Nicolás Cherny
Clarín, 04/08/2017
¿Es posible que el ciudadano conozca a los candidatos
que está votando si ignora quién financia su campaña electoral? La
subdeclaración de gastos de campaña y el uso indiscriminado de efectivo para
aportes ocultan la identidad del donante e impiden al ciudadano tener los datos
necesarios para hacer un voto informado. Permiten lo que la ley prohíbe: el
anonimato de los donantes.
El costo estimado para una campaña presidencial en
2015 fue 1.000 millones de pesos, pero el máximo que llegó a declarar una
alianza electoral llegó a 129 millones. De ese monto, el 90% de los aportes se
hizo en efectivo. El votante puede juzgar al candidato por su programa y discurso,
pero no sabe si es financiado con dinero de origen legal o ilegal. Ignoramos
también si las decisiones políticas que toman nuestros representantes están
influidas por quienes aportaron a sus campañas.
Si el donante puede ocultarse, el ciudadano carece de
información crucial para ejercer su derecho en las elecciones. Pero también
debilita a los políticos que quieren dar transparencia a sus actos y a los
empresarios, sindicatos o individuos que aportan con ingresos legales a las
campañas electorales. Con las reglas actuales la sospecha los cubre a todos.
Hay coincidencia en el gobierno, la sociedad civil y
en muchos de los bloques del Congreso de la Nación sobre un conjunto de
propuestas para convertir en ley un nuevo régimen de financiamiento de la
política. Limitar las donaciones en efectivo, bancarizar los aportes, permitir
aportes de personas jurídicas y controlar los aportes durante la campaña de
modo online, pueden ser herramientas legales que revelen quiénes donan, cuánto
y a quién. La bancarización permitiría trazar el origen de los fondos y, con
ello, el votante podría identificar a los verdaderos aportantes. Hacer a los
candidatos responsables frente a irregularidades y establecer sanciones
costosas creará incentivos consistentes con un régimen de financiamiento
transparente. Nadie espera un cambio legal en el régimen de financiamiento a
las puertas de un proceso electoral. Pero sí hay espacio para que aportantes y
candidatos se comprometan a donar y recibir en blanco, a bancarizar el circuito
de financiamiento político. Si los consensos sobre el diagnóstico y las
soluciones existen y las negociaciones avanzan, la ventana de oportunidad
aparecerá tarde o temprano.
La alternativa es esperar, una vez más, que sea un
Odebrecht, un Lavajato u otro escándalo de corrupción que movilice el cambio.
No sería la primera vez que sean los daños irreparables los que generen los
cambios que la política argentina no consigue producir. Hay, sin embargo, un
consenso que une a dirigentes del oficialismo, la oposición y a la sociedad
civil que debemos aprovechar para llegar a la elección de 2019 con una ley que
brinde al ciudadano transparencia, información verdadera y sanciones efectivas
a candidatos y donantes que ocultan financiamiento espurio.
Nicolás Cherny es Director del Programa de
Instituciones Políticas de CIPPEC
