lunes, 30 de septiembre de 2013

GRASSI: LA PUNTA DEL OVILLO





El caso Grassi comenzó cuando denunció penalmente a la empresa HARD COMUNICATION (que administraba los llamados telefónicos y los fondos resultantes del programa de Susana Giménez) de quedarse con el dinero de la Fundación

¿Quien eran los titulares de HARD COMUNICATION?
Corcho Rodríguez y el ex terrorista montonero "Galimberti"

¿Quien fue el Tribunal que inició el proceso?
El Tribunal de MORON, manejado, como todos los abogados sabemos y como bien lo denunció Lanata por el Intendente de Merlo (OTHACEHE) amigo íntimo de "Galimberti" desde sus tiempos de la agrupación TACUARA (matríz de los montoneros) donde compartieron militancia antes de tomar las armas.

¿Quien fue el Juez que llevó adelante el caso en la Instrucción?
El Juez Montonero MEABE, (figura en el Nunca Más como desaparecido), compañero de ruta de Galimberti

¿Quien fue la periodista que mediatizó la causa desde el inicio?
La Montonera MIRIAM LEWIN

¿Quien se sumó a la causa con interés indisimulado por hacerse cargo de la Fundación?
la madre de montoneros y kirchnerista Estela de Carlotto...

¿Quien fue el cómplice útil e interesado?
Clarin y Canal 13 en ese momento aliado del gobierno y hoy obligado a seguir mintiendo en complicidad con sus antiguos socios


Con tantos personajes del mismo Club contra de Grassi ¿Es creíble el proceso en su contra donde no se ha dejado disparate por hacer y donde lo fiscales mostraron una saña y obsesión que jamás muestran con delincuente alguno?

LA DEUDA SIGUE CRECIENDO Y TIENE NUEVOS ACREEDORES



Por ISMAEL BERMÚDEZ

E l proyecto de Presupuesto 2014 estima que en 2013 la deuda pública aumentará en casi $110.000 millones, una cifra equivalente a US$20.000 millones. Y otros US$12.700 millones en 2014.

El aumento del endeudamiento de este año se explica, en gran parte, por el déficit fiscal que ahora se calcula en $46.686 millones pero será aún más alto. Para 2014, el Presupuesto prevé un superávit de $3.579 millones, que seguramente concluirá en un rojo superior al de 2013 y con un endeudamiento también mayor al previsto.

Según el analista Héctor Giuliano, “la totalidad de los vencimientos de capital se refinancia y además se toma más deuda, con el agravante que los desvíos por superación de estas cifras de mayor endeudamiento son cada vez más relevantes en los hechos”. Así, agrega, “en los últimos ejercicios, el aumento real de la deuda fue muy superior a las previsiones presupuestarias originales: en 2011 se previó un aumento del stock de deuda de US$9.400 millones y el incremento real fue de US$14.600 millones. Y en 2012 el aumento previsto era de US$11.700 pero el incremento real fue de US$18.800 millones”.

También señala que dentro de este esquema, “la totalidad de los vencimientos de capital se cubren tomando nuevas deudas, en su gran mayoría deuda intra-Estado, y además se toma deuda adicional, fundamentalmente para cubrir el déficit fiscal, que es fuertemente creciente”. La conclusión de Giuliano es que, en consecuencia, “no es cierto que la Argentina se esté des-endeudando”.

Después del canje de 2005, la deuda pública quedó en US$129.227 millones y a diciembre de 2012 totalizó US$197.464 millones. En otras palabras, el Gobierno fue pagando la deuda de administraciones anteriores y agregó su propio endeudamiento.

Ahora, si al saldo de fines de 2012 de US$197.400 millones se le suma la previsión de aumento para 2013 y 2014, la deuda pública superará los US$260.000 millones, contando los intereses devengados con el Club de París, la deuda que resta cancelar del cupón PBI, lo que se agregue por el nuevo canje y los eventuales pagos por los litigios en el exterior.

En tanto, los intereses de la deuda del sector público en 2014 sumarán $80.322,5 millones (más de US$12.000 millones), con un aumento del 70,4% respecto de lo que se terminará pagando en 2013.

A su vez, el proyecto autoriza el pago de los vencimientos de la deuda de 2014 con reservas internacionales del BCRA por US$9.855 millones. De esta manera, si al actual stock de reservas de US$35.000 millones se le restan encajes y pasivos y los pagos en divisas de 2014, el stock quedaría reducido a menos de US$14.000 millones.

También el Presupuesto 2014 autoriza que el Estado Nacional otorgue avales o garantías por valor de US$37.580 millones.

Estas operaciones tocan a financiamiento de obras de infraestructura y/o equipamiento cuyos principales entes avalados son el Banco Nación Argentina (BNA) por US$7.650 millones para las represas Kirchner y Cepernic (en Santa Cruz), Energía Argentina SA por US$2.000 millones, Nucleoeléctrica S.A. por US$6.000 millones para la Central Atómica Embalse, CAMMESA por US$5.000 millones, BNA para obras de Gas por US$5.500 millones, etcétera.

Circulo vicioso Todo esto lleva a Giuliano a decir que “el círculo vicioso de la deuda pública perpetua – na deuda impagable que determina la refinanciación permanente de las obligaciones y la toma de más deuda– sigue vigente en la Argentina y condiciona totalmente el Presupuesto 2014 enviado por el gobierno Kirchner al Congreso”.

Así las cosas, “y habiendo llegado prácticamente al límite de sus posibilidades de deuda intra-Estado, la administración Kirchner no tendría otro remedio que aplicar el tercer paso de la hoja de ruta Boudou: después de resolver, de la manera que sea, el problema de los holdouts y después de arreglar la deuda externa con los países del Club de París – que estarían interesados en acelerar los tiempos para volver a financiar inversiones de sus empresas en la Argentina– tiene que venir el próximo paso, que es el objetivo del programa trazado desde el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005, con el regreso al mercado internacional de capitales ... para volver a endeudarse en el exterior. Se da, de este modo, la paradoja que después de una supuesta década ganada, el gobierno K se encuentra hoy frente a la encrucijada de tener que resolver con urgencia problemas parecidos a los que existían en la época de su inicio”, concluye Giuliano.


Clarín, ieco, 29-9-13

domingo, 29 de septiembre de 2013

CÓRDOBA: INGRESAN LOS 7 PRIMEROS AGENTES SELECCIONADOS POR CONCURSO PÚBLICO



Luego de una dilación de casi tres meses por la abierta resistencia del gremio de los municipales (Suoem), el viernes pasado el intendente Ramón Mestre firmó los decretos de designación de los siete primeros empleados municipales que ingresarán a la administración a través de concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición.

En paralelo, el secretario General del municipio, Sergio Torres, aseguró que hacia fines de octubre se realizará el llamado para 70 cargos en Salud y antes de fin de año estarán en marcha los concursos para otros 40 cargos en diferentes sectores.

Los siete nuevos agentes seleccionados por concurso comenzarán a ocupar sus cargos de planta transitoria el martes próximo, y serán efectivizados luego de seis meses a prueba. Se trata de un abogado especialista en derecho ambiental, un ingeniero ambiental, un programador, un ingeniero y un técnico en tránsito, un camillero y un facturista en Salud. El concurso que apuntaba a seleccionar un técnico de tránsito discapacitado –en cumplimiento del cupo fijado por ordenanza– fue declarado desierto.

Los concursos públicos y abiertos están previstos en la Carta Orgánica Municipal desde 1995 y nunca se habían llevado a cabo, a pesar de que desde entonces ingresaron a la planta permanente del municipio más de cinco mil agentes.

Los concursos –desarrollados por la Subsecretaría de Capacitación y Formación de Recursos Humanos, a cargo de Laura Sesma, con la asistencia técnica de la Universidad Tecnológica Nacional–comenzaron con 1.720 inscriptos, de los cuales sólo 313 cumplían con los requisitos establecidos. Al momento de rendir el examen, sólo se presentaron 69 postulantes, nueve de los cuales fueron reprobados. Otros 14 fueron eliminados en la evaluación de antecedentes.

Finalmente, quedaron en las listas de orden de mérito 46 postulantes. Los siete que encabezan cada una de las listas son los que comenzarán a trabajar el martes y los demás ingresarán cuando surjan nuevas vacantes en los respectivos sectores.

Ninguno de los 46 seleccionados se desempeña actualmente en el municipio. Pese a que los contratados –son casi tres mil en un total de 10.700 municipales– hubieran tenido puntaje adicional por experiencia en el cargo y buen desempeño, el Suoem les ordenó a sus afiliados no concursar. El reclamo del sindicato es el pase directo a planta permanente, tal como ocurrió hasta ahora.

“Esta gestión no efectivizará a nadie que no haya concursado. Estamos dando muestra de esto en la Justicia de Faltas y será así en cada sector. Confiamos en que el gremio cambie de opinión respecto de los concursos y de las opciones de capacitación que les está ofreciendo el municipio para que los contratados estén en condiciones de participar”, indicó Torres.

El funcionario también recalcó que en breve se pondrá en marcha la capacitación que semanas atrás generó la primera asamblea general del Suoem contra la gestión de Ramón Mestre. Ese polémico curso apunta a capacitar en “Bases y principios de la administración municipal”, contenidos que integran el examen escrito.

La Voz del Interior, 29-9-13

EX PRESIDENTE URIBE RECHAZA DESPENALIZACIÓN DE DROGAS




 Viernes 27 de septiembre de 2013
Xóchitl Alvarez | El Universal



El ex presidente del Colombia, Alvaro Uribe Vélez, se pronunció en contra de la despenalización de la mariguana porque "facilitar el consumo de las drogas no contribuye a la libertad sino a la esclavitud del ser humano", lo que consideró equivocado su homólogo mexicano Vicente Fox en relación a los tiempos.

En su ponencia dentro del tercer World Business Forum, en el Centro Fox, ante nueve ex mandatarios latinoamericanos y 400 hombres de negocios de la región, Uribe privilegió una política de lucha implacable y severa contra el narcotráfico y el distribuidor, de salud pública, educación, eficaz de rehabilitación y no de cárcel al consumidor.

De frente a Vicente Fox, el ex presidente de Colombia consideró que no hay que sentarse en el polo de criminalizar la dosis personal ni en el otro de la legalización.

Planteó tres elementos de una política razonable para atender la problemática de las drogas en este continente:

"Al consumidor y al adicto, hospital, nunca cárcel, siempre rehabilitación; a la sociedad, políticas educativas, de salud y de prevención; pero al narcotraficante, al distribuidor, cárcel severamente".

En el Foro, Uribe destacó que como padre le ha tocado ver todos esos horrores del narcotráfico en Colombia y como presidente dedicó una vida política a combatir los factores de violencia.

"Y lo que veo hoy en Colombia es una gran preocupación de padres de familia y estudiantes por la presión del narcotráfico con una u otra droga de los distribuidores, por una u otra droga sobre los establecimientos educativos", agregó.

En el segundo y último día del foro que reúne a los hombres de negocios de la Asociación de Industriales Latinoamericanos (AILA), Alvaro Uribe señaló se debe pensar en el impacto de las drogas sobre la libertad del ser humano.

Más adelante, enfatizó que "la droga no genera libertad, sino que esclaviza al ser humano porque lo aliena, no le da el beneficio de la libertad, sino que al esclavizarlo, lo convierte en peligroso para el prójimo".

Uribe Vélez dijo que no propone criminalizar la dosis personal de droga, pero tampoco está de acuerdo con la legalización de las drogas suaves, en presencia de sus iguales Vicente Fox (México), Alejandro Toledo(Perú), Eduardo Frei (Chile), Gustavo Noboa (Ecuador), Carlos de Mesa (Bolivia), Marco Vinicio Cerezo(Guatemala), Alfredo Palacio (Ecuador), Jaime Paz Zamora (Bolivia),



LA DESPENALIZACIÓN NO VA A CAMBIAR LA VIOLENCIA POR EL TRÁFICO ILEGAL



Blanca Estela Botello
 La Crónica, 2013-09-28

Roberto Campa, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, de la Secretaría de Gobernación, dijo que a pesar de la despenalización de algunas drogas, como la mariguana, en Estados Unidos, la violencia que se genera en torno al tráfico ilegal de estupefacientes no va a cambiar radicalmente en la región en los próximos años.

Al participar en la mesa de trabajo de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado, del Parlamento Latinoamericano, realizada en el Senado, expresó que “tenemos una frontera de tres mil kilómetros con un país que ofrece muchas ventajas, pero que además, es el principal consumidor de drogas en el mundo y eso implica un tráfico y tránsito permanente de drogas, armas, dinero ilegal y de personas”.

Señaló que  los sistemas policiacos y de justicia fueron diseñados y organizados a partir de una realidad distinta y ahora han mostrado una gran debilidad, y refirió que existen corporaciones policiacas penetradas, en mayor o menor medida, por organizaciones de la delincuencia, además de que hay una estructura de justicia insuficiente y un sistema penitenciario carcelario que tampoco responde a la realidad.


En posterior entrevista, Campa dijo que en México hay un avance importante en combate a la delincuencia, “pero de ninguna manera se puede decir que el asunto esté resuelto”. Aseguró que las condiciones en que arrancó la administración de Peña Nieto “fueron sumamente graves, sumamente delicadas, pero me parce que hay un avance sumamente importante y las cifras muestran claramente ese avance”.

LEGISLADOR CORDOBÉS DENUNCIA QUE NARCOS TIENEN PROTECCIÓN POLÍTICA



Desde hace varios años García Elorrio viene denunciando que en Córdoba los narcos tienen protección política. En una entrevista concedida al diario La Voz del Interior expresó que tomó conciencia del flagelo del narcotráfico simplemente por estar en contacto con los vecinos de barrios cordobeses cuyos jóvenes están devastados por la droga. Por su gran interés, reproducimos la entrevista concedida a La Voz.

–¿Le sorprendieron las irregularidades detectadas en la Policía?
–Estos problemas los detectamos durante la crisis de 2001, cuando, como integrante de la Pastoral Social, recibimos decenas de denuncias de gente desocupada que veía y padecía el incremento del narcotráfico en sus barrios. La misma gente nos decía que el problema estaba en la policía y en la política.
–¿Y cómo lo comprobó?
–Cuando afirmé esto en un medio de comunicación, me mandó una carta documento el entonces gobernador (Juan) Schiaretti, donde me intimaba a dar nombres. Pero antes de esa carta me habló un ministro de Schiaretti y me dijo que tenía que rectificarme. Como le dije que no, me respondió: “Asumirás las consecuencias”.
–¿Ya era legislador?
–¡No! Ni siquiera hacía política. El ministro que me habló me dijo que tenía que rectificarme; que me iban a hablar de una radio para hacerlo. Así sucedió, pero yo me negué y me mandaron la carta documento.
–¿Fue un apriete?
–Totalmente: fue un apriete para que no hablara más.
–¿Quién era ese ministro?
–Massei.
–Juan Carlos Massei fue ministro de Desarrollo Social; no tenía relación con el área seguridad, con drogas. ¿Usted lo conocía?
–Sí, por mi actividad en Portal de Belén. Yo le dije a Massei que me parecía muy cruel que me obligaran a correr los riesgos de denunciar esto cuando la Policía sabía perfectamente quiénes manejaban la droga.
–¿Qué pasó después?
–Me citó una fiscal provincial, la doctora Balestrini, para que diera los nombres. Le dije que no podía darle nombres porque ella no tenía competencia en la cuestión drogas, que era sólo de jurisdicción federal. Un año después reiteré lo que había dicho y entonces me llegó la citación de una fiscalía Federal. Allí mencioné, con nombre y apellido, a la banda más grande del tráfico local.
–¿Cuál es?
–La banda de barrio Maldonado, que ahora se dividió.
–¿Esa banda tenía protección política?
–Mucha protección política.
–¿De quién?
–Se daba la casualidad –quiero pensar que era una casualidad–, que un chico de nombre Elio Juncos, fue tomado durante un allanamiento; el chico salió rápido del lugar en cuestión, y cuando la Policía lo interceptó tenía 63 mil pesos en cambio chico. Ese muchacho, al que le contaron el dinero y lo dejaron ir, era –es– hijo de la entonces subdirectora de Derechos Humanos de la Provincia, Liliana Juncos.
–¿La exlegisladora?
–Sí. A mí me preocupó mucho porque ese chico vivía con la madre, y estaba en eso.
–¿Quedó detenido?
–No. Ni siquiera se lo investigó por los 63 mil pesos.
–¿Cuándo fue eso?
–En 2008.
–¿Por eso usted dice que hay protección política?
–Yo digo que en Córdoba hay protección política para los narcos por eso, y porque a los días nos enteramos que Juncos compartía una actividad solidaria con una mujer de apellido Gramajo, una actividad financiada por el Gobierno. El hijo de esta mujer fue detenido con 17 kilos de pasta base y fue condenado. La señora Gramajo trabaja en la Legislatura.
–¿Trabaja en el bloque oficialista?
–Tengo entendido que sí. Además, cuando esta señora Juncos era funcionaria de Derechos Humanos estaba a cargo de algunos programas carcelarios, y tenía mucha injerencia sobre las cárceles.
–Pero eso no basta para probar una conexión narco.
–Si algo me faltaba para corroborarlo, me tocó defender a un chico de 14 años, acusado de haber ahorcado a una nenita, en frente de la casa de Liliana Juncos. Los padres del chico me pidieron que lo defienda y yo no sabía si era inocente o no. Pero me convencí cuando vi las cosas que hacían en la causa algunos policías de la División Homicidios. Pusieron de testigos a narcos vinculados con Juncos para demostrar que lo habían visto al chico salir del local. Cuando identificamos a un sospechoso, con un sobrenombre que prefiero mantener en reserva, le pedimos a la Policía que lo detuviera, y me trajeron a un chico con el mismo apodo, pero “trucho”, falso, para confundir la investigación. Después saltó todo cuando un narco se asustó y declaró que había varios testimonios falsos.
–¿Se esclareció el caso?
–Ese crimen no se esclarecerá hasta que no se intervenga a la Policía. En la fuerza hay un montón de gente honrada, seria, responsable, pero lo que sucede en Drogas Peligrosas también se repite en Protección de las Personas, en Homicidios.
–¿Usted sabía de Viarnes?
–Hace algunos años me llegaron mails anónimos con información sobre agentes de servicios de inteligencia del Ejército que podían estar relacionados con el monitoreo del paso de la droga grande que va a Europa. A alguien le interesaba tener “topos” en las policías provinciales para controlar el paso de la droga.
–¿Por qué pasa por aquí la droga que va hacia Europa?
–Porque la DEA tiene radarizado hasta el sur de Perú y Brasil. Más abajo, no hay controles. Santiago del Estero se ha convertido en una pista de aterrizaje. Y por aquí pasan 70 mil kilos de cocaína por año.
–¿Cómo es la ruta?
–Colombia-Santiago del Estero, vía aérea. Desde Santiago baja por las rutas 38 o 60, y en Córdoba se divide en dos: una parte va por el Pacífico y la otra por el Atlántico. Esa droga se compra en Colombia a 1.700 dólares el kilo, y se pone en un puerto español a 50 mil dólares el kilo. El traslado lo hace un grupo italiano conocido como “Ndrangheta”.
–¿Alguna autoridad política o policial cordobesa recibe dinero para permitir esto?
–Yo no lo vi, pero si pasan 70 mil kilos de cocaína por año, como dice la Embajada de Estados Unidos, alguien, en alguna dependencia estatal, lo está monitoreando.
–¿Qué dice de la investigación de Senestrari?
–Si va hasta el hueso y no se queda en las falencias de la Policía local, no descarto que encuentre probables vínculos de algunos operadores políticos provinciales y nacionales que trabajan juntos.

ArgentinosAlerta.org, 24 Septiembre, 2013



POLICÍA MUNICIPAL Y AUTONOMÍA


Ver en:

www.mario-meneghini.blogspot.com.ar/2013/09/policia-municipal-y-autonomia.html

sábado, 28 de septiembre de 2013

EN CÓRDOBA, HAY UN ESPECIALISTA MUNICIPAL PARA CONTROL DE 10.000 ASCENSORES




Según datos de la Cámara de Ascensores de Córdoba (CAC), existen unos 10 mil equipos instalados en la actualidad en la ciudad de Córdoba. Y pese a que las empresas que fabrican e instalan elevadores se rigen por normas de seguridad establecidas en distintas ordenanzas municipales (10.950/05 y 10.740/04), la cámara advierte sobre el número insuficiente de inspectores para habilitación y control de semejante cantidad de aparatos.

La Dirección de Obras Privadas y Uso del suelo de la Municipalidad de Córdoba tiene entre sus funciones la de otorgar habilitación, verificar y controlar el cumplimiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones. Pero los inspectores del área pasaron de seis, una década atrás, a una sola persona en la actualidad. “Para el tema ascensores hay una inspectora y una administrativa”, dijeron desde el área de Obras Privadas.

La revisión "oficial" pasa hoy principalmente por el área de Control y Fiscalización del Municipio, dependiente de Higiene y Seguridad, pero forma parte de una rutina de control integral de los edificios, que no hace hincapié en las cuestiones técnicas de los ascensores.



Natalia García
La Voz del Interior
Jueves 26 de Septiembre de 2013





AJUSTE NARCO MORTAL EN BARRIO COLONIA LOLA (CÓRDOBA)



Por Juan Federico



En otro violento ajuste de cuentas ocurrido en la ciudad de Córdoba, un hombre de 36 años murió en las últimas horas
tras recibir dos disparos de escopeta en la puerta de su casa de barrio Colonia Lola. Aunque
la investigación no ha podido dar con los autores del ataque, la principal hipótesis hasta anoche daba cuenta de que se trató de un ajuste de cuentas rela­cionado con el narcotráfico, según advirtieron fuentes de la causa.

De acuerdo a la información oficial brindada ayer por la Policía, minutos después de las 22 del jueves, en un auto particular, Claudio Miguel Ferreyra (36) fue llevado malherido hacia la guardia del Hospital de Urgencias, donde llegó ya sin vida. Había recibido un balazo a la altura del abdomen, en el ingreso de su domicilio ubicado en la intersección de las calles López y Planes y José Aycardo. Además de la herida de arma de fuego, presentaba fractura de mandíbula.

La investigación del homi­cidio recayó en la fiscalía de Distrito 2 Turno 1, a cargo de Adriana Abad, que giró parte de la causa hacia el fuero provincial antidrogas, fiscalía de Marcelo Fenoll, ya que entre las ropas de la víctima los forenses hallaron una sustancia compatible con el clorhidrato de cocaína (se trataría de pequeñas dosis).

En tanto, fuentes policiales abocadas al caso, señalaron que minutos después de las 22 –según la reconstrucción realizada a partir de los primeros testimonios recolectados al conocerse el deceso de Ferreyra– llegaron por lo menos dos perso­nas hasta el domicilio del hombre. Tras llamar a la puerta, Ferreyra se asomó y se habría producido una breve discusión, tras la cual cayó malherido con una herida en el abdomen.

Además, presentaba una fractura de mandíbula. En un primer momento no estaba claro para los investigadores si se había tratado de una trompada, o si fue producto de la caída tras recibir el primer disparo o si se trababa de otra herida de arma de fuego.

Para ello, tanto desde la ­Fiscalía como en la división Homicidios, aguardaban los resultados del protocolo de ­autopsia. El informe de los ­forenses terminó confirmando que Ferreyra había recibido dos proyectiles de una escopeta, uno en el rostro y otro en el abdomen. “El escopetazo en la cara lo desfiguró”, dijo una de las fuentes.

De acuerdo a los informantes, Ferreyra tenía antecedentes penales por delitos contra la propiedad y, también, por la ley nacional de estupefacientes.

Tras la detonación, los atacantes huyeron de la zona en un auto, cuya descripción ya tienen los detectives. Un hermano de Ferreyra se asomó, y lo encontró desvanecido en la vereda. Lo cargó en un vehículo y rápido lo llevaron hacia
el Urgencias, pero llegó sin vida. “Se trataría de un problema por drogas, de una ‘mejicaneada’ –como se le llama en el argot delictivo a los robos entre delincuentes de objetos robados o de sustancias ilegales–”, agregó una fuente.

Según advirtió otro informante, los atacantes “fueron directamente a ejecutar” a Ferreyra. Se sospecha que los matadores serían de la misma zona de la ciudad.

Trasfondo
De los 103 homicidios anotados en lo que van del año en la provincia, 38 están relacionados con episodios de violencia urbana (ajustes de cuenta, riñas, enfrentamientos entre barras, venganzas), en los que la víctima conocía a su victimario. Se trata de la principal causa de muerte violenta en Córdoba.

De estos casos, 25 ocurrieron en la Capital provincial, la jurisdicción con mas asesinatos. Según surge de un relevamiento propio de La Voz del Interior , 19 de estos 25 crímenes tuvieron como escenario un barrio de clase media-baja y baja, y en todos aparece la droga como trasfondo.

La problemática “narco” puede advertirse como la causa última de un ajuste de cuentas, además de un componente
más de una lucha territorial o bien la droga como sustancia de consumo de quien dispara o apuñala.


La Voz del Interior, 28-9-13

EL MITO DE LOS 30.000 DESAPARECIDOS


 Agustín Laje

En virtud del muy recomendable último libro de Ceferino Reato ¡Viva la sangre! y, particularmente, de su última columna en La Nación titulada “Hablan de 30.000 desaparecidos y saben que es falso”, podemos advertir la decadencia de un relato setentista que está muriendo de la mano de su moribundo progenitor: el kirchnerismo.

En efecto, los datos que expone Reato son muy ciertos, pero no por eso nuevos. En mi libro Los mitos setentistas (2011) ya había efectuado yo un análisis exhaustivo de la última versión del libro Nunca Más y sus respectivos anexos, mientras que en el libro La otra parte de la verdad (2004) y La mentira oficial (2006) de Nicolás Márquez ya se había desmenuzado la primera versión del trabajo publicado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Pero en esos años, hablar de la mentira de los 30.000 desaparecidos era incinerarse por completo. La herejía se pagaba caro. Y contradecir los postulados del dogma setentista era un verdadero acto de herejía política que muy pocos estábamos dispuestos a cometer.

Eso hoy parece haber cambiado o, al menos, estar cambiando. De ahí la importancia de que un periodista con tanta llegada masiva como Ceferino Reato publicite esta verdad, por polémica que resulte. Y en virtud de esta nueva discusión que suscita el tema de marras, es que me gustaría repasar algunos datos relevantes de la investigación que publiqué hace dos años, que según creo agrega datos y argumentos importantes a la definitiva destrucción de un banderín político que ha hecho del dolor legítimo un frívolo slogan estadístico de uso político, ideológico y económico.

Los primeros datos oficiales que produjo el Estado argentino fueron los resultados de la ya mencionada CONADEP, creada por el Presidente Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983 a través del decreto 187/83, con el objeto de revisar el accionar de las Fuerzas Armadas en la guerra de los ’70, recolectando denuncias de casos de desapariciones acaecidas durante el gobierno cívico-militar. Un feroz choque interno en la Asociación Madres de Plaza de Mayo provocó la posición que adoptó al respecto su afamada dirigente, Hebe de Bonafini, quien se opuso al trabajo de la CONADEP y pretendió imponer al resto de las madres que integraban la organización que no prestaran su testimonio a la comisión alfonsinista. Para muchas de ellas fue el colmo del autoritarismo y pocos meses después se escindirían en la llamada “Línea Fundadora” de las Madres. Pero Hebe quedaría sumamente resentida con el equipo que lideraba Ernesto Sábato, puesto que ella en algún momento pretendió que el gobierno de Alfonsín nombrara a las Madres como las encargadas de llevar adelante la investigación.

En este contexto nace precisamente el slogan de los 30.000 desaparecidos, una invención sin respaldo documental de ningún tipo, que la propia Hebe supo instalar en la opinión pública a los efectos de contrariar los resultados de la denostada CONADEP y de practicar su deporte favorito: hacerse notar frente a la prensa. Sergio Schoklender, su ex hijo adoptivo, ha confirmado lo antedicho en su último libro Sueños Postergados: “Hebe era la gran mentirosa de unas mentiras necesarias. (…) Cuando la CONADEP dijo que había verificado nueve mil desapariciones (…) Hebe salió a decir que eran treinta mil y a repetirlo una y otra vez hasta que, de tanto decirlo, así quedó. Un solo desaparecido es una tragedia, pero nunca fueron treinta mil, eso fue un invento de ella”.

En rigor de verdad, la CONADEP contabilizó 8.961 desaparecidos que, tal como quedaría claro al poco tiempo, resultaban verdaderamente dudosos. Y tanto fue así, que las autoridades de la editorial Eudeba de inmediato quitaron de circulación el anexo -de casi 500 páginas- que incluía el listado, caso por caso. Pero una primera revisión de aquel primer anexo, nos mostraría en primer término que de los 8.961 desaparecidos contabilizados, solamente 4.905 llevan datos personales, como por ejemplo números de documentos de identidad, siendo casi la mitad sobrenombres, apodos e indocumentados. 

Una segunda revisión, más puntillosa, nos llevaría a detectar nombres de personas públicas que actualmente están con vida y nadie podría dudar de ello, como:
 la Dra. Carmen Argibay (legajo 00299, actual miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación); 
Dr. Esteban Justo Righi (legajo 04320, ex Procurador General de la Nación); 
Dr. Alfredo Humberto Meade (legajo 03276, Juez de Garantías Nº 4 de Morón); 
Juan Carlos Pellita (legajo 1900, intendente de General Lamadrid); 
Alicia Raquel D´Ambra (legajo 01335, kirchnerista concurrente de los actos en la ex ESMA); 
Jorge Osvaldo Paladino y Adriana Chamorro de Corro (legajos 8963 y 8770 respectivamente, funcionarios kirchneristas de la ex ESMA); 
Alicia Palmero (legajo 27992, columnista de la revista Tantas Voces, Tantas Vidas); 
Ana María Testa (figura dos veces en el anexo, con los legajos 9234 y 6561, pero fue testigo en la causa contra el oficial de la Marina Ricardo Cavallo y, además, fue entrevistada por la periodista Viviana Gorbato en su libro Montoneros. Soldados de Menem. ¿Soldados de Duhalde?);

Rafael Daniel Najmanovich (legajo 3565, se conoció su paradero cuando resultó víctima en Israel de un atentado terrorista palestino el 22/2/04), entre otros muchos casos que incluyen a 136 personas que aparecieron en 1985 como víctimas del terremoto que sacudió en ese año el D.F. de México.

Andando los años, y ya durante la gestión kirchnerista, el listado fue “revisado” y “depurado” por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, manejada a la sazón por Eduardo Luís Duhalde y Rodolfo Mattarollo, ambos vinculados no sólo a las organizaciones guerrilleras de los `70, sino también al Movimiento Todos por la Patria que lideró Enrique Gorriarán Merlo y que atentó contra La Tablada en 1989.

El nuevo anexo que se lanzó al mercado contabiliza un total de 7.158 desaparecidos (los correspondientes al Proceso, en rigor, según el listado, son 6.447). 
Empero, numerosas irregularidades continúan abultando los guarismos. A modo de ejemplo, hay 873 casos en los que tan sólo figura un nombre, sin indicar siquiera el correspondiente número de documento de identidad. ¿Sería lógico pensar que luego de un cuarto de siglo, a pesar de la permanente propaganda y los beneficios económicos que se han otorgado a los familiares, ningún pariente de aquellas 873 personas se habría tomado la molestia de acercarse a tramitar una denuncia?

Pero las irregularidades son todavía más numerosas y escandalosas. El nuevo listado de desaparecidos es abultado por nombres de ex guerrilleros asesinados por sus propios compañeros, tal el caso del terrorista montonero Fernando Haymal, asesinado en Córdoba por su propia organización luego de realizársele un “juicio revolucionario”. El caso fue admitido por los propios guerrilleros en su revista Evita Montonera (Nº 8, p. 21), cubierto por periodistas del diario La Voz del Interior (3/9/1975) y mencionado por la Cámara Nacional de Apelaciones que juzgó a las Juntas Militares en la Causa 13. ¿La Secretaría de Derechos Humanos acaso no lo sabía? ¿O faltó a la verdad al único efecto de agigantar los guarismos? 

Como quiera que sea, este caso tiene un agravante más: Haymal figura también entre los listados del REDEFA (Registro de Fallecidos de la ley 24.411), con lo cual todo indica que su familia percibió la abultada indemnización estatal prevista por esa normativa para “toda persona que hubiese fallecido como consecuencia del accionar de las fuerzas armadas, [o] de seguridad […] con anterioridad al 10 de diciembre de 1983”. El problema es que Haymal no fue abatido por las fuerzas legales, sino ejecutado a sangre fría por sus propios compañeros.

Por otro lado, existen también casos de terroristas que probadamente se suicidaron con la reglamentaria pastilla de cianuro al encontrarse cercados por las fuerzas legales, y sin embargo tienen también su lugar en el listado de supuestos abatidos por las Fuerzas Armadas. Así pues, el guerrillero Francisco “Paco” Urondo, Carlos Andrés Goldenberg y Alberto Molinas Benuzzi inexplicablemente engrosan las cifras del nuevo informe.

Finalmente, otra irregularidad en la que incurre el listado “depurado” consiste en agigantar los dígitos contabilizando a terroristas que fueron abatidos en el marco de enfrentamientos con las fuerzas del orden. A modo de ejemplo, de los 16 terroristas caídos en el ataque al Regimiento de Monte 29 de Infantería, el 5 de octubre de 1975 en Formosa, cinco de ellos inaceptablemente figuran en el nuevo Nunca Más, cuando en rigor de verdad, fueron de inmediato identificados por la Policía Federal. 

Caso similar constituye el de los guerrilleros muertos en el ataque al cuartel de Monte Chingolo, también en 1975: de los sesenta abatidos, cinco abultan los números del nuevo informe. Por su parte, el terrorista erpiano Hugo Irurzun, muerto no en nuestro país ni por nuestras Fuerzas Armadas, sino que en Paraguay y por la policía paraguaya, también plasma su nombre en el oprobioso listado. 

Los casos de guerrilleros caídos en enfrentamientos armados que ensanchan los falaces guarismos resultan incontables, y podríamos seguir nombrando por ejemplo a Arturo Lewinger, Juan Martín Jáuregui, entre otros muchos. Pero no pretendemos abrumar al lector detallando la casuística, sino simplemente ilustrar la verdadera estafa que se ha hecho del delicado tema de los desaparecidos.

Aclaremos que no sólo la CONADEP y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación han ejecutado investigaciones cuantitativas, sino que otras entidades (curiosamente casi todas de izquierda) también efectuaron sus propios listados, aunque todos con un denominador común: ninguno se acerca siquiera al 30% de los promocionados 30.000. 
En rigor, ya en los años `80 la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos tenía datos sobre 6000 personas desaparecidas. 

Según Amnistía Internacional, la cantidad no superaba los 4000, mientras que la OEA hablaba de 5000. Por esa fecha la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su visita al país, recogió denuncias por 5.580 casos. Tiempo más tarde, la organización europea Fahrenheit lanzó su informe que contabilizaba 6.936 desaparecidos en gobierno cívico-militar. 

A estos datos deberíamos adicionar los revelados recientemente por la ex miembro de la CONADEP Graciela Fernández Meijide, quien afirmó que había 7.954 desaparecidos y se preguntaba: “¿Con qué derecho [se habla de 30.000 desaparecidos] cuando había un conteo de 9000? ¿Porque es un símbolo? Están los mitos, pero quien hace historia tiene responsabilidad política. Debe decir la verdad”. 

Por su parte, en el denominado “Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado” inaugurado por el kirchnerismo el 7 de noviembre de 2007 en la costanera porteña, se exhiben menos de 9.000 placas grabadas con el nombre de desaparecidos, pero otra vez los guarismos son abultados con los nombres de guerrilleros muertos en combate (como Fernando Abal Medina y Carlos Ramus, o también ocho de los guerrilleros que participaron del ataque al Regimiento de Monte 29 en Formosa, entre otros muchos) e incluso asesinados por sus propios compañeros (como el citado Fernando Haymal). 

Cabe señalar que el monumento en cuestión consta de 30.000 placas, aunque más de 21.000 se encuentran en blanco (¿?), lo que ya no constituye un bochornoso ridículo, sino más bien, una descarada tomada de pelo.

Una fuente no menor para continuar probando la falsedad del mito de los 30.000 la constituye el REDEFA (Registro de Fallecidos de la ley 24.411). En efecto, allí se maneja el listado de desaparecidos y abatidos por las fuerzas legales en el marco de la guerra contra el terrorismo, cuyos familiares accedieron a la indemnización que, según datos de marzo de 2010, llegaba a $620.919. 

Desde diciembre de 1994 (cuando fue promulgada la ley) hasta abril de 2010, según los datos que surgen de este registro, el beneficio de marras fue otorgado a los herederos de 7.500 desaparecidos y guerrilleros muertos en combate. Con tanto dinero de por medio para los familiares de los guerrilleros, sería disparatado pensar que luego de diecinueve años de promovida la indemnización, restaran todavía 22.500 casos por denunciar. Empero, la cifra de 7.500 tampoco sería del todo acertada, ya que engloba tanto a desaparecidos como a muertos en combate, que claramente no son lo mismo.

Pues bien, no demos más importancia a lo que ya es sabido y digámoslo de una buena vez y para siempre: los “30.000″ son una descarada e interesada ficción impuesta en base a la reiteración sistemática, y no en la demostración documental. 

Esto no implica convalidar una metodología aberrante e indefendible que, dicho sea de paso, se diseñó y se implementó no a partir del 24 de marzo de 1976, sino mucho antes, durante el gobierno constitucional peronista anterior. Pero si “30.000 o uno solo es lo mismo”, como suelen alegar los autodenominados “defensores de los derechos humanos” cuando esta realidad se les enrostra, deberíamos responderles: si es lo mismo, ¿entonces por qué no prueban diciendo la verdad?

Agustín Laje


La Prensa Popular

OTROS DOS CASOS DE ECOLOGISMO


A la entrada de ayer en este blog, agregamos otros dos ejemplos claros de ecologismo. En el primer caso, argentinos fueron detenidos en Rusia por pretender abordar un buque. En el otro, personas que en su mayoría no son vecinos de la ciudad donde se está construyendo una planta de Monsanto, insisten en que se detenga la obra, aunque exista un fallo del Tribunal Superior de Justicia que la autoriza, y aunque perjudique a los obreros que trabajan en ese lugar.



Apelan encarcelamiento de activistas argentinos

Por Agencias AP y DyN

La organización ambientalista Greenpeace presentó un recurso de apelación para que se revoque la prisión preventiva dictada por un tribunal ruso contra 30 activistas, entre ellos dos argentinos, que permanecen detenidos en ese país tras una protesta en el Ártico.

Camila Speziale y Hernán Pérez Orzi fueron detenidos junto a otros 28 activistas de la organización, que también recibieron la prisión preventiva, tras intentar abordar una plataforma petrolera en el Ártico, propiedad de la compañía estatal rusa Gazprom.

El director ejecutivo de Greenpeace en Argentina, Martín Prieto, dijo que la organización “impuso un recurso de apelación para que se revoque la prisión preventiva para investigar el delito de piratería” de los activistas.

Greenpeace informó en un comunicado que los 30 ambientalistas escucharon la resolución del tribunal de Murmansk sin traductores adecuados y sostuvo que “22 permanecerán en custodia por dos meses mientras se lleva a cabo una investigación sobre supuestos cargos de piratería, mientras que el resto será retenido por tres días más para enfrentar una nueva audiencia”.

El delito de piratería prevé una condena de hasta 15 años de cárcel y una multa de unos 15.500 dólares.

El director ejecutivo de Greenpeace Internacional, Kumi Naidoo, afirmó que “estas detenciones son como la industria de petróleo rusa, una reliquia de una época pasada”. “Los 30 están en prisión por llamar la atención sobre la imprudencia de empresas como Shell y Gazprom”, agregó.

“El Ártico se derrite frente a nuestros ojos y nuestros activistas se mantienen en defensa de aquellos que quieren aprovecharse de esta crisis para perforar por más petróleo”, manifestó Naidoo.

Margarita Malig, esposa del activista argentino detenido, expresó que “en ningún momento” imaginó que su marido podía ser detenido por las acciones ecologistas y dijo que realiza trámites para viajar a Rusia junto a su hija de un año.

En declaraciones al canal Todo Noticias (TN), la mujer explicó que “la idea es que no estén en una cárcel, sino en algún tipo de residencia”.

Ayer se registraron marchas en diferentes ciudades, entre ellas Buenos Aires, frente a sedes de embajadas de Rusia para pedir la liberación de los activistas. A su vez, Greenpeace anunció una jornada mundial de protestas para hoy.

La Voz del Interior, 28-9-13
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Tensión por el bloqueo a Monsanto en Malvinas

Por Lucía Guadagno

Horas de tensión se vivieron ayer frente al predio donde Monsanto construye una planta de semillas, sobre la ruta A88, en Malvinas Argentinas. Numerosos agentes policiales, incluida la Infantería y el grupo Eter, se desplegaron en la mañana para garantizar el ingreso de camiones a la construcción, después de una semana de bloqueo por parte de manifestantes que se oponen a la instalación de la multinacional.

Sin embargo, ningún camión entró. Según explicó el comisario mayor Mario Tornavaca, a pesar de que la Policía expresó a los conductores que les habilitarían el ingreso, estos prefirieron no exponer sus vehículos ante la resistencia de los asambleístas.

Anoche, el delegado obrero de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Ariel Gutiérrez, dijo a este diario que nueve trabajadores habían recibido telegramas de despido y que otros 20 telegramas ya habían sido enviados. Agregó que, de no ingresar materiales, la semana que viene se irían cinco empresas contratistas, lo que afectaría la fuente laboral de entre 40 y 50 obreros.

Ante esta situación, vecinos de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, que realizan el bloqueo junto con las Madres de Barrio Ituzaingó anexo y varias organizaciones sociales y políticas de izquierda, sostuvieron que la responsabilidad del conflicto es de los gobiernos provincial y municipal. “Ellos permitieron que esta planta se construya sin que se cumpla la Ley General del Ambiente, y ahora nos quieren trasladar la responsabilidad a nosotros”, sostuvo Martín Carranza, integrante de la asamblea.

El jueves por la mañana, un grupo de obreros liderados por delegados de la Uocra corrieron a los asambleístas del ingreso principal al predio. Esa entrada, junto con otras dos, estaban siendo bloqueadas desde el miércoles pasado por los manifestantes. Sólo dejaban entrar a los trabajadores, pero no a los camiones.

Después de ese desalojo, que no fue ordenando por ningún fiscal pero que fue concretado de hecho los obreros y el sindicato, la Policía instaló un vallado en el ingreso, que hasta anoche estaba custodiado por efectivos de seguridad.

En tanto, los asambleístas permanecían también en el lugar, distribuidos en una decena de carpas.

Conflicto
Los manifestantes reclaman que la municipalidad de Malvinas Argentinas cumpla con la Ley General del Ambiente, N° 25.675, que obliga a que la empresa presente un estudio de impacto ambiental completo previo a la construcción de la obra, algo que no se le exigió a Monsanto. Tampoco cumplió con la instancia de participación ciudadana que prevé esa ley nacional; ante ello los manifestantes exigen al intendente Daniel Arzani que realice una consulta popular.

La construcción fue suspendida en febrero pasado por la Sala 2ª de la Cámara del Trabajo, pero fue luego habilitada en abril por el Tribunal Superior de Justicia, que consideró que para este caso no debe aplicarse la Ley General del Ambiente sino leyes provinciales.

El lunes, asamblea de la Uocra
Reclamo. La Uocra informó que el próximo lunes realizará una asamblea a las 8, en el predio. “No queremos enfrentarnos con los manifestantes. Ellos tienen derecho a protestar, pero nosotros, derecho a trabajar”, dijo Luis Gutierrez, secretario adjunto del gremio. “Por eso queremos que la Justicia actúe para garantizar la fuente laboral”. En la obra trabajan unos 170 hombres.

La Voz del Interior, 28-9-13