(En recuerdo y homenaje del doctor Alfredo Eduardo Mooney)
por José Antonio Riesco
Instituto de Teoría del Estado
¿Hay a la vista un recambio en la personalidad y funciones del Estado..? Después de lo ocurrido con el tsunami financiero, primero en Estados Unidos y ahora en Europa, ya nadie podrá decir que el Estado ha muerto o está en extinción. Las agorerías de esta índole hoy suenan a ingenuidad, por no decir macaneo. De ellas fueron titulares pensadores de renombre como Robert Nosyk Guy Sorman o Francis Fukuyama, y entre nosotros Alvaro Alzogaray y su prole de neoliberales, por paradoja aferrados a los cargos públicos. Al cerrarse, al menos en buena parte, el ciclo del “laissez faire” ensayado y fracasado, Alfredo Mooney supo decir: “qué hacemos con el Estado ahora que no podemos acusarlo de empresario..?”- Cabe agregar : y ¿qué hacemos en 2010 cuando los poderes de la base (partidos. grupos, movimientos, ONG), se multiplican, generan poder de presión y conflicto y exigen la accountability.(responsabilidad de los funcionarios que no satisfacen sus demandas..?
Acaso, entre otras, se pueden señalar dos fallas en el pensamiento y acción de los mandarines que nos tocó en suerte. De un lado haber desprestigiado la virtudes del “mercado” (que las tiene) en el apurado afán de desmantelar estructuras y de sustituirlas por la ley de la selva en materia de relaciones socioeconómicas. De otro, haber ignorado que toda gestión económica a cargo del Estado implica un sentido político y que éste conlleva un compromiso con la sociedad activa de estos tiempos. Algo que no se resuelve imponiendo (manu militari) leyes y medidas cargadas de coacción y nada más, para que, finalmente, todo quedara a la intemperie, salvo el crecimiento desmesurado de la deuda externa y los negociados anexos.
Es que, rechazado por los pueblos el desatino antihistórico del neoliberalismo, fue un tremendo error de los sucesores (la contraparte) creer que todo consistía en volver al sistema previo (de fuerte estatización) y que, haciendo funcionar, siquiera a medias, el constitucionalismo clásico la nave alcanzaría el puerto por sí sola. Como si nada hubiese cambiado en el lapso de la frustración y que cubrió más de dos décadas, primero con los militares y seguidamente con la partidocracia- Y paramos en el 2000 ya que lo que advino sucesivamente fue sólo un torbellino de ineptitud, corrupción y conventillo entre políticos de segunda y tercera. En eso estamos. Hoy se vive un estatismo degenerado por cuanto el gasto público aumenta en un magma de clientelismo, corrupción y derroche, pero en la cúspide estatal la división de poderes y otros controles aparecen reemplazados por un régimen crecientemente autocrático, además cuasi patrimonial y, de paso, matrimonial. No hay teoría que lo pueda ordenar conceptual y/o jurídicamente.
En otros países los liberales hacen funcionar el papel del Estado en todo lo posible por medio del mercado y éste se guía por la conciencia de que se vive y progresa en una sociedad y no en una bailantas de intereses desbocados. La economía mixta es una ley sustantiva, generalizada, aunque a veces se lo niegue. Los nuestros, con admirables excepciones, no previeron que, aún desmantelado el “Welfare State”, la demanda de servicios sociales (asistenciales, educativos, subsidios, etc.) no solamente no desapareció sino que, al crecer la población y disminuir el nivel ocupacional y los ingresos de sectores masivos, más el vicioso aumento de la burocracia, ese gasto público resultó sostenido e incluso incrementado. Y hubo que afrontarlo, a no ser que se colocara a la sociedad en condiciones proto revolucionarias.
El peso de la decadencia material (pobreza), el impacto de los medios de comunicación, el auge de movimientos de protesta y reclamos, la constante presión de los sindicatos, la propia de los empresarios y la incidencia de corrientes de izquierda de uno y otro signo (marxistas, populistas, religiosos, etc.) a poco andar generó una dinámica que desbordó las instituciones clásicas. Pero además, tomó cuerpo el cuestionamiento del Estado como “gerente del bien común” en que tradicionalmente había fundado, en alta medida, su legitimidad. Cada sector o grupo de presión trata de imponer su propia filosofía política, de buena o mala calidad, sobre lo que debe ser el fin del Poder.
Hay tres cometidos sustantivos con cuya sinergia toma forma la función del Estado como entidad históricamente operante, respecto a si mismo y a la sociedad : unidad, organización y crecimiento. Unidad política y territorial; Organización por el orden jurídico y la administración; y Crecimiento mediante las inversiones, el trabajo, la producción, el intercambio y la innovación tecnológica. Esa convergencia –fundada en valores (libertad, justicia, dignidad)-- supone que el conjunto responde a reglas aceptadas, y como tales obligatorias, de articulación entre los actores (individuos, grupos, sociedades, entidades) sobre la base de un quantum razonable y justo de disciplina social, que es el secreto de los pueblos fuertes.
No es éste, precisamente, el panorama que ofrece la realidad nacional. Somos, en alta medida, una comunidad desarticulada, de miembros notoriamente transgresores en una proporción alarmante. Y el Estado no puede menos que ser un reflejo de esa condición colectiva, por eso se asemeja más a una toldería que a una corporación unificadora. La presencia, a veces agresiva, de los grupos sectoriales (sindicatos, piqueteros, ONG, movimientos, etc.) responde a esa ley, y de ahí el aumento progresivo del extrañamiento entre unos y otros, y la emergencia de una energía socioeconómica y política que no responde a la conducción general del sistema ni a su necesidad de coherencia. Los partidos políticos, fragmentados y concentrados en servir las ambiciones personales, no logran revertir ese caos ni su propia decadencia en tanto intermediarios auténticos entre las demandas y las ofertas. Lejos de ello lo estimulan, como se advierte en un escenario que contiene no menos de ocho candidatos a presidentes, entre ellos el “consorte” que usa los recursos públicos para su promoción.
El Estado democrático, no puede ni debe renegar del “constitucionalismo”, pero algo en éste debe transformarse (o al menos actualizarse) si no se resigna a que la fuerza que le llega del organismo colectivo se convierta en pasto de los extremismos que llevan siempre el pueblo a la tiranía. Y no será un Estado si ignora las solicitaciones de la calle, de los barrios, de los sectores y de las fuerzas activas y masificadas. Bien pudo decir Alfredo Mooney en una de sus clases universitarias : “El Estado de Derecho no puede ignorar los cambios de la realidad social, o le pasará como al que encabezaba Luis XVI”.
La relación más directa entre el poder y la ciudadanía se concreta a través de la Administración, es el plano donde las necesidades humanas (individuales y/o sociales) a diario golpean las puertas de los organismos gubernativos. Y desde donde tanto se dan soluciones como se acosa al hombre común con trabas, tramiterío, costos y sanciones. Un campo éste que brilla en el ámbito del Derecho Administrativo y la Ciencia de la Administración, pero que resulta secundarizado en buena parte de las cátedras y obras de Derecho Constitucional. Vale tener presente la buena tendencia al respecto de ciertos autores como Rafael Bañón y Ernesto Carrillo, que además de sus valiosos aportes han incorporado a un calificado grupo de expertos en la materia. Sobre todo vinculándola con el enfoque integrador de la Ciencia Política. (cf. La nueva Administración Pública, Madrid, Alianza, 1997).
Nada más injusto en cuanto a la formación del estadista que aquel viejo menosprecio de “lo administrativo” como si se tratara de la cenicienta de las ciencias sociales. En su lugar siempre se privilegió la jerarquía de las otras ramas, y propiciando a la vez el entusiasmo infantil de los políticos por temas resonantes : revolución, desarrollo, transformación, cambio, etc. O sea todo lo que llena los debates de discursos y de frases atractivas, pero deja en la trastienda lo efectivamente positivo de la acción del Estado. Urge, pues, rectificar las cosas y los conceptos, ante todo asumiendo la era de la informática aplicada, avanzar hacia el desguace de la burocratización. Inclusive valorando y aprovechando el capital de saber y experiencia de una parte de ella.
“El Estado democrático -el que aumenta cualitativamente el papel de la sociedad en la realización de objetivos históricos, nunca ha sido un Estado débil. Al contrario, las guerras, salvo excepciones, siempre las ganaron las democracias; la mejor respuesta a las necesidades del desarrollo económico, casi sin excepción, ha sido un mérito de las democracias. Y también lo es el mejor nivel de vida de sus poblaciones”. (Mooney).
La carencia de eficacia administrativa (de gerenciamiento, gestión oportuna y técnica, actitud y sensibilidad de servicio hacia la sociedad) está siendo llenada por esa proliferación de “centros segmentarios de poder” que en la calle, en los campos, en las villas, en los marginados, incluso en los elementos medios y altos, viene cuestionando la rigidez y la esterilidad de una función estatal supuestamente orientada al “bien común”. A este desborde es preciso no ignorarlo ni soslayarlo, atento su categoría de masa crítica, sino conferirle orden y modos de participación, generando procesos de gobernabilidad, o de lo contrario atenerse a las consecuencias. En las naciones en crisis lo que no conduce el Estado legal-democrático lo hacen los lobos y otros carniceros.
El sistema de gobierno debe ser sujeto y no sólo objeto de una verdadera “reingeniería” para que cobre cuerpo la decisión fundada en la ley aunque sin las trabas y vicios del clientelismo, el personalismo y la corrupción, la verborragia y las componendas. De ahí la necesidad de reforzar los deberes de “control” del parlamento y la judicatura, respondiendo a una visión realista e inteligente de lo que es la conducción (legal y a la vez política) de la comunidad. Lo cual requiere Ejecutivos activos y responsables y no sumergidos en la soberbia del autócrata, y concentrar al Legislativo en los grandes debates sobre el presupuesto, las leyes de base y la verificación de la limpieza y eficacia sobre lo que hace y no hace el gobierno. Hay, pues, que construir un Estado que retenga lo mejor de su tradición pero con el valor de hacerse cargo de lo nuevo y complicado, incluso de lo que es peligroso.-
Córdoba, 5 de junio. 2010.
Instituto de Teoría del Estado
¿Hay a la vista un recambio en la personalidad y funciones del Estado..? Después de lo ocurrido con el tsunami financiero, primero en Estados Unidos y ahora en Europa, ya nadie podrá decir que el Estado ha muerto o está en extinción. Las agorerías de esta índole hoy suenan a ingenuidad, por no decir macaneo. De ellas fueron titulares pensadores de renombre como Robert Nosyk Guy Sorman o Francis Fukuyama, y entre nosotros Alvaro Alzogaray y su prole de neoliberales, por paradoja aferrados a los cargos públicos. Al cerrarse, al menos en buena parte, el ciclo del “laissez faire” ensayado y fracasado, Alfredo Mooney supo decir: “qué hacemos con el Estado ahora que no podemos acusarlo de empresario..?”- Cabe agregar : y ¿qué hacemos en 2010 cuando los poderes de la base (partidos. grupos, movimientos, ONG), se multiplican, generan poder de presión y conflicto y exigen la accountability.(responsabilidad de los funcionarios que no satisfacen sus demandas..?
Acaso, entre otras, se pueden señalar dos fallas en el pensamiento y acción de los mandarines que nos tocó en suerte. De un lado haber desprestigiado la virtudes del “mercado” (que las tiene) en el apurado afán de desmantelar estructuras y de sustituirlas por la ley de la selva en materia de relaciones socioeconómicas. De otro, haber ignorado que toda gestión económica a cargo del Estado implica un sentido político y que éste conlleva un compromiso con la sociedad activa de estos tiempos. Algo que no se resuelve imponiendo (manu militari) leyes y medidas cargadas de coacción y nada más, para que, finalmente, todo quedara a la intemperie, salvo el crecimiento desmesurado de la deuda externa y los negociados anexos.
Es que, rechazado por los pueblos el desatino antihistórico del neoliberalismo, fue un tremendo error de los sucesores (la contraparte) creer que todo consistía en volver al sistema previo (de fuerte estatización) y que, haciendo funcionar, siquiera a medias, el constitucionalismo clásico la nave alcanzaría el puerto por sí sola. Como si nada hubiese cambiado en el lapso de la frustración y que cubrió más de dos décadas, primero con los militares y seguidamente con la partidocracia- Y paramos en el 2000 ya que lo que advino sucesivamente fue sólo un torbellino de ineptitud, corrupción y conventillo entre políticos de segunda y tercera. En eso estamos. Hoy se vive un estatismo degenerado por cuanto el gasto público aumenta en un magma de clientelismo, corrupción y derroche, pero en la cúspide estatal la división de poderes y otros controles aparecen reemplazados por un régimen crecientemente autocrático, además cuasi patrimonial y, de paso, matrimonial. No hay teoría que lo pueda ordenar conceptual y/o jurídicamente.
En otros países los liberales hacen funcionar el papel del Estado en todo lo posible por medio del mercado y éste se guía por la conciencia de que se vive y progresa en una sociedad y no en una bailantas de intereses desbocados. La economía mixta es una ley sustantiva, generalizada, aunque a veces se lo niegue. Los nuestros, con admirables excepciones, no previeron que, aún desmantelado el “Welfare State”, la demanda de servicios sociales (asistenciales, educativos, subsidios, etc.) no solamente no desapareció sino que, al crecer la población y disminuir el nivel ocupacional y los ingresos de sectores masivos, más el vicioso aumento de la burocracia, ese gasto público resultó sostenido e incluso incrementado. Y hubo que afrontarlo, a no ser que se colocara a la sociedad en condiciones proto revolucionarias.
El peso de la decadencia material (pobreza), el impacto de los medios de comunicación, el auge de movimientos de protesta y reclamos, la constante presión de los sindicatos, la propia de los empresarios y la incidencia de corrientes de izquierda de uno y otro signo (marxistas, populistas, religiosos, etc.) a poco andar generó una dinámica que desbordó las instituciones clásicas. Pero además, tomó cuerpo el cuestionamiento del Estado como “gerente del bien común” en que tradicionalmente había fundado, en alta medida, su legitimidad. Cada sector o grupo de presión trata de imponer su propia filosofía política, de buena o mala calidad, sobre lo que debe ser el fin del Poder.
Hay tres cometidos sustantivos con cuya sinergia toma forma la función del Estado como entidad históricamente operante, respecto a si mismo y a la sociedad : unidad, organización y crecimiento. Unidad política y territorial; Organización por el orden jurídico y la administración; y Crecimiento mediante las inversiones, el trabajo, la producción, el intercambio y la innovación tecnológica. Esa convergencia –fundada en valores (libertad, justicia, dignidad)-- supone que el conjunto responde a reglas aceptadas, y como tales obligatorias, de articulación entre los actores (individuos, grupos, sociedades, entidades) sobre la base de un quantum razonable y justo de disciplina social, que es el secreto de los pueblos fuertes.
No es éste, precisamente, el panorama que ofrece la realidad nacional. Somos, en alta medida, una comunidad desarticulada, de miembros notoriamente transgresores en una proporción alarmante. Y el Estado no puede menos que ser un reflejo de esa condición colectiva, por eso se asemeja más a una toldería que a una corporación unificadora. La presencia, a veces agresiva, de los grupos sectoriales (sindicatos, piqueteros, ONG, movimientos, etc.) responde a esa ley, y de ahí el aumento progresivo del extrañamiento entre unos y otros, y la emergencia de una energía socioeconómica y política que no responde a la conducción general del sistema ni a su necesidad de coherencia. Los partidos políticos, fragmentados y concentrados en servir las ambiciones personales, no logran revertir ese caos ni su propia decadencia en tanto intermediarios auténticos entre las demandas y las ofertas. Lejos de ello lo estimulan, como se advierte en un escenario que contiene no menos de ocho candidatos a presidentes, entre ellos el “consorte” que usa los recursos públicos para su promoción.
El Estado democrático, no puede ni debe renegar del “constitucionalismo”, pero algo en éste debe transformarse (o al menos actualizarse) si no se resigna a que la fuerza que le llega del organismo colectivo se convierta en pasto de los extremismos que llevan siempre el pueblo a la tiranía. Y no será un Estado si ignora las solicitaciones de la calle, de los barrios, de los sectores y de las fuerzas activas y masificadas. Bien pudo decir Alfredo Mooney en una de sus clases universitarias : “El Estado de Derecho no puede ignorar los cambios de la realidad social, o le pasará como al que encabezaba Luis XVI”.
La relación más directa entre el poder y la ciudadanía se concreta a través de la Administración, es el plano donde las necesidades humanas (individuales y/o sociales) a diario golpean las puertas de los organismos gubernativos. Y desde donde tanto se dan soluciones como se acosa al hombre común con trabas, tramiterío, costos y sanciones. Un campo éste que brilla en el ámbito del Derecho Administrativo y la Ciencia de la Administración, pero que resulta secundarizado en buena parte de las cátedras y obras de Derecho Constitucional. Vale tener presente la buena tendencia al respecto de ciertos autores como Rafael Bañón y Ernesto Carrillo, que además de sus valiosos aportes han incorporado a un calificado grupo de expertos en la materia. Sobre todo vinculándola con el enfoque integrador de la Ciencia Política. (cf. La nueva Administración Pública, Madrid, Alianza, 1997).
Nada más injusto en cuanto a la formación del estadista que aquel viejo menosprecio de “lo administrativo” como si se tratara de la cenicienta de las ciencias sociales. En su lugar siempre se privilegió la jerarquía de las otras ramas, y propiciando a la vez el entusiasmo infantil de los políticos por temas resonantes : revolución, desarrollo, transformación, cambio, etc. O sea todo lo que llena los debates de discursos y de frases atractivas, pero deja en la trastienda lo efectivamente positivo de la acción del Estado. Urge, pues, rectificar las cosas y los conceptos, ante todo asumiendo la era de la informática aplicada, avanzar hacia el desguace de la burocratización. Inclusive valorando y aprovechando el capital de saber y experiencia de una parte de ella.
“El Estado democrático -el que aumenta cualitativamente el papel de la sociedad en la realización de objetivos históricos, nunca ha sido un Estado débil. Al contrario, las guerras, salvo excepciones, siempre las ganaron las democracias; la mejor respuesta a las necesidades del desarrollo económico, casi sin excepción, ha sido un mérito de las democracias. Y también lo es el mejor nivel de vida de sus poblaciones”. (Mooney).
La carencia de eficacia administrativa (de gerenciamiento, gestión oportuna y técnica, actitud y sensibilidad de servicio hacia la sociedad) está siendo llenada por esa proliferación de “centros segmentarios de poder” que en la calle, en los campos, en las villas, en los marginados, incluso en los elementos medios y altos, viene cuestionando la rigidez y la esterilidad de una función estatal supuestamente orientada al “bien común”. A este desborde es preciso no ignorarlo ni soslayarlo, atento su categoría de masa crítica, sino conferirle orden y modos de participación, generando procesos de gobernabilidad, o de lo contrario atenerse a las consecuencias. En las naciones en crisis lo que no conduce el Estado legal-democrático lo hacen los lobos y otros carniceros.
El sistema de gobierno debe ser sujeto y no sólo objeto de una verdadera “reingeniería” para que cobre cuerpo la decisión fundada en la ley aunque sin las trabas y vicios del clientelismo, el personalismo y la corrupción, la verborragia y las componendas. De ahí la necesidad de reforzar los deberes de “control” del parlamento y la judicatura, respondiendo a una visión realista e inteligente de lo que es la conducción (legal y a la vez política) de la comunidad. Lo cual requiere Ejecutivos activos y responsables y no sumergidos en la soberbia del autócrata, y concentrar al Legislativo en los grandes debates sobre el presupuesto, las leyes de base y la verificación de la limpieza y eficacia sobre lo que hace y no hace el gobierno. Hay, pues, que construir un Estado que retenga lo mejor de su tradición pero con el valor de hacerse cargo de lo nuevo y complicado, incluso de lo que es peligroso.-
Córdoba, 5 de junio. 2010.
