por Alfredo Nobre Leite
Informador Público, 30-4-17
En el marco de la visita de Estado del presidente
Mauricio Macri a Estados Unidos (EEUU), y a su pedido "el presidente Trump
entregó una amplia partida de documentos desclasificados relacionados con los
abusos en materia de derechos humanos en la Argentina durante la
dictadura", reza la crónica periodística. Es de lamentar que, del mismo
modo, el primer mandatario no haya requerido, también, al Departamento de
Estado, la documentación sobre la guerra revolucionaria, impulsada por la Unión
Soviética contra todas naciones latinoamericanas (salvo México que tenía un
pacto con su peón de brega, Fidel Castro), como patio trasero de EEUU, pues el
3 de enero de 1966 se celebró en La Habana la Conferencia
"Tricontinental" reuniendo a todos los partidos comunistas de Asia,
África y América Latina y grupos radicalizados conformando las bases para la
insurgencia en toda América latina. Luego, entre el 30 de junio y 10 de agosto
de 1967, se realizó en la misma ciudad la "Primera conferencia de la
Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), donde se sentaron las bases
para la organización de esas formaciones subversivas. Las organizaciones subversivas/terroristas
(Montoneros, ERP, FAR...) cometieron entre 1969 y 1979 21.655 atentados
terroristas que dejaron 1.160 víctimas mortales, amén de heridos y mutilados,
cuyas consecuencias seguimos sufriendo.
Es procedente que el jefe de Estado encare con
urgencia la situación de los "presos políticos" de la democracia,
unos 2.400 presos con largas prisiones preventivas que exceden los dos años,
violando la ley, como también los condenados a prisión perpetua, cuya edad
promedio es 75 años, y de los ancianos mayores de 90 años que se mueren de
inanición y sin atención médica en las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza, cuyas
condenas son inconstitucionales, por cuanto la Convención sobre
Imprescriptibilidad de Penas de Delitos de Lesa Humanidad, fue ratificada por
el Congreso en el año 2003, mediante la ley 25.778, y, por ende, no aplicable a
los hechos de la década del '70 del siglo pasado; asimismo, el Estatuto de
Roma, ratificada por la Argentina en 2003, estipula su aplicación a posteriori
de su ratificación y no a priori, por lo cual todos los presos políticos deben
ser liberados, Han muerto unos 400 presos políticos en prisión, cuyos
derechohabientes jamás fueron reconocidos por los supuestos adalides de los
derechos humanos endógena y exógenamente.
Entre ellos, el Coronel (R) Hugo José Delmé, de 80
años, que falleció el día 12 de abril a las 20 horas, en la celda Nro. 8
-Pabellón "C"- del Instituto Penal Federal UP-34 de Campo de Mayo.
Llevaba más de 10 años soportando la injusta, inconstitucional, ilegítima y
arbitraria privación de su libertad, por una denominada "causa de lesa
humanidad". Pese a su avanzada edad y gravísimos problemas de salud, no
recibía la adecuada atención médica que su estado exigía, y le negaron
sistemáticamente la posibilidad de acceder a la Prisión Domiciliaria. Los
responsables de su muerte -por una afección cardíaca- son los integrantes del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca y los integrantes de la
Cámara de Casación, Sala 2.
¡De facto, los jueces federales y camaristas estarían
siguiendo la guerra revolucionaria por otros medios, transformando la justicia
en venganza, revancha y persecución judicial, ignorando que el derecho positivo
deviene de la Ley Natural, ésta del Decálogo, es decir, de Dios!
A contrario sensu, los presuntos desaparecidos -8.960,
según la Conadep-, que tras el terremoto de México de 1985, muchos aparecieron
por TV, como también en Francia, Italia, España, Escandinaria y hasta en
Australia, reduciéndose en unos 5.000 que fueron indemnizados por Menem (que se
autoindemnizó), mediante la ley 24.411 por u$s 4.000 millones, cabiendo a cada
individuo supuesto desaparecido u$s 250.000 (muchos aparecieron, como el juez
de Instrucción de Morón, Alfredo Meade).
Del mismo modo, como el presidente de la Corte Suprema
de Justicia, Ricardo Lorenzetti, dijo que los enjuiciamientos por sedicentes
violaciones a los derechos humanos es política del Estado, debería reabrir las
causas contra Firmenich, Bonasso, Vaca Narvaja, Perdía, Verbitsky, entre otros,
cuyos crímenes quedaron impunes.
Para pacificar el país, la Justicia debe reinar (y sin
Justicia no hay República), dando a cada uno lo que le corresponde, recordando
que la paz es la tranquilidad en el orden, según San Agustín, para terminar con
la rémora de la guerra revolucionaria, ya que quienes la llevaron a cabo fueron
premiados e indemnizados, mientras los miembros de las Fuerzas Armadas, de
Seguridad y Policiales que nos libraron de desaparecer en la noche oscura de
los tiempos, fueron condenados, como criminales, a muerte, a pesar de que lo
prohíben el Quinto Mandamiento y el artículo 18 de la Constitución Nacional.
