El control del espacio aéreo sigue siendo una asignatura pendiente desde hace varios años. El último intento se hizo el 14 de octubre de 2004. El entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, dictó el decreto 1407, por el cual se derogó el 145/96, que aprobó el Plan Nacional de Radarización. Se creó de ese modo el Sistema nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial. En ese momento, la intención del Gobierno era disponer en 2009 de 69 radares en funcionamiento, lo que, por cierto, no parece posible que se cumpla.
La radarización tiene dos objetivos bien determinados: ayudar a los aviones comerciales en sus vuelos, despegues y aterrizajes, para los que se utilizan los radares de dos dimensiones, y brindar seguridad, de modo de identificar aviones que realizan vuelos ilegales, cargados con drogas, armas, explosivos o mercadería de contrabando. En esos casos, se usan radares de tres dimensiones, mucho más complejos.
Con respecto a los primeros, actualmente hay ocho funcionando y se están fabricando diez más dentro del país. La mayor falencia se presenta con los radares de tres dimensiones. La Fuerza Aérea tiene tres del tipo móvil. Datan de la década del setenta y están emplazados en Río Gallegos, Resistencia y Posadas. España ha donado tres radares más de este tipo, pero aún no han llegado al país.
Apenas 13 radares protegen hoy sólo el 11 por ciento del territorio argentino, circunstancia que convierte al país en uno de los más desprotegidos de la región.
En efecto, Brasil tiene bajo control casi la totalidad de su espacio aéreo, para lo cual sumó 25 radares (19 fijos y seis móviles) y cinco aviones de vigilancia aérea equipados con radares. Chile lo controla en un 60 por ciento, y Perú, en un 22 por ciento. Sólo Uruguay queda por debajo de la Argentina, con el cinco por ciento cubierto.
Las consecuencias de esta grave falencia se advierten fácilmente. La Fuerza Aérea calcula que cada mes ingresan en el país, y sólo por la frontera del Nordeste (Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones) unos 100 aviones de contrabando.
Esta vulnerabilidad hace que la Argentina sea potencialmente atractiva para las organizaciones de narcotraficantes y contrabandistas, que recurren a vuelos clandestinos, para transportar drogas y mercaderías destinadas a su distribución en el país o, incluso, en otros mercados.
La diversidad y gravedad de los trastornos que se originan en la sociedad argentina a partir del ingreso de estupefacientes en el territorio nacional y la amenaza de nuevos peligros deberían ser motivo suficiente para que, con la necesidad y urgencia que demanda la cuestión, se arbitren los mecanismos más idóneos, que permitan la inmediata adquisición de equipos y radares que posibiliten un adecuado y completo control del espacio aéreo.
(Extractado de: La Nación, editorial, 31-3-08)
La radarización tiene dos objetivos bien determinados: ayudar a los aviones comerciales en sus vuelos, despegues y aterrizajes, para los que se utilizan los radares de dos dimensiones, y brindar seguridad, de modo de identificar aviones que realizan vuelos ilegales, cargados con drogas, armas, explosivos o mercadería de contrabando. En esos casos, se usan radares de tres dimensiones, mucho más complejos.
Con respecto a los primeros, actualmente hay ocho funcionando y se están fabricando diez más dentro del país. La mayor falencia se presenta con los radares de tres dimensiones. La Fuerza Aérea tiene tres del tipo móvil. Datan de la década del setenta y están emplazados en Río Gallegos, Resistencia y Posadas. España ha donado tres radares más de este tipo, pero aún no han llegado al país.
Apenas 13 radares protegen hoy sólo el 11 por ciento del territorio argentino, circunstancia que convierte al país en uno de los más desprotegidos de la región.
En efecto, Brasil tiene bajo control casi la totalidad de su espacio aéreo, para lo cual sumó 25 radares (19 fijos y seis móviles) y cinco aviones de vigilancia aérea equipados con radares. Chile lo controla en un 60 por ciento, y Perú, en un 22 por ciento. Sólo Uruguay queda por debajo de la Argentina, con el cinco por ciento cubierto.
Las consecuencias de esta grave falencia se advierten fácilmente. La Fuerza Aérea calcula que cada mes ingresan en el país, y sólo por la frontera del Nordeste (Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones) unos 100 aviones de contrabando.
Esta vulnerabilidad hace que la Argentina sea potencialmente atractiva para las organizaciones de narcotraficantes y contrabandistas, que recurren a vuelos clandestinos, para transportar drogas y mercaderías destinadas a su distribución en el país o, incluso, en otros mercados.
La diversidad y gravedad de los trastornos que se originan en la sociedad argentina a partir del ingreso de estupefacientes en el territorio nacional y la amenaza de nuevos peligros deberían ser motivo suficiente para que, con la necesidad y urgencia que demanda la cuestión, se arbitren los mecanismos más idóneos, que permitan la inmediata adquisición de equipos y radares que posibiliten un adecuado y completo control del espacio aéreo.
(Extractado de: La Nación, editorial, 31-3-08)
