jueves, 4 de mayo de 2017

PERSECUCIÓN JUDICIAL



por Alfredo Nobre Leite
Informador Público, 3-5-17

Señor Director:

Parece que los jueces federales siguen la guerra revolucionaria por otros medios, iniciada por las organizaciones subversivas/terroristas -ERP, Montoneros, FAR...-, que fueron adoctrinadas y entrenadas tácticamente por el peón de brega de la Unión Soviética, Fidel Castro, bajo el impulso de ese país, contra todas las naciones latinoamericanas, salvo México-. Entre 1969/1979 cometieron 21.655 atentados terroristas que dejaron 1.160 víctimas mortales, amén de heridos y mutilados. 

No se entiende que el juez federal Nº 3, Santiago Inchausti, de Mar del Plata (perteneciente a la organización kirchnerista "justicia legítima", haya ordenado la captura del Tcnel. D. Emilio Guillermo Nani, por presuntos "delitos" durante durante la guerra contra la subversión en los años '70 en esa jurisdicción, relacionada con los derechos humanos de terroristas; quien es de la escuela "garantista" del abolicionista del Código Penal, ex juez de la Corte Suprema de la Nación, Raúl Eugenio Zaffaroni, siendo aquél veterano de la Guerra de Malvinas, y que el 23 de enero de 1989 combatió para recuperar el Regimiento de Infantería Blindada 3 "General Belgrano", de La Tablada, perdiendo su ojo derecho, que había sido copado por unos 45/50 subversivos del Movimiento Todos por la Patria (MTP), liderado por el erpiano Enrique Gorriarán Merlo (que luego fue indultado por el ex presidente Eduardo Duhalde), en cuyas acciones de combate murieron 39 personas, entre ellas nueve oficiales, suboficiales, soldados del Ejército (incluyendo el conscripto Roberto T. Taddía, que a las 06:15 de ese día se encontraba en la guardia barriendo con una escoba, siendo masacrado a tiros).

Considero que ese miembro del colectivo "justicia (il)legítima" kirchnerista, infiltrada en el Poder Judicial (según el fiscal federal Germán Moldes habría que "desratizar" la Justicia), deberá dar explicaciones sobre la persecución del alto jefe del Ejército, luego de 46 años de los hechos de la década del '70. Sabe perfectamente, que la ex presidente María E. Martínez de Perón, mediante Decreto Secreto Nº 261/75 del 5-1-1975 ordenó al Ejército neutralizar y/o aniquilar el accionar terrorista en Tucumán, lo que el Presidente Provisional del Senado, en ejercicio del Poder Ejecutivo, Ítalo Luder, mediante Decreto 2772/75 del 6-10-1975, ordenó a las Fuerzas Armadas extender la neutralización y/o aniquilamiento a todo el país.

Relacionado con lo expuesto, no nos olvidemos todos los enjuiciamientos en que sedicentes inculpados deben probar su inocencia, con reversión de pruebas, y con violación de la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario, que se supone es tarea de los fiscales que deben probar sus acusaciones. Y jueces y fiscales cometen prevaricación, que con integrantes de la Secretaría de Derechos Humanos, y las pseudo organizaciones (madres y abuelas de Plaza de Mayo) preparan centenares de testigos apócrifos, que con una memoria prodigiosa, recuerdan los más nimios pormenores y detalles, teniendo en cuenta al lapso de tiempo de 46 años por hechos de la década del '70.

De ese modo, violan el derecho de defensa, condenando a militares, miembros de las fuerzas de seguridad y policiales que combatieron a la subversión/ terrorista, siendo condenados a prisión perpetua, aunque la Convención sobre Imprescriptibilidad de Penas de Delitos de Lesa Humanidad, fue ratificada por el Congreso en 2003, mediante la ley 25.778, por lo cual no es aplicable a los hechos de la década del '70 (repito); y, asimismo, el Estatuto de Roma, ratificada por la Argentina en 2003, estipula su aplicación a posteriori y no a priori de su ratificación. Por otro lado, los crímenes cometidos por los terroristas Firmenich, Bonasso, Vaca Narvaja, Perdía, Verbitsky..., quedaron impunes, siendo indultados, amnistiados e indemnizados.

A la luz de lo consignado, todos los "presos políticos" deben ser liberados, por la inconstitucionalidad manifiesta de sus condenas; teniendo que lamentar las muertes de unos 400 militares, miembros de las fuerzas de seguridad y policiales que padecieron malos tratos, inanición y sin atención médica en las mazmorras de Marcos Paz, Campo de Mayo y el interior del país, y cuyos derechos humanos desconocieron las autoridades de los tres poderes del Estado (que es una rémora insalvable para jueces y fiscales federales, camaristas, la Corte Suprema de la Nación, los gobiernos kirchnerista y el actual, que no hace nada para cesar el sufrimiento de los "presos políticos", que superan los 76 años de edad en promedio).


Con cordiales saludos,

RARAS COINCIDENCIAS


 A propósito del 1° de mayo

por Claudio Chaves
Informador Público, 3-5-17


Hizo bien el presidente Mauricio Macri en conmemorar el día del trabajo con un acto que se realizó en el micro estadio del club Ferrocarril Oeste. Y está bueno por varias razones. Sólo me referiré a dos. Una, porque festejar el 1 de mayo en un país donde la crisis laboral no termina de solucionarse es marcar un objetivo a alcanzar, apuntar a un futuro más venturoso; y la otra, quizás más importante, es que lo compartió con sectores del movimiento obrero organizado, gremios y sindicatos, y esto es doblemente positivo. Se trata de un claro mensaje a la sociedad y fundamentalmente al interior de Cambiemos, pues a nadie se le escapa que allí imperan grupos minoritarios pero influyentes que mantienen todavía -¡y vaya que han pasado años!- un fuerte rechazo a la dirigencia gremial. Buen ejemplo para ir cerrando grietas y cancelar la descalificación casi centenaria que se ha practicado sobre las organizaciones gremiales y sus jefes. Estas conductas han generado tragedias en el país.

En el último acto que organizó la CGT se alzaron voces desde todos los sectores y colores políticos para criticar por derecha e izquierda al triunvirato cegetista, convocante del acto. Burócratas, mafiosos, cobardes, trenceros, fueron algunos de los calificativos aplicados para todos los gustos. De los argumentos de la izquierda rabiosa y del kirchnerismo no vale la pena opinar, son tan viejos como inservibles aunque le hacen el juego a los verdaderamente peligrosos, los que provienen de voces cercanas al gobierno y al poder real, que se arrogan la representatividad del sentir del votante oficial tanto como del sentido común de la mayoría silenciosa. Urge para la salud social de los argentinos modificar esas ideas.

En La Nación del 9/4/17 el periodista gubernista Jorge Fernández Díaz, escribió sobre los dirigentes que convocaron al paro: “Burócratas gremiales de lista única que viven en mansiones, se manejan en autos de alta gama con vidrios polarizados y son protegidos por patovicas de armas tomar.”

En la radio, un periodista soez como Baby Echecopar, fanático simpatizante del PRO, vociferaba acerca de los jefes gremiales:

“Los sindicalistas que después de esto (el paro) se van a descansar, se van a las Bahamas con una puta, o se van a comprar a Nueva York ropa para la puta o le compran un nuevo departamento a la puta…”

En fin, argumentos incendiarios propios de la grieta en la que se han metido, para aumentarla, con el afán según dicen de construir una democracia republicana. República que para existir no debería contar, a juicio de este pensamiento, con gremialistas. Si fuese posible semejante disparate sería una República vacía.

Lo que sorprende negativamente es la similitud de estos argumentos con los que hace cincuenta años esgrimían las principales organizaciones terroristas de nuestro país:

“Porque tienen allí, en la CGT, una burocracia con cuatro burócratas que no representan ni a su abuela. El punto en cuestión es que todavía la clase trabajadora no está debidamente organizada y representada.” Mientras tanto el público cantaba: “Se va a acabar la burocracia sindical. Rucci traidor a vos te va a pasar lo que le pasó a Vandor. (Firmenich en la cancha de Atlanta 22 de agosto de 1973)

El dirigente Montonero Rodolfo Galimberti afirmaba de los dirigentes gremiales:

“Aceptamos que hay que dejar algunos tránsfugas menores, pero los traidores no pasarán. Si quieren guerra la tendrán; los vamos a aplastar como cucarachas y no va a quedar ni uno solo de los pistoleros a sueldo que defienden a sus dirigentes sindicales corrompidos.

Finalmente el dirigente Montonero Luis Lozada miembro prominente de una familia tradicional de Córdoba en un encendido discurso afirmaba sobre la dirigencia gremial:

“¡Si los conoceremos! Vividores y malandras que aseguraron que iban a quemar sus diplomas de diputados y romper sus bancas si Perón no estaba en la Patria y lo único que rompieron fueron los boletos de los hipódromos y lo único que quemaron fueron las esperanzas del pueblo.”

Las organizaciones guerrilleras que se proponían la Patria Socialista al igual que los que ahora se proponen la Patria Republicana requerían y requieren para su éxito la denigración y difamación de los dirigentes sindicales, extraña coincidencia que no puede conducir a un buen final.

El historiador Tulio Halperín Donghi, afín a los principales intelectuales que rodean al PRO, escribía hace ya algunos años:

“Y este éxito (el de la expansión de la guerrilla) no hubiese sido posible si -por razones sin duda distintas- distintos sectores de nuestras élites políticas no hubiesen estado dispuestos a reconocer algún grado de legitimidad a esas tácticas para resolver dilemas centrales de la vida política nacional.” (La larga agonía de la Argentina peronista).


La actual elite política debería tener más cuidado al momento de pensar y opinar.

SANTA CRUZ DUPLICÓ EL EMPLEO PÚBLICO EN DOS DÉCADAS




por Informador Público, 2-5-17


La celebración del Día del Trabajador muestra nuevamente el contraste entre una realidad caracterizada por severos problemas de empleo y los discursos que declaman en favor de los derechos laborales. La crisis en Santa Cruz es un testimonio aleccionador. Demuestra que la falta de empleo de calidad no se suple con generación de empleo público espurio sino que, por el contrario, el gigantismo del Estado termina asfixiando la capacidad de generación de trabajo genuino.

El malestar de los empleados y jubilados públicos de Santa Cruz desencadenó graves actos de violencia contra funcionarios y ex funcionarios de la Provincia. Se trata de comportamientos que merecen una enfática condena. Ningún motivo justifica la destrucción de bienes y mucho menos el ataque a las personas. En democracia no hay instancia que contemple el uso de la fuerza por parte de la población contra sus gobernantes, por más legítimo que sea el reclamo, mala la administración o irritantes los actos de corrupción. Son las instituciones republicanas y el voto popular los que deben encauzar la situación por la vía pacífica, aunque esto parezca que dilate la solución.

Se tiende a asociar el descalabro fiscal de la Provincia con la corrupción. Esto implica que si las políticas que se aplicaron en la Provincia hubiesen sido ejecutadas por funcionarios honestos, la situación sería diferente y no se estaría padeciendo la crisis actual.

Para identificar las causas de la crisis resulta pertinente analizar la información sobre empleo público provincial que aporta la Secretaría de Hacienda y el Ministerio de Trabajo. Según estas fuentes se observa que entre los años 1996 y 2016:

El empleo público provincial en todas las jurisdicciones pasó de 1,2 a 2,3 millones de empleados públicos lo que representa un crecimiento de 85%.
En la provincia de Santa Cruz el empleo público pasó de 16 a 36 mil empleados públicos lo que representa un aumento del 117%.
En la provincia de San Luis el empleo público pasó de 22 a 29 mil empleados públicos lo que representa un incremento de 32%.

Estos datos muestran que el crecimiento del empleo público provincial fue alto en general, pero diferente entre jurisdicciones. Mientras San Luis aumentó su dotación de empleados en un tercio, Santa Cruz más que lo duplicó en los últimos 20 años. Santa Cruz pasó de tener un 25% menos de empleados públicos que San Luis en el año 1996, a tener 25% más en el año 2016. Esto llevó a que en dos décadas mientras la dotación de empleados públicos respecto a la población en San Luis bajó de 55 a 50 empleados por cada 1.000 habitantes, en Santa Cruz saltó de 88 a 110 empleados públicos por 1.000 habitantes. Los pocos datos disponibles de la Caja de Jubilaciones de Santa Cruz dan indicios de que la displicencia en la gestión previsional fue aún mayor.

Frecuentemente se argumenta que la laxitud en la administración del empleo público es una herramienta útil para contrarrestar la débil generación de empleos genuinos. La realidad demuestra todo lo contrario. En las últimas dos décadas en San Luis el empleo privado registrado creció de 34 a 60 mil, mientras que en Santa Cruz pasó de 22 a 60 mil. Se trata de evidencias muy sugerentes de que la crisis en Santa Cruz se generó por la actitud deliberada –aplicada durante los últimos 20 años– de generar masivamente empleo público y jubilaciones espurias.

Si bien Santa Cruz es un caso extremo, el problema afecta de manera general a todo el sector público. Ni la población ni las reglas y procedimientos de la administración pública asumen la enorme trascendencia que tiene contratar un nuevo empleado u otorgar una nueva jubilación. Incorporar un empleado de 25 años de edad al Estado al nivel de remuneración actual es una decisión que implica asumir compromisos por más de $30 millones. Esta es la suma de salarios que habrá que pagarle a lo largo de su vida activa y las jubilaciones una vez que se retire. Se trata de un pasivo que la contabilidad pública debería registrar ya que el empleado está amparado por un rígido esquema de estabilidad. 

Resulta paradójico que para contrataciones de bienes y servicios de mucho menor monto los procedimientos públicos contemplan una multiplicidad de controles –incluyendo la licitación pública para dar transparencia y competencia a la contratación– y la población pide estos mayores controles cuestionando frecuentemente cómo se toman las decisiones.


La generación de empleo genuino depende de un entorno favorable donde el buen funcionamiento del sector público es decisivo. Por eso, pretender paliar los problemas ocupacionales con empleo público espurio es –como lo demuestra Santa Cruz– una opción tentadora desde el punto de vista del oportunismo político, pero con garantía de fracaso. (IDESA)

ODEBRECHT



 Les estalla en las narices a Cristina y Macri

por Guillermo Cherashny
Informador Público, 30-4-17


La revelación de Alconada Mon sobre los aportes de campaña de Odebrecht sólo pueden probarse con respecto al PRO, que recibió $ 500.000 para la campaña 2015. Pero el mismo periodista dice que las fuentes de la constructora brasileña le dijeron que también aportaron a Massa y Stolbizer aunque, como Odebrecht quiere seguir con sus negocios en la Argentina, es obvio que para salvar a Macri -quien le puede mantener las obras públicas- socializa la corrupción hacia Sergio Massa y Margarita Stolbizer, especialmente a la diputada del Gen, que el jueves pasado le exigió al gobierno que suspenda todas las obras de los brasileños, lo que muestra lo burdo de la maniobra.

También mencionan a Scioli, pero los que cobraron fueron Néstor, Cristina, De Vido, José López y Randazzo, y como era una obra nacional, a Daniel Scioli lo dejaron afuera.

El gobierno alega que la blanqueó en una cena de recaudación de fondos pero no menciona que IECSA de Angelo Calcaterra, el primo presidencial, fue el socio de Odebrecht y que Gustavo Arribas hoy en la AFI fue denunciado en septiembre del 2013 de cobrar 594.000 dólares. Y como Randazzo -entonces ministro de transporte- le adelanto 60 millones de dólares a la UTE, los 594.000 dólares podrían ser el 1% de la coima que Arribas habría cobrado por encargo de Angelo Calcaterra, el supuesto dueño de IECSA, porque habría rumores de que Franco Macri nunca se la habría vendido y que se la dejó a sus hijos, es decir Mauricio y sus cuatro hermanos, también dueños del Correo Argentino S.A., actualmente en medio de un escándalo.

Peor lo más interesante es que las obras del soterramiento del Sarmiento estaban paralizadas cuando en 2013 Randazzo las readjudico por 2000 millones de dólares pero en junio del 2016 el presidente Macri -mediante un DNU rechazado en el congreso- la volvió a adjudicar a la misma UTE pero por 3000 millones de dólares, es decir 1.000 millones de dólares más, y el aporte de campaña del PRO podría ser a cambio de aumentar el costo de la obra en 1.000 millones de dólares.

Stolbizer aseguró ayer que exigirá una investigación a fondo de Odebrecht y de todas las obras en las que participa y que se suspendan inmediatamente.

Las declaraciones de los ejecutivos de Odebrecht son seguras si hay pruebas documentales pero no las hay contra Massa y Stolbizer, y tampoco con Scioli. En cambio, los ejecutivos de Odebrecht denuncian que Javier Sánchez Caballero, CEO de IECSA de Angelo Calcaterra, cobró 20 millones dólares.

Hace un mes, en la supuesta compra por parte Marcelo Mindlin a Calcaterra de la constructora IECSA, la primera medida fue echar a Sánchez Caballero, el CEO de IECSA, de modo que, si en junio salta la transferencia, ese ejecutivo echado dirá que fue un empelado infiel y que Calcaterra no tenía nada que ver.


También arribas está en problemas, ya que su denunciante Leonardo Mirelles aceptó declarar en la justicia argentina ante el fiscal Delgado, que le pidió esa medida al juez Canicoba Corral, que se negó, pero sí la ordenó otro juez federal. Al asumir el gobierno de Cambiemos, el ministro Garavano le pidió la renuncia a Canicoba y éste se negó y apareció en una lista con el camarista Freiler, Daniel Rafecas, para ser removidos por un juicio en el Consejo de la Magistratura. Pero a partir del sobreseimiento fraudulento a Gustavo Arribas, el gobierno no habla más de su remoción, aunque el magistrado fue acusado de cobrar un millón de dólares del "Caballo" Suárez para que no lo metan preso. Pero asumió Macri y el "Caballo" terminó preso.

martes, 2 de mayo de 2017

DOCUMENTOS SECRETOS


por Alfredo Nobre Leite
Informador Público, 30-4-17


En el marco de la visita de Estado del presidente Mauricio Macri a Estados Unidos (EEUU), y a su pedido "el presidente Trump entregó una amplia partida de documentos desclasificados relacionados con los abusos en materia de derechos humanos en la Argentina durante la dictadura", reza la crónica periodística. Es de lamentar que, del mismo modo, el primer mandatario no haya requerido, también, al Departamento de Estado, la documentación sobre la guerra revolucionaria, impulsada por la Unión Soviética contra todas naciones latinoamericanas (salvo México que tenía un pacto con su peón de brega, Fidel Castro), como patio trasero de EEUU, pues el 3 de enero de 1966 se celebró en La Habana la Conferencia "Tricontinental" reuniendo a todos los partidos comunistas de Asia, África y América Latina y grupos radicalizados conformando las bases para la insurgencia en toda América latina. Luego, entre el 30 de junio y 10 de agosto de 1967, se realizó en la misma ciudad la "Primera conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), donde se sentaron las bases para la organización de esas formaciones subversivas. Las organizaciones subversivas/terroristas (Montoneros, ERP, FAR...) cometieron entre 1969 y 1979 21.655 atentados terroristas que dejaron 1.160 víctimas mortales, amén de heridos y mutilados, cuyas consecuencias seguimos sufriendo.

Es procedente que el jefe de Estado encare con urgencia la situación de los "presos políticos" de la democracia, unos 2.400 presos con largas prisiones preventivas que exceden los dos años, violando la ley, como también los condenados a prisión perpetua, cuya edad promedio es 75 años, y de los ancianos mayores de 90 años que se mueren de inanición y sin atención médica en las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza, cuyas condenas son inconstitucionales, por cuanto la Convención sobre Imprescriptibilidad de Penas de Delitos de Lesa Humanidad, fue ratificada por el Congreso en el año 2003, mediante la ley 25.778, y, por ende, no aplicable a los hechos de la década del '70 del siglo pasado; asimismo, el Estatuto de Roma, ratificada por la Argentina en 2003, estipula su aplicación a posteriori de su ratificación y no a priori, por lo cual todos los presos políticos deben ser liberados, Han muerto unos 400 presos políticos en prisión, cuyos derechohabientes jamás fueron reconocidos por los supuestos adalides de los derechos humanos endógena y exógenamente.

Entre ellos, el Coronel (R) Hugo José Delmé, de 80 años, que falleció el día 12 de abril a las 20 horas, en la celda Nro. 8 -Pabellón "C"- del Instituto Penal Federal UP-34 de Campo de Mayo. Llevaba más de 10 años soportando la injusta, inconstitucional, ilegítima y arbitraria privación de su libertad, por una denominada "causa de lesa humanidad". Pese a su avanzada edad y gravísimos problemas de salud, no recibía la adecuada atención médica que su estado exigía, y le negaron sistemáticamente la posibilidad de acceder a la Prisión Domiciliaria. Los responsables de su muerte -por una afección cardíaca- son los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca y los integrantes de la Cámara de Casación, Sala 2.

¡De facto, los jueces federales y camaristas estarían siguiendo la guerra revolucionaria por otros medios, transformando la justicia en venganza, revancha y persecución judicial, ignorando que el derecho positivo deviene de la Ley Natural, ésta del Decálogo, es decir, de Dios!

A contrario sensu, los presuntos desaparecidos -8.960, según la Conadep-, que tras el terremoto de México de 1985, muchos aparecieron por TV, como también en Francia, Italia, España, Escandinaria y hasta en Australia, reduciéndose en unos 5.000 que fueron indemnizados por Menem (que se autoindemnizó), mediante la ley 24.411 por u$s 4.000 millones, cabiendo a cada individuo supuesto desaparecido u$s 250.000 (muchos aparecieron, como el juez de Instrucción de Morón, Alfredo Meade).

Del mismo modo, como el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, dijo que los enjuiciamientos por sedicentes violaciones a los derechos humanos es política del Estado, debería reabrir las causas contra Firmenich, Bonasso, Vaca Narvaja, Perdía, Verbitsky, entre otros, cuyos crímenes quedaron impunes.


Para pacificar el país, la Justicia debe reinar (y sin Justicia no hay República), dando a cada uno lo que le corresponde, recordando que la paz es la tranquilidad en el orden, según San Agustín, para terminar con la rémora de la guerra revolucionaria, ya que quienes la llevaron a cabo fueron premiados e indemnizados, mientras los miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales que nos libraron de desaparecer en la noche oscura de los tiempos, fueron condenados, como criminales, a muerte, a pesar de que lo prohíben el Quinto Mandamiento y el artículo 18 de la Constitución Nacional.

CARRIÓ LE PIDIÓ PERDÓN A ANGELICI Y EL BOQUENSE ROMPIÓ CON RIZZO

Carrió le pidió perdón a Angelici y el boquense rompió con Rizzopor Guillermo Cherashny
Informador Público, 30-4-17


Hasta ahora, Lilita Carrió parecía haberse convertido en la fiscal de la República denunciando hechos de corrupción que tenían mucha veracidad. Pero últimamente sólo acusa de corruptos a los peronistas o a Ricardo Lorenzetti y hace caso omiso a los escándalos de corrupción del macrismo. Es cierto que atacó duramente a Daniel Angelici, pero en el nuevo libro de Laura Di Marco sobre el presidente Macri, quien dice que Carrió le pidió perdón en privado por calificar a Daniel Angelici como operador judicial, lo cual es una primicia y cierta, porque hace un tiempo que no critica al presidente de Boca y éste, como contrapartida, rompió relaciones con Jorge Rizzo, presidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal, quien le inició una demanda por daños y perjuicios a la chaqueña por encargo de su cliente Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte. De este modo, se rompe la alianza gobernante en el Colegio de Abogados capitalino, que ganó por amplio margen las últimas elecciones.

En el libro citado de Laura Di Marco, el presidente dice que la legisladora acusa sin fundamente a Lorenzetti, Angelici y Jorge Macri y que esta situación devalúa su imagen. Además, agrega que si se va de Cambiemos no le producirá ningún daño a esa alianza, aunque le provocaría una gran tristeza. En verdad, Macri está muy contento con Carrió, porque en su actitud denunciadora no puso en la mira el giro de Odebrecht a Gustavo Arribas y tampoco los escándalos del Correo Argentino S.A. En este último caso, dejo que echaran como a un perro a su amigo Carlos Balbín, que estaba terminando una auditoría crítica sobre el comportamiento de Oscar Aguad en la negociación espuria del Correo S.A. con el estado y tampoco dirá nada del vaciamiento de esta empresa del grupo Macri durante el año 2016.


Está claro que el presidente Macri domestico a la inquieta diputada, que hace la vista gorda ante la corrupción institucional del PRO y sólo ve corrupción en cualquier variante del peronismo o del presidente de la Corte.

EL AUMENTO DE LA DEUDA PÚBLICA EN 2016


Por Héctor GIULIANO
(29.4.2017)

Ayer – 28.4 – el Ministerio de Finanzas dio a conocer el Informe trimestral sobre la Deuda Pública al 30.9.2016 y una Hoja de Avance que resume los totales por grandes rubros de la deuda al 31.12 del año pasado.[1]
Según esta última planilla el stock de la Deuda Pública del Estado Central a fines del 2016 era de unos 288.500 MD (288.450).

Cotejado con el saldo de la deuda al 31.12.2015, que era de 254.000 MD esto nos da que el aumento de la deuda producido durante el año fue de unos 35.000 MD (34.500).
En ambos casos, para equiparar la comparación de totales, se incluyen aquí los dos rubros principales que la administración Kirchner no tomaba en cuenta: holdouts y cupones PBI; con cifras que el nuevo gobierno Macri blanqueó o incorporó oficialmente al final del 2015 y luego formalizó con los arreglos de pago a los acreedores en Abril del 2016.
La secuencia fue, en este caso, la siguiente:

a)    La administración kirchnerista no consideraba dentro de la deuda oficial la deuda con los acreedores que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 (los holdouts) pese a que esas deudas no fueron desconocidas y que la cuenta de los pasivos seguía creciendo por acumulación de intereses y adicionales por concepto de honorarios y gastos debido a los juicios perdidos en tribunales extranjeros (básicamente, las causas con jurisdicción en la ciudad de Nueva York, a cargo del juez Thomas Griesa).
b)    Hasta finales del mandato CFK la deuda con los holdouts – no computada en el stock total – se registraba en 11.500 MD: 6.100 MD por Capital y 5.400 MD por Intereses.
c)    La nueva administración Macri – apenas asumida – reconoció en firme esa deuda con los holdouts y por el importe total de 18.400 MD: 6.200 de Capital, 5.500 de Intereses y 6.700 MD de Intereses compensatorios o punitorios.[2] Total que subió luego a los 19.000 MD.
d)    El segundo rubro blanqueado como deuda en firme - que también venía heredado de la administración K - fue el valor de los Cupones ligados al PBI, que el gobierno Kirchner rotulaba como Deuda Contingente cuando en realidad era y es deuda en firme, actualmente por valor de unos 13.000 MD (13.500 al 31.12.2015).

Ergo, la suma de ambos rubros – holdouts y cupones PBI – significaron así un aumento del stock de la deuda computada al inicio del gobierno Macri de casi 32.000 MD más a nivel total (31.900 MD, producto de 18.400 del nuevo saldo reconocido a los holdouts más los 13.500 de los cupones PBI) o – dicho en términos reales - de unos 7.000 MD de saldo incremental, debido al aumento de los intereses a pagar a los holdouts (11.500 de los registros estimados contra 18.400 reconocidos).
De todas maneras – y esto es lo importante – este ajuste por incremento de saldos iniciales ya estaba realizado por el nuevo gobierno Macri a fines del 2015, por lo que la comparación ahora contra el stock de la deuda a fines de su primer año de gestión es compatible y arroja el aumento durante el período de los 35.000 MD antes citados (288.500 – 254.000).

Estrictamente hablando, según las cifras oficiales el aumento producido resulta casi el doble porque al incremento real de 35.000 MD habría que sumarle los 32.000 blanqueados o formalizados por el nuevo gobierno Macri; pero lo que cuenta aquí es el aumento efectivo de los 35.000 MD.
Tal incremento de la deuda en el curso del 2016 se corresponde, en principio, con lo previsto en el Presupuesto del Ejercicio – Ley 27.198 – que era un aumento original de 23.400 MD, que luego se amplió en 12.500 MD a los efectos de tomar más deuda para pagar el arreglo con los holdouts (Ley 27.249). En total: unos 36.000 MD.
Sin embargo, y aunque todavía falta la información desagregada sobre Deuda Pública del Cuarto Trimestre del 2016, el aumento real de la deuda habría sido mayor en realidad - de unos 10.000 MD más – a raíz de la cobertura del déficit fiscal creciente con deuda nueva.

Lo que ocurre es que – como ya pasaba bajo la administración Kirchner en los últimos años de su gestión – una gran parte de la Deuda Interna en Pesos, expresada siempre en dólares (que es como se computa el stock de la deuda conforme a la metodología internacional y oficial), se va licuando paulatinamente por la inflación.
El detalle reside en que esta menor deuda interna relativa - que beneficia al Tesoro Nacional vía licuación de sus obligaciones en pesos - implica a la vez, obviamente, un perjuicio en el valor de las tenencias de los acreedores, siendo que el principal tenedor dañado financieramente por tal licuación es la ANSES, que tiene más del 60 % de sus fondos colocados en títulos públicos del Estado Nacional y la gran mayoría de los mismos están en pesos.
Es una de las formas comunes a las administraciones Kirchner y Macri a través de las que el Tesoro fue y sigue compensando el aumento de sus obligaciones en dólares a costa de licuar la deuda en pesos.

La política de pago sistemático y serial – usando las palabras de la propia ex-presidenta Cristina Fernández de Kirchner – de deuda externa con terceros (acreedores privados y organismos financieros internacionales) traspasándola a Deuda interna intra-Estado era preparatoria, en la práctica, de una nueva ola de macro-endeudamiento externo, que no pudo darse bajo la misma administración K pero dejó allanado el terreno para que lo hiciera la nueva administración M:

a)    El gobierno Kirchner, a través de su política de pago de la deuda externa con reservas internacionales del BCRA, liquidó el margen de reservas propias del Banco y descongestionó privilegiadamente el anterior nivel de deuda con acreedores extranjeros pasando dichas obligaciones impagables al propio Estado Argentino para luego irla licuando progresivamente, como ha venido y sigue ocurriendo.
b)    Con este procedimiento, el gobierno K aspiraba volver a colocar deuda en el mercado internacional de capitales, esto es, a volver a endeudarse en el exterior, tal como lo plantearan expresamente en su momento los ministros Lavagna después del Megacanje 2005 y Boudou con su Hoja de Ruta del 2008. Las torpezas cuasi-cómplices de la gestión Kirchner con los holdouts inhibieron la concreción de este objetivo, aunque no sus intentos, como fue el caso de las muy desventajosas concesiones hechas en el acuerdo con los países del Club de París en 2014.
c)    Disminuida así proporcionalmente la participación de la Deuda Pública Externa dentro del Total de la Deuda del Estado, quedaba allanado el camino para poder volver a colocar deuda en el extranjero, como hoy se está realizando en gran escala. Notablemente, es el único mérito que el actual gobierno Macri y todo el establishment financiero le reconocen especialmente a la gestión K.

Este proceso de licuación de la Deuda Interna en Pesos – que como decimos ya se venía dando desde la administración K – sirvió para compensar parcialmente el aumento real de la Deuda Pública: durante el ejercicio 2015 el Estado Central se ahorró así el equivalente a 32.100 MD (!) por ajustes de valuación por concepto de tipo de cambio o devaluación (26.900 MD) y por CER (5.100 MD).
En el año 2014 los Kirchner ya se habían ahorrado – gracias al mismo procedimiento de licuación de la deuda expresada en dólares – 16.400 MD, también por ambos conceptos (15.300  y 1.200 MD respectivamente).

La extraordinaria licuación de deuda en pesos del año 2015 – los 32.100 MD antes citados – correspondieron fundamentalmente a la macro-devaluación Macri de Diciembre, adoptada inmediatamente después de su asunción: el acumulado por diferencias de valuación al 30.9.2015 (última información oficial K) era de sólo 7.000 MD mientras que – como derivado de la devaluación M – el total en dólares licuado por menor valor relativo de la deuda en pesos ascendió a los 32.100 MD.
Sin contar aquí que paralelamente esta macro-devaluación Macri derivó además en un costo financiero para el BCRA de más de 50.000 M$ por cobertura de diferencias en los contratos de dólar a futuro pactados por el kirchnerismo y que dio lugar al escándalo de enriquecimiento ilegítimo de funcionarios, ex funcionarios y empresas vinculadas a la nueva y a la anterior administración de gobierno.

Y ahora, también por el mismo método, la administración Macri – según los últimos datos disponibles – llevaba licuados unos 5.000 MD al 30.9.2016, producto de 6.500 MD por devaluación compensados en este caso parcialmente con un aumento de 1.700 MD por CER, que replica la inflación.
Pero para un análisis final del año habrá que esperar forzosamente la publicación de los datos oficiales que, como siempre, se informan con un desfasaje de largos meses.
Por ahora, sólo se cuenta el total de la planilla resumen de los 288.500 MD, sin el movimiento de Flujos y Variaciones ni demás informaciones del período.
Hasta aquí lo relativamente poco que puede decirse acerca del análisis de los nuevos datos conocidos sobre la evolución de la Deuda Pública durante el año pasado.
En el marco de su política de Gobernar con Deuda y - dentro de la misma - de su nueva oleada de endeudamiento externo en gran escala, la administración Macri no sólo sigue contrayendo deuda a niveles históricos récord sino que lo hace – como se hace siempre - sin demostración alguna de capacidad de repago, lo que viene agravando aceleradamente el cuadro de situación financiera del endeudamiento argentino porque:

a)    Aumenta el stock de la Deuda Pública impagable y con ello aumenta más que proporcionalmente las sumas a pagar por intereses y gastos.
b)    Aumenta cada vez más la proporción de Deuda Pública Externa por reversión de la política kirchnerista de traspaso de obligaciones como Deuda intra-Estado, lo que agrava la vulnerabilidad financiera, cambiaria y jurídica de la nueva deuda.[3] 
c)    Disminuye la vida promedio de la deuda, acentuada por las grandes colocaciones de Letras del Tesoro, que son obligaciones de corto plazo, y tiende con ello a concentrarse más peligrosamente aún el perfil de los vencimientos de Capital, lo que a su vez aumenta la velocidad del re-endeudamiento y los canjes más frecuentes de obligaciones del Estado.

La aceleración del presente proceso de endeudamiento público y, particularmente, la mayor proporción de toma de deuda externa replantean así un cuadro forzosamente conflictivo para la economía argentina.
Es el constante condicionamiento global impuesto por el Sistema de la Deuda Pública perpetua – la deuda que nunca se puede pagar y se vive entonces refinanciándola permanentemente a costa de pagar cada vez más intereses – al crecimiento económico nacional.
Un condicionamiento que se articula por combinación de tres variables interrelacionadas: 1) retraso cambiario, para poder cubrir el pago creciente de intereses de la deuda en moneda extranjera, 2) aumento de las tasas de interés locales que – con dólar atrasado – favorecen el negocio de los capitales especulativos, y 3) colocación constante de deuda del Estado – Nación, Provincias y Entes Públicos en general – que potencia el poder de los acreedores de la Deuda Pública y el condicionamiento de los mismos sobre las decisiones de gobierno.

Es la consecuencia de una política de Gobernar con Deuda que supedita al gobierno Macri a la dependencia de los capitales financieros y le condiciona en forma total y absoluta su estabilidad financiera y política.   






[1] Los datos de estos informes oficiales corresponden sólo a la Deuda Pública en cabeza del Estado Central, es decir, que no incluyen las deudas de Provincias, Municipios, Empresas del Estado, Organismos Nacionales, Fondos Fiduciarios, Banco Central (BCRA) y juicios contra el Estado con sentencia en firme.
De estos rubros sólo se conocen los saldos de la deuda cuasi-fiscal del BCRA y del consolidado de las Provincias:
-       Según el último Balance resumido de Activos y Pasivos del BCRA – al 31.3.2017 – las principales deudas del Banco son 24.100 MD por encaje de depósitos bancarios en moneda extranjera y 12.400 MD por Otros Pasivos (fundamentalmente el Swap con el Banco Central o  Banco Popular de China), a lo que debe sumársele el stock de Letras (Lebac) por el equivalente a 59.200 MD: un total de 95.700 MD.
-       Según la última información disponible del Ministerio de Hacienda – que es al 31.12.2015 (más de un año atrás !) – el stock de la deuda pública consolidada de todas las provincias (incluyendo la CABA) era a esa fecha de 269.300 M$, equivalentes a 20.700 MD (al tipo de cambio 13.005 $/US$). Sin incluir Deuda Flotante ni Contingente.
Las abreviaturas M$/MD significan Millones de Pesos/Dólares y se expresan con redondeo, de modo que siempre puede haber mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos.
Fuera de estos dos rubros – aparte del Estado Central – las autoridades tradicionalmente no suministran información sobre la Deuda Pública Nacional o total de todos los pasivos del Estado Argentino.
[2] Este tema ha sido desarrollado particularmente en otro trabajo del autor: Actualización de la Deuda Pública Macri (21.12.2016). Y también fue tocado en varios otros artículos conexos. 
[3] Al 31.12.2015 la Deuda Externa del Estado – según criterio de residencia del acreedor – era del 28.5 % del total mientras que al 30.9.2016 (última información oficial disponible) había ascendido al 34.6 %; si bien estos guarismos, en ambos casos, no reflejan la realidad porque no están computados sobre cifras completas.
Por otra parte, la magnitud relativa de las deudas externas siempre – por definición – son relativas dado que la mayoría de las obligaciones están constituidas por títulos al portador que, como tales, son siempre intercambiables desde el punto de vista del domicilio del comprador.
De todos modos, dada la nueva política institucional de la administración Macri de buscar el endeudamiento externo como sostén financiero de su gobierno, la tendencia creciente de la Deuda Externa constituye hoy una previsión cierta.