domingo, 23 de junio de 2013

EN 40 AÑOS, HUBO 39.058 SECUESTRADOS EN COLOMBIA



La práctica del secuestro en Colombia dejó en los últimos 40 años al menos 39.058 víctimas y niveles de impunidad que alcanzan el 92 por ciento, según un informe divulgado ayer en Bogotá que contiene la primera base de datos consolidada de este delito.
El trabajo Una verdad secuestrada: 40 años de estadísticas de secuestro (1970-2010) , elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y la firma Cifras & Conceptos y respaldado por la Unión Europea (UE), documenta la historia de este flagelo y se centra en las víctimas.

“El secuestro barbarizó la guerra en Colombia”, explicó el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez, en el acto de presentación del informe.
Sánchez recordó que las guerrillas Movimiento 19 de abril (M-19), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) recurrieron al principio a esta práctica como herramienta de presión política, hasta que décadas más tarde comenzaron a usarla para obtener financiación, lo que atrajo a otras “redes criminales” que extendieron este flagelo a todo el país.
Los picos más altos de secuestros se registraron en 2000 y 2002, con alrededor de 3.500 casos, mientras que en la actualidad la tendencia disminuyó, según el documento.

El ministro del Interior, Fernando Carrillo, quien asistió a la presentación del informe, dijo que “en los cinco primeros meses de 2013” hubo en el país “115 secuestros, de los cuales más del 60 por ciento, es decir más de 70, fueron perpetrados por delincuentes comunes”.

Principales responsables. 
Según el informe, las Farc son responsables confirmados del 37 por ciento de los casos de secuestro, seguidas por el ELN, con el 30 por ciento, las bandas criminales (20 por ciento), otros (9 por ciento) y paramilitares (4 por ciento).
En el 79 por ciento de los secuestros el blanco era una persona específica, mientras que en el 16 por ciento de los casos el rapto se produjo en retenes en las vías.
Los autores del documento señalan que 301 personas fueron secuestradas más de una vez y que una de ellas fue víctima de este delito en cinco ocasiones.
Al hacer una clasificación de las víctimas por género, la investigación encontró que la mayoría de los secuestrados son hombres: el 78 por ciento.

La franja de edad más afectada es la comprendida entre los 18 y 65 años.
En tanto, el tres por ciento de las víctimas de este delito fueron extranjeros, agrega la investigación, que no especifica nacionalidades ni motivos.
En general, el informe explica que en el 84 por ciento de los casos se buscaba dinero a cambio, mientras que en el 12 por ciento el motivo fue político.
El sector más afectado por este delito es la administración pública y defensa, con el 19,30 por ciento de los secuestros contabilizados. Entre ellos, la mitad (49 por ciento) son policías o militares, pero también han caído en manos de secuestradores 389 concejales, 358 alcaldes, 75 congresistas, 66 diputados y 50 personeros municipales.
Justicia ausente. Pese a la universalidad de este delito y su calado en la sociedad colombiana durante 40 años, la Justicia investigó, procesó y condenó sólo al ocho por ciento de los responsables.

Según los autores del estudio, hay documentados 39.058 secuestros, pero sólo se han dictado 3.144 sentencias condenatorias, mientras que se registraron 28.477 denuncias, 14.715 indagaciones, 5.235 acusaciones y 3.928 capturas.
La exrehén de las Farc Clara Rojas, que estuvo más de seis años en cautiverio junto con la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, asistió a la presentación del informe y reclamó acompañamiento y reparación del Estado hacia las víctimas.
“Las Farc no van a poder desligarse de la responsabilidad frente a un volumen de víctimas tan grande. Tienen que entender que en este proceso (de paz) no es sólo el Estado el que debe ceder y reconocer sus errores. Ellos tienen que reconocer su parte y pedir perdón”, dijo Cesar Caballero, director de la investigación.
“Estamos ante un aporte que esperamos contribuya a esclarecer la verdad y a facilitar la justicia y reparación para las víctimas”, concluyó.


La Voz del Interior, 21-6-13