martes, 24 de marzo de 2026

24 DE MARZO


 vivir para contarlo, con un sentido de verdad y justicia histórica

 

Claudia Peiró

Infobae, 24 Mar, 2026

 

A 50 años del Golpe, en algo siguen coincidiendo izquierda y derecha, guerrilla y militares: culpar de todo a Isabel Perón. El tiempo facilita esta operación. La distancia, el que muchos argentinos de hoy no hayan vivido la dictadura, habilita una simplificación de lo sucedido y un binarismo —hubo un bando bueno y un bando malo— que permite a muchos protagonistas o testigos impávidos de los hechos disimular sus responsabilidades.


La excepcionalidad de la represión, los horrores vividos de los que tantas víctimas han dado testimonio, no deben ser excusa para eludir otras responsabilidades en los hechos que llevaron al quiebre institucional. Los sobrevivientes de aquella experiencia tenemos antes que nada un compromiso con la verdad.


El 17 de mayo de 1976, poco después del golpe, el ejército allanó nuestra casa en Resistencia, Chaco, y me llevó detenida por mi militancia en la Unión de Estudiantes Secundarios. Mi padre, pastor protestante, apeló a sus colegas en Estados Unidos. Varios pastores le escribieron personalmente a Henry Kissinger, hombre fuerte de la gestión de Richard Nixon primero y luego de Gerald Ford.


En 2016, por una desclasificación del Departamento de Estado de los Estados Unidos supe que el 22 de noviembre de 1976 Kissinger, entonces Secretario de Estado, había enviado un telegrama a su embajada en Buenos Aires: “El Departamento ha recibido pedidos de información sobre el arresto de Claudia Inés Peiró (...) en Resistencia, Argentina, el 17 de mayo. En la primera semana, sus padres pudieron verla, pero desde entonces no han podido tener ningún contacto con ella. Ms. Peiró fue supuestamente transferida a la prisión de la Alcaidía el 2 de junio. No se conocen los cargos contra Ms. Peiró”.

Firmado: “Kissinger”.


Tal vez fue uno de los últimos telegramas que firmó, puesto que ya había otro presidente electo, James Carter, que debía asumir el 20 de enero de 1977.

El 21 de mayo de 1977 fui llevada desde la cárcel de Devoto a Ezeiza para dejar el país. Sólo pude regresar a Argentina cuando se levantó el estado de sitio, en octubre de 1983.

La singularidad de estos hechos, frutos de la Providencia y no de méritos personales, representó siempre para mí una responsabilidad.


Haber sobrevivido a esa hecatombe determina antes que nada deberes. Un deber de verdad en primer lugar. Y de homenaje, pero no de flores, lápidas, marchas y vestiduras rasgadas (“Deja que los muertos entierren a sus muertos”, le dijo Jesús a uno de sus discípulos), sino de trabajar para construir esa sociedad mejor, ese país más justo y soberano que sería el único homenaje real para el sacrificio de tantos compatriotas.


En la Argentina hay mucho de lo primero y poco de lo segundo. En las primeras décadas de este siglo hemos vivido el espejismo de que tenemos una política de derechos humanos cuando en realidad se trató de un uso del pasado con fines cortoplacistas. El país es más injusto y desigual que el de aquellos años, la unidad nacional es una quimera, el pasado doloroso es usado para las batallas presentes, como herramienta de una división de la que políticos sin imaginación ni patriotismo buscan sacar partido.


Y la supuesta verdad completa que hoy se quiere promover en realidad es revancha. Un negacionismo que se opone a otro.

Al negacionismo de la represión ilegal se suma el de los ataques de la guerrilla durante el gobierno constitucional


Porque hemos tenido, tenemos, negacionismo de ambos lados: muchos de los que se indignan ante el intento de unos de minimizar el drama de los secuestros, torturas, desapariciones y ejecuciones clandestinas son a su vez promotores de un discurso buenista que niega el hecho de que el grueso del accionar armado de la guerrilla —los atentados más espectaculares, asaltos a cuarteles y asesinatos a sangre fría de adversarios políticos— tuvo lugar en democracia, durante el período constitucional 1973-76, cuando las organizaciones armadas decidieron no deponer las armas y declararle la guerra al gobierno legal y legítimo, contribuyendo así al caos y la violencia que sirvieron de argumento al Golpe.


Niegan que el objetivo de esas organizaciones no era la democracia de partidos por la que hoy todos juran sino un socialismo autoritario a la cubana, idealizado en aquellos años, que se impondría además vía lucha armada, es decir, por la fuerza.

Por mucho que se hable de Memoria con mayúscula, el paso del tiempo, ha traído, al amparo de la conveniencia política, un olvido selectivo y una tremenda simplificación de los hechos; una simplificación que nubla la verdad.


Año a año, los mismos sectores que contribuyeron a la caída del gobierno constitucional —pasando a la clandestinidad y declarándole la guerra— se reúnen para condenar el golpe, sin mencionar a la presidente derrocada, lo que es signo de que, en 1976, todos ellos aprobaban su destitución. Hoy son republicanos, democráticos y derechohumanistas, pero en el pasado fueron tan golpistas como los que derrocaron al gobierno constitucional. Mientras que para éstos era la ocasión para imponer -a sangre y fuego- el orden en lo interno y la entrega económica en lo externo, para la izquierda armada era algo funcional a su estrategia de que “cuanto peor, mejor”. La presencia de un gobierno constitucional “confundía” a las masas y frenaba su necesaria radicalización. Finalmente, los políticos, de casi todo el arco, pensaban que los militares tomarían el poder para entregárselo a ellos, y se des-solidarizaron de la suerte de la gestión.


En su “Historia de la Confederación Argentina”, Adolfo Saldías habla de “la generación argentina” (post-rosista) que cediendo “naturalmente al sentimiento egoísta de toda sociedad que graves culpas tiene ante el porvenir y ante la historia, se escuda tras el culpable que presenta a la execración del presente”. Y agrega que la sociedad “necesita arrojar siempre sobre alguno la responsabilidad de sus faltas. Cuanto mayor es el remordimiento que experimente, mejor dispuesta se encuentra a buscar el culpable que por ella haga penitencia; y cuando le ha castigado bastante, se acuerda el perdón a sí misma y se congratula de su inocencia”.


Es la mejor definición que he leído de cómo ha procesado la Argentina esos años. Hoy vemos a represores y guerrilleros esconderse tras las faldas de Isabel y congratularse por su supuesta inocencia. Mario Eduardo Firmenich —jefe de una organización que le declaró la guerra al gobierno— se presentó a testificar contra la viuda de Perón en el año 2004, ante un tribunal español.


Eso explica la urticaria con la cual de ambos lados recibieron el gesto de Victoria Villarruel de visitar a Isabel Perón en Madrid y luego sus palabras al inaugurar un busto de la ex Presidente en el Senado, referidas a “aquellas personas que dejaron a una mujer cuyo apellido es Perón, a merced del terrorismo al que combatió, del gobierno de facto que la encarceló y finalmente de una clase política que la desterró”.

El gesto conciliador de Villarruel hacia la presidente derrocada en 1976 —doblemente significativo por venir de alguien que no es de su entorno sino lo opuesto— incomodó, porque vino a desmontar el relato de corrientes supuestamente antagónicas pero que coinciden en eximirse de culpas pasadas mediante el cómodo recurso de “buscar el culpable que por ellos haga penitencia”.

Las acusaciones contra Isabel se repitieron en espejo de izquierda a derecha. Con la misma desmesura. “Plantó el terrorismo de Estado en la Argentina”; “es responsable del baño de sangre que vivió el país en los años 70″; “no estaba capacitada para gobernar”; “su gobierno fue caótico”; “la economía se descontroló”; etcétera, etcétera.

¿Isabel Perón era una presidente débil al punto que todos justificaban su derrocamiento, o era tan poderosa como para culparla de absolutamente todo lo que ocurría? Cabe la pregunta porque ambos argumentos están en boca de los mismos voceros.


Algunos empiezan tímidamente a admitir que soportó con dignidad su suerte. Que rechazó salidas que le hubieran ahorrado años de cárcel. Isabel obligó a los militares a derrocarla, para que quedara claro que se colocaban en la ilegalidad, que su gesto no tenía la menor legitimidad.

A diferencia de muchos —y muchas— que se victimizan por todo y por nada, ella nunca se lamentó por su suerte. Hubo quien criticó que el Congreso, en 1984, en tiempos de Raúl Alfonsín, haya sancionado una ley que declaró inválidos los juicios que sufrió durante el Proceso. Con tal de criticar a Isabel, son capaces de darle la derecha a la dictadura.


Para esta maniobra colectiva de congratulación de inocencia se busca asimilar a Isabel Perón con la represión ilegal y con un gobierno de facto que la secuestró en la madrugada del golpe y la mantuvo presa durante cinco años.


Los seguidores de Alfonsín deberían recordar que “el padre de la democracia”, como gustan llamarlo, así lo reconoció cuando promovió la Ley 23062 de “reparación histórica” que quitó “validez jurídica” al “juzgamiento o la imposición de sanciones a los integrantes de los poderes constitucionales” por parte del gobierno de facto.

Los “demócratas” de hoy, en cambio, avalan el juicio de la dictadura sobre Isabel.


Si su gestión fue la precuela de la represión ilegal, como pretenden algunos, si ella instauró el terrorismo de Estado, ¿para qué derrocarla? ¿Por qué mantenerla presa luego durante el mayor período de encarcelamiento de un presidente en toda la historia? El gobierno de Isabel fue un desastre y no tenía apoyo popular, afirman. Pero la realidad es que los militares dieron el golpe porque sabían que el peronismo ganaría las elecciones cuya fecha había sido adelantada por Isabel para septiembre de ese año.


En el libro Disposición Final, Ceferino Reato transcribe la explicación de Jorge Rafael Videla sobre el motivo del calvario de Isabel: “La Señora llevaba el apellido de Perón y estando libre podía movilizar voluntades políticas y gremiales contra el gobierno militar. Por eso permaneció presa e incomunicada durante seis años”.

En 2007, llevando al paroxismo esta maniobra de escudarse tras un culpable, el kirchnerismo habilitó una nueva persecución contra la viuda de Perón, pidiendo a España su extradición. “En aquel momento, el propio fiscal Julio Strassera calificó de mamarracho jurídico a las causas contra Isabel promovidas por los jueces Norberto Oyarbide y Raúl Acosta por su supuesta responsabilidad en delitos de lesa humanidad”, decía Diego Mazzieri, biógrafo de Isabel Perón, en una entrevista con Infobae.


Es francamente desalentador ver que tantos testigos de aquellos tiempos se hacen los distraídos respecto de la época en la que le tocó gobernar a Isabel Perón. Cuando con soberbia injustificada afirman que ella no estaba capacitada para gobernar, olvidan ese contexto y, sobre todo, la defección de muchos de sus colaboradores y la traición de otros tantos. El golpe de Estado se empezó a gestar prácticamente el mismo día que Isabel asumió. Las fuerzas armadas de entonces eran un poder en sí mismas, además de actuar en un contexto geopolítico que legitimaba el recurso al golpe y a los gobiernos de facto. Un poder reforzado por el reconocimiento de tantos políticos que buscaban un palenque uniformado en el cual rascarse.


“La Triple A funcionó desde los servicios de las Fuerzas Armadas y fue una cosa ajena a las estructuras partidarias oficiales del gobierno”, afirmó en su momento Antonio Cafiero.

Isabel Perón, en cambio, ha optado por no defenderse. Muchos pretenden desconocer que callar suele exigir más templanza que replicar. Más aun considerando que ni siquiera los dirigentes de su mismo movimiento la defienden.

“Las Fuerzas Armadas eran los autores de la llamada Triple A”, afirma Mazzieri que cita al ex montonero Gonzalo Chávez: “José López Rega nunca fue el máximo jefe de la Triple A”; para él, esa organización “siempre estuvo bajo el control operacional de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas”.


Otro hecho no menor que se suele omitir malintencionadamente es que, a la muerte de Juan Domingo Perón, el 1° de julio de 1974, María Estela Martínez presentó la renuncia con la idea de ceder a otra persona la responsabilidad del gobierno. Se la rechazaron los miembros del gabinete, las Fuerzas Armadas y los principales referentes de la oposición con el radical Ricardo Balbín a la cabeza.

Pero apenas juró como primera mandataria, desde todos los sectores se lanzaron al asalto de su gobierno. Hoy esos mismos sostienen que ella no estaba preparada para gobernar. ¿Quién lo hubiera estado, además, con atentados a diario, con la defección de muchos colaboradores y un ataque en regla desde el interior mismo del movimiento: los Montoneros, el llamado Grupo de Trabajo, los empresarios y algunos sindicatos cuya consigna era “romper el Pacto Social”?


Del mismo modo que convergen hoy en cuestionar a Isabel, coincidían entonces ultraderecha y ultraizquierda en sabotear al gobierno constitucional. Se puede conceder que no imaginaban en aquel tiempo la dimensión que tomaría la represión, pero es inadmisible que persistan hoy en ese relato.


En El mito del eterno fracaso (1985) José Pablo Feinmann, filósofo de culto del kirchnerismo, escribió: “El gobierno no fue feliz. Hubo desaciertos (…). No obstante, estorbaba. Era la Presidente Constitucional de los argentinos. Durante sus dos últimos meses de gobierno casi no cometió errores. Por eso la echaron. Acababa de convocar a elecciones. Le cedía espacio a los partidos opositores. Dialogaba con ellos. Comenzaba lentamente a ser Isabel Martínez de Perón. No le dieron tiempo. La voltearon –y la ultraizquierda ayudó mucho en la tarea (...) Se la llevaron en un helicóptero. La sometieron a largos años de cárcel que sobrellevó con dignidad. Una vez libre, se llevó del cautiverio el silencio y lo transformó en su herramienta política”.


¿Y las feministas? Para Isabel Perón, sororidad cero. Ni una palabra sobre los ataques contra la primera mujer presidente de la Argentina y del mundo.

En 2019, algunas diputadas, muy empoderadas ellas, reformaron la ley de Protección Integral a las Mujeres para ampliar la definición de violencia incluyendo la violencia política, definida como “la que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer…” etc. etc.


El despropósito es total. Este artículo solo sirve para que cada vez que tienen un cruce con algún colega varón lo acusen de machista, como hacía constantemente una feminista que llegó a la vicepresidencia de la Cámara. Las mujeres, ¿somos fuertes o débiles? En todo caso, éstas degradan al género.

Si aludí al comienzo a la gestión de Kissinger es porque los análisis sobre el golpe no incorporan nunca la geopolítica mundial.


Se trata sin dudas de un personaje muy controvertido, de una inteligencia reconocida por todos, con prescindencia de sus propósitos de poder y el rol que jugó en estrategias que con frecuencia se tradujeron en inmenso sufrimiento para los pueblos.

Pero en ese momento, su país giraba hacia una política —la de James Carter— de promoción de los derechos humanos en el mundo, y él jugó el juego.


El ideologismo atenta frecuentemente contra la objetividad. Todo el bloque soviético —incluido Fidel Castro, líder del régimen que la guerrilla argentina tenía como modelo— respaldó la dictadura de Videla y negó rotundamente, en todas las tribunas internacionales posibles, que en la Argentina se estuvieran violando los derechos humanos. Ya que la palabra está de moda: un negacionismo en toda la regla. Un negacionismo que durante los años de más intensidad de la represión frenaba las denuncias de lo que estaba pasando en el país.


En mayo de 2023, Luis Moreno Ocampo lo dijo con todas las letras: “El Partido Comunista (argentino) apoyaba a Videla, porque ellos creían que Videla era el moderado”. Quería fundamentar que no había una motivación ideológica —más allá del discurso— en la Junta gobernante. “Justamente era un partido de izquierda, pero que apoyaba a la dictadura militar y encubría la represión”. Y recordó que, mientras proclamaban estar luchando contra el marxismo, en 1979, “los militares argentinos le dieron una Medalla [N. de la R: la Orden del Libertador San Martin, máxima condecoración que otorga Argentina] a un general soviético que se mandó un speech sobre el hombre marxista-leninista en el edificio Libertador”.

Estas contradicciones, o incongruencias, deberían ser motivo de reflexión para que los argentinos no volvamos a ser masa de maniobra de políticas ajenas a nuestros intereses, que son las que nos dividieron en el pasado al punto de querer dirimir nuestras diferencias a través de la violencia.

“No se sirve a la libertad manteniendo los odios del pasado”, decía también Adolfo Saldías en el libro citado.


El demonio que debemos erradicar no es solo el de la violencia, sino el del sectarismo, el del uso del pasado para minar el presente y el de la desunión nacional que es el verdadero cáncer que impide que la Argentina mire hacia adelante.

50 años han pasado y seguimos enfrascados en juicios. Algunos alucinan con que somos un ejemplo en el mundo. Pero ningún país sigue nuestros pasos. Pueblos que han sufrido traumas mucho mayores que el nuestro —regímenes de apartheid, genocidios, guerras civiles, guerras de exterminio— han cerrado sus heridas y promovido políticas de reconciliación.

 

Y lo han hecho en la comprensión de que la única reparación es construir una sociedad más armónica y justa, y consolidar las instituciones del país —en vez de degradarlas permanentemente— para permitir a la nación una inserción internacional lo más acorde posible con los intereses permanentes del país y no con la ideología o la ventaja de la facción de turno.