Por: Alejandro Alfie
El organismo que se ocupa de la investigación genética de la identidad de las personas, entre ellos los de familiares de desaparecidos, está envuelto en una polémica sobre la independencia de sus informes, luego de que los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble denunciaran que la ley aprobada a fines del año pasado, que transfiere el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) del Hospital Durand a la órbita del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), hizo que el Gobierno sea juez y parte en el juicio que se lleva adelante para dilucidar la identidad de Felipe y Marcela Noble Herrera.
Ellos en su carta expresaron su temor a "una manipulación en los análisis genéticos", ya que las muestras de sangre que dieron "para un análisis genético, pretenden usarse en otro tipo de examen, con modalidades y condiciones que no nos ofrecen garantías de seguridad e imparcialidad".
El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, consideró que fue una "arbitraria descalificación" al BNDG el planteo de los hermanos Felipe y Marcela Noble Herrera, quienes "cuestionan, entre otras cosas, la seguridad e imparcialidad de los exámenes que de acuerdo con la ley deben realizarse en el Banco Nacional de Datos Genéticos".
También la directora del BNDG, Belén Rodríguez Cardozo, se refirió ayer el planteo de Felipe y Marcela Noble Herrera. Sostuvo que no merecen esa "sospecha", ya que "cumplimos nuestra labor científica desde hace más de 10 años, bajo la órbita del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habiendo sido siempre peritos imparciales y trabajando honestamente en todas las causas que nos ha tocado intervenir, sin injerencia del poder político de turno".
Sin embargo, la directora Rodríguez Cardozo tenía una posición distinta cuando se discutió el proyecto de ley de transferencia del BNDG a la órbita del PEN. El 12 de noviembre del año pasado, la directora Rodríguez Cardozo, junto a Adolfo Pérez Esquivel y diversas organizaciones de derechos humanos cuestionaron la transferencia del BNDG al PEN, porque eso afectaba "la imparcialidad de las pruebas". (Ver recuadro)
En aquella oportunidad, los firmantes del documento sobre el "Proyecto de Ley del Banco Nacional de Datos Genéticos" habían señalado que el BNDG "no puede estar bajo la órbita del Poder Ejecutivo, pues eso afectaría el requisito esencial del peritaje, que es la imparcialidad" de las pruebas, ya que "el perito oficial debe ser independiente de la querella". Y decían que "el Poder Judicial de la Nación es el lugar de donde debe depender el BNDG".
Tales inquietudes fueron reforzadas por Alejandro Ruiz Trevisán y Primarosa Chieri, especialistas en el área de exámenes en histocompatibilidad, aportados por la familia Noble Herrera, quienes sostuvieron que en las actuales condiciones "no hay un control y supervisión completa de la prueba realizada en el BNDG. A ello se agrega la imposibilidad del perito de parte de realizar una contraprueba, pues el BNDG sólo provee la información genética de sus archivos y no las muestras genéticas" originales.
Clarín, 24-4-10
