Carlos Pagni
No pudieron reunirse ni para el Bicentenario. Cristina Kirchner no concurrió a la inauguración del Teatro Colón, ofendida porque Mauricio Macri destrató a su esposo. Y Macri denuncia casi a diario que Néstor Kirchner se sirve del juez Norberto Oyarbide para perseguirlo. La discordia recorre casi toda la relación entre el gobierno nacional y el porteño. Salvo un aspecto: la administración de los juegos de azar. En ese terreno, tan escabroso, los Kirchner y Macri coinciden.
El negocio del juego no deja de provocar escándalos. Hace un año, Lotería Nacional llamó a una licitación para la concesión del servicio de captura electrónica de apuestas. Consiste en la provisión del software y de la red para la comercialización online de todo lo que se juega a través de esa entidad. O lo que se jugará. Por ejemplo, las apuestas deportivas, una mina de oro que se habilitará dentro de poco.
La ítalo-norteamericana Gtech denunció ante la Justicia que las condiciones del pliego parecían un identikit de Tecno Acción, una de las firmas del empresario kirchnerista Cristóbal López. Si bien Tecno Acción no presentó oferta alguna, la única compañía que lo hizo, Casino Buenos Aires, está asociada a López en la explotación de los barcos casino amarrados en la Costanera Sur.
En dos oportunidades la jueza en lo contencioso administrativo Susana Córdoba atendió los reclamos de Gtech e interrumpió el proceso. Pero después, sin nuevos argumentos, levantó esa barrera. Así Lotería pudo abrir el sobre de Casino Buenos Aires, cuya propuesta está basada en tecnología provista por Tecno Acción.
La controversia jurídica llegó a la Cámara -los jueces son Guillermo Treacy y Luis María Márquez-, pero los directivos de Gtech también se dirigieron al gobierno porteño para advertirle que las irregularidades que vienen denunciando afectarán el interés de los vecinos.
A pesar de su declamado autonomismo, el gobierno de Macri -igual que sus antecesores, los de Aníbal Ibarra y Jorge Telerman- se resignó a que la Nación siga ejerciendo la jurisdicción sobre el juego. A cambio de ese reconocimiento, Lotería Nacional mantiene un convenio con la ciudad por el cual ésta participa de lo que se recauda por esta actividad.
Uno de los argumentos de Gtech es que, si no se garantiza la calidad del contrato con la empresa que registra las apuestas, el gobierno municipal se verá dañado en sus ingresos. La empresa también observó que la licitación de Lotería prevé conceder el servicio por siete años, con opción a otros tres. Pero el convenio con la ciudad vence el año próximo. Gtech informó sobre estos riesgos, por escrito, al jefe de gobierno, al jefe de Gabinete y al procurador, entre otros funcionarios porteños.
Las presentaciones de la empresa llevan a pensar que la administración Macri no intervino en el trámite que lleva adelante Lotería, pero que también es de su competencia. Es una falsa impresión. En el marco del convenio entre Lotería y la ciudad existe una Comisión de Enlace que integran Roberto López y Andrés Cimadevila, presidente y vicepresidente, respectivamente, del primer organismo, y Alejandro García Lira y José Luis Ibarzábal, presidente y director ejecutivo, respectivamente, del Instituto de Juegos de Apuestas porteño. Esa comisión trató durante tres reuniones el pliego motivo de la controversia. En dos de ellas los funcionarios de Macri reclamaron detalles y en la tercera, de febrero de 2009, aprobaron la documentación sin formular objeciones. Lo más curioso es que no existen registros de que García Lira, Ibarzábal o algún otro integrante del gobierno de Macri hayan manifestado preocupación alguna meses después, cuando estalló en los diarios la posibilidad de que, gracias a los pliegos que ellos habían convalidado, la licitación fuera manipulada a favor de una compañía.
Si se examina la actitud de Macri y su gobierno frente a la predilección del kirchnerismo por Cristóbal López y sus empresas de juego, la conformidad que el instituto prestó a esta licitación siguió una línea de conducta. Macri no cuestionó jamás la pretensión de la Nación de administrar ese negocio en un distrito que se reclama autónomo. Tampoco manifestó malestar alguno cuando, en diciembre de 2007, Néstor Kirchner dictó un decreto de necesidad y urgencia para extender hasta 2032 la concesión que le permite a López explotar 4500 máquinas tragamonedas en el hipódromo de Palermo. Macri no sólo guardó silencio, sino que, en diciembre de 2008, estuvo a punto de enviar a la Legislatura una renovación del acuerdo de la ciudad con Lotería que, entre otras cosas, convalidaba aquel decreto. Ante el revuelo que provocó esa iniciativa, Macri volvió atrás. Sin embargo, en noviembre del año pasado, el gobierno porteño inició una nueva negociación, no con Lotería, sino con representantes de López. López está urgido porque el municipio renueve su acuerdo con la Nación antes de 2011, ya que teme pasar a formar parte de la campaña presidencial.
La tolerancia de Macri frente al negocio de apuestas que prolifera de la mano del kirchnerismo tal vez sea perturbada por algún militante de Pro que pertenezca al sector. Hay uno: es Daniel Angelici, quien hasta febrero de 2009 presidió la cámara que agrupa a los bingos de la provincia de Buenos Aires. Angelici es también tesorero de Boca Jrs. y, como el procurador Ramiro Monner Sanz -uno de los funcionarios que deben decidir sobre el destino de esta industria-, proviene de la UCR.
Que Macri tenga a su propio empresario del juego no debe sorprender. Ha llegado el momento en el cual en la Argentina parece imposible hacer política sin un operador amigo en esa área. Francisco de Narváez, por ejemplo, podría tener pronto el suyo. No porque él lo haya decidido, sino porque su socio José Luis Manzano se asoció con un actor relevante del negocio del entretenimiento para explotar, por lo menos, un bingo. Le gustaría instalar uno en San Fernando. Tal vez Manzano y sus amigos apuesten a expandirse en un eventual gobierno de De Narváez en la provincia de Buenos Aires. Hay que consignar que no existen indicios de que el candidato haya autorizado hasta ahora esas pretensiones.
De todos modos, se trata de hipótesis que dependen del juego electoral. Hoy por hoy, Cristóbal hay uno solo. Y no sólo se expande en la explotación del juego. También intenta, en estos días, hacerlo en el mercado energético. López quiere comprar más activos a Petrobras -ya adquirió una refinería y estaciones de servicios-, esta vez quedándose con la participación de esa empresa en la distribuidora de electricidad Edesur. Petrobras pertenece al Estado brasileño. Por lo tanto, se podría pensar que cuando la Presidenta y Lula da Silva juran que -a pesar de los conflictos comerciales- nada empaña la vida interna del Mercosur, no están faltando del todo a la verdad.
La Nación, 3-6-10
No pudieron reunirse ni para el Bicentenario. Cristina Kirchner no concurrió a la inauguración del Teatro Colón, ofendida porque Mauricio Macri destrató a su esposo. Y Macri denuncia casi a diario que Néstor Kirchner se sirve del juez Norberto Oyarbide para perseguirlo. La discordia recorre casi toda la relación entre el gobierno nacional y el porteño. Salvo un aspecto: la administración de los juegos de azar. En ese terreno, tan escabroso, los Kirchner y Macri coinciden.
El negocio del juego no deja de provocar escándalos. Hace un año, Lotería Nacional llamó a una licitación para la concesión del servicio de captura electrónica de apuestas. Consiste en la provisión del software y de la red para la comercialización online de todo lo que se juega a través de esa entidad. O lo que se jugará. Por ejemplo, las apuestas deportivas, una mina de oro que se habilitará dentro de poco.
La ítalo-norteamericana Gtech denunció ante la Justicia que las condiciones del pliego parecían un identikit de Tecno Acción, una de las firmas del empresario kirchnerista Cristóbal López. Si bien Tecno Acción no presentó oferta alguna, la única compañía que lo hizo, Casino Buenos Aires, está asociada a López en la explotación de los barcos casino amarrados en la Costanera Sur.
En dos oportunidades la jueza en lo contencioso administrativo Susana Córdoba atendió los reclamos de Gtech e interrumpió el proceso. Pero después, sin nuevos argumentos, levantó esa barrera. Así Lotería pudo abrir el sobre de Casino Buenos Aires, cuya propuesta está basada en tecnología provista por Tecno Acción.
La controversia jurídica llegó a la Cámara -los jueces son Guillermo Treacy y Luis María Márquez-, pero los directivos de Gtech también se dirigieron al gobierno porteño para advertirle que las irregularidades que vienen denunciando afectarán el interés de los vecinos.
A pesar de su declamado autonomismo, el gobierno de Macri -igual que sus antecesores, los de Aníbal Ibarra y Jorge Telerman- se resignó a que la Nación siga ejerciendo la jurisdicción sobre el juego. A cambio de ese reconocimiento, Lotería Nacional mantiene un convenio con la ciudad por el cual ésta participa de lo que se recauda por esta actividad.
Uno de los argumentos de Gtech es que, si no se garantiza la calidad del contrato con la empresa que registra las apuestas, el gobierno municipal se verá dañado en sus ingresos. La empresa también observó que la licitación de Lotería prevé conceder el servicio por siete años, con opción a otros tres. Pero el convenio con la ciudad vence el año próximo. Gtech informó sobre estos riesgos, por escrito, al jefe de gobierno, al jefe de Gabinete y al procurador, entre otros funcionarios porteños.
Las presentaciones de la empresa llevan a pensar que la administración Macri no intervino en el trámite que lleva adelante Lotería, pero que también es de su competencia. Es una falsa impresión. En el marco del convenio entre Lotería y la ciudad existe una Comisión de Enlace que integran Roberto López y Andrés Cimadevila, presidente y vicepresidente, respectivamente, del primer organismo, y Alejandro García Lira y José Luis Ibarzábal, presidente y director ejecutivo, respectivamente, del Instituto de Juegos de Apuestas porteño. Esa comisión trató durante tres reuniones el pliego motivo de la controversia. En dos de ellas los funcionarios de Macri reclamaron detalles y en la tercera, de febrero de 2009, aprobaron la documentación sin formular objeciones. Lo más curioso es que no existen registros de que García Lira, Ibarzábal o algún otro integrante del gobierno de Macri hayan manifestado preocupación alguna meses después, cuando estalló en los diarios la posibilidad de que, gracias a los pliegos que ellos habían convalidado, la licitación fuera manipulada a favor de una compañía.
Si se examina la actitud de Macri y su gobierno frente a la predilección del kirchnerismo por Cristóbal López y sus empresas de juego, la conformidad que el instituto prestó a esta licitación siguió una línea de conducta. Macri no cuestionó jamás la pretensión de la Nación de administrar ese negocio en un distrito que se reclama autónomo. Tampoco manifestó malestar alguno cuando, en diciembre de 2007, Néstor Kirchner dictó un decreto de necesidad y urgencia para extender hasta 2032 la concesión que le permite a López explotar 4500 máquinas tragamonedas en el hipódromo de Palermo. Macri no sólo guardó silencio, sino que, en diciembre de 2008, estuvo a punto de enviar a la Legislatura una renovación del acuerdo de la ciudad con Lotería que, entre otras cosas, convalidaba aquel decreto. Ante el revuelo que provocó esa iniciativa, Macri volvió atrás. Sin embargo, en noviembre del año pasado, el gobierno porteño inició una nueva negociación, no con Lotería, sino con representantes de López. López está urgido porque el municipio renueve su acuerdo con la Nación antes de 2011, ya que teme pasar a formar parte de la campaña presidencial.
La tolerancia de Macri frente al negocio de apuestas que prolifera de la mano del kirchnerismo tal vez sea perturbada por algún militante de Pro que pertenezca al sector. Hay uno: es Daniel Angelici, quien hasta febrero de 2009 presidió la cámara que agrupa a los bingos de la provincia de Buenos Aires. Angelici es también tesorero de Boca Jrs. y, como el procurador Ramiro Monner Sanz -uno de los funcionarios que deben decidir sobre el destino de esta industria-, proviene de la UCR.
Que Macri tenga a su propio empresario del juego no debe sorprender. Ha llegado el momento en el cual en la Argentina parece imposible hacer política sin un operador amigo en esa área. Francisco de Narváez, por ejemplo, podría tener pronto el suyo. No porque él lo haya decidido, sino porque su socio José Luis Manzano se asoció con un actor relevante del negocio del entretenimiento para explotar, por lo menos, un bingo. Le gustaría instalar uno en San Fernando. Tal vez Manzano y sus amigos apuesten a expandirse en un eventual gobierno de De Narváez en la provincia de Buenos Aires. Hay que consignar que no existen indicios de que el candidato haya autorizado hasta ahora esas pretensiones.
De todos modos, se trata de hipótesis que dependen del juego electoral. Hoy por hoy, Cristóbal hay uno solo. Y no sólo se expande en la explotación del juego. También intenta, en estos días, hacerlo en el mercado energético. López quiere comprar más activos a Petrobras -ya adquirió una refinería y estaciones de servicios-, esta vez quedándose con la participación de esa empresa en la distribuidora de electricidad Edesur. Petrobras pertenece al Estado brasileño. Por lo tanto, se podría pensar que cuando la Presidenta y Lula da Silva juran que -a pesar de los conflictos comerciales- nada empaña la vida interna del Mercosur, no están faltando del todo a la verdad.
La Nación, 3-6-10
