Claudio Izaguirre
Presidente de la Asociación Antidrogas
Los grupos de
‘reducción del daño’ en la
Argentina -liderados por la ONG Intercambios-
vienen enseñando, a través de su folletería, cómo consumir drogas y sufrir el
menor posible perjuicio.
Los grupos de
‘reducción del daño’ en la
Argentina -liderados por la ONG Intercambios-
vienen enseñando, a través de su folletería, cómo consumir drogas y sufrir el
menor posible perjuicio. Sin embargo, en opinión de la comunidad médica esto se
traduce en una utopía, dado que el consumidor siempre demandará mayores dosis
para experimentar idéntico efecto, en tanto el daño cerebral se torna
ineludible.
Resumiremos, a
continuación, los postulados que los grupos de ‘reducción del daño’ pretenden
imponer en nuestro país.
Los citados demandan
que, desde el Honorable Congreso de la Nación , se despenalice por completo la tenencia
de drogas, dejando en manos de las fuerzas de seguridad la distinción entre un
adicto y un vendedor. Hasta la instancia actual, la responsabilidad de realizar
esta distinción -criterio jurídico mediante- correspondía a los magistrados.
Estos grupos y
organizaciones persiguen la eliminación definitiva de las medidas de seguridad
curativa y educativa, lo cual ha permitido a los integrantes del Poder Judicial
enviar a tratamiento a los afectados, asumiendo esas costas el Estado Nacional.
A partir de esta idea, el adicto no llega a obtener los beneficios de una beca
para tratamiento, con lo cual estará condenado a fallecer a manos de su
adicción: no le es posible contar con los 6 mil pesos surgidos del costo del
tratamiento mensual durante un año y medio de internación.
Los ‘reductores del
daño’ buscan abierta y desesperadamente despenalizar el cultivo de marihuana.
Factor que dará lugar a la proliferación irrestricta de vendedores de cannabis
a lo largo y ancho de la
República , teniendo en cuenta la inexistencia en las
provincias de espacios gratuitos de tratamiento para los adictos a drogas; el
resultado se traducirá en una multiplicación de la cantidad de consumidores y
una menor cantidad de efectores de salud.
Asimismo, se han
propuesto como meta atenuar la escala penal para los pequeños actores de la
cadena del tráfico, y modificar el Código Aduanero con el fin de atenuar la
escala penal por contrabando para las llamadas ‘mulas’. Lo cual devolverá como
resultado no solo la inmediata excarcelación de los traficantes de drogas sino
que, además, asegura el regreso a sus ‘puntos de venta’, sin mayores
inconvenientes (ni persecución policial o judicial futura).
Buscan crear un
Programa Nacional de Atención Integral para Usuarios de Drogas. El programa de
atención a adictos fue creado hace más de tres décadas; ahora, pretenden
inculcar que solo es una persona adicta aquella que se encuentre en la tercera
etapa de la enfermedad, es decir, cuando su estado mental y físico lo depositan
en una situación de franca irrecuperabilidad.
Los reductores
persiguen priorizar los tratamientos ambulatorios y los distintos dispositivos
alternativos a la internación. Ello implica que la mayoría de los individuos
que exhiban problemas de adicción tendrán vedada la internación, variable que
da lugar a la terminación inmediata del consumo de sustancias. Finalmente, el
resultado de las políticas promocionadas por los ‘reductores del daño’ será que
los brotes psicóticos -síntoma común en adictos- se convertirán en un problema
a enfrentar por la propia familia del adicto/enfermo, poniendo en riesgo y verificable
permanente al núcleo familiar del afectado.
Las ONG aquí
descriptas buscan garantizar que los dispositivos de atención a usuarios de
drogas estén basados en fundamentos científicos y ajustados a principios éticos
(Ley 26.657, Artículo 7C). Estos ‘fundamentos científicos’ en los que han
edificado la Ley
de Salud Mental se basan -ni más ni menos- en la protección del derecho que
cada individuo tiene a drogarse y en el ‘hostigamiento’ a la familia del
afectado para que soporte en su seno al enajenado.
Los grupos buscan
incluir las estrategias de reducción de daños en las políticas de atención
integral a usuarios de drogas. Las políticas de ‘reducción de daño’ no ocultan
su regla comunicacional: enseñar a los jóvenes que el uso de drogas es algo
natural y que determinadas precauciones les permitirán disfrutarlas sin mayores
inconvenientes.
Los grupos reductores
buscan que se respete el ‘derecho’ de todo individuo que usa drogas a elegir el
momento y el tipo de dispositivo de atención. La realidad remite a otro
escenario, completamente diferente: quienes estudiamos el tema desde hace años
-junto a las familias que conocen la desgracia de convivir con un adicto-
sabemos que el consumidor de sustancias se encuentra abiertamente incapacitado
para elegir en propio beneficio, lo que traerá como consecuencia que solo sea
atendido cuando su desequilibrio le niegue -ya en forma permanente- la
capacidad de razonar.
Los reductores buscan
facilitar el acceso irrestricto a la atención de la salud de las personas
privadas de libertad con consumo problemático de drogas. De esta manera -y solo
para citar un ejemplo-, el delincuente que consume será llevado a tratamientos
ambulatorios con consecuencias impredecibles; no le corresponderá condena
alguna.
Los reductores
persiguen fortalecer los mecanismos de control estatal de los servicios
destinados a usuarios de drogas. Bajo el paraguas de la Ley de Salud Mental -propuesta
por legisladores del Frente Para la
Victoria en el Congreso de la Nación- lograrán clausurar
todos los centros de rehabilitación de índole privados y la totalidad de los
espacios de atención que funcionan con fondos públicos, dejando como espacios
únicos los centros de “Reducción de Daño”: estos funcionarán en los nosocomios
públicos, cuyo personal estará forzado a tratar a los individuos que sufren de
graves consecuencias por consumir estupefacientes.
Instancia en la que es
menester tener presente que los hospitales públicos no disponen de la capacidad
para atender enfermedades crónicas, particularmente si éstas se condicen con la
complejidad requeridas para el tratamiento del alcoholismo o la
drogodependencia.
Los ‘reductores del
daño’ buscan formalizar mecanismos de participación social en el diseño de
políticas y programas de atención. Debe tenerse presente que los grupos
mencionados entienden a la internación compulsiva como “secuestro”, y así lo
han expresado en la Ley
de Salud Mental. Califican a las comunidades terapéuticas de “campos de
concentración”, y a la enfermedad de la adicción como un estilo de vida.
Conforme así lo han
reportado numerosos estudios científicos en todo el globo, las drogas exhiben
la capacidad de anular la parte frontal del cerebro humano -porción que regula
la inhibición del comportamiento instintivo-. La enfermedad de la adicción se
caracteriza por un lapso de diez años, a partir del primer consumo, y hasta el
momento en que la persona toma conciencia de su problemática; durante ese
período, el abordaje terapéutico permite que la persona -mucho antes de cumplir
este ciclo fatal- pueda abandonar las drogas y construir una vida feliz y útil.
Los grupos de “Reducción de Daño”, al presentar la adicción no como una
enfermedad sino como un estilo de vida elegido por el “usuario”, desencadena con
mayor furia el consumo de drogas: se pone en peligro no solo al afectado, sino
a su familia, en tanto se le restringe la posibilidad de ingresar al sistema de
salud.
A esto se resume el
accionar de los grupos de “Reducción de Daño”: el trabajo de estas organizaciones
remite a una maquinaria perversa que oficia de creadora y ‘recreadora’ de
adictos. Su ámbito de influencia se extiende a toda Latinoamérica -bajo la
promoción económica del polémico financista internacional George Soros-. Este
persigue un fin, y así lo ha declarado en todo foro posible: liberalizar el
consumo de todo tipo de drogas en la región, con el único objetivo de quedarse
con el monopolio de la comercialización de estos productos a través de su
firma MONSANTO.
