Cada año la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), un organismo de las Naciones Unidas, se explaya a lo largo de unas 180 páginas sobre la situación del consumo, la producción y el tráfico de drogas en el mundo. Ayer publicó el último de sus informes anuales con una declaración que es innovadora: “La Junta observa con preocupación que en algunos países de América del Sur, como la Argentina, Brasil y Colombia (y de América del Norte, EE. UU. y México), hay un movimiento creciente en favor de la despenalización de la posesión de drogas”.
La queja resulta toda una novedad en el lenguaje de las agencias internacionales, y motivó la queja de dos de las organizaciones no gubernamentales que más trabajan en el tema a nivel global. El Transnational Institute (TNI), de Holanda, y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) consideraron que “las críticas, claramente, sobrepasan el mandato de la JIFE y constituyen una intromisión inmerecida en la soberana toma de decisiones de los países”.
La JIFE apunta a los casos de Brasil, donde en 2006 se crearon penas alternativas a la cárcel para los usuarios de drogas, diferenciándolos de los traficantes, y a México, donde no se castiga la portación de dosis mínimas de drogas. Enseguida arremete contra la Corte Suprema de Justicia argentina porque “dictaminó que castigar el uso personal de cannabis era inconstitucional”. “La Junta señala con preocupación –dice el informe– la posibilidad de que esos actos jurídicos sean malinterpretados”.
El organismo de ONU les recordó a los países que la convención de drogas de 1988 les exige que tipifiquen “la posesión, la adquisición o el cultivo de estupefacientes para el consumo personal” como delito penal. Al mismo tiempo la JIFE opina que, “lamentablemente, hay personalidades influyentes, entre ellas ex políticos de alto nivel” que apoyan la despenalización, en referencia a Fernando Henrique Cardoso, de Brasil; César Gaviria, de Colombia, y Ernesto Zedillo, de México, quienes pidieron este año la descriminalización de la tenencia de marihuana para uso personal y el “cambio de paradigmas” en el combate a las drogas.
“Hay muchos consumidores y vendedores de menor escala hacinados en las prisiones latinoamericanas. Esto no es sólo inhumano, también significa que los aparatos de la Justicia están desviando sus limitados recursos y su atención de los narcotraficantes a otra parte”, salió al cruce Pien Metaal, investigadora del Programa sobre Drogas y Democracia de TNI.
“En el caso de la Corte Suprema de la Argentina, es una interferencia arrogante por parte de la JIFE el cuestionar el juicio de la máxima autoridad judicial de un Estado soberano. La JIFE no tiene ni el mandato ni el conocimiento suficiente para disputar tal decisión”, dijo Martin Jelsma, de la misma organización.
En el informe se marcan algunas tendencias del tráfico mundial; por ejemplo, que en Estados Unidos ha aumentado el cultivo de marihuana, que Venezuela es la principal vía de salida de la cocaína hacia Europa y Estados Unidos, y que Colombia produce menos cocaína, pero aumentaron su elaboración Perú y Bolivia. Otra novedad es que la JIFE ha empezado a registrar casos de fabricación de drogas sintéticas en América del Sur y una tendencia creciente en países como la Argentina de desviar precursores para fabricar anfetaminas.
Crítica de la Argentina, Jueves 25 de febrero
La JIFE apunta a los casos de Brasil, donde en 2006 se crearon penas alternativas a la cárcel para los usuarios de drogas, diferenciándolos de los traficantes, y a México, donde no se castiga la portación de dosis mínimas de drogas. Enseguida arremete contra la Corte Suprema de Justicia argentina porque “dictaminó que castigar el uso personal de cannabis era inconstitucional”. “La Junta señala con preocupación –dice el informe– la posibilidad de que esos actos jurídicos sean malinterpretados”.
El organismo de ONU les recordó a los países que la convención de drogas de 1988 les exige que tipifiquen “la posesión, la adquisición o el cultivo de estupefacientes para el consumo personal” como delito penal. Al mismo tiempo la JIFE opina que, “lamentablemente, hay personalidades influyentes, entre ellas ex políticos de alto nivel” que apoyan la despenalización, en referencia a Fernando Henrique Cardoso, de Brasil; César Gaviria, de Colombia, y Ernesto Zedillo, de México, quienes pidieron este año la descriminalización de la tenencia de marihuana para uso personal y el “cambio de paradigmas” en el combate a las drogas.
“Hay muchos consumidores y vendedores de menor escala hacinados en las prisiones latinoamericanas. Esto no es sólo inhumano, también significa que los aparatos de la Justicia están desviando sus limitados recursos y su atención de los narcotraficantes a otra parte”, salió al cruce Pien Metaal, investigadora del Programa sobre Drogas y Democracia de TNI.
“En el caso de la Corte Suprema de la Argentina, es una interferencia arrogante por parte de la JIFE el cuestionar el juicio de la máxima autoridad judicial de un Estado soberano. La JIFE no tiene ni el mandato ni el conocimiento suficiente para disputar tal decisión”, dijo Martin Jelsma, de la misma organización.
En el informe se marcan algunas tendencias del tráfico mundial; por ejemplo, que en Estados Unidos ha aumentado el cultivo de marihuana, que Venezuela es la principal vía de salida de la cocaína hacia Europa y Estados Unidos, y que Colombia produce menos cocaína, pero aumentaron su elaboración Perú y Bolivia. Otra novedad es que la JIFE ha empezado a registrar casos de fabricación de drogas sintéticas en América del Sur y una tendencia creciente en países como la Argentina de desviar precursores para fabricar anfetaminas.
Crítica de la Argentina, Jueves 25 de febrero
