sábado, 17 de mayo de 2014

DESMANTELAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL



La Nación, Editorial, 17 de mayo de 2014

Aunque muchos lo hayan olvidado, existe un organismo llamado Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que tiene la función de investigar casos de irregularidades y de corrupción en la administración pública, pero no sólo no lo hace sino que lleva cinco años sin titular, luego de la renuncia del último, Manuel Garrido, actual diputado nacional (UCR).

Basta reparar en dos hechos para concluir que la larga vacancia de tan importante organismo es, en realidad, el resultado de la descarada política oficial en pro de la impunidad de funcionarios y ex funcionarios kirchneristas. Porque, por un lado, la responsable de que la Fiscalía carezca de titular es la Presidenta, pues hace 14 meses recibió una terna de candidatos surgida de un concurso y aún no ha elegido al sucesor de Garrido, quien renunció en marzo de 2009. Y por el otro lado, su titular interino es Guillermo Noailles, quien, junto con un fiscal federal, no apeló el increíble sobreseimiento con el que el juez Norberto Oyarbide había beneficiado arbitrariamente al matrimonio Kirchner en una causa por enriquecimiento ilícito. La inacción de Noailles contribuyó a que el sobreseimiento quedara firme y constituyera cosa juzgada.

Como informó LA NACION, además de carecer de titular, la fiscalía que hizo famosa con sus investigaciones el fiscal Ricardo Molinas entre 1984 y 1991, también ha perdido más de la mitad de sus diez fiscales. Es clara y manifiesta la intención de que no se investigue a la administración pública.

Como hemos señalado varias veces desde esta columna, a poco de arribar al poder, el kirchnerismo fue desactivando paulatinamente los órganos de control, siempre en procura de asegurarse la impunidad, puesto que al mismo tiempo sus principales figuras protagonizaban escandalosos casos de corrupción.

Como complemento de la permanente desactivación de los controles institucionales, el Poder Ejecutivo llevó adelante dos embestidas: una contra el Poder Judicial, para atemorizar a los muchos jueces y fiscales independientes, y otra contra los medios de difusión críticos, con la perversa intención de acallar sus críticas y sus investigaciones.

De hecho, la asfixia que el oficialismo aplicó a los órganos de control, sumada a la inacción o connivencia de algunos fiscales y jueces, erigió al periodismo como uno de los escasos ámbitos en los cuales aún se podía y se puede denunciar e investigar casos de corrupción.

En cuanto a los organismos, quizá como único bastión de investigaciones independientes queda la Auditoría General de la Nación, y eso en buena medida gracias a la incansable labor de su titular, Leandro Despouy.

Recientemente, Despouy sostuvo que en nuestro país hay una "crisis institucional manifiesta", al tiempo que denunció el "desmantelamiento" de los organismos de control. Como pruebas evidentes, señaló la crisis en la elección de jueces, las vacancias en las cúpulas de la Defensoría del Pueblo y en la Oficina Anticorrupción y, agregó, "el comportamiento de la Sigen", refiriéndose al cuestionado titular de la Sindicatura General de la Nación, Daniel Reposo, quien tuvo el cinismo de contestarle a Despouy sosteniendo que los órganos de control eran más fuertes que hace 10 años.

Podemos agregar a la lista otro órgano esencial: la Procuración General de la Nación, de la que dependen los fiscales. Desde que Alejandra Gils Carbó asumió como procuradora general en reemplazo de Esteban Righi (quien renunció debido a un ataque del vicepresidente, Amado Boudou, basado en datos falsos), se ha mostrado en absoluta sintonía con las necesidades judiciales de la Casa Rosada, cada vez más apremiantes. Por ejemplo, ella dispuso los pasos iniciales del proceso que llevó a la suspensión del fiscal José María Campagnoli cuando investigaba al empresario Lázaro Báez.

Parece tan grande e intrincada la maraña de hechos de corrupción y tantos y tan altos los personajes involucrados, que al oficialismo le resulta indispensable continuar el avasallamiento de la Justicia y prolongar la lenta agonía de los órganos de control. Esto significa, además de la lógica impunidad, una suerte de permiso y de invitación para seguir delinquiendo.


Para evitar que ese lamentable proceso se profundice, la sociedad debe tener plena conciencia de que la fórmula de corrupción más impunidad nos condena a conformar un país sin futuro.