síntoma de pobreza estructural
Agustín Salvia
Perfil, 12-3-23
Las adicciones a
sustancias psicoactivas constituyen un problema sanitario que degrada las
capacidades de desarrollo humano e integración social a nivel personal,
familiar y colectivo. Si bien el drama afecta a todos los grupos sociales, las
principales víctimas son los jóvenes, especialmente aquellos socialmente
excluidos que carecen de estructuras sociales, familiares y/o comunitarias de
apoyo, contención y asistencia. Sin duda, esto debido a la ausencia una vez más
de un Estado capaz de ocuparse de la prevención, atención y solución de los
problemas cruciales de la sociedad.
En este contexto,
la venta ilegal de drogas en los espacios urbanos, la conformación de
organizaciones criminales detrás del negocio, la lucha entre bandas por el
control de los territorios y de las víctimas, la cooptación creciente de
familias, jóvenes y adolescentes para formar parte del negocio y de sus
riesgos, y, no menos importante, la colusión de actores políticos, policiales y
judiciales, sea como socios o cómplices, son fenómenos brutales corrientes
–aunque no tan visibilizados– de una sociedad abrumada y desgarrada por la
pobreza y las desigualdades crecientes, a la vez que sometida a la incapacidad
de los actores políticos para hacer causa común alrededor de problemas
urgentes.
La evidencia da
cuenta de que se trata de un problema de alcance nacional cuya gravedad y
extensión ha crecido durante las últimas dos décadas a nivel general. En promedio, uno de cada cuatro hogares a
nivel nacional (26,5%) identifica la existencia de venta y/o tráfico de drogas
en su cuadra, manzana o vecindario, pero este promedio encubre fuertes
diferencias. Esta situación se hace presente (visible) en el 12,1% en la Ciudad
de Buenos Aires, pero en un 31,1% en el conurbano bonaerense y en un 32,8% en
el Gran Rosario, en ambos casos por arriba de lo que ocurre en otras grandes y
medianas ciudades del país (26,7% y 25,7%, respectivamente). La ausencia de
presencia o vigilancia policial incrementa el riesgo de venta o tráfico de
drogas en los barrios a 36,3%. Sin embargo, que tal vigilancia exista solo
reduce el riesgo al 22%.
Ahora bien, en la
medida en que los territorios se hacen más pobres, más lejos queda la gente de
la protección del Estado, a la vez que más cerca del poder paralelo del
narcotráfico. En efecto, si bien
la venta y el consumo de substancias ilícitas atraviesa toda la estructura
social, es en los espacios urbanos más vulnerables donde adquiere mayor
penetración, visibilidad y consecuencias más graves, formando parte estructural
de la vida económica y social de los barrios más pobres. El dato es revelador: en las villas o asentamientos,
la percepción de venta de drogas sube al 49,2%, así como al 41,2% en los
barrios populares de clase baja. En los barrios de clase media este riesgo cae
al 20,3% y en los de clase media alta al 3,9%. En estos barrios no es que no
exista el problema, pero es menor su prevalencia, así como también su
visibilidad.
Asimismo, si bien
llama la atención de que el problema se hace más frecuente en las villas y
asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires (65,1%) o de las ciudades no
metropolitanas (64,3%), está mucho más extendido en los barrios populares del
conurbano bonaerense y de otras ciudades metropolitanas. Y aunque lo que ocurre en el Gran Rosario
está generalizado, es evidente que la problemática es todavía más grave: la
presencia de venta de drogas alcanza en esta ciudad los valores comparativos
más altos, tanto a nivel villas y asentamientos como a nivel general (76,3% y
32,8%, respectivamente), incluso cuando existe presencia policial en el barrio
(38,6%).
El tráfico y la
venta de drogas en los barrios populares es una actividad económica que se
apoya en una red de organización no muy compleja, pero de mucho poder local
debido a su extendida penetración entre los jóvenes, la participación de redes
familiares, la ausencia del Estado y/o su convivencia con las fuerzas de
seguridad. Dado sus altos niveles de rentabilidad abarca un amplio conjunto de
actividades y actores que operan por fuera de la economía formal, y sus agentes
compiten entre sí a través de la violencia y el reclutamiento de jóvenes, en un
mercado sin reglas ni regulaciones, sometido a las leyes de la violencia y el
crimen.
En este sentido,
no debe llamar la atención de que la venta de drogas en los barrios desciende
de manera poco relevante ante una mayor presencia policial, con excepción de
los barrios de nivel socioeconómico medio o altos, donde la presencia de
fuerzas de seguridad logra mayor impacto. Esto estaría indicando que en los
barrios más pobres o medios no profesionales existe un déficit de control,
falta de efectividad o connivencia policial con esta forma de comercio ilegal. Sin
falsos dilemas garantistas, la prevención del consumo de las sustancias
psicoactivas debe incluir impedir la libre distribución y comercialización de
drogas. En este caso, la conducta preventiva debería centrarse en
intervenciones que interrumpan y eviten la producción, venta y tráfico de
drogas a nivel social.
En hogares donde
son más precarias las condiciones socioeconómicas, educativas, laborales y
residenciales se registran mayores índices de droga dependencia y tráfico
ilegal. Mejorar la calidad educativa, crear un hábitat inclusivo, acceder a
mejores escenarios de vida y de empleo son factores que reducen de manera
significativa en riesgo a adicciones, actividades ilegales y violencia social
entre los sectores más pobres.
Por lo mismo, la
lucha contra el narcotráfico no puede centrarse en una acción represiva sobre
las víctimas de las adicciones, sino que debe fundarse en extremar acciones
para perseguir el negocio, reprimir a sus responsables y disolver a las
organizaciones delictivas, circuitos económicos y políticos y de seguridad que
protegen y promueven la venta y consumo de drogas ilegales. Para ello es
necesario establecer un consenso amplio entre las fuerzas políticas y
organizaciones sociales del país sobre políticas estratégicas que tengan como
objetivo prioritario tanto combatir el delito organizado como promover la
inclusión social de las poblaciones en riesgo, en clave tanto nacional,
provincial como municipal.
*UBA/CONICET -
Observatorio de la Deuda Social Argentina/UCA.
