La Nación, editorial,
18 DE NOVIEMBRE DE 2016
Los gobiernos de la Argentina y Uruguay acordaron la
publicación de los resultados de las mediciones realizadas por el Comité
Científico de la Comisión Binacional Administradora del Río Uruguay (CARU) en
la planta celulósica de Fray Bentos. Estos resultados se habían mantenido en
secreto por pedido del gobierno argentino durante la gestión de Cristina
Fernández de Kirchner. Esta actitud hacía suponer que las mediciones de la
contaminación producida por la planta no confirmaban las presunciones que
habían movilizado a una grave y prolongada protesta de la comunidad de
Gualeguaychú. El presidente Néstor Kirchner había acompañado la movilización
como "una causa nacional".
Las mediciones ahora conocidas fueron realizadas entre
julio de 2011 y junio de 2015 en la descarga de líquidos de la planta y también
en la desembocadura del río Gualeguaychú. En la primera localización se
detectaron menos de una decena de apartamientos de las normas, aunque se aclara
que en todos los casos la empresa corrigió los desvíos. Por lo contrario, las
mediciones en la desembocadura del río Gualeguaychú mostraron contaminación por
sobre los límites admisibles en todas las muestras extraídas durante los cuatro
años. Se detectaron allí presencias de hierro, aluminio, berilio, hidrocarburos
y amonio. En definitiva, la planta celulósica cumple con las normas
ambientales, mientras que industrias y efluentes de la ciudad de Gualeguaychú contaminan
el río que la atraviesa.
El caso que denominamos Botnia, por el nombre de la
compañía finlandesa que proyectó, construyó y operó inicialmente la planta,
constituye un tema de estudio acerca del mal manejo y del empleo político de la
comunicación. Fue un ejemplo de una errónea administración gubernamental de
problemas ambientales.
Es bien conocida la preocupación de este diario por la
preservación del ambiente y por la conservación de la naturaleza. Estas
columnas editoriales han expuesto reiteradamente la necesidad de actuar frente
al fenómeno del calentamiento global y han promovido permanentemente acciones
para combatir la contaminación. Sin embargo, en cuatro oportunidades se
advirtió del error de no considerar los informes técnicos y todos los
antecedentes que aseguraban que la planta de Botnia (hoy UPM) cumplía las
normas ambientales.
Por primera vez, el 18 de abril de 2006, decíamos:
"La población de Gualeguaychú deberá informarse en profundidad de todos
los estudios y documentos ya elaborados y poner atención en los pasos que los
demás protagonistas deben desarrollar para disipar totalmente los riesgos de
contaminación. Sobre esta base deberán superar sus temores y dejar sin efecto
los cortes de rutas y puentes, que sólo implican ilegalidad y daño a las
comunidades de dos países que deben resolver esta cuestión como hermanos".
En efecto, las reacciones colectivas no se compadecían
con los informes técnicos de respetado origen.
Se produjo un fenómeno de pánico colectivo del tipo
que describen los tratados de psicología de masas. Comenzó impulsado con
relatos que, ignorando los avances en la tecnología, se referían a plantas
celulósicas antiguas, que eran efectivamente contaminantes.
Esos mismos comunicadores hablaban de consecuencias
apocalípticas sobre el río Uruguay y la ciudad de Gualeguaychú. Con una
convicción que no parecía dejar dudas, pronosticaban el envenenamiento de peces
y aves, graves enfermedades, olores insoportables y playas inutilizadas.
Esas imágenes movilizaron a la población afectada en
defensa de su propia vida y la de sus hijos. Quien intentare argumentar en
contrario, aun con fundamentos técnicos, era considerado un traidor a una causa
común y se lo suponía "comprado" por los intereses de Botnia. Esta
empresa hizo un esfuerzo de comunicación e invitó a asambleístas y periodistas
a visitar plantas de última generación en Finlandia similares a la de Fray
Bentos, construidas sobre lagos interiores de los cuales se extraía el agua
potable sin contaminación, pero no logró revertir la movilización en su contra.
Los asambleístas, casi sin excepción, rechazaban la
invitación. Algunos periodistas que viajaron no se animaban a escribir sobre la
realidad que habían observado. No sólo la comunidad hubiera sospechado de
ellos, sino que además un gobierno que solía atacar a la prensa podía actuar
sobre ellos de alguna manera perversa.
El 12 de junio de 2006, la Academia Nacional de
Ingeniería presentó a la Presidencia de la Nación y al ministro de Relaciones
Exteriores un estudio titulado "Documento sobre las plantas de pasta
celulósica a orillas del río Uruguay". No lo hizo público porque el
Gobierno acababa de iniciar un reclamo ante la Corte Internacional de Justicia
de La Haya y de lo que se trataba no era de atacar, sino de evitar mayores
errores.
El documento, que consideraba la operación conjunta de
las dos plantas que Uruguay había autorizado, terminaba: "En conclusión,
los parámetros ambientales resultantes de la operación de las plantas estarán
dentro de los límites estrictos de normas ambientales. De acuerdo con ello, no
se esperan efectos adversos sobre la salud o la biodiversidad y no se generará
contaminación sobre costas y territorio argentinos".
Igualmente, la academia consideraba necesario, luego
de la puesta en marcha, el monitoreo ejecutado por la entidad que representa a
ambos gobiernos.
La reacción de la Cancillería frente al documento fue
fuertemente negativa. Los miembros de la referida academia que concurrieron a
una citación no pueden olvidar el tono agresivo y escasamente profesional de la
reprimenda que les brindó el funcionario responsable del tema.
El resultado de la presentación ante La Haya fue el
esperado. No se accedió al reclamo argentino de detener la construcción por no
haber ningún fundamento para demostrar que la planta contaminaría. En otro
sentido se le dijo al gobierno uruguayo que no había respetado los
procedimientos de consulta acordados en el Estatuto del Río Uruguay. Una forma
de compensar con una formalidad la otra parte verdaderamente relevante del
fallo, que les daba la razón a los técnicos y a Uruguay.
La enseñanza que deja este largo y lamentable proceso
es que en cuestiones ambientales es fundamental respetar la opinión seria de
técnicos independientes.
Resulta fácil para líderes políticos apelar al temor
colectivo en casos donde se puede presumir contaminación. Planteada la amenaza
de una situación catastrófica, se puede distinguir a los buenos como la
comunidad en peligro a la que el político dice defender, y al malo en la
empresa industrial o minera acusada de intentar aumentar sus ganancias sin
escrúpulos para enfermar y matar.
La utilización del caso Botnia atrajo a un gobierno
populista, que en vez de clarificar alentó de manera deliberada un equívoco que
movilizó a ciudadanos normales a cortar un puente de frontera durante años,
provocando inmensos daños económicos y personales.
Además, habiendo conocido ese gobierno los informes
técnicos de instituciones internacionales y nacionales independientes, puso
igualmente en juego a la Corte de La Haya y afectó severamente las relaciones
con un país hermano.
