Cuando hace unos
días, y en el marco de un final de año que todos quisiéramos olvidar, los
integrantes del piquete que desde hace meses intentan frenar la construcción de
la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas fueron reprimidos por la Guardia de Infantería de la Policía de Córdoba, no
sólo hubo que lamentar heridos y contusos. Como siempre ocurre en estos casos,
la primera víctima es la verdad.
Podría decirse que
este caso vale para ejemplificar la “teoría del fruto del árbol envenenado”, a
la que suelen aludir los estudiosos del derecho. Esta se resume, sin mayor
esfuerzo, como la imposibilidad de que un árbol enfermo produzca buenos frutos.
Y, hasta donde alcanza la vista, nada de lo relacionado con esta planta de
tratamiento de semillas deja bien parados al Gobierno nacional, ni al
provincial o al municipal. Tampoco beneficia a la empresa en cuestión y, mucho
menos, a sus detractores y defensores.
Todos y cada uno de
ellos han contribuido para la construcción de un Frankenstein a esta altura
inmanejable.
Del repaso, claro,
tampoco salen indemnes la
Justicia ni la
Policía provinciales. Demasiados actores y ningún director; o
lo que es peor, un guion en el que todos puedan apoyarse.
En primer lugar,
coincidieron el Gobierno nacional y el provincial en anunciar pomposamente una
radicación que no contaba con el imprescindible estudio de impacto ambiental.
La empresa, por su parte, asumió que esos respaldos bastaban para legalizar lo
que nacía vaciado de sustento. Y el municipio mostró lo que cualquier
intendente quiere lucir como un logro de proporciones.
Todos soslayaron a la
gente, dando por sentada su aprobación.
Este conjunto de
acciones y omisiones fue la perfecta receta para el desastre.
No es casual que en
ese caldo de cultivo se hayan nutrido los oportunismos de unos y otros y la
posterior impotencia de todos los involucrados, que hoy tratan de descargar
responsabilidades propias en terceros. Terceros que hacen lo mismo, claro, para
dar la pincelada final a otro cuadro de la anomia argentina, porque de eso se
trata finalmente: de la ausencia del más mínimo ejercicio de derechos.
Urge que cada uno de
los responsables asuma su parte a nivel municipal, provincial y nacional. Pero,
ante todo, es imperativo que actúe la Justicia , para que los sucesos de los últimos
días no se repitan y las cosas no queden libradas al accionar de policías que a
veces reprimen y otras toleran; manifestantes encapuchados; empresarios que
apelan al sistema de ensayo y error, y funcionarios que esperan sencillamente
que pase la tormenta. Empero, como en muchos otros asuntos de la nación, el
requisito fundamental es un Poder Judicial que recuerde cuáles son sus
obligaciones.
