sábado, 5 de agosto de 2017

POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA: PREVENCIÓN MÁS INVESTIGACIÓN



La Voz del Interior, 10 de Agosto 2017

Por Julio Suárez*

Estamos convencidos de que no existe un legado histórico que los países no puedan trascender.
El abordaje del fenómeno de la corrupción implica introducirse en el análisis de un conjunto de prácticas de intercambio ilegales cuyo ejercicio no hace diferencia entre los países del norte y los del sur, desarrollados o subdesarrollados, democráticos o autocráticos.

La corrupción es, por el contrario, una manifestación globalizada, con intensidades diversas y que comprende ámbitos variados, como los políticos, sociales, económicos y de gestión.
En nuestro país, es la corrupción en el ámbito político y de la administración pública estatal (con la intervención ineludible y cómplice del sector privado) la más generalizada en la percepción común.

Si se tiene en cuenta que el deber de velar por los intereses del Estado es lo que da sentido y legitimidad a la función pública, cuando se traiciona ese fin, cuando se lo menoscaba, se produce no sólo un alto costo económico para el erario público y un fuerte descrédito hacia los funcionarios públicos (políticos y/o de carrera), sino también un impacto de desconfianza en todo el tejido social, pues los valores subyacentes al sistema democrático resultan alterados y se debilita la noción de bien común.
La multiplicidad de medidas para frenar los hechos de corrupción pueden agruparse en dos conjuntos principales: las preventivas (actúan antes de la comisión del hecho disvalioso y tienden a evitarlo) y las de investigación (tienen una actuación posterior a la comisión, con la finalidad de aplicar un castigo).

La diversidad de programas radiales y audiovisuales que en todo momento, a toda hora y bajo cualquier formato abordan nuevos casos de corrupción da muestra del fracaso de la prevención.
La nota titulada “Anticorrupción: 7 condenas y 1 preso en 13 años”, que publicó La Voz el 4 de junio pasado respecto del caso Córdoba –pero de similares características en el resto de provincias y a nivel nacional–, es un ejemplo del fracaso del sistema de investigación y sanción. Ambos fracasos implican la entronización de la impunidad.

En resumidas cuentas, el combate contra la corrupción ha ganado amplios espacios en los ejercicios discursivos y retóricos, pero aún no ocupa un lugar de privilegio en las agendas de los gobiernos (nacional, provincial y municipal), y los esfuerzos encaminados a transparentar las gestiones son más dispersos que sistémicos, parciales que integrales y aislados que globales.

Por ello, para que una “política de transparencia” pueda llegar a tener éxito debe contarse con lo siguiente:
1) voluntad política para la promoción suficiente de la iniciativa anticorrupción, que abarque no sólo el primer impulso, sino también la sustentabilidad en el tiempo.
2) Planificación estratégica que permita elaborar un proyecto integral en cuya preparación participe el sector público, el privado y la sociedad en general.
3) Metas y expectativas reales: la eliminación total de la corrupción aparece como un objetivo que se acerca más a una expresión de deseos que a una realidad alcanzable. Trabajar en aquellos intersticios administrativos donde la ciudadanía percibe que se registran los principales focos de corrupción, y de allí ir avanzando a otras áreas (por ejemplo, dependencias de obras públicas, habilitaciones, etc.)
4) Atacar los sistemas corruptos. La finalidad perseguida debe ser no sólo detectar y sancionar a personas corruptas (aunque es vital condenar a “peces gordos”), sino también desarticular los sistemas que facilitan la comisión de hechos irregulares.
5) Fortalecer las instituciones de control, fiscalización y auditoría y combinar las herramientas de prevención con las de investigación. Las medidas preventivas, como el acceso a la información, la elaboración participada de normas, pactos de integridad, audiencias públicas, presupuesto participativo, compras transparentes, monitoreos, declaraciones juradas e índices de percepción de la corrupción, deben ir acompañadas de procedimientos investigativos ágiles que permitan la aplicación de sanciones, produzcan una baja en los niveles de impunidad y logren el recupero de activos obtenidos de forma ilegal.

Todo ello acompañado de una cultura política y administrativa que tienda a una gestión pública responsable y no direccionada a la realización de negocios, individuales o corporativos, indebidos o ilegales.
En definitiva, estamos convencidos de que no existe un legado histórico que los países no puedan trascender.
Por ello, si se articulan de manera adecuada los instrumentos repasados, es posible el diseño y la implementación de políticas de transparencia que logren minimizar los actos de corrupción. Todo lo cual no sólo es viable, sino también imprescindible para recrear la confianza en la política y en la administración pública, afianzar las instituciones democráticas, alcanzar un desarrollo sustentable y contribuir al bienestar general.


* Magíster en Administración Pública, especialista en gerenciamiento público, abogado