que integran el Movimiento Evita recibieron
casi dos mil millones de pesos en subsidios
Andrés Klipphan
Infobae, 19 Mar,
2023
El Movimiento
Evita fue la organización social que más dinero recibió por parte del Gobierno
desde que Alberto Fernández llego a la Casa Rasada y Emilio Pérsico, uno de sus
líderes, designado al frente de la Secretaría de Economía Popular, un área que
pertenece al ministerio de Desarrollo Social y que administra el Potenciar
Trabajo, el programa más importante de la cartera a cargo de Victoria Tolosa
Paz.
De los
$11.649.356.644 entregados a Unidades de Gestión No Gubernamentales, las
cooperativas, mutuales y entidades vinculadas al Evita firmaron convenios
celebrados con la propia secretaría que comanda el dirigente peronista por
$3.646.159.320, el 31,30% del total. Esto es 17.404.101 dólares si se utiliza
para la conversión el dólar oficial fijado por el BCRA de 209,50 pesos al
cierre de esta nota. De ese total, $1.664.632.400 fueron destinados a las
asociaciones comunitarias que forman parte de la Federación de Cooperativas
Evita LTDA, el 14,29% de los convenios celebrados con las Unidades de Gestión
no gubernamentales.
Los datos
oficiales surgen de la documentación que la Coalición Cívica aportó al juzgado
federal número 5 a cago de María Eugenia Capuchetti en la denuncia penal que
lleva el número 2613/2022 y en la que pide investigar una presunta asociación
ilícita liderada por Emilio Pérsico a través de la cual se habrían desviado
fondos oficiales hacia las cooperativas ligadas a la organización oficialista
por casi cuatro mil millones de pesos.
Abrir las
relaciones de esas cooperativas con la dirigencia del Evita es una caja de
Pandora que deja al descubierto a familiares y amigos de dirigentes y
políticos. El Movimiento Evita busca ganar poder territorial y peso político a
través del partido La Patria de los Comunes, que fue presentado a nivel
nacional el viernes 17 de marzo en el estado del Club Español y para eso necesita
financiación. Desde la oposición especulan que parte de los recursos provienen
de los convenios firmados con las cooperativas.
La Matanza,
Moreno, Lomas de Zamora, Lanús, Tres de Febrero, Florencio Varela, San Martín,
La Plata, son solo algunos distritos en los que el Evita, que tiene como otro
de sus referentes a Fernando “Chino” Navarro, funcionario en la Jefatura de
Gabinete, busca hacer pie y desbancar, por ejemplo, a Fernando Espinoza, el
hombre que gobierna La Matanza.
De la
documentación se desprende que cientos de millones de pesos a través de
convenios firmados por Pérsico, fueron derivados a cooperativas del Evita
asentadas en el distrito más populoso de la provincia de Buenos Aires. Es más,
sus direcciones corresponden a la ciudad matancera de Isidro Casanova,
localidad dónde vive Pérsico y su pareja, la diputada provincial Patricia
“Colo” Cubría.
Las paredes de La
Matanza están cubiertas con afiches que postulan a la legisladora bonaerense
como candidata a intendenta del distrito. Un hecho que podrán lograr si le gana
las PASO del Frente de Todos a Espinosa, a través del partido La Patria de los
Comunes.
En la foja 17 de
la denuncia judicial que en agosto pasado firmaron los dirigentes de la
Coalición Cívica Hernán Reyes, Héctor Flores, María Fernanda Reyes, Juan Manuel
López, Maximiliano Ferraro, Maricel Etchecoin; Mariana Stilman, Mónica Frade,
Victoria Borrego y Rubén Manzi; se esgrime la certeza que con los fondos
directos que van a las cooperativas, o con parte de él, la organización social
lo utilizaría para extender su poder político, presencia en los barrios y
solventar actos y multitudinarias movilizaciones. Los dirigentes de Elisa
Carrió lo expresaron así: “Entendemos que el Movimiento Evita estaría
utilizando el financiamiento estatal para su desarrollo territorial y de
presencia política, en un contexto de gran vulnerabilidad social en Argentina y
satisfaciendo sus necesidades como organización a través de su inserción en la
política partidaria hacia dentro del Frente de Todos”.
Despliegue
territorial y financiamiento
De la
documentación oficial que lleva el sello y firma del ministerio de Desarrollo
Social y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Socia (INAES), este
último organismo a cargo de Alexandre Roig, otro dirigente del Movimiento
Evita, se desprende, por ejemplo, que desde la secretaría de Pérsico se
firmaron tres convenios con la Cooperativa De Trabajo Evita La Matanza II
Limitada por $77.732.400, $75.000.000 y $40.000.000,00. Un total de
$192.732.400.
Con la Cooperativa
La Patriada, se firmaron dos convenios por $87.000.000 y $75.000.000. Lo que
hace un total de $162.000.000. Emilio Pérsico formó parte de la dirección de
esa cooperativa.
Con la Cooperativa
de Trabajo Néstor Vive, que como las anteriores, que también tiene sede La
Matanza, en concreto en Isidro Casanova también se firmaron convenios, esta vez
con el INAES.
Esta cooperativa
en particular está rodeada de un hecho de violencia que tiene como protagonista
a quien era el titular de esa organización comunitaria, Facundo Pérsico, uno de
los hijos del actual funcionario. El 17 de noviembre de 2017, y tal como
publico Infobae Facundo quiso forzar una asamblea cooperativista que se
desarrollaba en La Plata y terminó a las trompadas con los trabajadores.
El hecho comenzó
cuando un trabajador increpa a un grupo de personas que habían ido a participar
de la asamblea de la Cooperativa “Néstor Vive”, que se fundó en 2013, y que
estaba inscripta en el plan Argentina Trabaja, ahora Potenciar Trabajo.
“No sé cómo se
llaman y quieren votar. Yo trabajo hace una banda en la cooperativa y no los
conozco. No pueden votar. Están cobrando todos de arriba. Si son asociados,
tienen que saber el nombre de todos nosotros, pero son figuretis, chupasangre”,
se queja en el video que se viralizó un trabajador, y apunta contra algunos de
los presentes, a los que acusa de ser “una patota”.
La discusión fue
subiendo de tono hasta que Facundo dice: “Llámalo a mi papá y anda a decirle
gracias por todo lo que te dio”. Finalmente, todo se desmadró y quedó filmado.
En la
documentación que se acumula en la causa que lleva adelante la jueza Capuchetti
-antes tramitaba en el juzgado de Daniel Rafecas- hay decenas de cooperativas
de trabajo en La Matanza que recibieron subsidios por parte del INAES, o que
firmaron convenios con la Secretaría de Economía y que forman parte de la
Federación de cooperativas del Evita.
Otro de los
distritos en los que el Evita, a través de La Patria de los Comunes apunta sus
cañones electorales es en Moreno. Allí buscarán la reelección de Mariel
Fernández. La alcaldesa es dirigente del Evita y pareja de Esteban “Gringo”
Castro, el secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular
(UTEP) y también referente de la misma organización social.
En ese distrito,
ya gobernado por el Evita, varias cooperativas del lugar, y ligadas a la
intendenta, fueron agraciadas con los millones de pesos que llegaron a través
de convenios firmados por Pérsico, el “jefe” político de la jefa comunal.
Con la Cooperativa
de Trabajo 2 de Septiembre, que también forma parte de la Federación de
Cooperativas del Evita -como las anteriores- se firmó un acuerdo por
111.900.000 pesos.
El tesorero de la
Cooperativa 2 de Septiembre era Emmanuel Fernández el hermano menor de la
intendenta. Emmanuel fue electo concejal en la misma elección en la que su
hermana se alzó con la intendencia. Tras asumir, renunció a su cargo en la
Cooperativa y Fernández lo nombró al frente de la Secretaria de Cultura,
Educación y Deportes. Poco después renunció y asumió como concejal.
Con la Asociación
Civil Crepúsculo De Moreno, que forma parte de la Federación de Cooperativas
Evita LTDA, se firmó otro convenio también por 111.900.000 pesos.
La agraciada Federación
de Cooperativas Evita
LTDA (FECOEVITA),
de la cual forman parte todas las organizaciones comunitarias nombradas, es
precedida por Gildo Onorato, dirigente del Movimiento Evita y secretario
gremial de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
Según su página
oficial “la Federación de Cooperativas Evita LTDA es una entidad que nuclea a
más de 2000 espacios cooperativos y pre cooperativos a nivel federal” y se
asegura que “buscamos institucionalizar y fortalecer en múltiples aspectos el
trabajo de nuestras cooperativas de la economía popular en cada provincia y
municipio del país”.
De ese total, al
menos 49 cooperativas son Unidades de Gestión. Estas son los lugares donde los
beneficiarios del Potenciar Trabajo deben realizar las 20 horas semanales de
contraprestación obligatoria. También están a cargo de certificar la
participación de los inscriptos en el Programa social y verificar el
cumplimiento las tareas. Ochenta y cinco mil personas no lo hicieron y por esa
razón fueron dados de baja por la ministra Victoria Tolosa Paz.
La propia
Federación a cargo de Onorato firmó dos convenios por $158.200.000 -resolución
236 de 2020- y la 144 por $2.043.440 del mismo año. El que gestionó la
tramitación de los convenios fue el propio Pérsico desde su cargo en Desarrollo
Social, un hecho prohibido por las disposiciones de Ética Pública por
“incompatible” ya que él, hasta un año antes de ser funcionario nacional era
miembro del Consejo de Administración de FECOEVITA. Por esa clara
incompatibilidad, que está reñida con las disposiciones de Ética Pública, la
Oficina Anticorrupción emitió un dictamen en su contra.
En diálogo con
Infobae, Pérsico reconoció que formó parte de la conducción de la Federación de
Cooperativas de Trabajo Evita LTDA, pero que había renunciado “un año antes de
haber iniciado la tramitación de las resoluciones” un hecho insuficiente ya que
como mínimo los funcionarios deben haber renunciado tres años antes de jurar
como servidores públicos.
La misma resolución
de la Oficina Anticorrupción realiza un repaso de los intereses que pudieran
afectar el ejercicio de las funciones del Emilio Pérsico. La misma desarrolla
“que el 12 de abril de 2019 fue designado Presidente del Consejo de
Administración en representación de la COOPERATIVA DE TRABAJO LA PATRIADA LTDA
(Acta de Asamblea Ordinaria y Acta de Consejo de Administración del 12 de abril
de 2019)”, y no se excusó en la tramitación de los $162.000.000 ya mencionados
párrafos arriba.
Los convenios con
cooperativas, mutuales, fundaciones y otras organizaciones comunitarias
vinculadas al Movimiento Evita, a través de la Federación que formaba parte
Pérsico y es muy extensa. Los dirigentes de Elisa Carrió, que presentaron la
denuncia penal, contabilizaron unos $1.664.632.400.
No obstante, dejan
constancia de la existencia de “otros veinte convenios de la misma naturaleza,
celebrados por la Secretaría de Economía Social, de la que el Sr. Pérsico es
titular, con cooperativas vinculadas estrechamente al Movimiento Evita por un
monto total de $1.981.526.920″. Una suma superior aún a la anterior, y es por
eso que el legislador porteño Hernán Reyes y el resto de los firmantes le
solicitan a la justicia que “investigue la intervención personal del Sr.
Pérsico en cada uno de ellos”.
Entre esos
acuerdos se destacan los convenios formados con la Asociación Civil Manos
Comunitarias de General Rodríguez por $200.000.000.
En la presentación
se destaca que el Movimiento Evita de esa localidad bonaerense “ha publicado
videos en los cuales se destacan actividades de la Asociación Civil Manos
Comunitarias de General Rodríguez, señalando que la misma pertenece al
Movimiento Evita” y que “en particular, se destaca un programa de
microcréditos”.
Dos convenios por
$200.000.000 y $100.000.000 con la Cooperativa De Trabajo Colonia Ferrari
Limitada. Según los denunciantes, Marcos García es miembro referente de la
cooperativa e integra el Frente Agrario del Movimiento Evita.
Un convenio por
$124.900.000 con Ser.Cup.O. La organización forma parte del Movimiento Evita de
Esteban Echeverría. Está vinculado a Miguel Ángel Gómez, secretario de
Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y referente del Frente Agrario
Evita.
La lista es
extensa y sigue hasta completar los de $1.981.526.920 que si se los suma a los
1.664.632.400 otorgados a las cooperativas que integran la Federación del Evita
se llega a la suma de $3.646.159.320. O el equivalente a los 17 millones de
dólares al cambio oficial.
Cada vez que en
los medios se publica una nota que cuestiona el accionar o manejo de fondos de
los movimientos sociales, sus dirigentes se defienden al asegurar que son
“estigmatizados” y que hay “un sector político y mediático que no tolera que
persistamos en rearmar el tejido social que sus políticas y acciones han
destruido”. Lo hizo el Movimiento Evita el miércoles pasado después que Infobae
describiera una causa penal que ante la justicia federal presentó la Coalición
Cívica, en la que se sospecha que casi cuatro mil millones de pesos fueron
destinados a una Federación, cooperativas y mutuales vinculadas a esa
organización popular que tiene al secretario de Economía Social como uno de sus
líderes.
Ni en la nota
anterior ni en esta se mencionan actos de corrupción, solo la justicia lo puede
determinar. Sí, la enumeración de datos, extraídos de documentos oficiales,
pone en foco la cuestión ética: ¿puede un funcionario que maneja un presupuesto
de más de seis mil millones de pesos anuales ser quien autoriza los acuerdos
con las cooperativas o Unidades de Gestión del Potenciar Trabajo a las cuales
él u otros dirigentes de su organización social está vinculado? Y que además,
funcionarios a cargo del control de la asignación de partes de esos recursos
integre la misma organización social.
La inquietud va más
allá de Emilio Pérsico y se hace extensiva a otros dirigentes sociales que,
como él, podrían estar de ambos lados del mostrador como Juan Grabois del
Movimiento de Trabajadores Excluidos que también está relacionado con
cooperativas de trabajo o, en el otro extremo ideológico, a Eduardo Belliboni,
el líder del Polo Obrero y dirigente de la Unidad Piquetera, organizaciones que
también tienen Unidades de Gestión.
Evitar esa
tentación podría evitar que, tal como sostiene la Coalición Cívica en su
ponencia judicial: “Los referidos funcionarios públicos no solamente asignen
con amplia discrecionalidad los recursos estatales, sino que también ocupan
cargos en los organismos encargados de la fiscalización y control de los apoyos
financieros para que de esa manera el círculo cierre de manera perfecta”.
