De este grupo de magistrados, nacidos de lo peor de la
política para juzgar a la política, sólo cabe esperar que sigan haciendo,
precisamente, política y no justicia
La Nación, editorial,
26 DE JUNIO DE 2016
Resulta llamativo que los representantes del Poder
Judicial que más duros cuestionamientos han recibido en los últimos años
reciban ahora el elogio de cierto periodismo, de políticos y de opinadores
todoterreno, que pretenden ver una mejora en la justicia federal que, según
dicen, ahora estaría funcionado con mayor celeridad, eficacia e independencia.
Parecen no entender el escándalo que significa esa sola afirmación. ¿Acaso ven
como natural que un poder judicial pudiera haber estado maniatado durante años y
ahora resulte suficiente una elección para liberarlo quién sabe de qué
cautiverio?
¿Fueron a preguntarles a estos jueces qué fuerzas
irresistibles los tuvieron secuestrados y les impidieron hacer su trabajo o por
qué no debemos pensar que puede volver a pasarles lo mismo? Algún comunicador
llamó a esta etapa mani pulite, un agravio insolente a la memoria de
magistrados como Borsalino y Falcone, que lideraron las acciones contra la Cosa
Nostra y murieron a manos de la mafia. Jueces de los que acá, en este reducido
grupo, parece haber muy pocos.
Es notable también la poca atención que se les presta
a los empresarios de la construcción; en causas como la de Báez no podría haber
sobreprecios en la obra pública y posteriores sobornos sin cartelización entre
"aparentes" competidores. Recordemos que en 2005, poco antes de
renunciar, el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, ya advertía sobre
la preocupante existencia de estos últimos. No parece casual que en corrillos
políticos y empresariales se bromee con que la Cámara Argentina de la
Construcción debería ser llamada Cámara Argentina de la Corrupción, al margen
de que en su seno haya muchos empresarios honestos y sin vinculaciones con la
obra pública.
Si fuera cierto que el nuevo gobierno no opera sobre
la Justicia, esta sola referencia sería, por supuesto, digna de reconocimiento.
Deseamos que así sea. Pero inclusive en ese escenario, y sin una reforma en las
reglas de juego, lo único que habría cambiado es el gobierno, una simple pieza
transitoria. Nada impide imaginar que los mismos jueces oportunistas no estén
agazapados esperando, con sus amigos los espías, a las siguientes presas que
les serán señaladas por los próximos resultados electorales.
Debe abrirse urgentemente un auténtico debate sobre el
perfil de jueces que necesitamos. El Consejo de la Magistratura, nacido de
aquella reforma de la Constitución producto del Pacto de Olivos y que, por
mucho tiempo, ha funcionado según la lógica de la peor de las pandillas, debe
comenzar de una buena vez a cumplir con las funciones que motivaron su
creación. Es menester que los senadores tomen en serio el escrutinio de los
antecedentes de cada candidato antes de levantar la mano para darle el acuerdo
y que se garantice la actuación de fiscales independientes en un sistema
acusatorio, entre otras medidas necesarias para tornar decente el fuero federal
penal.
Pueden examinarse otras vías para ese urgente saneamiento, por ejemplo
aumentar el número de juzgados, realizar auditorías en esos tribunales, como proponen
varias de las más respetadas organizaciones de la sociedad civil lideradas por
el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires -una tarea que, hasta
ahora, nunca llevó a cabo el Consejo y, desde luego, promover la destitución de
sus más impresentables y escandalosas figuras, comenzando por Rodolfo Canicoba
Corral, Daniel Rafecas, Eduardo Freiler, Jorge Ballestero, Sebastián Casanello
y Ariel Lijo.
En este sentido, es urgente que los magistrados federales
abandonen la lógica que rige a muchos de ellos que, frente a un expediente, en
lugar de preguntarse qué corresponde resolver de acuerdo a derecho, evalúan qué
les conviene a ellos.
El problema de la justicia federal se extiende
peligrosamente a las provincias. Se dan allí casos como el de un juez federal
acusado de recibir sobornos de los narcos o el de un fiscal federal imputado
por proteger a una organización de trata de personas.
Es obvio que muchos de los jueces y fiscales federales
fueron designados para proteger a los funcionarios amigos del poder central, a
pesar de las bajas calificaciones obtenidas en concursos amañados. En no pocos
casos, esos concursos fueron, como las candidaturas de 2009, meramente
"testimoniales": los fiscales eran luego trasladados por la
escandalosa procuradora Alejandra Gils Carbó hacia distritos donde hacían falta
funcionarios obedientes, dispuestos a librar arbitrarias batallas ideológicas.
La disciplina partidaria y la militancia en la agrupación Justicia Legítima da
penosa cuenta de demasiadas historias de idéntico tenor.
Lamentamos opinar que nuestro optimismo tiende a ser
poco respecto de un cambio en la justicia federal penal. Hay demasiadas
historias con personajes que están, disciplinadamente, en el mismo lodo, todos
manoseados, y en ese póker cada tahúr tiene siempre alguna factura por cobrar.
La demora en lograr una tan imperiosa como necesaria
renovación tendrá consecuencias gravísimas. Cuando la corrupción viene asociada
a la impunidad que sólo asegura una Justicia gravemente viciada, aquélla se
instala perniciosamente en el sistema. Se establecen así formales circuitos
para el lavado de dinero que terminan garantizando el "clima de
negocios" propicio para el nefasto crecimiento del crimen organizado,
sobre todo del narcotráfico.
Si la dirigencia política se niega a tomar conciencia
de la magnitud y la importancia del desafío, deberá ser la sociedad civil la
que genere un reclamo pacífico pero implacable para que esa depuración de
personas y procesos ocurra. Urge también echar luz en un seguimiento igualmente
firme sobre la actuación de este fuero. De lo contrario la historia volverá a
repetirse. La contribución de la prensa, en palabras de Ryszard Kapuscinski, no
consiste en pisar las cucarachas sino en prender la luz para que la gente vea
cómo y adónde corren a ocultarse.
