Enrique Martínez
El fallo de la Corte de La Haya era enteramente anticipable. En cuanto al fondo jurídico y sustancial del reclamo, es claro que Uruguay incumplió el tratado de 1975. Lo hizo varias veces, pasando por encima de consultas y negociaciones a las que estaba obligado.
Respecto del efecto que ello ha tenido sobre la calidad de vida de los argentinos y en particular del área de Gualeguaychú, la Corte señala que no ha podido verificar que como consecuencia de la operación de Botnia haya concentración de contaminantes en niveles superiores a los admisibles por normas internacionales.
El fallo permite que pongamos énfasis sobre la diferencia categórica que hay entre afirmar la presencia de contaminantes y la existencia de contaminación. Esto es: hay contaminación cuando se advierte una concentración de contaminantes de niveles superiores a los normados.
Hasta donde sabemos, ningún informe de organismos técnicos argentinos ha señalado que haya contaminación, expresada en los términos señalados. El INTI lo dijo expresamente, desde que comenzó sus análisis rutinarios hace tiempo, que continúan. Los restantes organismos, hasta donde sabemos, señalaron la presencia de contaminantes, pero no que hubieran superado o aproximado los límites.
Este escenario, previsible, no satisface el reclamo de quienes se sienten violentados por esta instalación. Es de esperar que finalmente se acuerde un transparente plan de monitoreo conjunto de la planta de Botnia, al que hasta ahora no se dio impulso desde ninguna de las dos orillas, por distintas razones políticas, atendibles, pero ya superadas. Tal vez a quienes están más sensibilizados esto tampoco los satisfaga. Me parece que la mejor opción es tomar impulso a partir del reclamo ambiental entrerriano e instalar la cuestión en la agenda nacional.
Se necesita un mapa de contaminantes y de contaminación a lo largo de todo el río Uruguay. También de ríos provinciales importantes, como el Salado del Norte, el Gualeguay, el Tercero, el Cuarto y varios más. Con esos mapas se necesita identificar los orígenes de los contaminantes, que pueden estar en plantas industriales o en los numerosos desechos cloacales sin tratamiento que se vuelcan a nuestros ríos, encarando sin vueltas su eliminación.
Asimismo, se necesita definir si las fumigaciones aéreas de cultivos deben ser prohibidas y no sólo acotadas. O cómo realizar controles ambientales profundos y con amplias facultades de intervención en la actividad minera de gran porte.
El mejor camino que un organismo técnico de la responsabilidad del INTI puede sugerir es poner todos esos problemas a la vista y juntar todas las voluntades necesarias para resolverlos.
Sin mitos. Sin construir enemigos donde debe haber compañeros. A la inversa, sin creer que el ambiente se cuida solo. Midiendo, midiendo y midiendo. Evaluando causas y soluciones. Sin hipocresías. Y sobre todo: asumiendo desde nuestros ámbitos que somos un servicio público, que no nos podemos permitir ni incentivar temores de la comunidad con informaciones parciales o mal planteadas ni considerar que los problemas del río Uruguay son nuestro único nudo ambiental.
El autor es presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
La Nación, 22-4-10
