sobre el espionaje que rodeó la muerte del
fiscal de la causa AMIA
Patricia Blanco
Infobae, 17 Sep,
2023
“Todo tiene que
ver con todo”. La frase no solo la usa la vicepresidenta Cristina Kirchner en
sus discursos a la hora de relacionar eventos y datos en la Argentina. El que,
paradójicamente, la pronunció ante la Cámara Federal fue el espía más famoso de
la Argentina, Antonio Stiuso, cuando reclamó profundizar la investigación sobre
los dos sujetos, que trabajaban para la provincia de Entre Ríos y que, con una
clave de la Agencia Federal de Inteligencia, vigilaron los movimientos
migratorios de Stiuso justo a partir del 18 de enero de 2015, cuando todavía no
se había encontrado el cadáver de Alberto Nisman con un tiro en la cabeza en el
baño de su departamento. 38 veces consultaron los datos del ex jefe de
Contrainteligencia, desde ese domingo hasta el 30 de enero siguiente.
Los dos acusados
por ese espionaje Pablo Palá y Alexis Lesa se dedican al servicio informático,
trabajan para distintas reparticiones públicas de Entre Ríos y al declarar
buscaron desvincularse del caso, pero la Cámara Federal, tal como lo adelantó
Infobae el jueves, los procesó por violar la ley de inteligencia. Ahora se
busca saber quiénes están detrás de ellos y qué vínculo tuvieron con la muerte
del titular de la UFI-AMIA. No parece casual que el troyano que se instaló en
el celular de Nisman apunte hacia la IP (dirección única que identifica a un
dispositivo en Internet) que se usó para espiar a Stiuso y a la ex esposa del
fiscal, la jueza Sandra Arroyo Salgado.
La historia del
troyano en el celular de Nisman no es nueva y está casi desde el comienzo de la
causa: el titular de la UFI AMIA que antes de su muerte denunció a la entonces
Presidenta por encubrir el atentado a la AMIA a través de la firma del
Memorándum con Irán, tenía en su celular un malware que no llegó a ejecutarse
porque estaba destinado para un celular Apple y Nisman tenía un teléfono
Android. Una vez que un troyano se activa, el control del teléfono es
compartido: el dueño por un lado y el atacante por el otro. Vale recordar que
para el fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación, el teléfono de
Nisman fue manipulado y borrado, pero no se sabe ni quién lo hizo ni cuándo.
En el marco de la
investigación por la muerte de Nisman, los investigadores judiciales buscaron
saber de dónde había venido ese intento de ataque al celular del fiscal. Eso llevó
a una dirección en Entre Ríos: una empresa de informática. Eso sucedió incluso
antes de que el caso pasara a Comodoro Py 2002, donde el caso fue considerado
un homicidio. Nunca se avanzó más de ahí. Pero ahora los lazos parecen
comunicarse entre esa empresa informática y los dos sospechoso de haber espiado
a Stiuso y a Arroyo Salgado.
Desde hace más de
dos años, los investigadores de la causa Nisman vienen interrogando a más de 70
agentes de la AFI que estuvieron en la zona de Puerto Madero o tuvieron
comunicaciones con otros teléfonos claves el fin de semana en que Nisman se
preparaba para su presentación el lunes 19 de enero en el Congreso para hablar
de la denuncia contra la hoy vicepresidenta. Se encuentran con contradicciones,
internas, sospechas y silencios.
La muerte de
Nisman no puede interpretarse sin mirar la guerra de espías que estaba
sucediendo en las entrañas de la hoy AFI (entonces SI). En diciembre de 2014,
Cristina Kirchner había echado a la cúpula de la Secretaría de Inteligencia, enojada
por lo que creía era una avanzada de Comodoro Py en contra de su gobierno. Se
fueron así el número 1 y 2 de la central de espías -Héctor Icazuriaga y
Francisco Larcher- y fueron reemplazados por el hoy senador Oscar Parrilli y el
hoy viceministro de Justicia Juan Martín Mena, respectivamente. A los pocos
días, se confirmó la renuncia del director de Contrainteligencia, Antonio
“Jaime” Stiuso, el espía más famoso del país a esa altura y uno de los
funcionarios que trabajó codo a codo con Nisman.
El espionaje sobre
los movimientos de Stiuso y Arroyo Salgado no se conoció en la investigación
por la muerte de Nisman sino en una causa que radicaron el 20 de octubre de
2015 las entonces diputadas Laura Alonso y Patricia Bullrich (hoy candidata
presidencial). Aseguraron que se estaban pinchado teléfonos a políticos
opositores, jueces y periodistas. La lista incluía al entonces candidato a
presidente Mauricio Macri, al hoy jefe de Estado Alberto Fernández y a Sergio
Massa, entre tantos otros.
El caso le tocó por
sorteo al juez Sebastián Casanello, más tarde recusado, y luego recayó en el
juez Julián Ercolini. Ercolini también es el juez que interviene en la denuncia
por la muerte de Nisman, aunque el caso está delegado en la fiscalía. Sin
avances sobre el esclarecimiento de las pinchaduras de teléfono, fue el propio
Stiuso el que reclamó profundizar sobre los pedidos de sus datos migratorios y
el hilo llevó a Entre Ríos.
Todas las
consultas se hicieron desde la IP que está registrada a nombre de Palá, en una
oficina que comparte con Lesa. Para las consultas que se hicieron en la
Dirección de Migraciones se usó un usuario asignado a la AFI. El agente
asignado prestaba funciones en la Dirección de Contrainteligencia de la AFI a
la época de los hechos. Es más: en enero de 2015, cuando se generaron las
consultas, estuvo de vacaciones en Gualeguay, provincia de de Entre Ríos.
Cuando fueron a
indagatoria, tanto Palá como Lesa negaron su vinculación en los hechos. Su
abogado, Luciano Legasque, dijo este fin de semana a una radio de Entre Ríos
que Palá se dedica a vender “servicios informáticos”, como intermediario de
determinados servicios de direcciones de internet; y que él vendió servicios de
IPlan a una empresa de renombre internacional, desde cuyo servidor se hizo la
búsqueda en Migraciones. “Palá no tiene ni acceso ni control al uso que el
consumidor final haga con ese servicio que contrató. Solo factura en calidad de
revendedor. El actúa como intermediario. Y Lesa queda involucrado porque Palá
pone un teléfono alternativo, que era el de su amigo. No tuvieron ninguna
participación”. En términos generales fue lo que habían dicho en sus
declaraciones los involucrados y al apelar el procesamiento.
Infobae accedió al
escrito en donde Stiuso reclamó ante la Cámara confirmar los procesamientos y
subrayó la “persecución” en su contra durante el Gobierno de Cristina Kirchner
junto a la muerte de Alberto Nisman. “Todo está relacionado con todo y no
resulta del todo extraño que el control se haya efectuado desde esa localidad”
de Entre Ríos, afirmó.
“Lo primero que
corresponde decir es que ya ha pasado mucho tiempo desde que ocurrieran estos
hechos. Pero no podemos olvidarnos de lo que sucedió, ya que realmente, en
aquel convulsionado 2015 fui víctima de un acoso y persecución dispuesto por
las más altas autoridades del país. No fui el único, otros tantas personas
fueron víctimas de las mismas maniobras (con sólo tener en cuenta el listado
que aparece en el inicio de estas actuaciones para advertir la maniobra y su
entidad)”, dijo el ex espía. Y añadió: “Lo que aquí se demostró son maniobras
que me afectan a mí y que también han afectado a la Dra. Sandra Arroyo Salgado,
dato éste no menor, por cuanto no cabe otra opción (habida la fecha en que
sucedieron los hechos, desde el 18 y hasta el 30 de enero de 2015) que
entrelazar todo con la muerte del Fiscal Alberto Nisman”.
“Lo que ocurrió
ese enero del 2015 nos quedará a todos en nuestra memoria. A mí a título
personal, me quedará muy grabado porque aparte de haber sufrido la muerte de
una persona querida, también me ví obligado (por acciones como las que aquí se
investigan) a irme del país y a radicarme junto con toda mi familia en el
exterior”, añadió.
Stiuso sostuvo:
“El interés de ‘buscarme’, tal como ya expuse en esta y otras causas, había
sido largamente exhibido, tanto en forma privada como pública, por el entonces
Director de la SI/AFI, Oscar Parrilli”. Para Stiuso no hay dudas de que los dos
acusados que rastrearon sus movimientos migratorios con una clave de la AFI “cumplían
órdenes de las más altas autoridades” de la secretaría de inteligencia. Y
recordó así la denuncia que hizo y derivó en que sus hijas fueran con custodia
a tomarse un avión para poder salir del país y o su exposición como testigo en
la causa Nisman.
En su segunda
declaración, que sacudió el expediente y derivó que el caso fuera investigado
en Comodoro Py, Stiuso aseguró: “Estoy convencido de que a Albero Nisman lo
mataron”, que el fiscal y él pasaron a ser “un obstáculo” para el cumplimiento
del Memorándum con Irán y que “cuando la ex presidente decidió negociar con
Irán, quedó esposada y como rehén de ese país”. El espía afirmó además: “Estoy
seguro que Alberto era blanco” de una inteligencia paralela.
Como contragolpe
en esta causa, Stiuso trató de “inorgánicos” a los acusados y apuntó contra el
abogado que los representa. “Legascue trabajaba en la época en que ocurrió lo
de (el pago de Carlos) Telleldín, en la delegación de la SIDE de Paraná. No es
descabellado pensar que los imputados hayan mantenido relación con la SI/AFI,
quizás no como empleados, pero sí como ‘inorgánicos’, prestando servicios
informáticos”, dijo Stiuso.
“Es claro y
evidente, al menos para mí, que estas labores de inteligencia ilegal, fueron
ejecutadas, con una clave que poseía la SI/AFI, desde un lugar llamativamente
lejano (si tenemos en cuenta que esa clave la usaba personal de la dirección de
contrainteligencia, que tiene su base en CABA). Probablemente para no dejar
rastros de esa persecución de la cual estaba siendo víctima”, advirtió.
Este jueves, la
Cámara Federal, con la firma de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah,
confirmó los procesamientos y ordenaron profundizar la investigación. Apuntaron
a la declaración de una funcionaria de la Aduana de Ezeiza, Andrea Muñoz, quien
puntualizó que los días 20 y 21 de enero de 2015, la Subdirectora General de
Operaciones Metropolitanas de la Dirección General Impositiva reclamó datos de
diferentes CUIT: eran Sandra Arroyo Salgado, del fiscal Alberto Nisman y de
Diego Lagomarsino, el técnico informático que fue acusado de haber sido
partícipe necesario en el crimen porque su arma se usó para dar muerte al
fiscal de la UFI AMIA, en lo que la causa entiende fue un homicidio. El fallo
también mencionó a la figura de Gonzalo Horacio Tzareff, jefe de Equipaje de
Aduana, quien accedió de manera ilegítima a los registros fílmicos de la zona
de aduanas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza cuando llegó Nisman para
hacer su denuncia.
Según pudo saber
Infobae, tras el fallo de la Cámara Federal, el juez Ercolini dispuso el
secreto de sumario en la investigación. Habrá que esperar a conocer las
próximas novedades.
