viernes, 6 de mayo de 2016

BALANCE EN LA FUERZA POST NARCOESCÁNDALO



Alfil, 6 mayo, 2016


Se cumplió un año de la entrada en funcionamiento del área que reemplazó a Drogas Peligrosas, que combate el narcomenudeo.Un día después del fallo por el denominado “narcoescándalo”, se cumplieron doce meses desde que entró en funcionamiento la Fuerza Policial Antinarcotráfico (PFA), el organismo que reemplazó a la División Drogas Peligrosas.
Creada en mayo del 2015, es la primera unidad de su tipo en el país. Como novedad, está a cargo del Ministerio Público Fiscal y no del jefe de Policía; es decir, depende del Poder Judicial y no del Ejecutivo.

Cabe recordar que un factor que contribuyó a la creación de la estructura fue la causa que involucró al comisario mayor Rafael Sosa.
El ex uniformado, recientemente absuelto por los delitos de asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad y condenado a una pena leve por incumplimiento de deberes de funcionario público, dirigía Drogas Peligrosas, el “brazo ejecutor” de la Justicia Federal cuando la totalidad de las causas por estupefacientes estaban bajo su órbita.

La dependencia tiene a su cargo la prevención y el combate del narcomenudeo y el fiscal general Alejandro Moyano valoró positivamente el trabajo realizado durante un año por la nueva fuerza. En ese sentido, opinó que la creación de la dependencia fue un acierto; entre otras razones, porque ahora el Ministerio Público tiene la posibilidad de elegir a los integrantes de la PFA y de capacitarlos.
A fines del año pasado, el titular del área, Martín Berger, renunció a su cargo para presentarse a concurso como fiscal de Cámara. Ocupó su lugar Francisco Salcedo, un integrante del cuerpo de élite Eter. Así, la fuerza quedó nuevamente bajo la dirección de un policía.

Recientemente, el fiscal General expuso en Córdoba sobre el delito de narcomenudeo, que quedó bajo órbita de la Justicia local en junio del 2012, cuando se creó el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, luego de que la Provincia adhiriera a la Ley de Estupefacientes (26.052), que permite que cada jurisdicción combata los ilícitos que se cometen en el último eslabón de la cadena de comercialización de drogas.
Así, asumió competencia en la persecución, investigación, juzgamiento y represión de las figuras de tenencia simple, para consumo personal y con fines de comercialización; comercialización; suministro a título oneroso o gratuito; cultivo para uso personal; confabulación para cometer delitos de tráfico desfederalizado y facilitación de un lugar para el consumo.

En tanto, quedaron a cargo del fuero Federal las causas por narcotráfico. Para esa tarea, ya sin Drogas Peligrosas en el mapa, cuenta con la Gendarmería Nacional y con la Policía Federal para llevar adelante las investigaciones.
Recientemente, al hablar de la “provincialización” ante legisladores de la región centro, el fiscal Moyano sostuvo que la medida fue efectiva. Sin embargo, los letrados que litigan en el fuero Penal coinciden al valorar que hay desafíos en lo atinente a la coordinación de las tareas de “las justicias”.

No sólo los abogados tienen reparos. El camarista Federal Abel Sánchez Torres declaró hace poco que carecía de “elementos objetivos” para analizar la bondad de la provincialización y, en ese sentido, dijo que a veces un procedimiento en el que se secuestra poca droga “perjudica investigaciones más profundas”.
Sin embargo, en el acto por el año de la FPA, Salcedo también hizo un balance positivo de las operaciones de la fuerza y detalló que está “conteniendo” que se instale una “célula de cartel, un cartel u organizaciones con perfiles similares en Córdoba”.

Pese a las valoraciones de los funcionarios, no se han dado grandes avances en la lucha contra el narcotráfico. La mayoría de los procedimientos los lleva adelante el Poder Judicial de la Provincia y, por lo general, involucran a usuarios o a personas que son detenidas con escasas cantidades de estupefacientes, que los venden para subsistir o para pagar sus adicciones. Los “peces gordos” siguen operando y hace años que no llegan ante la Justicia los “narco”, quienes muchas veces, en la práctica, son “empleadores” de los presos por narcomenudeo.

En general, hay reparos ante las políticas de “desfederalización”. Un informe del 2014 de la Procuraduría Narcocriminal (Procunar) concluyó que hay menos posibilidades de llevar adelante pesquisas complejas sobre narcotráfico en las provincias en las que la Justicia local se hace cargo de perseguir el “microtráfico”. Según el organismo, al no investigar el narcomenudeo, la Justicia Federal ya no accede a los datos que le permitirían anoticiarse de maniobras de mayor importancia.

Los abogados locales consultados sobre el tema señalan que una de las ventajas que tenía la concentración de casos en la órbita Federal era que se seguía los lineamientos que fijó la Corte Suprema en el fallo “Arriola” (del 2009), en el declaró la inconstitucionalidad del castigo de la tenencia de drogas para consumo personal y trazó pautas de política criminal para abordar el uso.
Así, refirieron que “los federales ni hablaban con los consumidores” y que ahora, tras la provincialización del narcomenudeo, los integrantes de la FPA los llaman “compulsivamente” a declarar. También opinaron que si bien las fiscalías especiales “se están adaptando lentamente a Arriola”, el perfil es “más punitivista” y que “se reprime al eslabón más débil”; en especial, en el interior.

Mientras el narcotráfico prospera en el país y en la Provincia, parece que quienes hacen grandes negocios no son detectados por el fuero Federal local y el foco está puesto en los ciudadanos de menores recursos.

No obstante, tras la declaración de la emergencia en Seguridad, en enero, trascendió que el gobierno de Mauricio Macri analiza implementar el “esquema Córdoba”. Cabe recordar que el actual ministro de Justicia, Germán Garavano, trabajó como asesor en la elaboración del modelo local y en el diseño de la FPA.