molinas entre 1984 y 1991, también ha perdido más de la mitad de sus
diez fiscales. Es clara y manifiesta la intención de que no se investigue a la
administración pública.
Como hemos señalado
varias veces desde esta columna, a poco de arribar al poder, el kirchnerismo
fue desactivando paulatinamente los órganos de control, siempre en procura de
asegurarse la impunidad, puesto que al mismo tiempo sus principales figuras
protagonizaban escandalosos casos de corrupción.
Como complemento de
la permanente desactivación de los controles institucionales, el Poder
Ejecutivo llevó adelante dos embestidas: una contra el Poder Judicial, para
atemorizar a los muchos jueces y fiscales independientes, y otra contra los
medios de difusión críticos, con la perversa intención de acallar sus críticas
y sus investigaciones.
De hecho, la asfixia
que el oficialismo aplicó a los órganos de control, sumada a la inacción o
connivencia de algunos fiscales y jueces, erigió al periodismo como uno de los
escasos ámbitos en los cuales aún se podía y se puede denunciar e investigar
casos de corrupción.
En cuanto a los
organismos, quizá como único bastión de investigaciones independientes queda la Auditoría General
de la Nación ,
y eso en buena medida gracias a la incansable labor de su titular, Leandro
Despouy.
Recientemente,
Despouy sostuvo que en nuestro país hay una "crisis institucional
manifiesta", al tiempo que denunció el "desmantelamiento" de los
organismos de control. Como pruebas evidentes, señaló la crisis en la elección
de jueces, las vacancias en las cúpulas de la Defensoría del Pueblo y
en la Oficina Anticorrupción
y, agregó, "el comportamiento de la Sigen ", refiriéndose al cuestionado titular
de la Sindicatura
General de la
Nación , Daniel Reposo, quien tuvo el cinismo de contestarle a
Despouy sosteniendo que los órganos de control eran más fuertes que hace 10
años.
Podemos agregar a la
lista otro órgano esencial: la Procuración General de la Nación , de la que dependen
los fiscales. Desde que Alejandra Gils Carbó asumió como procuradora general en
reemplazo de Esteban Righi (quien renunció debido a un ataque del
vicepresidente, Amado Boudou, basado en datos falsos), se ha mostrado en
absoluta sintonía con las necesidades judiciales de la Casa Rosada , cada vez
más apremiantes. Por ejemplo, ella dispuso los pasos iniciales del proceso que
llevó a la suspensión del fiscal José María Campagnoli cuando investigaba al
empresario Lázaro Báez.
Parece tan grande e
intrincada la maraña de hechos de corrupción y tantos y tan altos los
personajes involucrados, que al oficialismo le resulta indispensable continuar
el avasallamiento de la
Justicia y prolongar la lenta agonía de los órganos de
control. Esto significa, además de la lógica impunidad, una suerte de permiso y
de invitación para seguir delinquiendo.
Para evitar que ese
lamentable proceso se profundice, la sociedad debe tener plena conciencia de
que la fórmula de corrupción más impunidad nos condena a conformar un país sin
futuro.
