Jorge Oviedo
El kirchnerismo puede anotarse grandes estatizaciones. Alguien dirá que la de Aerolíneas Argentinas, pero no es cierto, porque la empresa nunca fue expropiada, como lo requiere la ley argentina. Podrá pensarse en AySA, pero se trata de una concesión a la que se le cambió el concesionario privado.
En cambio, desde 2003 se estatizaron gran parte de los consumos privados de servicios públicos de transporte, energía y combustibles.
El Gobierno, en tanto, hizo una enorme privatización, que no suele mencionarse como tal, al poner en manos de ejecutores particulares muchos gastos sociales, como los destinados a viviendas. Los emprendimientos de las Madres de Plaza de Mayo y de Milagro Salas son dos ejemplos. El resultado de la utilización de esos mecanismos es siempre el mismo: una enorme dificultad para poder controlar el destino de los fondos públicos.
Por un lado, gran parte de lo que debía ser gasto privado en la forma de pago de los servicios públicos, de los combustibles que utilizan los prestadores de esos servicios, se transformó en gasto público. Y el mecanismo para canalizar los fondos fueron fondos fiduciarios, que pueden manejarse con muchas menos trabas y con muchos menos controles que si están en las cuentas presupuestarias habituales.
Por otro, se encargó que la ejecución de gastos sociales que debería estar a cargo del Estado la hicieran los privados. Es el caso de las ahora controvertidas partidas que fueron a las Madres de Plaza de Mayo.
Cuando es el sector público el que ejecuta un plan de viviendas sociales o cualquier clase de obra pública debe hacer licitaciones, publicar pliegos, gestionar las impugnaciones, publicar los contratos y pasar por el escrutinio de la Sindicatura General de la Nación y por último de la Auditoría General de la Nación.
Cuando las obras las ejecuta un privado el trámite es bastante más sencillo. La Sigen y la Auditoría no tienen autoridad sobre las entidades privadas. Y el Estado se limita a hacerles lo que técnicamente se llaman "transferencias".
Entonces cuando los controles supervisan si alguien hizo lo que debía con las transferencias todo lo que pueden hacer es buscar los recibos que correspondan, que sea la entidad designada y nada más. Las Madres de Plaza de Mayo o cualquier otra entidad de derecho privado no están obligadas a licitar ni a publicar los contratos que realizan. Se pueden manejar y lo hacen casi como empresas privadas, aunque, claro, no lo son.
La modalidad de entregar a entidades como ONG la ejecución del gasto público no es nueva y no la inventó el kirchnerismo. Pero con esta gestión el manejo de los fondos de ese modo llegó a volúmenes que nunca antes se vieron.
Pero, hay que subrayar, no fue el kirchnerismo el que inventó que en el nivel nacional hubiera organismos y jurisdicciones oficiales que a la hora de hacer emprendimientos de cualquier naturaleza, incluidas muestras y exposiciones, delegaran las tareas en una organización a la que se derivaban los fondos, que se gastaban con menores controles.
Las razones por las cuales se hizo son en muchos casos atendibles. Había ONG o fundaciones que mostraban experiencia y capacidad para organizar incluso usando mejor los recursos que el propio Estado y con menos burocracia.
Pero no es menos cierto también que el esquema es riesgoso y depende excesivamente de las personas e instituciones a las que se derivan los recursos.
El Estado tampoco dio el ejemplo ni fue un buen orientador. El kirchnerismo debutó colocando casi en el cargo más alto de la Sigen a la esposa de uno de los ministros que manejaron más cantidad de fondos públicos: Julio De Vido. De su área dependieron y dependen multimillonarios y muy poco transparentes subsidios y colosales transferencias a intendentes y gobernadores. ¿Se hace con esos fondos lo que la ley previó? Es difícil decirlo y muy difícil controlar, porque además el Gobierno retacea la información a los organismos de control como la Auditoría. Pero para muestra basta un botón: un ex funcionario de tercera línea, como Ricardo Jaime, está tratando de explicar por qué usaba un costosísimo jet privado como si fuera propio y como si él fuera una estrella del rock.
Al mismo gobierno al que le encanta repetir que ha reconstruido y revalorizado el papel del Estado le encanta manejarse como en las compañías privadas. Cuando creó la inconcebiblemente deficitaria Enarsa, la hizo una institución de derecho privado. No se trata de una sociedad del Estado, figura prevista en la ley, que está sometida a los controles estatales. Es una compañía privada. Fueron los legisladores los que lo permitieron a pesar de que muchas voces desde el propio peronismo dieron la alarma.
Y por qué no Internet
Podría decirse que la Argentina necesita un sistema de transparencia en la información, que cualquier ciudadano pueda entrar en Internet y ver los precios que paga el Estado en las licitaciones. Comparar, por ejemplo, cuánto se paga por la yerba, el azúcar y la carne para las distintas cárceles. O cuánto cuesta cada unidad de las viviendas sociales.
No hay que hacer mucho. Hay que reconstruir lo que este gobierno destruyó. Ese sistema de indicadores existía. Estaba en la página del Ministerio de Economía y permitió descubrir y denunciar muchos hechos de corrupción en los 90. El kirchnerismo hizo desaparecer esos datos.
El escándalo de la supuesta mala actuación de Sergio Schoklender en los emprendimientos sociales de las Madres de Plaza de Mayo no es más que un hecho previsible en un sistema inseguro, poco transparente y que depende de la buena voluntad de todos los que intervienen.
También los legisladores oficialistas, que se allanaron a aprobar los presupuestos a libro cerrado, a no hacer nada ante las millonarias modificaciones con decretos de necesidad y urgencia y que hasta toleran que, por primera vez desde la última dictadura, se gobierne este año con un presupuesto hecho por la sola voluntad de la titular del Ejecutivo. Es difícil decir que hay verdadera democracia cuando los legisladores no son capaces de sentarse a acordar un presupuesto y el propio Ejecutivo no tiene el más mínimo interés en colaborar con la sanción de una ley si eso significa permitir que se cambie una coma.
Los supuestos desmanejos en los fondos que administraba Schoklender para las Madres son verosímiles porque el sistema lo permite. Y la verdad, los fondos para viviendas sociales están bien lejos de ser los más cuantiosos que este gobierno manejó y maneja de manera poco transparente.
Aerolíneas Argentinas y Enarsa son unas máquinas de perder dinero y cada vez que a las autoridades se les pide rendiciones de cuentas responden con acusaciones, agravios, discursos políticos y ridículas teorías conspirativas. No hay mejor abogado que la propia transparencia. ¿Qué problema tiene el Gobierno, si es tan decente como dice, que ha dejado de publicar en la Web los precios que paga, los costos que asume y hasta se niega a darle información a la Auditoría?
Pareciera que si de verdad se investiga, pueden aparecer uno, dos, muchos Schoklender.
La Nación, 5-6-11
