por Alfredo Nobre Leite
Informador Público, 3-5-17
Señor Director:
Parece que los jueces federales siguen la guerra
revolucionaria por otros medios, iniciada por las organizaciones
subversivas/terroristas -ERP, Montoneros, FAR...-, que fueron adoctrinadas y
entrenadas tácticamente por el peón de brega de la Unión Soviética, Fidel
Castro, bajo el impulso de ese país, contra todas las naciones
latinoamericanas, salvo México-. Entre 1969/1979 cometieron 21.655 atentados
terroristas que dejaron 1.160 víctimas mortales, amén de heridos y mutilados.
No se entiende que el juez federal Nº 3, Santiago Inchausti, de Mar del Plata
(perteneciente a la organización kirchnerista "justicia legítima",
haya ordenado la captura del Tcnel. D. Emilio Guillermo Nani, por presuntos
"delitos" durante durante la guerra contra la subversión en los años
'70 en esa jurisdicción, relacionada con los derechos humanos de terroristas;
quien es de la escuela "garantista" del abolicionista del Código
Penal, ex juez de la Corte Suprema de la Nación, Raúl Eugenio Zaffaroni, siendo
aquél veterano de la Guerra de Malvinas, y que el 23 de enero de 1989 combatió
para recuperar el Regimiento de Infantería Blindada 3 "General
Belgrano", de La Tablada, perdiendo su ojo derecho, que había sido copado
por unos 45/50 subversivos del Movimiento Todos por la Patria (MTP), liderado
por el erpiano Enrique Gorriarán Merlo (que luego fue indultado por el ex
presidente Eduardo Duhalde), en cuyas acciones de combate murieron 39 personas,
entre ellas nueve oficiales, suboficiales, soldados del Ejército (incluyendo el
conscripto Roberto T. Taddía, que a las 06:15 de ese día se encontraba en la
guardia barriendo con una escoba, siendo masacrado a tiros).
Considero que ese miembro del colectivo "justicia
(il)legítima" kirchnerista, infiltrada en el Poder Judicial (según el
fiscal federal Germán Moldes habría que "desratizar" la Justicia),
deberá dar explicaciones sobre la persecución del alto jefe del Ejército, luego
de 46 años de los hechos de la década del '70. Sabe perfectamente, que la ex
presidente María E. Martínez de Perón, mediante Decreto Secreto Nº 261/75 del
5-1-1975 ordenó al Ejército neutralizar y/o aniquilar el accionar terrorista en
Tucumán, lo que el Presidente Provisional del Senado, en ejercicio del Poder
Ejecutivo, Ítalo Luder, mediante Decreto 2772/75 del 6-10-1975, ordenó a las
Fuerzas Armadas extender la neutralización y/o aniquilamiento a todo el país.
Relacionado con lo expuesto, no nos olvidemos todos
los enjuiciamientos en que sedicentes inculpados deben probar su inocencia, con
reversión de pruebas, y con violación de la presunción de inocencia hasta que
se pruebe lo contrario, que se supone es tarea de los fiscales que deben probar
sus acusaciones. Y jueces y fiscales cometen prevaricación, que con integrantes
de la Secretaría de Derechos Humanos, y las pseudo organizaciones (madres y
abuelas de Plaza de Mayo) preparan centenares de testigos apócrifos, que con
una memoria prodigiosa, recuerdan los más nimios pormenores y detalles,
teniendo en cuenta al lapso de tiempo de 46 años por hechos de la década del '70.
De ese modo, violan el derecho de defensa, condenando
a militares, miembros de las fuerzas de seguridad y policiales que combatieron
a la subversión/ terrorista, siendo condenados a prisión perpetua, aunque la
Convención sobre Imprescriptibilidad de Penas de Delitos de Lesa Humanidad, fue
ratificada por el Congreso en 2003, mediante la ley 25.778, por lo cual no es
aplicable a los hechos de la década del '70 (repito); y, asimismo, el Estatuto
de Roma, ratificada por la Argentina en 2003, estipula su aplicación a
posteriori y no a priori de su ratificación. Por otro lado, los crímenes
cometidos por los terroristas Firmenich, Bonasso, Vaca Narvaja, Perdía,
Verbitsky..., quedaron impunes, siendo indultados, amnistiados e indemnizados.
A la luz de lo consignado, todos los "presos
políticos" deben ser liberados, por la inconstitucionalidad manifiesta de
sus condenas; teniendo que lamentar las muertes de unos 400 militares, miembros
de las fuerzas de seguridad y policiales que padecieron malos tratos, inanición
y sin atención médica en las mazmorras de Marcos Paz, Campo de Mayo y el
interior del país, y cuyos derechos humanos desconocieron las autoridades de
los tres poderes del Estado (que es una rémora insalvable para jueces y
fiscales federales, camaristas, la Corte Suprema de la Nación, los gobiernos
kirchnerista y el actual, que no hace nada para cesar el sufrimiento de los
"presos políticos", que superan los 76 años de edad en promedio).
Con cordiales saludos,
