viernes, 7 de septiembre de 2012

CONDENAS



Desde 1983 se dictaron sólo 7 condenas por corrupción


 El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) presentó un informe sobre los procesos judiciales en casos de corrupción cuyos resultados evidencian la necesidad de una reforma procesal penal.

El análisis de 21 causas del fuero federal fue realizado junto con la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (OCDAP) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

En el informe se destaca que el promedio de duración de estos expedientes es de 11 años. También se destaca como hecho relevante que entre el inicio del caso y el procesamiento de algún imputado transcurre un tiempo promedio de más de cuatro años, mientras que para que el caso esté en condiciones de ser llevado a juicio transcurren un poco más de 10 años.

Cecilia Vazquez, coordinadora del Programa de Transparencia del CIPCE, expresó que “las fallas de la justicia federal redundan en privilegios e impunidad que sólo beneficia a los empresarios y políticos involucrados en casos de corrupción”.

El informe demuestra que el promedio de duración de los casos de corrupción demora unos 14 años, y que desde el año 1983 no se han dictado más de siete condenas por delitos de corrupción.

Pedro Biscay, director ejecutivo del CIPCE, expresó: “El ejecutivo y el legislativo deben tomar nota de estas deficiencias e impulsar la reforma federal, es la única vía para poner coto al goce de fortunas obtenidas ilegalmente por empresarios y políticos corruptos, que desde hace años se benefician de estas condiciones de impunidad”.

Sobre el total de 21 causas relevadas, se desprende que el promedio de duración de los expedientes es de 137 meses, es decir, más de 11 años. Aunque un panorama así ya es alarmante, la situación todavía es más grave pues ese promedio está compuesto por 21 expedientes de los cuales sólo 15 llegaron a la etapa de juicio -que es aquella comprendida desde el momento de radicación de la causa en tribunal oral hasta su finalización por cualquier causa-, y de esos 15 la gran mayoría (9) no tuvieron ninguna resolución al momento de finalizar el relevamiento, 3 fueron declaradas prescriptas, 2 por violación al plazo razonable, y en sólo 3 casos en los que se realizó juicio oral o abreviado.

Del relevamiento efectuado, se consideró importante determinar el tiempo transcurrido entre la comisión del hecho y su judicialización, lo cual arrojó un promedio de 40 meses, dato por demás relevante si se toma en consideración que en otro tipo de casos, generalmente hay una inmediatez entre el hecho y su denuncia. Más allá de los motivos que en este tipo dedelitos llevan a superar el promedio habitual, debe tomarse en consideración que, en líneas generales, los primeros momentos posteriores a la comisión de un delito son fundamentales a la hora de efectuar la recolección de elementos probatorios. Cuanto más tiempo pasa, más posibilidades existen de modificar el cuadro probatorio o de que elementos relevantes para la acreditación del hecho desaparezcan.

Urgente 24, 7-9-12