DEUDA SOCIAL CON LOS JÓVENES

Es una ingrata verdad, de la cual ya nos hemos hecho eco en estas columnas, que en nuestro país existe un elevado número de adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan -entre 550.000 y 900.000, según se tomen las cifras oficiales o las de informes privados-, y que parecen entregados a una inercia que sólo promete un destino de marginación social.

Esta dura realidad constituye uno de los problemas más graves que aqueja a nuestra sociedad, compromete gravemente su futuro y reclama medidas de fondo para desembocar en una salida constructiva.

Otras estadísticas, a cargo del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la UCA, muestran también que el 35 por ciento de los jóvenes entre 19 y 24 años no había concluido la escuela media y el 41 por ciento de los adolescentes no asiste a la escuela secundaria o está retrasado por repitencia.

Los datos citados adquieren mayor relieve al considerar que la ley de educación que rige desde 2006 estableció la obligatoriedad de la escuela media. A partir de esa norma, padres e hijos han de cumplir con ella y, a su vez, el Estado tiene el deber de ofertar el número de vacantes necesarias para permitir una educación de calidad a todos los menores en edad de asistir a ese nivel de enseñanza.

Sin embargo, la experiencia del actual ciclo lectivo es otra, ya que las vacantes han sido ampliamente sobrepasadas por el número de quienes buscaban ingresar, estimulados por la reciente ley de asignación universal por hijo, siempre que se acredite el cumplimiento de la obligación escolar. Ahora bien, la exitosa respuesta alcanzada por una mayor inscripción quedó empalidecida por la incapacidad de la escuela oficial de dar cabida satisfactoria a todos los adolescentes.

Nuevos elementos pueden agregarse a las informaciones mencionadas, que revelan hasta qué punto nuestra sociedad está en deuda con estos niños y adolescentes. El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) ha presentado recientemente un informe cuya principal conclusión es que "uno de cada tres niños pobres no vive con sus dos progenitores". Como inmediatamente se comprende, entre otras consecuencias, esto frecuentemente trae aparejadas mayores dificultades en los procesos de educación.

Según el informe, para compensar los desafíos que se derivan de las nuevas formas de constitución familiar, muchos países contemplan mecanismos para resolverlos. Pero en el caso de la Argentina, la estrategia más reciente, la ya mencionada asignación universal por hijo -planteada como una de las iniciativas más importantes de los últimos años en materia de política social-, ha visto rápidamente erosionado su poder de transformación por el vertiginoso crecimiento de los precios; es decir que, con una inflación que superaría el 30 por ciento anual, los 180 pesos mensuales por hijo significan un impacto redistributivo insignificante.

La misma fuente señala que, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec de 2009, en los hogares pobres el porcentaje de niños que no viven con sus dos padres llega al 34 por ciento y que, cuando alcanzan la edad de entre 11 y 14 años, el 20 por ciento está retrasado o directamente ya abandonó la escuela.

Según se advierte, recuperar a los niños y adolescentes que desertan del sistema no es tarea que se pueda cumplir en el corto plazo, aunque haya que actuar sin demora. Es una labor ardua, que debe ser bien concertada con las políticas económicas y sociales, con necesaria continuidad en el tiempo. Asimismo, tiene que apoyarse en una formación docente adecuada a las problemáticas que hoy afectan a los adolescentes, a sus familias y a una comunidad perturbada, además, por la violencia.

La Nación, editorial, 10-4-10