Por Ismael Bermúdez
Aunque el ministro de Economía, Amado Boudou, afirma casi a diario que no hay un proceso inflacionario sino un reacomodamiento en algunos productos, que “de ninguna manera haremos un ajuste” y que no recortarán ni sueldos ni jubilaciones, lo cierto es que la suba de los precios –generalizada— ya está ajustando el gasto público, los salarios públicos y privados, las jubilaciones, los planes sociales y los costos empresarios.
Además, está provocando una transferencia de ingresos de las franjas más débiles de la economía hacia los sectores más concentrados. Así, la inflación –tolerada e impulsada por el Gobierno y los formadores de precios– se encarga de hacer una parte muy importante de la “tarea sucia” que puede ser tan dañina como la que resultaría de un recorte nominal.
En los últimos 12 meses, a febrero, los precios minoristas medidos por los Institutos Provinciales oscilaron entre el 20 y 24%. Pero si se proyectan los últimos 3 meses, la suba asciende a más del 30%. Esta aceleración de precios fue más fuerte en los alimentos, se extendió al resto de los bienes y a los servicios, y amenaza con continuar por la propia lógica de la propagación inflacionaria.
Para marzo se estima que los precios minoristas subieron en el orden del 2%, lo que sumaría un 7% en los tres primeros meses de 2010. Este encarecimiento ya provocó un deterioro en el poder de compra de los asalariados, jubilados y beneficiarios de planes sociales y licuó una parte de la nueva asignación por hijo.
Y si bien de tanto en tanto hay aumentos en los salarios (cada 4 o 6 meses, según los convenios con subas escalonadas) o en las jubilaciones (cada 6 meses), los precios aumentan día a día y semana a semana.
Así, los asalariados o los jubilados pueden conseguir recuperar con retraso los desfases producidos entre cada renovación del convenio o entre cada “movilidad” jubilatoria, pero no reparan lo perdido entre cada período. Y muchos pierden también hacia adelante porque el incremento que obtienen es inferior al de los precios.
Entre tanto, la suba acelerada de los precios impulsa la demanda porque los consumidores perciben que el ahorro es negativo (la tasa de interés es inferior a la de la inflación) y anticipan compras, convalidando los mayores precios. Pero si los precios siguen escalando, este círculo termina agotándose por la propia caída del ingreso real y termina provocando una suerte de recesión con inflación.
Raíces complejas
La inflación tiene causas variadas que van desde el mayor consumo, las restricciones de oferta, los factores climáticos, la estructura oligopólica de muchas actividades hasta los billetes que emite el Banco Central para financiar el desequilibrio del Tesoro.
En los dos primeros meses de 2010, el BCRA giró al Tesoro 1.500 millones y aun así, tras el pago de intereses, las cuentas cerraron con un desequilibrio de $ 300 millones. Para el resto del año, la consultora ACM estima que “suponiendo un crecimiento de la recaudación en torno al 24%, con un gasto creciendo al ritmo del primer bimestre (30%) y la transferencia del total de las utilidades del BCRA por $23.000 millones, se obtendría un resultado primario del orden de los $8.300 millones”. Tras el pago de intereses, el desequilibrio rondaría los $ 17.000 millones.
Gran parte de las utilidades del BCRA que se transfieren son ganancias contables debido a la “revalorización” en moneda nacional de las reservas por la devaluación del peso. También se transfieren intereses del Fondo de Garantía de la ANSeS que deberían capitalizarse para licuar el valor de dicho Fondo. Por ahora, lo que el Gobierno no hizo fue realimentar la inflación con la devaluación nominal del peso, aunque intervino para evitar la revaluación nominal de la moneda.
Entre agosto de 2009 y marzo de 2010, los precios minoristas subieron un 15% y el dólar casi no se movió: pasó de $ 3,87 a $ 3,89. Pero esta “ancla cambiaria” –favorecida por el fuerte superávit comercial– tiene otras consecuencias porque descoloca exportaciones, en especial manufactureras, o altera los planes de inversión que se encarecen valuados en moneda extranjera. Y deja planteado el interrogante de hasta qué punto el Gobierno dejara apreciar el valor del peso.
El ex titular del Banco Central, Rodolfo C. Rossi, dice que “la inflación es un impuesto. El gasto, que no puede financiarse con ingresos genuinos –impuestos y contribuciones–, se financia con un recurso, aparentemente indoloro, como es la moneda emitida, usándose, en numerosos casos, todos los artilugios y la creatividad contable, para su posible disimulo”. Y agrega que “el sector público tiene con la emisión monetaria sin respaldo y la consiguiente inflación, algunos sutiles beneficios, como aprovisionar el crecimiento nominal del producto bruto, disminuir la incidencia del gasto en su relación al citado producto, licuar los pasivos en moneda nacional e inicialmente, alentar el consumo, que crece con el aumento de la cantidad y velocidad del dinero”.
Rossi alerta que “la utilización de este recurso de financiamiento fiscal es peligroso. La emisión monetaria y el aumento de los precios tienen, inicialmente, beneficios para la economía. Crece el consumo, la inversión y la ocupación y el salario nominal, pero, simultáneamente, se inicia una constante carrera por carencia de liquidez y son necesarias adicionales emisiones de moneda. Es lo que se conoce, como ‘espiral de inflación’. De no ser provista una mayor expansión monetaria, caerá ineludiblemente el empleo, se reducirá el consumo y la inversión, y con ello, la productividad de la economía. Y entonces, se produce, irremediablemente, el ‘ajuste’, aunque nadie lo quiera”.
También Eduardo Curia plantea que “la preocupante inflación efectiva en cursosupone de por sí una problemática, pero también depara paradojas”. Por de pronto, la suba de los precios está atada “a la combinación de una demanda nominal “sobrecenada” –en un ciclo positivo–, en lo que gravita la prociclicidad fiscal, asociada con una puja de ingresos severa, y con atisbo alcista. Esta combinación, por su vigor, rebasa la respuesta de la oferta”.
Curia señala que la inflación ajusta de modo desigual según los sectores en juego. “Los sindicatos organizados gozarían de un mayor margen de maniobra relativo para preservar el salario real en las paritarias”. En tanto existen “segmentos vinculados con los grupos más pauperizados, pasivos, sectores medios no organizados, vectores del cuentapropismo, entre otros, en general menos capaces para seguir esa puja, con lo cual son más desbordados por la inflación efectiva”. Agrega que “la expansión del sector fiscal puede ser vista como un resorte legítimo para combatir situaciones de pobreza, incentivar la actividad, y cosas por el estilo. Pero, a la par, por la forma en que hoy funciona la prociclicidad –la que contribuye a alentar el proceso inflacionario–, puede redundar en la creación de nuevos pobres, además de que se vean relativizados en su valor real los beneficios ya otorgados. Y luego, ¡habría que realimentar el gasto público!”
A modo de conclusión, Curia dice que la inflación también provoca otros efectos que “no deben olvidarse”. “Un nivel ‘picante’ de inflación puede instigar una incertidumbre importante que desaliente el esfuerzo productivo y la inversión privada. Por otra parte, puede crecer la tentación de usar al tipo de cambio, tirando a fijo, como el ancla ‘disponible’, dañando la paridad real, con el peligro que ello implica. Parece, entonces, que sobran los motivos para sentar una terapia antiinflacionaria explícita, la que ayudaría a consolidar el ciclo positivo perfilado”.
El economista Roberto Dvoskin señala que “la inflación, ya insertada en la estructura económica desde el año 2007 y frente a un nuevo empuje del consumo, ahora también apoyada en los sectores de más bajos ingresos, como es el tema de los ajustes periódicos a jubilados y el subsidio por hijo, golpeará más fuerte en los precios y neutralizará los esfuerzos del Gobierno para mejorar la distribución del ingreso”.
Por eso, este especialista plantea que “lo peor es que la inflación termine haciendo lo que no se quiere ni debe hacer: ajustar. Para que ello no ocurra es necesario, en primer lugar, volver a hacer creíble al INDEC. En segundo lugar, es necesario definir las reales causas de la inflación, y en este caso no son ni las políticas monetarias ni las fiscales las que la producen, sino un fuerte puja distributiva, la cual el Gobierno ignora o no quiere ponerle límites. Tercero, entender, no sólo por parte del gobierno, que la inflación es un virus que perjudica primero a los asalariados, pero que termina destruyendo las bases productivas de un país, y que para ello la intervención del propio Estado, no administrando la economía de otros pero sí guiando las políticas de largo plazo de inversión y consumo, es un principio de solución”.
Clarín, 4-4-10
