Una espera de 18 años
POR DANIEL SANTORO
La investigación de
Clarín sobre la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, sorteó una serie de
obstáculos. A mi me amenazaron de muerte, el abogado de uno de los sospechosos
me ofreció US$ 50 mil para que dejara de investigar y me hicieron un juicio
penal por violación de secretos del Estado. En ese 1995 cuando Menem era
reelecto con casi el 50 % de los votos y otros medios miraban para el costado,
Clarín rechazó las presiones y me respaldó en todo. Después vino el premio Rey
de España y el reconocimiento de que la investigación periodística puede
aportar a grano de arena a la calidad de la democracia. Los periodistas no
somos jueces ni fiscales.
Nuestro
trabajo es poner los hechos bajo la luz de la opinión pública, a pesar de que
no le guste a los gobiernos de turno. Lo fue en 1995 y lo es ahora a pesar que
desde el oficialismo demonizan el trabajo de los periodistas profesionales que
trabajamos en empresas privadas. Por eso hoy siento una inmensa satisfacción profesional
y otra comprobación de que elegí esta profesión para aproximarme a la verdad y
ejercer, como dice García Márquez, el mejor oficio del mundo.
Antecedentes
La causa por la venta
ilegal de armas a Ecuador y Croacia sufrió una serie de vaivenes al son de los
cambios políticos de la
Argentina. El escándalo se desató en marzo de 1995 gracias a
una investigación de Clarín. Luego del abogado Ricardo Monner Sans hizo una
denuncia judicial en base a esa investigación el diario.
Clarín reveló que a
través de tres decretos secretos que firmó Menem con el destino falso de Venezuela
y Panamá. Además, de la violación de leyes nacionales, el caso tuvo una enorme
repercusión internacional sobre todo por la venta de 8 mil fusiles de combate y
75 toneladas de municiones a Ecuador cuando estaba en guerra con Perú -un
aliado histórico de la
Argentina- por la cordillera del Cóndor.
La causa quedó en
manos del fiscal Carlos Stornelli -quien fue el motor del caso- y el entonces
juez Jorge Urso. En marzo de 1996 tomó un gran envión cuando la sala II de la
cámara federal –integrada por Martín Iruzun, Horacio Cattani y Eduardo
Luraschi- ordenó indagar al entonces ministro de Defensa Oscar Camilión. Tras
comprobarse el pago de sobornos y otros delitos, en junio del 2001, cuando
gobernaba De la Rúa ,
tras la confesión del ex interventor Luis Sarlenga, Urso ordenó la detención de
Emir Yoma –quien influía en Fabricaciones Militares- y de Menem bajo la
acusación de liderar una asociación ilícita. Pero recuperó la libertad seis
meses más tarde después de que la Corte Suprema de Justicia -entonces controlada
por la mayoría automática del menemismo- anulara los cargos en un fallo “a
medida”. Esta decisión hizo que la causa pasara al fuero en lo penal económico,
se la limpiara de varios delitos y solo se lo investigará por el delito de
contrabando.
En setiembre del 2011
del Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 (TOPE3) en una votación con la
disidencia total del juez Gustavo Losada absolvió a Menem y los otros acusados.
Clarín, 9-3-13
